*Mujeres las más afectadas con el saqueo de los pueblos.
Patricia Chandomí-Del total del territorio de mesoamérica el 14 por ciento se encuentra concesionado a empresas mineras extranjeras principalmente canadienses, sostuvieron representantes de organizaciones, comunidades y pueblos en el VIII Foro Mesoamericano de los Pueblos, celebrado en el municipio de Minatitlán, Veracruz.
“Los pueblos de Mesoamerica vivimos hoy una de las etapas más difíciles
de nuestra ya larga historia ; los grandes megaproyectos como el Plan Puebla-Panamá ( hoy Proyecto Mesoamerica) y los Tratados de Libre Comercio sólo han traído más miseria y violencia para nuestras gentes, vivimos una nueva invasión. Millones de hogares mesoamericanos están hoy desgarrados por la pobreza y la migración y somos las mujeres las que sufrimos con mayor fuerza la discriminación y la violencia”.
En su declaratoria final, representantes de organizaciones, comunidades, colonias de mesoamerica dijeron que con el apoyo de los gobernantes las empresas extranjeras están dedicadas al saqueo de los recursos naturales y a la explotación laboral de los lugareños.
Por otra parte, las mujeres y los hombres reunidos en este Foro sostuvieron que la creciente militarización demuestra que la democracia en los países de la región, son una farsa, “la persecución en contra de los hombres y mujeres que defienden sus derechos es una muestra más que quienes nos gobiernan son súbditos del gran capital y de sus proyectos de muerte”.
Mesoamérica comprende la mitad meridional de México, los territorios de Guatemala, El Salvador Belice, así como el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Un tema central que se discutió los días 8, 9 y 10 durante el Encuentro fue el tema de la violación a los derechos humanos de la población migrante, “a diario decenas mueren por accidentes, pero también por ataques y agresiones del crimen organizado y de la policía. Esta tragedia en buena parte es responsabilidad de los
gobiernos y en particular del mexicano que le hace el trabajo sucio a
los intereses norteamericanos”.
“En nuestros países, son muchas las familias que han sido desplazadas de sus hogares, por la construcción de represas hidroeléctricas, carreteras y otros proyectos como los de ganadería extensiva. También son muchos los pobladores que han sido desalojados de sus viviendas por
proyectos de urbanización salvaje” sostuvieron los representantes ahí reunidos.
Entre los acuerdos tomados en el VIII Foro Mesoamericano de los Pueblos se pactó continuar la lucha por la Soberanía Alimentaria, la defensa de nuestras semillas
nativas y de los conocimientos tradicionales, impulsar la defensa de los Derechos Humanos, y en contra de la Militarización, la criminalización de la protesta.
Asimismo, se exige que cese el feminicidio y la discriminación hacia las mujeres y la comunidad lésbico-gay y que se respeten los derechos humanos de los jóvenes y los migrantes.
lunes, 11 de abril de 2011
Discuten organizaciones acciones concretas contra el neoliberalismo en Foro Mesoamericano
En el marco del VIII Foro mesoamericano de los pueblos, alrededor de 500
delegados de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos,
mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y campesinos, expresaron con
distintas voces un rechazo unánime a las políticas económicas y las
medidas represivas que los gobiernos de México y Centroamérica han
implementado en los últimos diez años.
David Solis Aguilar, secretario de la Red Grito de los Excluídos,
mencionó que esperan proyectar un enfoque distinto al de foros
anteriores, de tal manera que se haga conciencia de la construcción de
alternativas regionales al libre comercio. Recordó que desde 2001 se han
reunido en diferentes ciudades y pueblos de México, Guatemala,
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá; primero en apoyo
a las luchas populares que rechazan los tratados de libre comercio y las
iniciativas de desarrollo económico, como el llamado Plan Puebla Panamá
y el Plan Colombia, dos proyectos que se sintetizan en el actual
Proyecto Mesoamérica, estrategia de integración regional promovida por
los gobiernos locales a cuenta de préstamos de la Banca multilateral.
En este contexto Sara López Gónzalez, de México, de la Red Nacional de
Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica,
enfatizó su esperanza de construir acuerdos en este foro, del que
deriven tareas concretas para formar un plan popular, contra la
iniciativa oficial de integración regional antes llamada Plan Puebla
Panamá, hoy presentada como Proyecto Mesoamérica. Advirtió que no se
pretende sólo organizar foros, sino que se proyecte construir un plan
mesoamericano: “lo que queremos es sacar este plan que nos incluya a
todas y todos para no rendirnos y no caer jamás ante estos malos
gobiernos.”
Asi mismo Zulma Larín, de la Red Sinti Techan, de El Salvador, mencionó:
“estamos aquí porque venimos de un proceso de construccion desde el
inicio de estos foros aquí, en México, y después de haber dado un
recorrido por toda Mesoamérica, hoy regresa a México, para
replantearnos: ¿qué hacer con todo este caminar? o ¿qué hacer con todas
las luchas que tenemos en cada país? y ¿cómo fortalecer la lucha social
y dar un salto de calidad?”
“Ya no queremos sólo venir a discutir y analizar, sino hacer más, y eso
es lo que vamos a plantear en estos tres días, con gente de diversas
ideas y países, espero que coincidamos en una sola lucha popular contra
el imperialismo. Esa es nuestra apuesta hoy, irnos a nuestros países con
dos o tres acciones concretas que se hagan en toda Mesoamérica, que nos
muevan en la lógica de transformar esta realidad por otra mejor.
Esperamos que en estos días de trabajo todas y todos los delegados que
están aquí regresen con iniciativas a sus países.”
Entre las denuncias de los participantes en este Foro Mesoamericano,
destacó un sensible homenaje a Bety Cariño y otros promotores de la
autonomía de los pueblos triquis de Oaxaca. Se escucharon testimonios de
la represión contra defensores de derechos humanos, de la impunidad con
que actúan grupos paramilitares y de los riesgos que corren los
inmigrantes centroamericanos al cruzar México pues han sido víctimas de
crímenes muy graves que van desde el robo hasta el secuestro y el
asesinato.
Por la tarde se iniciaron trabajos en mesas temáticas abordadas por
delegados de cada país siendo los más numerosos los representantes de
México, Guatemala y El Salvador. Entre los temas a discutirse los
póximos días destacan: el impacto del capitalismo global, la soberanía
alimentaria y energética, la defensa del territorio, la violencia de
género, la militarización y la criminalización de la protesta social.
Entre los resultados esperados de este Foro está la articulación de las
luchas regionales a partir de estrategias y demandas comunes.
Minatitlán, Veracruz, 8 de abril de 2011.
Comisión de prensa del VIII Foro Mesoamericano de los pueblos
http://foromesoamericano.codigosur.net/
foromesoamericanocomunicacion[a]gmail.com
facebook: foromesoamericano
delegados de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos,
mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y campesinos, expresaron con
distintas voces un rechazo unánime a las políticas económicas y las
medidas represivas que los gobiernos de México y Centroamérica han
implementado en los últimos diez años.
David Solis Aguilar, secretario de la Red Grito de los Excluídos,
mencionó que esperan proyectar un enfoque distinto al de foros
anteriores, de tal manera que se haga conciencia de la construcción de
alternativas regionales al libre comercio. Recordó que desde 2001 se han
reunido en diferentes ciudades y pueblos de México, Guatemala,
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá; primero en apoyo
a las luchas populares que rechazan los tratados de libre comercio y las
iniciativas de desarrollo económico, como el llamado Plan Puebla Panamá
y el Plan Colombia, dos proyectos que se sintetizan en el actual
Proyecto Mesoamérica, estrategia de integración regional promovida por
los gobiernos locales a cuenta de préstamos de la Banca multilateral.
En este contexto Sara López Gónzalez, de México, de la Red Nacional de
Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica,
enfatizó su esperanza de construir acuerdos en este foro, del que
deriven tareas concretas para formar un plan popular, contra la
iniciativa oficial de integración regional antes llamada Plan Puebla
Panamá, hoy presentada como Proyecto Mesoamérica. Advirtió que no se
pretende sólo organizar foros, sino que se proyecte construir un plan
mesoamericano: “lo que queremos es sacar este plan que nos incluya a
todas y todos para no rendirnos y no caer jamás ante estos malos
gobiernos.”
Asi mismo Zulma Larín, de la Red Sinti Techan, de El Salvador, mencionó:
“estamos aquí porque venimos de un proceso de construccion desde el
inicio de estos foros aquí, en México, y después de haber dado un
recorrido por toda Mesoamérica, hoy regresa a México, para
replantearnos: ¿qué hacer con todo este caminar? o ¿qué hacer con todas
las luchas que tenemos en cada país? y ¿cómo fortalecer la lucha social
y dar un salto de calidad?”
“Ya no queremos sólo venir a discutir y analizar, sino hacer más, y eso
es lo que vamos a plantear en estos tres días, con gente de diversas
ideas y países, espero que coincidamos en una sola lucha popular contra
el imperialismo. Esa es nuestra apuesta hoy, irnos a nuestros países con
dos o tres acciones concretas que se hagan en toda Mesoamérica, que nos
muevan en la lógica de transformar esta realidad por otra mejor.
Esperamos que en estos días de trabajo todas y todos los delegados que
están aquí regresen con iniciativas a sus países.”
Entre las denuncias de los participantes en este Foro Mesoamericano,
destacó un sensible homenaje a Bety Cariño y otros promotores de la
autonomía de los pueblos triquis de Oaxaca. Se escucharon testimonios de
la represión contra defensores de derechos humanos, de la impunidad con
que actúan grupos paramilitares y de los riesgos que corren los
inmigrantes centroamericanos al cruzar México pues han sido víctimas de
crímenes muy graves que van desde el robo hasta el secuestro y el
asesinato.
Por la tarde se iniciaron trabajos en mesas temáticas abordadas por
delegados de cada país siendo los más numerosos los representantes de
México, Guatemala y El Salvador. Entre los temas a discutirse los
póximos días destacan: el impacto del capitalismo global, la soberanía
alimentaria y energética, la defensa del territorio, la violencia de
género, la militarización y la criminalización de la protesta social.
Entre los resultados esperados de este Foro está la articulación de las
luchas regionales a partir de estrategias y demandas comunes.
Minatitlán, Veracruz, 8 de abril de 2011.
Comisión de prensa del VIII Foro Mesoamericano de los pueblos
http://foromesoamericano.codigosur.net/
foromesoamericanocomunicacion[a]gmail.com
facebook: foromesoamericano
El tapón del Grijalva
Autor: Opinión
Sección: Opinión
10 Abril 2011
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Han pasado más de tres años del desastre que hizo desaparecer por entero la comunidad Juan de Grijalva, Chiapas. El lamentable hecho fue aprovechado por el gobierno del estado para poner en marcha el ambicioso proyecto Ciudades Rurales, el cual, lejos de solucionar los problemas, incrementó la confrontación al interior de las comunidades afectadas, la dispersión de sus habitantes y la represión de los movimientos sociales surgidos.
Aurelio Morales Posselt*
En noviembre de 2007, se desgajó un cerro sobre el Río Grijalva, bloqueando su cauce y haciendo desaparecer por completo la comunidad. Este desastre, al que se le sumaron las estrategias de desazolve de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para liberar dicho afluente, mantuvo bajo el agua por más de tres meses a 404 casas de 33 pueblos y 960 mil hectáreas productivas (datos obtenidos de la cobertura que realizó el diario La Jornada durante 2007 y 2008).
Ante esta situación, los gobiernos estatal y federal, la CFE y la Conagua, así como Fundación Azteca y Fomento Social Banamex aportaron recursos y llevaron a cabo programas de ayuda para los damnificados. Los gobiernos: el pago de indemnizaciones y la compra de terrenos por debajo de los 100 metros del nivel del mar (nueva zona de riesgo en la costera del Río). La iniciativa pública y privada: la construcción de la Ciudad Rural Nuevo Juan de Grijalva, anunciada como primer “ciudad autosustentable” en el mundo: zona de viviendas que pretende dar hogar a los desplazados por el tapón, así como acercar a habitantes de comunidades lejanas a los servicios y recursos de una población mayor, que, además, se presenta como punta de lanza en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio esgrimidos por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Es de aplaudir los esfuerzos y las iniciativas tanto privadas como públicas para ayudar a damnificados, así como toda contribución técnica y financiera que permita erradicar la pobreza. Pero preocupa que esta ayuda se lleve a cabo sin considerar la opinión y necesidades de la población que la recibe, en menoscabo de sus derechos; que se entregue o programe sin dar seguimiento a su utilización o que se abuse de la buena voluntad para cometer fraudes o con el fin ulterior de obtener un beneficio personal. En el caso que aquí se toca, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, tras un trabajo de investigación a partir de visitas desde 2008 a la fecha, ha elaborado un informe en el cual se manifiestan graves irregularidades y conflictos sociales debido al abandono y corrupción en la entrega de recursos y realización de proyectos. Podemos enumerar los siguientes:
* Baja calidad en la construcción de la Ciudad Rural. Contrasta con los avalúos del Catastro Chiapas, donde se especifican, oficialmente, materiales de construcción mejores que los que, a la vista, fueron utilizados: tubería de metal –en realidad, son de plástico– y tejas de metal –en realidad, son de material reciclado–, y varios más. Esto supone un fraude millonario. Además, no se tomó en cuenta la opinión de los pobladores, pues éstos manifiestan su descontento ante la lejanía de este proyecto respecto de las tierras de trabajo, así como la inexistencia de espacios necesario para cultivo o cuidado de animales. Asimismo, la Ciudad Rural está construida lejos de vías de tránsito importantes, por lo que depende sólo del consumo de sus habitantes, quienes, al vivir en la pobreza y lejos de sus trabajos, no cuentan con la capacidad de activar la economía interna, es decir no hay flujo de capital. Todo ello conlleva a la desintegración, pues mientras las familias tienen que quedarse obligatoriamente en sus casas para no perderlas (como reza el contrato), las cabezas de familia deben emigrar en busca de empleo.
* Desintegración, enfrentamientos y abusos de autoridad en comunidades afectadas. Ante la falta de seguimiento de la entrega de recursos a afectados y la expropiación de terrenos a los habitantes de zonas en riesgo, se aprecia una distribución irregular de las aportaciones económicas: mientras que la mayoría de damnificados tiene que mudarse con familiares y amigos, emigrando, a veces, de sus comunidades, unos pocos se enriquecen. Esta situación, aunada a la poca atención prestada por autoridades a reclamos, crea bandos, conflictos y un ambiente generalizado de miedo. Los damnificados denuncian el incumplimiento de compromisos por parte de autoridades estatales y municipales; acciones de presión contra quienes no aceptan el traslado, al grado de restringir los servicios de salud y educación para provocar que se muden a la Ciudad Rural.
* Criminalización de los movimientos sociales. Dada la poca respuesta de autoridades ante el descontento, los afectados se han organizado y tomado acciones más radicales para hacerse escuchar. La respuesta general de las autoridades ha sido el encarcelamiento, la fabricación de delitos contra presuntos miembros de organizaciones, la persecución, amenaza y acoso a quienes se mantienen en lucha dentro de las comunidades.
* Abandono. Más de 300 familias viven hacinadas en un insalubre conjunto de cabañas de 2 por 3 metros; fueron originalmente construidas como refugio temporal en la Villa Rural. Sus habitantes aún esperan la construcción de su prometida Ciudad y la entrega de otros recursos acordados.
Por ello, el gobierno y la iniciativa privada deben realizar mesas de diálogo abiertas con afectados y, en conjunto, dar seguimiento exhaustivo al uso de los recursos aportados. El pueblo también aportó dinero a través de sus impuestos y donaciones.
Si queremos que México tome un rumbo de justicia social y legalidad, es necesario que se ponga fin a la criminalización de las organizaciones sociales y al encarcelamiento político, y que todos pongamos atención al desarrollo de asuntos como éste, pues es el reflejo de las situaciones que tienen que vivir los desplazados ambientales. Igualmente conciernen a todo el país las presuntas soluciones, como la Ciudad Rural, pues ésta es parte de un programa más amplio que pretende un eco no sólo nacional, sino mundial.
*Integrante del área de difusión de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC
Fuente: Contralínea 228 / 10 de abril de 2011
Autor: Opinión
Sección: Opinión
10 Abril 2011
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Han pasado más de tres años del desastre que hizo desaparecer por entero la comunidad Juan de Grijalva, Chiapas. El lamentable hecho fue aprovechado por el gobierno del estado para poner en marcha el ambicioso proyecto Ciudades Rurales, el cual, lejos de solucionar los problemas, incrementó la confrontación al interior de las comunidades afectadas, la dispersión de sus habitantes y la represión de los movimientos sociales surgidos.
Aurelio Morales Posselt*
En noviembre de 2007, se desgajó un cerro sobre el Río Grijalva, bloqueando su cauce y haciendo desaparecer por completo la comunidad. Este desastre, al que se le sumaron las estrategias de desazolve de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para liberar dicho afluente, mantuvo bajo el agua por más de tres meses a 404 casas de 33 pueblos y 960 mil hectáreas productivas (datos obtenidos de la cobertura que realizó el diario La Jornada durante 2007 y 2008).
Ante esta situación, los gobiernos estatal y federal, la CFE y la Conagua, así como Fundación Azteca y Fomento Social Banamex aportaron recursos y llevaron a cabo programas de ayuda para los damnificados. Los gobiernos: el pago de indemnizaciones y la compra de terrenos por debajo de los 100 metros del nivel del mar (nueva zona de riesgo en la costera del Río). La iniciativa pública y privada: la construcción de la Ciudad Rural Nuevo Juan de Grijalva, anunciada como primer “ciudad autosustentable” en el mundo: zona de viviendas que pretende dar hogar a los desplazados por el tapón, así como acercar a habitantes de comunidades lejanas a los servicios y recursos de una población mayor, que, además, se presenta como punta de lanza en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio esgrimidos por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Es de aplaudir los esfuerzos y las iniciativas tanto privadas como públicas para ayudar a damnificados, así como toda contribución técnica y financiera que permita erradicar la pobreza. Pero preocupa que esta ayuda se lleve a cabo sin considerar la opinión y necesidades de la población que la recibe, en menoscabo de sus derechos; que se entregue o programe sin dar seguimiento a su utilización o que se abuse de la buena voluntad para cometer fraudes o con el fin ulterior de obtener un beneficio personal. En el caso que aquí se toca, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, tras un trabajo de investigación a partir de visitas desde 2008 a la fecha, ha elaborado un informe en el cual se manifiestan graves irregularidades y conflictos sociales debido al abandono y corrupción en la entrega de recursos y realización de proyectos. Podemos enumerar los siguientes:
* Baja calidad en la construcción de la Ciudad Rural. Contrasta con los avalúos del Catastro Chiapas, donde se especifican, oficialmente, materiales de construcción mejores que los que, a la vista, fueron utilizados: tubería de metal –en realidad, son de plástico– y tejas de metal –en realidad, son de material reciclado–, y varios más. Esto supone un fraude millonario. Además, no se tomó en cuenta la opinión de los pobladores, pues éstos manifiestan su descontento ante la lejanía de este proyecto respecto de las tierras de trabajo, así como la inexistencia de espacios necesario para cultivo o cuidado de animales. Asimismo, la Ciudad Rural está construida lejos de vías de tránsito importantes, por lo que depende sólo del consumo de sus habitantes, quienes, al vivir en la pobreza y lejos de sus trabajos, no cuentan con la capacidad de activar la economía interna, es decir no hay flujo de capital. Todo ello conlleva a la desintegración, pues mientras las familias tienen que quedarse obligatoriamente en sus casas para no perderlas (como reza el contrato), las cabezas de familia deben emigrar en busca de empleo.
* Desintegración, enfrentamientos y abusos de autoridad en comunidades afectadas. Ante la falta de seguimiento de la entrega de recursos a afectados y la expropiación de terrenos a los habitantes de zonas en riesgo, se aprecia una distribución irregular de las aportaciones económicas: mientras que la mayoría de damnificados tiene que mudarse con familiares y amigos, emigrando, a veces, de sus comunidades, unos pocos se enriquecen. Esta situación, aunada a la poca atención prestada por autoridades a reclamos, crea bandos, conflictos y un ambiente generalizado de miedo. Los damnificados denuncian el incumplimiento de compromisos por parte de autoridades estatales y municipales; acciones de presión contra quienes no aceptan el traslado, al grado de restringir los servicios de salud y educación para provocar que se muden a la Ciudad Rural.
* Criminalización de los movimientos sociales. Dada la poca respuesta de autoridades ante el descontento, los afectados se han organizado y tomado acciones más radicales para hacerse escuchar. La respuesta general de las autoridades ha sido el encarcelamiento, la fabricación de delitos contra presuntos miembros de organizaciones, la persecución, amenaza y acoso a quienes se mantienen en lucha dentro de las comunidades.
* Abandono. Más de 300 familias viven hacinadas en un insalubre conjunto de cabañas de 2 por 3 metros; fueron originalmente construidas como refugio temporal en la Villa Rural. Sus habitantes aún esperan la construcción de su prometida Ciudad y la entrega de otros recursos acordados.
Por ello, el gobierno y la iniciativa privada deben realizar mesas de diálogo abiertas con afectados y, en conjunto, dar seguimiento exhaustivo al uso de los recursos aportados. El pueblo también aportó dinero a través de sus impuestos y donaciones.
Si queremos que México tome un rumbo de justicia social y legalidad, es necesario que se ponga fin a la criminalización de las organizaciones sociales y al encarcelamiento político, y que todos pongamos atención al desarrollo de asuntos como éste, pues es el reflejo de las situaciones que tienen que vivir los desplazados ambientales. Igualmente conciernen a todo el país las presuntas soluciones, como la Ciudad Rural, pues ésta es parte de un programa más amplio que pretende un eco no sólo nacional, sino mundial.
*Integrante del área de difusión de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC
Fuente: Contralínea 228 / 10 de abril de 2011
lunes, 7 de marzo de 2011
Concluye Foro contra la minería en Chiapas
Patricia Chandomí.- Comunidades cristianas, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, autoridades ejidales y pobladores en general, en el marco del tercer foro regional en defensa de los recursos minerales sostuvieron que esta nueva fase de explotación de los recursos naturales y materias primas en general, obedece a la crisis mundial provocada por la lógica de acumulación capitalista, que promueve el consumismo y una demanda cada vez más creciente de productos energéticos no renovables, que se están agotando.
Para los asistentes a este Foro, los países mal llamados “en desarrollo”, continúan jugando un rol de proveedores de recursos naturales estratégicos, como el petróleo, minerales, agro combustibles, aceite industrial, agua, entre otros.
“Las empresas trasnacionales que operan en nuestro país y región solo obedecen a intereses personales y no en beneficio de las comunidades como lo dicen ellos. Por tanto, la minería de metales no contribuye en beneficio de los países y a las economías de las comunidades” sostuvieron.
En este Encuentro señalaron que los gobiernos no cumplen el papel fundamental de garantizar los derechos humanos y de impulsar el desarrollo integral de las personas y por ende, regular la actividad empresarial privada; en la práctica no sancionan, no implementan, ni hacen cumplir la normativa ambiental.
Asimismo, manifestaron que en otros casos, las instancias de monitoreo ambiental están parcializadas a favor de las empresas extractivas. Por ello, las industrias mineras generan daños a la salud de las y los trabajadores y de los pueblos en total impunidad. Además causan pérdida de la biodiversidad por los altos índices de contaminación, al utilizar y generar elementos químicos altamente tóxicos.
“Los gobiernos siguen utilizando mecanismos de represión y violación al derecho de libre organización y manifestación, para criminalizar las demandas de los pueblos. Las empresas mineras promueven la corrupción de dirigentes y autoridades, bajo la modalidad de amenaza, división, desarticulación social y confrontación entre las y los mismos ciudadanos” expresaron.
Las personas participantes en este foro solicitaron a los responsables de esta destrucción un cambio urgente de las políticas y de este modelo de desarrollo, “demandamos que promuevan la recuperación y ejercicio de derechos de las comunidades, y que garanticen procesos de reorientación de las bases económicas del desarrollo de nuestros pueblos y se pongan al servicio de un modelo de justicia social y ambiental•.
Entre los participantes se encuentran las Parroquias de Comalapa, Chicomuselo, Venustiano Carranza, Teopisca, el Centro de Derechos Humanos de la Mujer, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Otros Mundos, OPEZ democrática ONPP, UCIIS, Madre Tierra México, UCOS, OPEZ HISTORICA BFP, Comité de Derechos Humanos Oralia Morales de Frontera Comalapa, Comité de Derechos Humanos “210 de enero” de Chicomuselo y el Comité Regional para la Promoción y la Defensa de la Vida “Samuel Ruíz”.
Para los asistentes a este Foro, los países mal llamados “en desarrollo”, continúan jugando un rol de proveedores de recursos naturales estratégicos, como el petróleo, minerales, agro combustibles, aceite industrial, agua, entre otros.
“Las empresas trasnacionales que operan en nuestro país y región solo obedecen a intereses personales y no en beneficio de las comunidades como lo dicen ellos. Por tanto, la minería de metales no contribuye en beneficio de los países y a las economías de las comunidades” sostuvieron.
En este Encuentro señalaron que los gobiernos no cumplen el papel fundamental de garantizar los derechos humanos y de impulsar el desarrollo integral de las personas y por ende, regular la actividad empresarial privada; en la práctica no sancionan, no implementan, ni hacen cumplir la normativa ambiental.
Asimismo, manifestaron que en otros casos, las instancias de monitoreo ambiental están parcializadas a favor de las empresas extractivas. Por ello, las industrias mineras generan daños a la salud de las y los trabajadores y de los pueblos en total impunidad. Además causan pérdida de la biodiversidad por los altos índices de contaminación, al utilizar y generar elementos químicos altamente tóxicos.
“Los gobiernos siguen utilizando mecanismos de represión y violación al derecho de libre organización y manifestación, para criminalizar las demandas de los pueblos. Las empresas mineras promueven la corrupción de dirigentes y autoridades, bajo la modalidad de amenaza, división, desarticulación social y confrontación entre las y los mismos ciudadanos” expresaron.
Las personas participantes en este foro solicitaron a los responsables de esta destrucción un cambio urgente de las políticas y de este modelo de desarrollo, “demandamos que promuevan la recuperación y ejercicio de derechos de las comunidades, y que garanticen procesos de reorientación de las bases económicas del desarrollo de nuestros pueblos y se pongan al servicio de un modelo de justicia social y ambiental•.
Entre los participantes se encuentran las Parroquias de Comalapa, Chicomuselo, Venustiano Carranza, Teopisca, el Centro de Derechos Humanos de la Mujer, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Otros Mundos, OPEZ democrática ONPP, UCIIS, Madre Tierra México, UCOS, OPEZ HISTORICA BFP, Comité de Derechos Humanos Oralia Morales de Frontera Comalapa, Comité de Derechos Humanos “210 de enero” de Chicomuselo y el Comité Regional para la Promoción y la Defensa de la Vida “Samuel Ruíz”.
miércoles, 23 de febrero de 2011
Continúan en plantón familiares de presos políticos recluidos en Catazajá
Patricia Chandomí.- Familiares de los presos políticos, Adherentes a la Otra Campaña, se encuentran apoyando a los familiares que se encuentran en el Plantón en el Palacio de Gobierno de Tuxtla Guitiérrez desde el 8 de febrero de 2011, exigiendo la libertad inmediata de Amilcar y armando Méndez Núñez, encarcelados en el CERESO 17 de Playa de Catazajá desde el 16 de Diciembre de 2008.
De acuerdo a los familiares, supuestos grupos paramilitares del ejido Cintalapa, municipio de Ocosingo, fabricaron delitos y pagaron a la policía para que los detuvieran.
“Nuestros compañeros han sufrido torturas y vejaciones, obligándolos a firmar una declaración autoinculpándose, mientras sus familiares hemos sido violentamente de nuestras tierras. Todo por el sólo hecho de defender nuestras derechos como pueblos indígenas, a nuestros compañeros todavía no se les ha dictado sentencia, tras más de dos años de cárcel, el Ministerio Público tampoco ha dado seguimiento a las Averiguaciones Previas que tienen en su contra los grupos paramilitares que fabricaron este delito, negándose a visitar el lugar de los hechos”, sostuvieron.
“Estamos aquí para reafirmar que los presos políticos de Juan Sabines no están solos, y que seguiremos en la lucha por la libertad de todos los presos políticos, por eso pedimos libertad a los presos políticos de Mitziton y San Sebastian Bachajón” concluyeron.
De acuerdo a los familiares, supuestos grupos paramilitares del ejido Cintalapa, municipio de Ocosingo, fabricaron delitos y pagaron a la policía para que los detuvieran.
“Nuestros compañeros han sufrido torturas y vejaciones, obligándolos a firmar una declaración autoinculpándose, mientras sus familiares hemos sido violentamente de nuestras tierras. Todo por el sólo hecho de defender nuestras derechos como pueblos indígenas, a nuestros compañeros todavía no se les ha dictado sentencia, tras más de dos años de cárcel, el Ministerio Público tampoco ha dado seguimiento a las Averiguaciones Previas que tienen en su contra los grupos paramilitares que fabricaron este delito, negándose a visitar el lugar de los hechos”, sostuvieron.
“Estamos aquí para reafirmar que los presos políticos de Juan Sabines no están solos, y que seguiremos en la lucha por la libertad de todos los presos políticos, por eso pedimos libertad a los presos políticos de Mitziton y San Sebastian Bachajón” concluyeron.
Libertad para presos político de Chiapas
Los familiares de los presos políticos, Adherentes a la Otra Campaña, se encuentran apoyando a los familiares que se encuentran en el Plantón en el Palacio de Gobierno de Tuxtla Guitiérrez desde el 8 de febrero de 2011, exigiendo la libertad inmediata de Amilcar y armando Méndez Núñez, encarcelados injustamente en el CERESO 17 de Playa de Catazajá desde el 16 de Diciembre de 2008. Los grupos paramilitares del ejido Cintalapa, municipio de Ocosingo, fabricaron delitos y pagaron a la policía para que los detuvieran.
Nuestros compañeros han sufrido torturas y vejaciones, obligándolos a firmar una declaración autoinculpándose, mientras sus familiares hemos sido violentamente de nuestras tierras. Todo por el sólo hecho de defender nuestras derechos como pueblos indígenas.
Mientras a nuestros compañeros todavía no se les ha dictado sentencia tras más de 2 años en la cárcel, el Ministerio Público tampoco ha dado seguimiento a las Averiguaciones Previas que tienen en su contra los grupos paramilitares que fabricaron este delito, negándose a visitar el lugar de los hechos.
Desde hoy, 23 de febrero, se ha tomado la decisión de hacer HUELGA DE HAMBRE, los compañerxs Aida, Violeta, Pedro y Orvelinda, porque durante los 15 días de plantón el mal gobierno se ha burlado, nos ha mentido y ha intentado cooptar esta justa movilización, y nuestros compañeros siguen sufriendo en la cárcel por un delito que no cometieron.
Estamos aquí para reafirmar que los presos políticos de Juan Sabines no están solos, y que seguiremos en la lucha por la libertad de todos los presos políticos.
¡¡¡Libertad a los presos políticos de Mitziton y San Sebastián Bachajón!!!
¡¡¡Libertad a Amilcar Méndez Núñez, a Armando Méndez Núñez y a Alberto Patishtán!
Fuente: Familiares de presos
Nuestros compañeros han sufrido torturas y vejaciones, obligándolos a firmar una declaración autoinculpándose, mientras sus familiares hemos sido violentamente de nuestras tierras. Todo por el sólo hecho de defender nuestras derechos como pueblos indígenas.
Mientras a nuestros compañeros todavía no se les ha dictado sentencia tras más de 2 años en la cárcel, el Ministerio Público tampoco ha dado seguimiento a las Averiguaciones Previas que tienen en su contra los grupos paramilitares que fabricaron este delito, negándose a visitar el lugar de los hechos.
Desde hoy, 23 de febrero, se ha tomado la decisión de hacer HUELGA DE HAMBRE, los compañerxs Aida, Violeta, Pedro y Orvelinda, porque durante los 15 días de plantón el mal gobierno se ha burlado, nos ha mentido y ha intentado cooptar esta justa movilización, y nuestros compañeros siguen sufriendo en la cárcel por un delito que no cometieron.
Estamos aquí para reafirmar que los presos políticos de Juan Sabines no están solos, y que seguiremos en la lucha por la libertad de todos los presos políticos.
¡¡¡Libertad a los presos políticos de Mitziton y San Sebastián Bachajón!!!
¡¡¡Libertad a Amilcar Méndez Núñez, a Armando Méndez Núñez y a Alberto Patishtán!
Fuente: Familiares de presos
En presencia de funcionarios y policía del estado, grupo de no cooperantes, liderados por el Ejército de Dios ataca con armas de fuego a adhere
*
En presencia de funcionarios y policía del estado, grupo de no cooperantes, liderados por el Ejército de Dios ataca con armas de fuego a adherentes de La Otra Campaña en Mitzitón
Este Centro de Derechos Humanos considera inaceptable la violencia ejercida por el grupo conocido como “no cooperantes” liderados por el “Ejército de Dios”, “Alas de Águila”, en contra de los adherentes a La Otra Campaña (LOC) de la comunidad de Mitzitón, San Cristóbal de Las Casas (SCLC), Chiapas; en presencia de funcionarios estatales, que dejó como resultado dos heridos graves.
Según datos con los que cuenta este Centro de Derechos Humanos (Frayba), el hecho inicial que derivó en la agresión con armas de fuego, fue una discusión que ocurrió el 13 de febrero del 2011, en Mitzitón entre el Sr. Jesús Heredia de la Cruz –Presidente del Consejo de Vigilancia de Mitzitón, adherente a LOC y su hermano el Sr. Miguel Heredia de la Cruz (en adelante Miguel), integrante del “Ejército de Dios”, “Alas de Águila”. Como mediador de esta discusión se encontraba el Sr. Andrés Heredia (en adelante Andrés) adherente a LOC. La discusión en apariencia concluyó con la amonestación verbal a Miguel, para que tuviera cuidado al conducir su vehículo por zonas en donde transitan niños y demás personas de la comunidad.
Según información con la que cuenta el Frayba, Miguel, al sentirse ofendido por la amonestación que le había hecho la autoridad comunitaria, reunió a un grupo de personas “no cooperantes” junto con líderes del “Ejército de Dios”, “Alas de Aguila”, entre los que se encontraban, Carmen Gómez Gómez, José Hernández Gómez, Miguel Díaz Gómez, Alfredo Díaz Gómez, Juan Gómez Díaz entre otros, quienes regresaron a la casa del Sr. Jesús Heredia, con la intención de detenerlo, pero sus familiares lo impidieron.
Debido a los hechos, los testigos relatan que aproximadamente a las 17:40 hrs., Andrés quiso mediar en la situación indicándoles que trataran de calmarse y buscar una solución pacífica, pero el grupo de personas “no cooperantes” liderados por integrantes del “Ejército de Dios”, “Alas de Águila”, sujetaron a Andrés y lo subieron al vehículo de Miguel, trasladándolo a una cárcel no oficial que se encuentra dentro de la propiedad de los Sres. Francisco y Gregorio Gómez, padre e hijo, también integrantes y líderes de este grupo de “no cooperantes”. En ese lugar, Andrés fue desnudado, pateado, golpeado con garrotes y polines y ya en semiinconsciencia fue orinado por sus agresores. Debido a ello, horas después tuvo que ser ingresado a un hospital en la ciudad de SCLC.
Según narran las autoridades de la comunidad de Mitzitón adherentes a LOC, “… al ver un carro donde viajaban Julio Jiménez González, propietario del vehículo y quien conducía, Miguel Jiménez Glez (su hermano mayor), Julio Jiménez Jiménez (hijo) y Sergio Jiménez Heredia, quienes se dirigían a la casa de Francisco y Gregorio Gómez, la gente tapó el paso, deteniendo a las personas que viajaban en el carro,(…) los invitamos a que nos acompañaran, debido a que sus compañeros tenían retenido y torturado a nuestro compañero Andrés, hablamos con don Julio Jiménez porque él ya es una persona de edad mayor, le pedimos que interviniera mediando, que hablara con su gente, no cooperantes del Ejército de Dios, porque ya son muchas agresiones. Así fue como don Julio fue cuatro veces a platicar con su grupo a la casa de Francisco y Gregorio, para que liberaran a Andrés, para que no lo siguieran golpeando, pero su grupo no hizo caso.”
Por los acontecimientos, desde las 18:30 hrs. este Centro de Derechos Humanos, solicitó la intervención del Subdirector de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena Gregorio Pérez Gómez. También se tuvo conocimiento que ya se encontraban en la comunidad un operador político de la región Altos y más tarde, hacia las 22:40 hrs., integrantes del Consejo Estatal de Derechos Humanos. Los pobladores de Mitzitón adherentes a LOC, quienes se encontraban en la iglesia de la comunidad pidiendo a los funcionarios de gobierno que hicieran la valoración médica al agredido, estaban muy molestos por la agresión y actos humillantes de que fue objeto Andrés.
En ese momento aproximadamente a las 23:05 hrs., mientras los funcionarios del estado se encontraban ahí, se registraron disparos de arma de fuego, resultando herido en el abdomen el Sr. Carmen Jiménez Heredia, adherente a LOC, quien fue hospitalizado en la ciudad de SCLC. Inmediatamente integrantes de este Centro de Derechos Humanos se comunicaron con el funcionario de la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena, quien confirmó la agresión con armas de fuego. Es importante mencionar que elementos de la Policía Estatal Preventiva, se encontraban en la comunidad cuando ocurrieron los disparos.
Alrededor de las 02:00 hrs. del 14 de febrero, fueron detenidas 23 personas del grupo de “no cooperantes” y siete de ellas consignadas ante la autoridad judicial al ser probables responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, homicidio en grado de tentativa y atentados contra la paz por los hechos ocurridos en la comunidad de Mitzitón. No obstante, debido a la detención de estas personas, hay un clima de tensión en la comunidad, que pone en vulnerabilidad a la población del lugar, ya que se pueden detonar otros actos de violencia que pongan en riesgo la vida, así como la integridad y seguridad de las personas. Cabe mencionar que el grupo de no cooperantes han realizado bloqueos nocturnos sobre la carretera y los caminos de terracería en la comunidad.
Por esta situación, los adherentes a LOC, se encuentran viviendo concentrados en las oficinas de la Comisaría Ejidal y de la iglesia comunitaria, sin poder ir a trabajar a sus parcelas, además los niños se encuentran sin poder asistir a clases y los servicios en la comunidad están suspendidos.
Ante lo anteriormente narrado el Frayba considera inaceptable estos hechos de violencia y lamenta que los funcionarios del estado de Chiapas no realicen acciones que ayuden a resolver este conflicto, a pesar de los compromisos contraídos con anterioridad con la comunidad. Por lo tanto, exige al gobierno del estado de Chiapas.
*
Se investiguen los hechos de manera seria, imparcial, pronta y exhaustiva para fincar las responsabilidades correspondientes por las agresiones físicas y con arma de fuego en contra de los Sres. Andrés Heredia y Carmen Jiménez adherentes a LOC.
*
Se investiguen los actos de omisión de los funcionarios públicos que estando en el lugar de los hechos no actuaron para dar garantías a la integridad y seguridad personal de los integrantes a LOC y demás pobladores de la comunidad de Mitzitón.
*
Se realicen las acciones suficientes y necesarias que ayuden a resolver el conflicto en la comunidad, inhibiendo cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la integridad y seguridad personal de las autoridades comunitarias, de los adherentes a LOC y de la población general de la comunidad.
Antecedentes:
Desde febrero del 2009 la comunidad de Mitzitón ha mantenido una lucha por la defensa de su territorio, ante la información y evidencias acerca la intención del gobierno mexicano de construir la autopista SCLC–Palenque y la ampliación de la carretera SCLC-Comitán de Domínguez. El gobierno del Estado en varias ocasiones ha negado que exista tal proyecto, sin embargo, la propuesta de la reubicación de la comunidad manifestada por algunos funcionarios del gobierno del Estado, evidencia que sí existe un interés de despojar al Pueblo Tsotsil de su territorio.
En presencia de funcionarios y policía del estado, grupo de no cooperantes, liderados por el Ejército de Dios ataca con armas de fuego a adherentes de La Otra Campaña en Mitzitón
Este Centro de Derechos Humanos considera inaceptable la violencia ejercida por el grupo conocido como “no cooperantes” liderados por el “Ejército de Dios”, “Alas de Águila”, en contra de los adherentes a La Otra Campaña (LOC) de la comunidad de Mitzitón, San Cristóbal de Las Casas (SCLC), Chiapas; en presencia de funcionarios estatales, que dejó como resultado dos heridos graves.
Según datos con los que cuenta este Centro de Derechos Humanos (Frayba), el hecho inicial que derivó en la agresión con armas de fuego, fue una discusión que ocurrió el 13 de febrero del 2011, en Mitzitón entre el Sr. Jesús Heredia de la Cruz –Presidente del Consejo de Vigilancia de Mitzitón, adherente a LOC y su hermano el Sr. Miguel Heredia de la Cruz (en adelante Miguel), integrante del “Ejército de Dios”, “Alas de Águila”. Como mediador de esta discusión se encontraba el Sr. Andrés Heredia (en adelante Andrés) adherente a LOC. La discusión en apariencia concluyó con la amonestación verbal a Miguel, para que tuviera cuidado al conducir su vehículo por zonas en donde transitan niños y demás personas de la comunidad.
Según información con la que cuenta el Frayba, Miguel, al sentirse ofendido por la amonestación que le había hecho la autoridad comunitaria, reunió a un grupo de personas “no cooperantes” junto con líderes del “Ejército de Dios”, “Alas de Aguila”, entre los que se encontraban, Carmen Gómez Gómez, José Hernández Gómez, Miguel Díaz Gómez, Alfredo Díaz Gómez, Juan Gómez Díaz entre otros, quienes regresaron a la casa del Sr. Jesús Heredia, con la intención de detenerlo, pero sus familiares lo impidieron.
Debido a los hechos, los testigos relatan que aproximadamente a las 17:40 hrs., Andrés quiso mediar en la situación indicándoles que trataran de calmarse y buscar una solución pacífica, pero el grupo de personas “no cooperantes” liderados por integrantes del “Ejército de Dios”, “Alas de Águila”, sujetaron a Andrés y lo subieron al vehículo de Miguel, trasladándolo a una cárcel no oficial que se encuentra dentro de la propiedad de los Sres. Francisco y Gregorio Gómez, padre e hijo, también integrantes y líderes de este grupo de “no cooperantes”. En ese lugar, Andrés fue desnudado, pateado, golpeado con garrotes y polines y ya en semiinconsciencia fue orinado por sus agresores. Debido a ello, horas después tuvo que ser ingresado a un hospital en la ciudad de SCLC.
Según narran las autoridades de la comunidad de Mitzitón adherentes a LOC, “… al ver un carro donde viajaban Julio Jiménez González, propietario del vehículo y quien conducía, Miguel Jiménez Glez (su hermano mayor), Julio Jiménez Jiménez (hijo) y Sergio Jiménez Heredia, quienes se dirigían a la casa de Francisco y Gregorio Gómez, la gente tapó el paso, deteniendo a las personas que viajaban en el carro,(…) los invitamos a que nos acompañaran, debido a que sus compañeros tenían retenido y torturado a nuestro compañero Andrés, hablamos con don Julio Jiménez porque él ya es una persona de edad mayor, le pedimos que interviniera mediando, que hablara con su gente, no cooperantes del Ejército de Dios, porque ya son muchas agresiones. Así fue como don Julio fue cuatro veces a platicar con su grupo a la casa de Francisco y Gregorio, para que liberaran a Andrés, para que no lo siguieran golpeando, pero su grupo no hizo caso.”
Por los acontecimientos, desde las 18:30 hrs. este Centro de Derechos Humanos, solicitó la intervención del Subdirector de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena Gregorio Pérez Gómez. También se tuvo conocimiento que ya se encontraban en la comunidad un operador político de la región Altos y más tarde, hacia las 22:40 hrs., integrantes del Consejo Estatal de Derechos Humanos. Los pobladores de Mitzitón adherentes a LOC, quienes se encontraban en la iglesia de la comunidad pidiendo a los funcionarios de gobierno que hicieran la valoración médica al agredido, estaban muy molestos por la agresión y actos humillantes de que fue objeto Andrés.
En ese momento aproximadamente a las 23:05 hrs., mientras los funcionarios del estado se encontraban ahí, se registraron disparos de arma de fuego, resultando herido en el abdomen el Sr. Carmen Jiménez Heredia, adherente a LOC, quien fue hospitalizado en la ciudad de SCLC. Inmediatamente integrantes de este Centro de Derechos Humanos se comunicaron con el funcionario de la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena, quien confirmó la agresión con armas de fuego. Es importante mencionar que elementos de la Policía Estatal Preventiva, se encontraban en la comunidad cuando ocurrieron los disparos.
Alrededor de las 02:00 hrs. del 14 de febrero, fueron detenidas 23 personas del grupo de “no cooperantes” y siete de ellas consignadas ante la autoridad judicial al ser probables responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, homicidio en grado de tentativa y atentados contra la paz por los hechos ocurridos en la comunidad de Mitzitón. No obstante, debido a la detención de estas personas, hay un clima de tensión en la comunidad, que pone en vulnerabilidad a la población del lugar, ya que se pueden detonar otros actos de violencia que pongan en riesgo la vida, así como la integridad y seguridad de las personas. Cabe mencionar que el grupo de no cooperantes han realizado bloqueos nocturnos sobre la carretera y los caminos de terracería en la comunidad.
Por esta situación, los adherentes a LOC, se encuentran viviendo concentrados en las oficinas de la Comisaría Ejidal y de la iglesia comunitaria, sin poder ir a trabajar a sus parcelas, además los niños se encuentran sin poder asistir a clases y los servicios en la comunidad están suspendidos.
Ante lo anteriormente narrado el Frayba considera inaceptable estos hechos de violencia y lamenta que los funcionarios del estado de Chiapas no realicen acciones que ayuden a resolver este conflicto, a pesar de los compromisos contraídos con anterioridad con la comunidad. Por lo tanto, exige al gobierno del estado de Chiapas.
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Se investiguen los hechos de manera seria, imparcial, pronta y exhaustiva para fincar las responsabilidades correspondientes por las agresiones físicas y con arma de fuego en contra de los Sres. Andrés Heredia y Carmen Jiménez adherentes a LOC.
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Se investiguen los actos de omisión de los funcionarios públicos que estando en el lugar de los hechos no actuaron para dar garantías a la integridad y seguridad personal de los integrantes a LOC y demás pobladores de la comunidad de Mitzitón.
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Se realicen las acciones suficientes y necesarias que ayuden a resolver el conflicto en la comunidad, inhibiendo cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la integridad y seguridad personal de las autoridades comunitarias, de los adherentes a LOC y de la población general de la comunidad.
Antecedentes:
Desde febrero del 2009 la comunidad de Mitzitón ha mantenido una lucha por la defensa de su territorio, ante la información y evidencias acerca la intención del gobierno mexicano de construir la autopista SCLC–Palenque y la ampliación de la carretera SCLC-Comitán de Domínguez. El gobierno del Estado en varias ocasiones ha negado que exista tal proyecto, sin embargo, la propuesta de la reubicación de la comunidad manifestada por algunos funcionarios del gobierno del Estado, evidencia que sí existe un interés de despojar al Pueblo Tsotsil de su territorio.
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