Niña tsotsil víctima de trata, violación sexual múltiple y feminicidio

Patricia Chandomí.- Antes de ser violada por 10 hombres y asesinada, la niña indígena María Flor Vázquez de 10 años de edad, fue entregada por su hermana a una tratante de nombre Maria “N” en la colonia Primero de Enero, una de las pobres y marginadas de San Cristóbal de las Casas, María es conocida como tratante de mujeres indígenas, las coloca de sirvientas en las casas, de meseras y en prostitución forzada.

La hermana de María Flor fue empujada por la miseria a acudir con María “N” para conseguir trabajo, es una de las 9 hijas de una pareja desplazada del municipio de San Juan Chamula.

De manera histórica las mujeres indígenas de los Altos de Chiapas, una de las regiones mas empobrecidas de Chiapas, se han empleado como servidumbre, la explotación de las familias empleadoras en la cabecera municipal de esta Región, San Cristóbal de las Casas, es tan grande, que algunas creen que les pagan lo suficiente al darles un techo y unas tortillas por jornadas que rebasan las 16 horas diarias.

En su mayoría, las mujeres empleadas domésticas son de origen rural, expulsadas por la pobreza de sus comunidades de origen, migrando a las ciudades en búsqueda de mejores condiciones de vida.

El empleo doméstico se vuelve para muchas de ellas la única alternativa, dados los bajos niveles de educación con los que cuentan, además de las condiciones de marginación que caracteriza su llegada a las ciudades, señala Norma Iris Cacho Niño en su investigación “La situación de las empleadas domésticas en Chiapas: explotación laboral y discriminación”.

María Flor y su hermana vivían en condiciones extremas de pobreza, en un techo de 4 por 4, sin sustento alimenticio garantizado, es así como llegan a María “N”, la hermana mayor de 16 años es colocada como sirvienta, pero debido a los malos tratos renuncia.

En una ocasión se encuentra con María “N” quien la amenaza con una supuesta deuda contraída, ante el miedo, la joven acude nuevamente pero ahora con su hermanita de diez años, a quien pone a disposición de María.

Flor María trabaja unos días como empleada doméstica en casa de María, a los pocos días le dice que la llevara a casa de su socia Carmen “N”, en este lugar la niña es notificada por la hija de Carmen, también del mismo nombre y con 14 años de edad, que será llevada a otro centro de trabajo.

La niña es transportada en una camioneta por el chofer de María a una cantina marginal en San Cristóbal de las Casas, en este lugar la esperan 8 hombres quienes la violan hasta casi dejarla sin vida.

Una vez pasada la violación múltiple, la hija de Carmen de 14 años de edad y el chofer, quienes esperaban afuera del cuarto, donde la niña pasó las peores horas de su vida, se percataron que María Flor aún respiraba.

Ante el temor de ser denunciados, Carmen y el chofer asfixiaron y remataron a la niña con un arma punzocortante, para luego tirarla en un callejón en el municipio de Huixtán, en agosto del año pasado.

La familia de Flor María interpuso una denuncia por secuestro, ya que no tenían noticias de ella, la Fiscalía Indígena detuvo a los dos asesinos, sin embargo, María “N” y Carmen como otras personas, incluyendo a los propios padres y madres siguen ofreciendo como mercancía a sus hijas.

El monolingüismo, el analfabetismo y la baja escolaridad se correlacionan con un gran desconocimiento de parte de las mujeres indígena y rurales de sus derechos humanos, reporta El Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM) y el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH).

En las regiones indígenas y rurales, el ejercicio de los derechos puede estar vinculado a la voluntad del esposo o padre.
“El Estado tolera y contribuye a la discriminación y la violencia de género al actuar sin la debida diligencia para prevenir, atender, responder y reparar las violaciones a los derechos de las mujeres causada por particulares o por agentes del mismo Estado. El hecho de que el Estado mexicano rara vez sanciona la violencia y la discriminación que se comete contra las mujeres, contribuye sin duda alguna, a su perpetuación” indica un reporte de ambas organizaciones civiles.
María Flor es un caso paradigmático que visibiliza la grave violación histórica a los derechos humanos de las niñas indígenas y marginadas en Chiapas, María “N” puede corresponder a intereses propios o estar vinculada a una red de tratantes, aún así, no sería la primera ni la única persona en estar vinculada a este tipo de delitos en San Cristóbal de las Casas.

“Se violó uno de los derechos más fundamentales de las mujeres, el derecho a la vida, a una vida libre de violencia, el derecho al pleno respeto de la integridad del cuerpo; hago un llamado a las autoridades para que a la brevedad realicen investigaciones exhaustivas para no dejar impune este caso, porque los detenidos no son los únicos responsable del asesinato de Flor María; sin duda, la pobreza extrema, falta de información, de políticas públicas adecuadas e interés de las autoridades, tienen mucha responsabilidad” sostuvo la abogada Martha Figueroa.

Enferma y con dos años de encarcelamiento injusto: la historia de Marisol

Patricia Chandomí.- En febrero del 2010 Marisol Hernández Gómez fue detenida en el municipio de Palenque, acusada de la presunta comisión del delito de Homicidio de la señora Magdalena Castellanos García, a pesar de tener escasos días de ser dada de alta del Hospital de aquel municipio, a donde llegaba regularmente para recibir trasfusiones de sangre debido a una anemia crónica por su deficiente alimentación debido a sus condiciones de miseria.

La señora Castellanos García fue asesinada de 27 piquetazos con una arma punzocortante en el barrio San José, el asesino Juan Carlos Constantino Hernández, quien entonces tenía 27 años fue contratado supuestamente por Lucas Pineda Contreras de aproximadamente 50 años de edad y una nueva compañera de nombre Maria Montejo Arcos, para asesinar a su esposa con quien disputaba una propiedad, la idea era simular un asalto.

Datos de la Policía Especializada de Palenque reporta que Constantino Hernández fue identificado por los vecinos de Magdalena, éste a su vez confesó su homicidio y dijo tener dos cómplices, uno de nombre Fernando Guzmán López de 22 años de edad y señaló a su prima Marisol Hernández Gómez.

Marisol cuenta que un día llegó su primo Juan Carlos con un lote de alhajas y le dijo que hiciera favor de empeñarlas, que a cambio le daría un porcentaje del dinero, como ells necesitaba dinero para comprar medicinas y alimentos para recuperarse de la anemia crónica que padece aceptó.

Sin embargo, a los pocos días la policía llegó a buscarla a su domicilio informándole que su primo la había involucrado en el asesinato de Magdalena.

En el expediente penal 142/2010 obra que la joven se encontraba en recuperación cuando asesinaron a Magdalena, la policía la detiene sin existir una averiguación previa en su contra ni flagrante delito, además, ninguna de las demás personas detenidas (Juan Carlos, su supuesto cómplice, el esposo de Magdalena y su pareja) y que están siendo procesados por los mismos ilícitos la inculpan, ni siquiera la mencionan, señala el abogado David Vázquez Hernández, quien lleva el caso.

“Marisol tiene niveles muy bajos de hemoglobina por los que la tienen que hospitalizar y poner transfusiones de sangre frecuentemente, cuando sucedieron los hechos y como se desprende y obra en su expediente penal, ella acababa de recibir transfusión de sangre y fue ingresada en el hospital regional de Palenque y se encontraba en recuperación todavía, por lo que las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto del ilícito no se logran comprobar” señaló el abogado.

Este proceso ha traído consigo el deterioro del estado físico y psicológico de Marisol quien se encuentra recluida en el penal de San Cristóbal de las Casas esperando su libertad.

En Chiapas mujeres con altO nivel de marginación, falta de acceso a la justicia y propiedad de la tierra: Informe ante la Cedaw

En Chiapas mujeres con altO nivel de marginación, falta de acceso a la justicia y propiedad de la tierra: Informe ante la Cedaw

Patricia Chandomí.- En Chiapas el 88 por ciento de la población vive en alta y muy alta marginación, las mujeres son el grupo de población más vulnerable a la pobreza estructural de acceso a recursos, propiedades, educación, salud y dignidad laboral reportó el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM) y el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) organizaciones que en julio presentaron uno de los 18 informes sombras a las 23 expertas de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW).

En la entidad el 50.9 por ciento (2 millones 443 mil 773), de éstas el 25 por ciento son mujeres indígenas y el 75por ciento son mujer indígenas, de acuerdo a datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INEGI), la pobreza de las mujeres indígenas es el elemento central de la marginación, en este estado el 45.5% de la población vive en la pobreza y el 32.5% en pobreza extrema, es decir que el 78% de la población no cuenta con los recursos indispensables para vivir dignamente, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que mide la pobreza en México y evalúa programas y políticas sociales del Gobierno Federal.

El informe remarca que en Chiapas 9 de cada 10 habitantes tiene un grado de marginación medio, alto y muy alto, lo cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres indígenas y rurales, donde 94% de las mujeres tienen como ocupación principal el trabajo en el hogar.

Este reporte refiere que el monolingüismo, el analfabetismo y la baja escolaridad se correlacionan con un gran desconocimiento de parte de las mujeres de sus derechos humanos. Al respecto, sobresale que el 6.4% de las mujeres en Chiapas son analfabetas, pero en algunos municipios indígenas, como Mitontic este índice alcanza casi el 50% o más. En las regiones indígenas y rurales, el ejercicio de los derechos puede estar vinculado a la voluntad del esposo o padre.

Igualmente, se señala en este informe que bajo los parámetros campesinos, el ejercicio de los derechos dependen de la posesión de la tierra. Sin embargo, sólo entre un 5% y 8% de las mujeres gozan de derechos sobre la propiedad colectiva en Chiapas. El desconocimiento del derecho sustantivo implica que las víctimas no exijan justicia en caso de que éste sea vulnerado.

De manera preocupante, destacan que las instancias de procuración y administración de justicia que existen en Chiapas no cuentan con equipos multidisciplinarios para la investigación de delitos; graves contra las mujeres como los feminicidios “no existen protocolos de actuación acordes a los estándares internacionales; bases de datos con información precisa sobre las mujeres muertas o desaparecidas” sostuvieron ambas organizaciones.

“En el caso del acceso a la tierra, las leyes en materia agraria no niegan el derecho de las mujeres a la propiedad y posesión de la tierra. Sin embargo, el gobierno mexicano tampoco sancionan a las autoridades ejidales o comunales que permiten que los programas de reparto, titulación y certificación de reglamentos internos excluyan a las mujeres de este derecho. Vinculado a este problema están los casos en donde mujeres indígenas han sido expulsadas de su comunidad, despojadas de sus tierras en aplicación de estas normas consuetudinarias y discriminatorias” explicaron las organizaciones a las expertas de la CEDAW.

“Por otro lado, el Estado tolera y contribuye a la discriminación y la violencia de género al actuar sin la debida diligencia para prevenir, atender, responder y reparar las violaciones a los derechos de las mujeres causada por particulares o por agentes del mismo Estado. El hecho de que el Estado mexicano rara vez sanciona la violencia y la discriminación que se comete contra las mujeres, contribuye sin duda alguna, a su perpetuación” indica el informe de más de 20 cuartillas.

Las razones por las cuales en Chiapas las mujeres y especialmente las mujeres indígenas, rurales y pobres permanecen en posiciones subordinadas son varias, “estos sectores de la población enfrentan altos costos sociales, comunitarios, familiares y económicos derivados de la intersección de diversas formas de discriminación basada en el género, la posición económica y social así como el origen étnico, la discriminación con base en la salud o la edad, y otras formas de discriminación que en la intersección crean efectos negativos en términos de acceso a la justicia”, manifestaron.



En Chiapas, como en otras entidades federativas, la violencia contra las mujeres tiene una incidencia muy alta. De acuerdo a la última estadística disponible, el porcentaje de mujeres de 15 años y más, casadas o unidas, que sufrió al menos un incidente de violencia por parte de su pareja fue de 28.2%49. En el caso de las mujeres indígenas, el 34% reportaron golpes/humillaciones en la infancia; 25% reportó violencia de algún tipo por parte de su pareja en el último año, cifra que en la región de los Altos de Chiapas esta cifra se elevó al 41.4%50.

De acuerdo a la información recabada en los últimos años, Chiapas no garantiza el derecho a la justicia para las víctimas de feminicidio por distintas razones. No existen equipos multidisciplinarios para atender la violencia contra las mujeres ni para investigar los feminicidios. Tampoco hay una capacitación adecuada en materia de delitos basados en género y hay una constante rotación del personal al interior de las instituciones lo cual impide su especialización o el seguimiento de los casos. En Chiapas hay una falta de personal técnico o equipo necesario para efectuar pruebas de tipo químico y forense, así como todas las pruebas que sean requeridas para esclarecer los hechos investigados. Muchas de estas pruebas acaban siendo analizadas en el Distrito Federal. Igualmente, no existen protocolos de investigación especial y atención del delito de feminicidio, acordes a los estándares internacionales de derechos humanos. Muchas veces, los ministerios públicos exigen a las víctimas aportar más pruebas para continuar la investigación, sin asumir que es una responsabilidad de éstos.