Denuncia pública:
Por este medio, quiero hacer una denuncia publica en contra de quienes resulten responsables de los hechos, ya que el dia de hoy a las 6:00 horas de la mañana ingreso a la clinica del issste de San Cristóbal de Las Casas. Chiapas. la mtra. De Nombre Luvia Estela Vazquez Perez con labores de parto. En una primera valoracion el medico en turno manifesto que todo se encontraba en total normalidad. Sin embargo al rededor de las 8:00 horas el medico que entro por cambio de turno manifesto que el producto se encontraba ya sin vida, a lo que una vez que se solicito hablar con el director del hospital en mencion, en un intento de deslindarse de lo ocurrido, dijeron: es que probablemente ya desde que ingreso estaba en esa condicion, ademas aqui los aparatos ni sirven... aunado a esto a casi 6 horas transcurridas la maestra sigue sin ser intervenida, por lo que se teme por su propia integridad. Por todo ello, y a nombre de los familiares de la afectada, hago la presente denuncia por el delito de negligencia medica para su seguimiento.
Atte. Prof. Ancimer Nicolas Roblero Ramirez
Cel. 9671342921
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domingo, 22 de marzo de 2015
Intenta sujeto asesinar a paciente hospitalizada en el Hospital Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez
El sujeto que aparece en las imágenes es el potencial feminicida Oscar Gonzalo Guajardo Moguel de aproximadamente 36 años de edad, originario de la Ciudad de México y avecindado en Tuxtla Gutiérrez, técnico radiólogo y potencial feminicida, en noviembre trató de matar a su novia, de 24 años de edad de nombre Nadxiely, en el municipio de Arriaga.
Oscar la amenazaba “te voy a matar si no te vienes a vivir conmigo, sólo te pido un año, que me des un año para demostrarte mi amor, sino lo haces primero te voy a matar y luego te voy a comer”.
Nadxiely cambió su número de celular, su rutina pero el agresor volvió a dar con su paradero, y el 3 de enero de 2015 la intentó volver a asesinar por segunda ocasión, dejándole severas lesiones que la mantienen hospitalizada en el Hospital Gilberto Gómez Maza.
Nadxiely ingresó el pasado jueves 19 de marzo, tras haber sido trasladada del Hospital de Arriaga, hasta este lugar ingresó disfrazado de personal de limpieza, Oscar Gonzalo Guajardo quien la volvió a amenazar de muerte.
Por haber sido técnico radiólogo se sospecha que tiene una o varias personas cómplices dentro del Hospital que le permiten ingresar hasta la cama de la paciente.
Ante esta situación, el padre de la joven acudió a la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres, ahí fue atendido por la licenciada Roxana Natarén López, quien le proporcionó protección de dos policías municipales, quienes se presentaron el día de ayer en el citado Hospital, sin embargo, el jurídico del Hospital corrió a los policías porque no eran “federales”.
“Mire señor este Hospital es público hay un guardia para todas las pacientes, de qué privilegios goza su hija para tener seguridad privada” le dijo el jurídico al padre de la joven convaleciente.
La denuncia por intento de feminicidio está en la citada fiscalía con el número RA258-101-0010-2015, el padre y la madre de la joven temen que Oscar vuelva a infiltrarse con la complicidad de personal del Hospital y que logre su cometido de asesinar a su hija.
Oscar la amenazaba “te voy a matar si no te vienes a vivir conmigo, sólo te pido un año, que me des un año para demostrarte mi amor, sino lo haces primero te voy a matar y luego te voy a comer”.
Nadxiely cambió su número de celular, su rutina pero el agresor volvió a dar con su paradero, y el 3 de enero de 2015 la intentó volver a asesinar por segunda ocasión, dejándole severas lesiones que la mantienen hospitalizada en el Hospital Gilberto Gómez Maza.
Nadxiely ingresó el pasado jueves 19 de marzo, tras haber sido trasladada del Hospital de Arriaga, hasta este lugar ingresó disfrazado de personal de limpieza, Oscar Gonzalo Guajardo quien la volvió a amenazar de muerte.
Por haber sido técnico radiólogo se sospecha que tiene una o varias personas cómplices dentro del Hospital que le permiten ingresar hasta la cama de la paciente.
Ante esta situación, el padre de la joven acudió a la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres, ahí fue atendido por la licenciada Roxana Natarén López, quien le proporcionó protección de dos policías municipales, quienes se presentaron el día de ayer en el citado Hospital, sin embargo, el jurídico del Hospital corrió a los policías porque no eran “federales”.
“Mire señor este Hospital es público hay un guardia para todas las pacientes, de qué privilegios goza su hija para tener seguridad privada” le dijo el jurídico al padre de la joven convaleciente.
La denuncia por intento de feminicidio está en la citada fiscalía con el número RA258-101-0010-2015, el padre y la madre de la joven temen que Oscar vuelva a infiltrarse con la complicidad de personal del Hospital y que logre su cometido de asesinar a su hija.
miércoles, 22 de agosto de 2012
Conceden custodia de la menor Giovanna Lineth a su madre Kathya
*Kathya teme por su vida ante amenazas del padre de su hija.
Patricia Chandomí.- La Sala Regional Colegiada Mixta emitió una resolución plasmada en la toca civil 101-B-IC03/2012 donde revoca la custodia de la menor Giovanna Lineth Diestel López a favor de Erich Diestel, padre de la menor, la Sala le concede la custodia a Kathya López Banda, madre de la menor.
Por mayoría de votos y dado el fuerte expediente que presentó Kathya donde documenta las agresiones a la cual ha sido sometida no sólo de parte de su aún esposo Erich Diestel sino de toda su familia, la autoridad decidió revocar la custodia a favor de Diestel, tal como lo había proclamado el juez primero del ramo civil de San Cristóbal de las Casas.
De acuerdo a la abogada Martha Figueroa, en una de las visitas vigiladas y controladas en el DIF municipal, el pasado 15 de agosto, Erich Diestel, quien entonces tenía la custodia, confrontó a la joven y la amenazó diciéndole que disfrutara de los últimos momentos a la lado de su hija, porque se la llevaría lejos, al enterarse de que Kathya tendrá la custodia.
Esa noche la niña de tres años tuvo una crisis nerviosa y respiratoria, los médicos detectaron desnutrición leve, la niña de tan sólo tres años se aferró a su madre en la visita y cuando vio a su tía y a la novia de su papá empezó a gritar “ellas pegan, ellas pegan”.
La niña requirió cuidados médicos y fue trasladada al Hospital de las Culturas, donde permaneció tres días con su madre quien tuvo protección policiaca ante las amenazas de la familia Diestel.
Este fin de semana, ambas fueron trasladadas a un refugio, debido a que Erich y su familia han golpeado a Kathya, la joven de 26 años teme por su vida y por la seguridad de su menor hija.
Cabe destacar que desde el 2009, Kathya originaria del Estado de México huérfana de padre y madre se separó de Erich tras una relación donde prevaleció la violencia intrafamiliar, Erich la pateó estando embarazada de la menor que ahora "defiende", la niña ha denunciado malos tratos de los familiares de su padre.
martes, 17 de julio de 2012
Margarita López has been released!
I have just been informed that Margarita López Gómez, the indigenous women from Chiapas unjustly imprisoned for the murder of her husband (who I wrote about here, here and here), has been finally released from the terms of her suspended sentence thanks to the effort and hardwork of her lawyer Rosa López Santis, from the Women’s Human Right Centre in Chiapas and the social media campaign led by Patricia Chandomí which included a petition at change.org I would like to take this opportunity to thank all those who signed this petition.
Margarita suffered for many years at the hands of the judicial authorities in Chiapas, who imprisoned her after forcing a confession form her during an interrogation conducted in Spanish, a language she did not speak nor understand. She was kept in solitary confinement and raped during her prison stay. It can only be hoped that now she has been completely freed, she will be able to make a new life for herself and her family.
Filed under: Feminism, Human Rights in Mexico, Violence Against Women, Chiapas, Margarita López Gómez, violence against women
Saturday, 5th May, 2012 • 10:26 am 1
The Continued Harassment of Margarita López Gomez
Margarita López Gómez, an indigenous women from Chiapas, Mexico, was recently released from prison after a sustained campaign by human rights activists. Margarita had been convicted of killing her partner and imprisoned for seven years based on a confession allegedly obtained during her interrogation, which she later repudiated repeatedly. It was also proved later that her partner was killed by someone else. The interrogation was conducted in Spanish, a language she did not speak at the time. For more details you can see my original posts here and here. It emerged this week that the terms of Margarita’s release include the requirement to go to the state capital, San Cristobal de las Casas each month to sign a report in the local prison. She must also send a monthly report of her work activities via registered mail every month. Her suspended prison sentence is due to expire in 2016. This might seem a small price to pay for her freedom, however Margarita lives in a small village many hours away from the state capital. She has a very ill mother and young children to care for and no settled means of income. Paying to go to San Cristobal each month is practically impossible for her, and makes it very likely she will be unable to meet the terms of her sentence. Margarita was wrongly convicted. The State of Chiapas kept her in prison seven years, a number of them in solitary confinement in a male prison, where she was raped and gave birth to her youngest child. The authorities released her in February due to the hard work of her lawyer and human rights activists in Chiapas and Mexico. However, with these terms it appears that the authorities continue to unfairly punish Margarita and her family and aim to return her to prison. This is scandalous and unacceptable.
martes, 28 de febrero de 2012
Condenan a anciana a 25 años de cárcel por “brujería”
Patricia Chandomí.- Reyna Pedro Francisco Miguel de 73 años de edad, monolingüe hablante del idioma Kanjobal Ateco, originaria de San Rafael la Independencia del departamento de Huehuetenango en Guatemala, refugiada en Chiapas desde que era una niña fue condenada a 25 años de prisión por homicidio del joven Vicente Vicente Baltasar.
I
Sin testigos, sólo una dudosa declaración
En la comunidad La Gloria del municipio de La Trinitaria Chiapas, el día 25 de marzo del 2009, Horacio García Estrada, Juez del Juzgado Penal para la atención de delitos graves del distrito judicial de Comitán de Domínguez, dictó auto de formal prisión contra Reyna, sin mayor prueba que la declaración del joven Basilio Daniel José Marcos.
Según Basilio el pasado 16 de marzo del año 2009 a las 4 de la tarde, en la colonia La Gloria salió de la tienda de doña María Juan Domingo, donde compró un refresco de cola para dirigirse después a la casa del menor fallecido, Vicente Vicente Baltasar, donde también se encontraba otro joven de nombre, Crescencio Pablo Miguel, según su declaración, en el trayecto a la casa de su amigo, se encontraba la casa de Reyna, ésta supuestamente lo llamó y lo amenazó que de no darle el refresco para echarle polvos “mágicos” mataría a sus familiares con su “brujería”.
De acuerdo a Basilio, Reyna dijo que los polvos eran para “crecer sano”, a pesar de que la tenía como “bruja” que los amenazaba con hacerles daño, el joven nunca desconfío de los “polvos” y al llegar a casa de sus amigos ofreció el refresco hasta que el hoy occiso ingirió una cantidad considerable mientras que Crescencio lo hizo en menor medida.
Al ver el efecto que la bebida produjo en sus amigos, Basilio empezó a reírse de ellos y al percatarse que Vicente se desplomó y empezó a sacar espuma por la boca, el testigo acusador salió corriendo.
De acuerdo al abogado de Reyna, Vicente Vázquez Hernández, Basilio en su declaración ministerial sostuvo que Reyna obligaba al joven muerto, Vicente Vicente Baltasar, Crescencio Pablo Miguel y a él a robar aves de granja para que después le fueran entregados a ella, cuando los jóvenes supuestamente se negaron a seguir robando aves de corral, Reyna los amenazó con su “brujería”.
II
Las Contradicciones del acusador
En la declaración ministerial hecha por el menor Cresencio Pablo Miguel, afirma que nunca mantuvo relación alguna con Reyna, la que supuestamente los obligaba a robar gallinas, el joven señaló que conocía a Reyna por comentarios provenientes de sus amigos Vicente y Basilio.
El abogado sostiene que de acuerdo a la pericial en Planimetría Descriptiva y Fotografía realizada por el Ingeniero Andrés Arguello Morales de la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General del Estado en presencia del joven Basilio, quien describió su recorrido, se puntualizó que para ir a casa del amigo, no se pasa por la casa de Reyna, lo cual pone en entredicho su declaración que Reyna lo llamó desde su casa.
III
El polvo mágico: Gramaxone
Estas no son las únicas contradicciones de Basilio, ya que en un primer momento declaró que él había tomado el polvo de casa de Reyna y en otro momento dijo que Reyna había puesto el polvo, que resultó ser Gramaxone, un herbicida altamente tóxico.
IV
Queman autoridades casa de Reyna y amenazan a Juez para que le de 25 años de sentencia
Por otra parte, a la par de que Reyna era juzgada por la vía judicial, el comisario ejidal, el agente municipal y el consejo de vigilancia entregaron con fecha 26 de marzo al Juez un documento, firmado supuestamente por toda la comunidad, a manera de “solicitud” donde amenazaban al Juez que de absolver a Reyna ellos la juzgarían con base en sus costumbres, además pedían que Reyna fuera condenada a 25 años de prisión.
Vecinos de Reyna mencionaron que fueron presionados por las autoridades locales para firmar la “solicitud de condena” de no hacerlo les dijeron que serían expulsados de la colonia. Las amenazas se materializaron unos días después con los familiares de Reyna, las autoridades de la colonia, quemaron la casa de Reyna y corrieron a su esposo y sus dos hijas, quienes se encuentran en calidad de desplazados, además están escondidos pues temen mayores agresiones de parte de las autoridades.
Actualmente Reyna Pedro Francisco está recluida en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Numero 5 de San Cristóbal de las casas, sentenciada a 25 años de prisión.
De acuerdo a su abogado durante la instrucción Procesal nunca estuvo presente traductor alguno que hablara el idioma Kanjobal Acalteco, a pesar del nulo castellano de la señora Reyna, según consta en el exhorto 14-E/2010 y en la causa penal 59/2009, iniciada en Comitán; por lo que se logró la reposición del proceso; en esta etapa, Basilio de 17 años no se ha presentado a ratificar su declaración.
V
Criminalización a los refugiados y a la práctica de la medicina tradicional
Cabe destacar que Reyna práctica la medicina tradicional maya, conocimiento adquirido por sus ancestras: cura mal de ojo, de espanto, tristeza, esto le generó algunas diferencias con gente de la comunidad, que la etiquetaron de “bruja”, además por su origen Guatemalteco, había vecinos que desde un principio no la quisieron por ser de fuera.
I
Sin testigos, sólo una dudosa declaración
En la comunidad La Gloria del municipio de La Trinitaria Chiapas, el día 25 de marzo del 2009, Horacio García Estrada, Juez del Juzgado Penal para la atención de delitos graves del distrito judicial de Comitán de Domínguez, dictó auto de formal prisión contra Reyna, sin mayor prueba que la declaración del joven Basilio Daniel José Marcos.
Según Basilio el pasado 16 de marzo del año 2009 a las 4 de la tarde, en la colonia La Gloria salió de la tienda de doña María Juan Domingo, donde compró un refresco de cola para dirigirse después a la casa del menor fallecido, Vicente Vicente Baltasar, donde también se encontraba otro joven de nombre, Crescencio Pablo Miguel, según su declaración, en el trayecto a la casa de su amigo, se encontraba la casa de Reyna, ésta supuestamente lo llamó y lo amenazó que de no darle el refresco para echarle polvos “mágicos” mataría a sus familiares con su “brujería”.
De acuerdo a Basilio, Reyna dijo que los polvos eran para “crecer sano”, a pesar de que la tenía como “bruja” que los amenazaba con hacerles daño, el joven nunca desconfío de los “polvos” y al llegar a casa de sus amigos ofreció el refresco hasta que el hoy occiso ingirió una cantidad considerable mientras que Crescencio lo hizo en menor medida.
Al ver el efecto que la bebida produjo en sus amigos, Basilio empezó a reírse de ellos y al percatarse que Vicente se desplomó y empezó a sacar espuma por la boca, el testigo acusador salió corriendo.
De acuerdo al abogado de Reyna, Vicente Vázquez Hernández, Basilio en su declaración ministerial sostuvo que Reyna obligaba al joven muerto, Vicente Vicente Baltasar, Crescencio Pablo Miguel y a él a robar aves de granja para que después le fueran entregados a ella, cuando los jóvenes supuestamente se negaron a seguir robando aves de corral, Reyna los amenazó con su “brujería”.
II
Las Contradicciones del acusador
En la declaración ministerial hecha por el menor Cresencio Pablo Miguel, afirma que nunca mantuvo relación alguna con Reyna, la que supuestamente los obligaba a robar gallinas, el joven señaló que conocía a Reyna por comentarios provenientes de sus amigos Vicente y Basilio.
El abogado sostiene que de acuerdo a la pericial en Planimetría Descriptiva y Fotografía realizada por el Ingeniero Andrés Arguello Morales de la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General del Estado en presencia del joven Basilio, quien describió su recorrido, se puntualizó que para ir a casa del amigo, no se pasa por la casa de Reyna, lo cual pone en entredicho su declaración que Reyna lo llamó desde su casa.
III
El polvo mágico: Gramaxone
Estas no son las únicas contradicciones de Basilio, ya que en un primer momento declaró que él había tomado el polvo de casa de Reyna y en otro momento dijo que Reyna había puesto el polvo, que resultó ser Gramaxone, un herbicida altamente tóxico.
IV
Queman autoridades casa de Reyna y amenazan a Juez para que le de 25 años de sentencia
Por otra parte, a la par de que Reyna era juzgada por la vía judicial, el comisario ejidal, el agente municipal y el consejo de vigilancia entregaron con fecha 26 de marzo al Juez un documento, firmado supuestamente por toda la comunidad, a manera de “solicitud” donde amenazaban al Juez que de absolver a Reyna ellos la juzgarían con base en sus costumbres, además pedían que Reyna fuera condenada a 25 años de prisión.
Vecinos de Reyna mencionaron que fueron presionados por las autoridades locales para firmar la “solicitud de condena” de no hacerlo les dijeron que serían expulsados de la colonia. Las amenazas se materializaron unos días después con los familiares de Reyna, las autoridades de la colonia, quemaron la casa de Reyna y corrieron a su esposo y sus dos hijas, quienes se encuentran en calidad de desplazados, además están escondidos pues temen mayores agresiones de parte de las autoridades.
Actualmente Reyna Pedro Francisco está recluida en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Numero 5 de San Cristóbal de las casas, sentenciada a 25 años de prisión.
De acuerdo a su abogado durante la instrucción Procesal nunca estuvo presente traductor alguno que hablara el idioma Kanjobal Acalteco, a pesar del nulo castellano de la señora Reyna, según consta en el exhorto 14-E/2010 y en la causa penal 59/2009, iniciada en Comitán; por lo que se logró la reposición del proceso; en esta etapa, Basilio de 17 años no se ha presentado a ratificar su declaración.
V
Criminalización a los refugiados y a la práctica de la medicina tradicional
Cabe destacar que Reyna práctica la medicina tradicional maya, conocimiento adquirido por sus ancestras: cura mal de ojo, de espanto, tristeza, esto le generó algunas diferencias con gente de la comunidad, que la etiquetaron de “bruja”, además por su origen Guatemalteco, había vecinos que desde un principio no la quisieron por ser de fuera.
martes, 14 de febrero de 2012
Se generaliza violencia hacia las mujeres Chiapas, el paraíso de la impunidad
REPORTAJE
Primera de dos partes
Por Patricia Chandomí, corresponsal
Tuxtla Gutiérrez, Chis, 8 jun 10 (CIMAC).- En Chiapas en lo que va de este año la violencia hacia las mujeres se ha recrudecido. En lo que va del año se han cometido 14 asesinatos de mujeres, de acuerdo al seguimiento del Colectivo de Mujeres (Colem).
Si lo que pedía la autoridad para “actuar” eran testigos y pruebas, las más recientes agresiones han presentado ambos requisitos, pero esto no ha impedido que Chiapas sea el paraíso de la impunidad para los agresores.
En marzo de 2009 se promulgó en Chiapas la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la cual, al igual que la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, no cuenta con un reglamento ni mecanismos prácticos para hacer viable su aplicación, lo que representa una indiferencia gubernamental que se refleja en la impunidad con la que se mueven los sujetos agresores en Chiapas precisó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Por su parte, las abogadas del Colem comentaron que se han percatado que las autoridades no saben de la existencia de la Ley, “una Ley por sí sola no hará que se termine la violencia en contra de las mujeres, se necesita difundirla y hacerla valer” dijo Alma Rosa Rojas, integrante de la Red de Mujeres por la Igualdad. Sin leyes aplicables y sin sanciones a los agresores, el mapa de la violencia contra las chiapanecas crece día con día.
EL MAPA DE LA VIOLENCIA
San Cristóbal de las Casas
Las mujeres adherentes a la Otra Campaña del ejido Mitzitón, municipio de San Cristóbal de las Casas son amenazadas, perseguidas y hostigadas por elementos armados de esta comunidad identificados como paramilitares de la organización Ejército de Dios Alas de Águila.
El 18 de abril de este año, Delfina Heredia Jiménez, Carmela Heredia Jiménez, Alicia Díaz Heredia, Catalina Zenaida Díaz González y María Guadalupe Díaz González fueron a pastorear sus borregos como de costumbre al campo. En la tarde se dieron cuenta que estaba un sujeto escondido, uniformado de negro y encapuchado.
Al momento aparecieron otros tres hombres encapuchados y vestidos de manera similar, al parecer querían agredirlas, por lo que ellas decidieron retirarse del lugar.
Los encapuchados empezaron a chiflar, diciendo: “vamos a esperar” y otros dijeron “mejor las acabemos de una vez”, las mujeres al escuchar esto temerosas decidieron buscar palos y piedras para defenderse de cualquier agresión, los hombres al verlas que estaban dispuestas a defenderse se marcharon.
Antes de este suceso, los supuestos paramilitares, Francisco Gómez Díaz, Gregorio Gómez Jiménez, Elemecio Jiménez Vicente, Roberto Vicente Pérez y Cirilo Gómez Jiménez habían hecho disparos al aire donde las mujeres pastorean a sus borregos.
El mismo 18 de abril, las autoridades comunitarias de Mitzitón recibieron la denuncia que Juana Pérez Hernández de 21 años de edad, originaria del ejido Flores Magón, del municipio de Teopisca, en el lugar conocido como Tzimtikalbho, por el camino que va a Dos Lagunas se encontraba cuidando su borregos como de costumbre.
Al momento se le presentó Roberto Jiménez Heredia, miembro del Ejército de Dios Alas de Águila, éste conducía una camión de tres toneladas, cabina gris y redila roja, y lo dejó escondido en un lugar, al ver a la joven, éste se le acercó y la comenzó a golpear, intentó violarla, pero la joven comenzó a gritar y a defenderse, por lo que comenzó a golpearla más, pese a que Juana presentaba fuertes heridas por los golpes, ésta logró escapar.
Juana enseguida dio parte a su familia, denunciaron al agresor ante las autoridades ejidales, éstas lo identificaron como integrante del Ejército de Dios habitante del barrio Mirabel y como tratante de personas inmigrantes.
Sin embargo, al igual que sus compañeros del Ejército de Dios, Roberto Jiménez Heredia se mueve en completa impunidad.
Desde que los ejidatarios se pronunciaron contra la construcción Palenque- San Cristóbal de las Casas éstos han vivido en un constante clima de amenazas y represión por parte del grupo paramilitar Ejército de Dios, que ha terminado con la vida de varios habitantes que se oponían a la construcción de esta autopista.
El gobierno estatal ha querido etiquetar este conflicto de protesta social como “un conflicto religioso más” cuando el trasfondo de este problema es una comunidad en defensa de su territorio que se enfrenta a las múltiples ataques de grupos civiles armados conocidos como “paramilitares” que se mueven en la región con total impunidad.
LA REPRESIÓN PARAMILITAR
Bachajón
El pasado 24 de marzo en la comunidad Jotolá municipio de Bachajón , un grupo de civiles armados de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opdicc) ingresó al domicilio de la señora Rosa Díaz Gómez, le quemaron su tienda y luego a golpes la sacaron de su domicilio para mantenerla secuestrada.
Por la tarde, un grupo de aproximadamente 15 personas rodearon la casa de Rosa y comenzaron a arrojar piedras hacia las ventanas, golpeando con machetes la casa donde se encontraban Rosa, Carmela y otros 4 menores de edad: Magdalena, Rosa, Maximiliano y Nazario.
De acuerdo a testimonios recabados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Rosa manifestó que le apuntaron con armas, luego la golpearon en la cara, brazos, piernas, espalda, costillas, abdomen y estómago dejándola herida. Fue entonces que cuatro hombres la levantaron y cada uno de ellos la sujetó de cada brazo, abriéndole las piernas. Posteriormente fue llevada a la casa de uno de sus agresores.
En ese lugar recibió humillaciones, amenazas de muerte con la advertencia de que desalojara su casa.
Rosa continuó siendo maltratada con golpes, esta vez perpetrados por mujeres. Ahí permaneció todo el día.
El 25 de marzo, fue entregada por sus agresores a una comisión de funcionarios de gobierno del estado, encabezados por Ledín Méndez Nucamendi, delegado de gobierno de Chilón y su operador político, conocido como “licenciado Ventura”; José Arturo Zenteno Gutiérrez, coordinador de Ministerio Públicos de Bachajón perteneciente a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena. Dichos funcionarios de forma deliberada omitieron dar fe y certificar las condiciones físicas y psicológicas en las que fue liberada. La agresión a Rosa obedeció, según se informó, “a que sus hijos son adherentes a la Otra Campaña”.
EL CASO DE LA DEFENSORA DE DH MARGARITA
Comitán
El 25 de febrero, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Margarita Martínez, compañera de Adolfo Guzmán Ordaz, integrante de la organización civil Enlace, Comunicación y Capacitación, fue privada de su libertad por personas no identificadas, cuando se dirigía a recoger a su hijo.
Le colocaron una bolsa de plástico en el rostro, e inmediatamente la hicieron abordar por la fuerza a un vehículo que siguió en marcha. Dentro del vehículo, Margarita escuchó voces, una de ellas era de la persona que la sujetaba y que la empezó a golpear en diversas partes de su rostro con un objeto sólido, produciéndole sufrimientos físicos como excoriaciones en los labios e inflamaciones en la frente, labios y cuello y fue víctima de tortura psicológica.
Mientras le pasaban por sus manos un objeto frío, sus agresores le decían “ya no vas a poder trabajar”, e insistían en que desistiera de la denuncia penal que meses anteriores había interpuesto en contra de funcionarios del gobierno de Chiapas.
Al final, le comunicaron antes de dejarla tirada a unas cuadras de su casa, que esa golpiza había sido “un regalito del presidente municipal de Comitán”, por atreverse a seguir con su denuncia jurídica contra elementos policíacos que allanaron su domicilio el año pasado.
Todos los casos, pese a estar documentados por organizaciones defensoras de derechos humanos y por las denuncias presentadas ante las instancias correspondientes, han corrido la misma suerte: la impunidad ante la indiferencia y la complicidad de las autoridades.
Primera de dos partes
Por Patricia Chandomí, corresponsal
Tuxtla Gutiérrez, Chis, 8 jun 10 (CIMAC).- En Chiapas en lo que va de este año la violencia hacia las mujeres se ha recrudecido. En lo que va del año se han cometido 14 asesinatos de mujeres, de acuerdo al seguimiento del Colectivo de Mujeres (Colem).
Si lo que pedía la autoridad para “actuar” eran testigos y pruebas, las más recientes agresiones han presentado ambos requisitos, pero esto no ha impedido que Chiapas sea el paraíso de la impunidad para los agresores.
En marzo de 2009 se promulgó en Chiapas la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la cual, al igual que la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, no cuenta con un reglamento ni mecanismos prácticos para hacer viable su aplicación, lo que representa una indiferencia gubernamental que se refleja en la impunidad con la que se mueven los sujetos agresores en Chiapas precisó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Por su parte, las abogadas del Colem comentaron que se han percatado que las autoridades no saben de la existencia de la Ley, “una Ley por sí sola no hará que se termine la violencia en contra de las mujeres, se necesita difundirla y hacerla valer” dijo Alma Rosa Rojas, integrante de la Red de Mujeres por la Igualdad. Sin leyes aplicables y sin sanciones a los agresores, el mapa de la violencia contra las chiapanecas crece día con día.
EL MAPA DE LA VIOLENCIA
San Cristóbal de las Casas
Las mujeres adherentes a la Otra Campaña del ejido Mitzitón, municipio de San Cristóbal de las Casas son amenazadas, perseguidas y hostigadas por elementos armados de esta comunidad identificados como paramilitares de la organización Ejército de Dios Alas de Águila.
El 18 de abril de este año, Delfina Heredia Jiménez, Carmela Heredia Jiménez, Alicia Díaz Heredia, Catalina Zenaida Díaz González y María Guadalupe Díaz González fueron a pastorear sus borregos como de costumbre al campo. En la tarde se dieron cuenta que estaba un sujeto escondido, uniformado de negro y encapuchado.
Al momento aparecieron otros tres hombres encapuchados y vestidos de manera similar, al parecer querían agredirlas, por lo que ellas decidieron retirarse del lugar.
Los encapuchados empezaron a chiflar, diciendo: “vamos a esperar” y otros dijeron “mejor las acabemos de una vez”, las mujeres al escuchar esto temerosas decidieron buscar palos y piedras para defenderse de cualquier agresión, los hombres al verlas que estaban dispuestas a defenderse se marcharon.
Antes de este suceso, los supuestos paramilitares, Francisco Gómez Díaz, Gregorio Gómez Jiménez, Elemecio Jiménez Vicente, Roberto Vicente Pérez y Cirilo Gómez Jiménez habían hecho disparos al aire donde las mujeres pastorean a sus borregos.
El mismo 18 de abril, las autoridades comunitarias de Mitzitón recibieron la denuncia que Juana Pérez Hernández de 21 años de edad, originaria del ejido Flores Magón, del municipio de Teopisca, en el lugar conocido como Tzimtikalbho, por el camino que va a Dos Lagunas se encontraba cuidando su borregos como de costumbre.
Al momento se le presentó Roberto Jiménez Heredia, miembro del Ejército de Dios Alas de Águila, éste conducía una camión de tres toneladas, cabina gris y redila roja, y lo dejó escondido en un lugar, al ver a la joven, éste se le acercó y la comenzó a golpear, intentó violarla, pero la joven comenzó a gritar y a defenderse, por lo que comenzó a golpearla más, pese a que Juana presentaba fuertes heridas por los golpes, ésta logró escapar.
Juana enseguida dio parte a su familia, denunciaron al agresor ante las autoridades ejidales, éstas lo identificaron como integrante del Ejército de Dios habitante del barrio Mirabel y como tratante de personas inmigrantes.
Sin embargo, al igual que sus compañeros del Ejército de Dios, Roberto Jiménez Heredia se mueve en completa impunidad.
Desde que los ejidatarios se pronunciaron contra la construcción Palenque- San Cristóbal de las Casas éstos han vivido en un constante clima de amenazas y represión por parte del grupo paramilitar Ejército de Dios, que ha terminado con la vida de varios habitantes que se oponían a la construcción de esta autopista.
El gobierno estatal ha querido etiquetar este conflicto de protesta social como “un conflicto religioso más” cuando el trasfondo de este problema es una comunidad en defensa de su territorio que se enfrenta a las múltiples ataques de grupos civiles armados conocidos como “paramilitares” que se mueven en la región con total impunidad.
LA REPRESIÓN PARAMILITAR
Bachajón
El pasado 24 de marzo en la comunidad Jotolá municipio de Bachajón , un grupo de civiles armados de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opdicc) ingresó al domicilio de la señora Rosa Díaz Gómez, le quemaron su tienda y luego a golpes la sacaron de su domicilio para mantenerla secuestrada.
Por la tarde, un grupo de aproximadamente 15 personas rodearon la casa de Rosa y comenzaron a arrojar piedras hacia las ventanas, golpeando con machetes la casa donde se encontraban Rosa, Carmela y otros 4 menores de edad: Magdalena, Rosa, Maximiliano y Nazario.
De acuerdo a testimonios recabados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Rosa manifestó que le apuntaron con armas, luego la golpearon en la cara, brazos, piernas, espalda, costillas, abdomen y estómago dejándola herida. Fue entonces que cuatro hombres la levantaron y cada uno de ellos la sujetó de cada brazo, abriéndole las piernas. Posteriormente fue llevada a la casa de uno de sus agresores.
En ese lugar recibió humillaciones, amenazas de muerte con la advertencia de que desalojara su casa.
Rosa continuó siendo maltratada con golpes, esta vez perpetrados por mujeres. Ahí permaneció todo el día.
El 25 de marzo, fue entregada por sus agresores a una comisión de funcionarios de gobierno del estado, encabezados por Ledín Méndez Nucamendi, delegado de gobierno de Chilón y su operador político, conocido como “licenciado Ventura”; José Arturo Zenteno Gutiérrez, coordinador de Ministerio Públicos de Bachajón perteneciente a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena. Dichos funcionarios de forma deliberada omitieron dar fe y certificar las condiciones físicas y psicológicas en las que fue liberada. La agresión a Rosa obedeció, según se informó, “a que sus hijos son adherentes a la Otra Campaña”.
EL CASO DE LA DEFENSORA DE DH MARGARITA
Comitán
El 25 de febrero, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Margarita Martínez, compañera de Adolfo Guzmán Ordaz, integrante de la organización civil Enlace, Comunicación y Capacitación, fue privada de su libertad por personas no identificadas, cuando se dirigía a recoger a su hijo.
Le colocaron una bolsa de plástico en el rostro, e inmediatamente la hicieron abordar por la fuerza a un vehículo que siguió en marcha. Dentro del vehículo, Margarita escuchó voces, una de ellas era de la persona que la sujetaba y que la empezó a golpear en diversas partes de su rostro con un objeto sólido, produciéndole sufrimientos físicos como excoriaciones en los labios e inflamaciones en la frente, labios y cuello y fue víctima de tortura psicológica.
Mientras le pasaban por sus manos un objeto frío, sus agresores le decían “ya no vas a poder trabajar”, e insistían en que desistiera de la denuncia penal que meses anteriores había interpuesto en contra de funcionarios del gobierno de Chiapas.
Al final, le comunicaron antes de dejarla tirada a unas cuadras de su casa, que esa golpiza había sido “un regalito del presidente municipal de Comitán”, por atreverse a seguir con su denuncia jurídica contra elementos policíacos que allanaron su domicilio el año pasado.
Todos los casos, pese a estar documentados por organizaciones defensoras de derechos humanos y por las denuncias presentadas ante las instancias correspondientes, han corrido la misma suerte: la impunidad ante la indiferencia y la complicidad de las autoridades.
martes, 24 de enero de 2012
Suman ya 4 ediles golpeadores e impunes en administración de Juan Sabines
Patricia Chandomí.- Laura Hernández Beltrán esposa del presidente municipal de Frontera Comalapa, Chiapas interpuso una demanda en contra del funcionario público, David Escobar García por delitos de violencia intrafamiliar y abuso sexual.
Laura cuestionó el papel del Centro de Justicia para las Mujeres de Chiapas cuya titular es la ex diputada panista, Ana Elisa López Coello por ser inoperante, sostuvo que acudió a este Centro engañada por la publicidad, a denunciar a su esposo, “grande fue mi sorpresa, a la par que ponía mi denuncia, según en total discreción, en ese mismo momento mi esposo se estaba enterando de la denuncia”.
En la averiguación previa 807/VEDSYUF2/2011 de la PGJE, Laura denunció que fue encerrada por varios meses en una propiedad del presidente municipal, en una ocasión el munícipe intento matarla, “me arrastró en plena vía pública, en ese entonces no me atreví a denunciar por miedo” sostuvo.
El alcalde además impidió que Laura se hiciera cargo del DIF municipal de Frontera Comalapa, su caso fue turnado a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), bajo el número de averiguación 807/VEDSYUF2/2011.
Laura no es la primera mujer violentada por un presidente municipal en la administración de Juan Sabines Guerrero; en el 2010 la noche de los festejos del día de las madres, el pasado 10 de mayo, en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacan, el alcalde de Pantepec, Enrique Hernández Vázquez, golpeó a su esposa, Estela Velasco, en el estrado de invitados especiales, donde presenciaban el concierto del cantante José Manuel Figueroa.
Ebrio, el edil comenzó a jalonear a Estela, después fueron puñetazos y patadas; el cantante interrumpió su concierto para dirigirse al edil de Pueblo Nuevo, Juan Alberto Morales, para pedirle que calmara al edil de Pantepec, "si quiere lo meto a la cárcel" le contestó Morales, a lo que respondió el cantante que mejor lo tranquilizara porque no quería problemas.
El día 27 de Julio de 2009, Cleotilde García Santiago, fue golpeada por el entonces presidente municipal de Villa Las Rosas, José Domingo Argüello Ruíz ayudado por Iván Ulises Morales Valdés, subdirector de Obras Públicas del municipio de Las Rosas y un elemento de la Policía Municipal.
Lo anterior, durante un acto de protesta que realizaban unas 100 personas locatarias del mercado municipal, y de la Federación de Comerciante en Pequeño, y Prestadores del Servicio del estado de Chiapas (FECOPE), de la que ella es representante.
En esta lista que se empieza a ser larga, está el ex presidente municipal de Tonalá, el panista Hilario González Vázquez, el 25 de noviembre del 2009, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, acosó sexualmente a Mercedes Carrasco, el alcalde le dijo que si accedía a tener relaciones con él le “pondría hasta un Chedraui” pero que, si se negaba, le cerraría su negocio, un pequeño restaurante-bar.
Mercedes Carrasco interpuso su denuncia en la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, segundo turno, donde se asentó el acta administrativa 2862/UEDSYVF2/2009, contra el edil, esta denuncia fue recibida por la entonces fiscal del Ministerio Público, Linda Yared Ramos Mejía.
El alcalde no asistió al primer citatorio de las autoridades. En el segundo mandó a comparecer a su representante legal, Ilhiana María Trejo Domínguez, y presentó su declaración por escrito, donde niega todas las acusaciones.
El 8 de marzo, mientras el gobernador ocupaba decenas de planas de la prensa local con su discurso de que en Chiapas “a la mujer se le respeta”, Mercedes amaneció convaleciente en el Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez, tras sobrevivir a una golpiza propinada por personas allegadas al edil, que querían que firmara un documento donde cedía su negocio.
Con estos casos el gobierno de Chiapas que encabeza Juan Sabines Guerrero viola explícitamente el artículo 1 de la Convención de todas las formas de discriminación contra la mujer que a la letra dice: la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Laura cuestionó el papel del Centro de Justicia para las Mujeres de Chiapas cuya titular es la ex diputada panista, Ana Elisa López Coello por ser inoperante, sostuvo que acudió a este Centro engañada por la publicidad, a denunciar a su esposo, “grande fue mi sorpresa, a la par que ponía mi denuncia, según en total discreción, en ese mismo momento mi esposo se estaba enterando de la denuncia”.
En la averiguación previa 807/VEDSYUF2/2011 de la PGJE, Laura denunció que fue encerrada por varios meses en una propiedad del presidente municipal, en una ocasión el munícipe intento matarla, “me arrastró en plena vía pública, en ese entonces no me atreví a denunciar por miedo” sostuvo.
El alcalde además impidió que Laura se hiciera cargo del DIF municipal de Frontera Comalapa, su caso fue turnado a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), bajo el número de averiguación 807/VEDSYUF2/2011.
Laura no es la primera mujer violentada por un presidente municipal en la administración de Juan Sabines Guerrero; en el 2010 la noche de los festejos del día de las madres, el pasado 10 de mayo, en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacan, el alcalde de Pantepec, Enrique Hernández Vázquez, golpeó a su esposa, Estela Velasco, en el estrado de invitados especiales, donde presenciaban el concierto del cantante José Manuel Figueroa.
Ebrio, el edil comenzó a jalonear a Estela, después fueron puñetazos y patadas; el cantante interrumpió su concierto para dirigirse al edil de Pueblo Nuevo, Juan Alberto Morales, para pedirle que calmara al edil de Pantepec, "si quiere lo meto a la cárcel" le contestó Morales, a lo que respondió el cantante que mejor lo tranquilizara porque no quería problemas.
El día 27 de Julio de 2009, Cleotilde García Santiago, fue golpeada por el entonces presidente municipal de Villa Las Rosas, José Domingo Argüello Ruíz ayudado por Iván Ulises Morales Valdés, subdirector de Obras Públicas del municipio de Las Rosas y un elemento de la Policía Municipal.
Lo anterior, durante un acto de protesta que realizaban unas 100 personas locatarias del mercado municipal, y de la Federación de Comerciante en Pequeño, y Prestadores del Servicio del estado de Chiapas (FECOPE), de la que ella es representante.
En esta lista que se empieza a ser larga, está el ex presidente municipal de Tonalá, el panista Hilario González Vázquez, el 25 de noviembre del 2009, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, acosó sexualmente a Mercedes Carrasco, el alcalde le dijo que si accedía a tener relaciones con él le “pondría hasta un Chedraui” pero que, si se negaba, le cerraría su negocio, un pequeño restaurante-bar.
Mercedes Carrasco interpuso su denuncia en la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, segundo turno, donde se asentó el acta administrativa 2862/UEDSYVF2/2009, contra el edil, esta denuncia fue recibida por la entonces fiscal del Ministerio Público, Linda Yared Ramos Mejía.
El alcalde no asistió al primer citatorio de las autoridades. En el segundo mandó a comparecer a su representante legal, Ilhiana María Trejo Domínguez, y presentó su declaración por escrito, donde niega todas las acusaciones.
El 8 de marzo, mientras el gobernador ocupaba decenas de planas de la prensa local con su discurso de que en Chiapas “a la mujer se le respeta”, Mercedes amaneció convaleciente en el Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez, tras sobrevivir a una golpiza propinada por personas allegadas al edil, que querían que firmara un documento donde cedía su negocio.
Con estos casos el gobierno de Chiapas que encabeza Juan Sabines Guerrero viola explícitamente el artículo 1 de la Convención de todas las formas de discriminación contra la mujer que a la letra dice: la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
jueves, 14 de octubre de 2010
A principios de 2009 138 mujeres fueron asesinadas en Chiapas
Por Patricia Chandomí, corresponsal
Tuxtla Gtz. Chis. 13 oct. 10 (CIMAC).- La Procuraduría General de Justicia del estado, registró 138 muertes violentas de mujeres, en el primer semestre de 2009, y al comprobar que con esa cifra, la entidad se ubicaba entre las tres entidades con mayor problemática del delito, optó por la censura, y decidió no dar más datos al respecto.
La abogada feminista Martha Figueroa del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, refiere que “me mandaron de la Procuraduría un acta interna para decirme que no me volverían a dar datos; claro, ellos (los de la Procu) en plena campaña del gobierno chiapaneco de que Chiapas era la entidad más segura de México, se dieron cuenta que sus cifras decían lo contrario”.
“Después, salen con el dato que de julio a diciembre, sólo había 5 ó 7 muertes, cifra maquillada totalmente, si sólo en un mes, los periódicos locales documentaron más de esa cifra de muertes violentas de mujeres”, añade la feminista.
De los 138 casos de mujeres asesinadas, la mayoría no han sido resueltos, y corresponden a personas no identificadas, 60 de estos casos, se registraron en el municipio fronterizo de Tapachula, lo cual lleva a la hipótesis de que se trataron de muertes de mujeres centroamericanas sin documentos, dijo.
“El discurso oficial que se maneja en Chiapas del respeto a los derechos de las mujeres es pura vacilada, ahí tenemos el caso de Tatiana en Ocosingo asesinada por un ex diputado, el caso del presidente municipal de Pantepec que golpeó a su mujer en plena celebración del día de las madres, el del presidente de Tonalá que mandó a golpear a Mercedes por no que querer acostarse con él” recordó la abogada.
Martha Figueroa, quien forma parte de la Red Mesoamericana del Observatorio de Feminicidios, viajará este 18 de octubre a El Salvador para reunirse con la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que ha hecho varios informes en relación al feminicidio.
En dicha reunión habrá activistas feministas de Perú, Colombia, Honduras, para discutir los temas que afectan particularmente la vida de las mujeres, como el cambio climático, la trata de personas, la militarización y el conflicto armado interno.
Sobre este tema, comentó que México es un caso paradigmático ya que posee dos conflictos armados internos en sus fronteras sur y norte. Para el sur, la existencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha traído como consecuencia la militarización, y paramilitarización del estado, que ha redundado en un acoso constante de las mujeres.
En el caso de la frontera norte, la guerra contra el narcotráfico ha llevado a un estado de guerra, donde las mujeres son simples “bajas” en la batalla contra el narcotráfico.
“El asesinato de mujeres, la violación, no son daños colaterales, ni delitos menores sumados, a mayor militarización más violencia, está comprobado; no están bajando los índices de delincuencia; las mujeres no somos bajas de una guerra, asesinar a mujeres significa un delito de lesa humanidad”, concluyó la feminista.
Tuxtla Gtz. Chis. 13 oct. 10 (CIMAC).- La Procuraduría General de Justicia del estado, registró 138 muertes violentas de mujeres, en el primer semestre de 2009, y al comprobar que con esa cifra, la entidad se ubicaba entre las tres entidades con mayor problemática del delito, optó por la censura, y decidió no dar más datos al respecto.
La abogada feminista Martha Figueroa del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, refiere que “me mandaron de la Procuraduría un acta interna para decirme que no me volverían a dar datos; claro, ellos (los de la Procu) en plena campaña del gobierno chiapaneco de que Chiapas era la entidad más segura de México, se dieron cuenta que sus cifras decían lo contrario”.
“Después, salen con el dato que de julio a diciembre, sólo había 5 ó 7 muertes, cifra maquillada totalmente, si sólo en un mes, los periódicos locales documentaron más de esa cifra de muertes violentas de mujeres”, añade la feminista.
De los 138 casos de mujeres asesinadas, la mayoría no han sido resueltos, y corresponden a personas no identificadas, 60 de estos casos, se registraron en el municipio fronterizo de Tapachula, lo cual lleva a la hipótesis de que se trataron de muertes de mujeres centroamericanas sin documentos, dijo.
“El discurso oficial que se maneja en Chiapas del respeto a los derechos de las mujeres es pura vacilada, ahí tenemos el caso de Tatiana en Ocosingo asesinada por un ex diputado, el caso del presidente municipal de Pantepec que golpeó a su mujer en plena celebración del día de las madres, el del presidente de Tonalá que mandó a golpear a Mercedes por no que querer acostarse con él” recordó la abogada.
Martha Figueroa, quien forma parte de la Red Mesoamericana del Observatorio de Feminicidios, viajará este 18 de octubre a El Salvador para reunirse con la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que ha hecho varios informes en relación al feminicidio.
En dicha reunión habrá activistas feministas de Perú, Colombia, Honduras, para discutir los temas que afectan particularmente la vida de las mujeres, como el cambio climático, la trata de personas, la militarización y el conflicto armado interno.
Sobre este tema, comentó que México es un caso paradigmático ya que posee dos conflictos armados internos en sus fronteras sur y norte. Para el sur, la existencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha traído como consecuencia la militarización, y paramilitarización del estado, que ha redundado en un acoso constante de las mujeres.
En el caso de la frontera norte, la guerra contra el narcotráfico ha llevado a un estado de guerra, donde las mujeres son simples “bajas” en la batalla contra el narcotráfico.
“El asesinato de mujeres, la violación, no son daños colaterales, ni delitos menores sumados, a mayor militarización más violencia, está comprobado; no están bajando los índices de delincuencia; las mujeres no somos bajas de una guerra, asesinar a mujeres significa un delito de lesa humanidad”, concluyó la feminista.
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