En Chiapas mujeres con altO nivel de marginación, falta de acceso a la justicia y propiedad de la tierra: Informe ante la Cedaw

En Chiapas mujeres con altO nivel de marginación, falta de acceso a la justicia y propiedad de la tierra: Informe ante la Cedaw

Patricia Chandomí.- En Chiapas el 88 por ciento de la población vive en alta y muy alta marginación, las mujeres son el grupo de población más vulnerable a la pobreza estructural de acceso a recursos, propiedades, educación, salud y dignidad laboral reportó el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM) y el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) organizaciones que en julio presentaron uno de los 18 informes sombras a las 23 expertas de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW).

En la entidad el 50.9 por ciento (2 millones 443 mil 773), de éstas el 25 por ciento son mujeres indígenas y el 75por ciento son mujer indígenas, de acuerdo a datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INEGI), la pobreza de las mujeres indígenas es el elemento central de la marginación, en este estado el 45.5% de la población vive en la pobreza y el 32.5% en pobreza extrema, es decir que el 78% de la población no cuenta con los recursos indispensables para vivir dignamente, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que mide la pobreza en México y evalúa programas y políticas sociales del Gobierno Federal.

El informe remarca que en Chiapas 9 de cada 10 habitantes tiene un grado de marginación medio, alto y muy alto, lo cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres indígenas y rurales, donde 94% de las mujeres tienen como ocupación principal el trabajo en el hogar.

Este reporte refiere que el monolingüismo, el analfabetismo y la baja escolaridad se correlacionan con un gran desconocimiento de parte de las mujeres de sus derechos humanos. Al respecto, sobresale que el 6.4% de las mujeres en Chiapas son analfabetas, pero en algunos municipios indígenas, como Mitontic este índice alcanza casi el 50% o más. En las regiones indígenas y rurales, el ejercicio de los derechos puede estar vinculado a la voluntad del esposo o padre.

Igualmente, se señala en este informe que bajo los parámetros campesinos, el ejercicio de los derechos dependen de la posesión de la tierra. Sin embargo, sólo entre un 5% y 8% de las mujeres gozan de derechos sobre la propiedad colectiva en Chiapas. El desconocimiento del derecho sustantivo implica que las víctimas no exijan justicia en caso de que éste sea vulnerado.

De manera preocupante, destacan que las instancias de procuración y administración de justicia que existen en Chiapas no cuentan con equipos multidisciplinarios para la investigación de delitos; graves contra las mujeres como los feminicidios “no existen protocolos de actuación acordes a los estándares internacionales; bases de datos con información precisa sobre las mujeres muertas o desaparecidas” sostuvieron ambas organizaciones.

“En el caso del acceso a la tierra, las leyes en materia agraria no niegan el derecho de las mujeres a la propiedad y posesión de la tierra. Sin embargo, el gobierno mexicano tampoco sancionan a las autoridades ejidales o comunales que permiten que los programas de reparto, titulación y certificación de reglamentos internos excluyan a las mujeres de este derecho. Vinculado a este problema están los casos en donde mujeres indígenas han sido expulsadas de su comunidad, despojadas de sus tierras en aplicación de estas normas consuetudinarias y discriminatorias” explicaron las organizaciones a las expertas de la CEDAW.

“Por otro lado, el Estado tolera y contribuye a la discriminación y la violencia de género al actuar sin la debida diligencia para prevenir, atender, responder y reparar las violaciones a los derechos de las mujeres causada por particulares o por agentes del mismo Estado. El hecho de que el Estado mexicano rara vez sanciona la violencia y la discriminación que se comete contra las mujeres, contribuye sin duda alguna, a su perpetuación” indica el informe de más de 20 cuartillas.

Las razones por las cuales en Chiapas las mujeres y especialmente las mujeres indígenas, rurales y pobres permanecen en posiciones subordinadas son varias, “estos sectores de la población enfrentan altos costos sociales, comunitarios, familiares y económicos derivados de la intersección de diversas formas de discriminación basada en el género, la posición económica y social así como el origen étnico, la discriminación con base en la salud o la edad, y otras formas de discriminación que en la intersección crean efectos negativos en términos de acceso a la justicia”, manifestaron.



En Chiapas, como en otras entidades federativas, la violencia contra las mujeres tiene una incidencia muy alta. De acuerdo a la última estadística disponible, el porcentaje de mujeres de 15 años y más, casadas o unidas, que sufrió al menos un incidente de violencia por parte de su pareja fue de 28.2%49. En el caso de las mujeres indígenas, el 34% reportaron golpes/humillaciones en la infancia; 25% reportó violencia de algún tipo por parte de su pareja en el último año, cifra que en la región de los Altos de Chiapas esta cifra se elevó al 41.4%50.

De acuerdo a la información recabada en los últimos años, Chiapas no garantiza el derecho a la justicia para las víctimas de feminicidio por distintas razones. No existen equipos multidisciplinarios para atender la violencia contra las mujeres ni para investigar los feminicidios. Tampoco hay una capacitación adecuada en materia de delitos basados en género y hay una constante rotación del personal al interior de las instituciones lo cual impide su especialización o el seguimiento de los casos. En Chiapas hay una falta de personal técnico o equipo necesario para efectuar pruebas de tipo químico y forense, así como todas las pruebas que sean requeridas para esclarecer los hechos investigados. Muchas de estas pruebas acaban siendo analizadas en el Distrito Federal. Igualmente, no existen protocolos de investigación especial y atención del delito de feminicidio, acordes a los estándares internacionales de derechos humanos. Muchas veces, los ministerios públicos exigen a las víctimas aportar más pruebas para continuar la investigación, sin asumir que es una responsabilidad de éstos.

Piden apoyo pacífico para acompañar a Kathya y a su hija ante amenaza de la ex pareja de arrebatarle a la menor

*Hoy a las tres de la tarde en el Hospital de las Culturas vencen las 72 horas de orden de protección a Kathya y a su hija de tres años.

Patricia Chandomí.- El grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas convoca a organizaciones feministas, solidarias a acompañar a Kathya hoy domingo a las tres de la tarde en el Hospital de las Culturas para impedir que nuevamente le sea arrebatada su hija.
“Pedimos que nos acompañen para que de forma pacífica se evite que Kathya sea agredida nuevamente por parte de Erich Diestel Reyes (padre de la nilña) y su familia, Erich amenazó a Kathya con arrebatarle a su hija por medio de la fuerza pública usando patrullas, una vez terminado el plazo de 72 horas de protección con las que cuentan ambas Kathya y su hija”, sostuvo Martha Figueroa, abogada de Kathya de 26 años, huérfana de padre y madre y oriunda del Estado de México.
El pasado 15 de agosto la joven de 26 años fue torturada y amenazada por su aún esposo y su familia, ya que después de un complicado proceso judicial Kathya logra revocar la custodia temporal que tramposamente había obtenido su esposo.
De acuerdo a la abogada Martha Figueroa, en una de las visitas vigiladas y controladas en el DIF municipal, Erich Diestel confrontó a la joven y la amenazó diciéndole que disfrutara de los últimos momentos a la lado de su hija, porque se la llevaría lejos.
La historia de Kathya López y Erich Diestel
Al poco tiempo de estar embarazada Erich la empezó a maltratar y violentar, a tal grado que en octubre del 2009 sin mayor explicación Erich las corrió a Kathya y a su hija, posteriormente Erich las busca y después de una negociación amigable en Monterrey, Kathya decide darle a la niña por un período de 10 días, pasado este tiempo, Erich no regresó a la niña, por lo que Kathya tuvo que viajar pidiendo dinero prestado para venir a traerla.

Después de una serie de disputas por la menor, Kathya regresa al Estado de México con su hija; después el 18 de noviembre del 2011 unos días después de una operación, Erich se presenta oportunamente en Amecameca para “suplicar” a Kathya que le diera a la niña un par de horas, porque la quería llevara un torneo deportivo.

“Como yo desconfiaba de él, porque ya una vez me había intentado quitar a la niña, le dije está bien, pero llévate a mi primo; ni bien transcurrieron unas horas, cuando regreso mi primo llorando y me dijo Erich se llevo otra vez a la niña, y tuve que aguantarme mientras me recuperaba de la operación para venir a buscar a mi hijita” señala Kathya.

El 11 de enero de este año, después de una serie de súplicas la familia Distel permite a Kathya ver a la niña un par de horas, bajo una estricta vigilancia, ahí le exponen a la joven que sería mejor que dejara a la niña en sus manos, la chantejean para que firme un papel donde prácticamente sede a su hija.

“Es como si yo no quisiera a mi hija, si no la quisiera no la vendría a buscar; es mi vida, la razón de mi existencia y me duele no poder verla, abrazarla, no pude entregarle sus regalitos de navidad, de reyes, nada” sostiene Kathya.

A partir del 11 de enero los enfrentamiento se agudizan hasta llegar el dia viernes 13 del mismo mes en que toda la familia la golpea; “ese día eran como las seis de la tarde, toqué la puerta y salió Erich y le dije vine a dejarte este citatorio es para el lunes, por lo de la niña y me retiré de prisa, entonces el me grito y me dijo ey Kathya quieres ver a la niña y yo le dije sí, entonces el aprovecho para aventarme a la casa y cerró por fuera”.

“Adentro la novia de Erich, Liseth Solís empezó a insultarme, estaba enojada porque yo en mi desesperación por saber del paradero de mi hija, hablé a su celular y me contestó su hermano, le expliqué al hermano que sólo hablaba para saber de mi hija y el hermano de Liseth me dijo muy sorprendido, pero cómo Erich tiene una hija y es casado y eso le trajo problemas a Liseth y fue por eso que ese día, la primera en golpearme fue ella”.

Enseguida se incorporaron a la golpiza los hermanos Distel, por la parte trasera de la casa, sin entrar por la puerta principal el ex suegro de Kathya y Erich, empezaron a darle de puñetazos en la cara y en todo el cuerpo, a tan sólo dos meses de su operación.

A raíz de los gritos de auxilio de Kathya un transeúnte llamó a la policía, cuando la policía se presentó la familia Distel siguió golpeando a la joven, la policía sin más, esposo a Kathya y se la llevaron presa por los delitos de asociación delictuosa que no pudo ser probado y por allanamiento de morada, después de tres días de cárcel Kathya con ayuda una iglesia pudo pagar una fianza de 7 mil pesos para recuperar su libertad.

Kthya contrademando por privación ilegal de la libertad y por agresiones de acuerdio al expediente 26/AL54-T1/2012.

“El me ha dicho que estoy en su territorio y que aquí tiene muchas influencias y que él tiene un ejército apoyándolo” sostuvo Kathya.

boletín informativo sobre la presentación de la situación de periodistas y defensoras de DH en la 52 sesión de CEDAW

Expertas de CEDAW conocen de las agresiones contra periodistas y defensoras de DH en México

· Por primera vez en la historia se expone ante la CEDAW la violencia contra mujeres periodistas

· Piden una investigación sobre violencia hacia defensoras y periodistas



Defensoras de derechos humanos y representantes de mujeres periodistas de México solicitaron al Comité de Expertas de la Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), considere hacer una investigación sobre la violencia hacia defensoras y periodistas y formule al Estado mexicano recomendaciones que combatan la impunidad y garanticen la protección desde una perspectiva de género.



El Informe Situación de mujeres defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue leído esta mañana ante al Comité de Expertas por la defensora de derechos humanos chiapaneca, Margarita Martínez, y es uno de los 18 informes sombra o alternos, que son presentados por las organizaciones civiles mexicanas en esta 52 sesión del Comité que se lleva a cabo del 9 al 27 de julio en Nueva York.



Del informe se desprende que México ocupa el primer lugar de América Latina en ataques contra periodistas, pues de 2005 a 2012, 13 mujeres periodistas han sido asesinadas y más de 100 denunciaron algún tipo de violencia en el ejercicio de su labor, sin que hasta el momento alguno de los casos haya sido resuelto.



Hay que resaltar que por primera vez en la historia de las sesiones de la CEDAW se presenta el caso concreto de la situación de las mujeres periodistas en México.



Durante la reunión privada que se realizó esta tarde entre el Comité de Expertas y representantes de más de 100 organizaciones civiles de mujeres de México, entre ellas, Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), Margarita Martínez, afirmó que México también se ubica en el segundo lugar de agresiones en contra de las defensoras de derechos humanos. Tan solo en 2010, el 50 por ciento de los asesinatos contra defensoras ocurrieron en Chihuahua en la mayoría de los casos vinculados a denuncias de feminicidio, trata, desaparición forzada y abusos de fuerzas policiacas y militares.



Martínez dijo ante las expertas de la CEDAW que si bien se reconoce la importancia de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el grado de impunidad en el que se mantienen los casos y el nivel de involucramiento de las autoridades en los ataques, obstaculizan cualquier acción de protección efectiva.



Un ejemplo de lo anterior –señaló—es que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, creada en 2006, no ha hecho justicia en ninguno de los casos y, las defensoras y mujeres periodistas que cuentan con medidas cautelares, siguen enfrentando riesgos a su vida e integridad.

También dijo que la violencia contra defensoras y periodistas aumenta la discriminación y pone en riesgo la democracia. La simulación del Estado mexicano arrebata la vida de mujeres cuyas luchas son fundamentales para la igualdad, concluyó.