23 de febrero de 2013
Lic. Manuel Velasco Coello
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
PRESENTE:
Somos un grupo de ciudadanas y ciudadanas de diversas partes de Chiapas y del mundo y nos estamos dirigiendo a usted de la manera más atenta y respetuosa, con el fin de solicitarle su pronta intermediación en un asunto que conmueve a gran parte de la ciudadanía de nuestro país y del mundo entero, tras su reciente publicación en diversos medios de prensa escrita y digital.
Se trata de la grave situación de Rosa López Díaz, que se encuentra a día de hoy recluida en el centro de readaptación social No. 5 de San Cristóbal de las Casas desde el 10 de mayo del 2007, tras recibir una condena de 27 años y 6 meses de prisión. Las circunstancias de su detención, enjuiciamiento y encarcelación, se han dado a conocer por una investigación que se ha publicado recientemente y de la que se ha hecho eco tanto la prensa nacional como internacional. En dicha investigación, se identifican varios puntos oscuros tanto en su proceso de detención como en el posterior proceso judicial, que al parecer estuvo viciado por varias y graves irregularidades. La más que probable existencia de deficiencias considerables en el proceso debido, lleva a dudar si se han respetado todas las garantías del proceso judicial al que ha sido sometida, y por ende, si la condena actual que está cumpliendo es realmente justa.
Los hechos:
- Que se procedió a su detención sin habérsele mostrado la orden de aprehensión y que fue brutalmente golpeada en el momento de ser detenida.
- Que le fueron vendados los ojos y puesta boca abajo con un pie sobre ella evitando cualquier movimiento.
- Que fue brutalmente golpeada en el rostro y torturada mediante asfixia con una bolsa de plástico.
- Que fue reiteradamente golpeada con un palo en el estómago, estando en situación de embarazo.
- Que fue obligada a desnudarse y sometida a tocamientos, amenazándola en reiteradas ocasiones con la violación.
Es por ésta razón, que quienes suscribimos solicitamos encarecidamente que interceda de forma urgente en el presente asunto, e impulse cuanto antes la revisión del caso de Rosa López Díaz, Expediente 056/2007; y que de comprobarse que los hechos en que se ha basado su culpabilidad han sido tergiversados y que su proceso se ha visto viciado por deficiencias y/o irregularidades, se proceda de forma inmediata a la concesión de un indulto para que así pueda ser liberada.
Sirva como precedente a la pretensión que se expone, el caso de Margarita López Gómez, número de expediente 379/MR/2010 turnado a la Mesa de Reconciliación y revisión de Expedientes del Gobierno de Chiapas y liberada al poco tiempo por el anterior Jefe del Ejecutivo Estatal.
Anexamos los tratados y convenciones firmados y ratificados por el Estado Mexicano violados en el caso de Rosa López Jiménez.
Convención Contra La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Definición de tortura: Art. 1 “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia…” ratificado por México el 23 de enero de 1986.
Art. 13, “Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien ...”
Art. 15, “Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración.”
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 5 “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.” Ratificado por México el 10 de diciembre de 1948. Anexado a la constitución Política del estado de Chiapas, Art. 3, V.
Pacto Internacional De Derechos Civiles y Políticos, Art. 7 “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”. Ratificado por México el 16 de diciembre de 1966
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 8 “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”
Art. 35 “son derechos del ciudadano… V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición”.
Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada para el Estado de Chiapas, Art. 173. “El Gobernador del Estado, podrá acordar la libertad de reos cuya sentencia haya causado ejecutoria, previo dictamen elaborado por la Comisión Interinstitucional integrada por los titulares de la Magistratura Superior del Estado, de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, del Ministerio de Justicia del Estado y de la Comisión de los Derechos Humanos.”
Artículo 175.- La libertad con sentencia suspendida, se concede respecto de la pena de prisión impuesta, cuando el beneficiario cometa otro delito doloso, se revocará el beneficio y purgará la pena impuesta, independientemente de la que resulte por la comisión del nuevo delito; pero si durante el término de la pena impuesta, el liberado no comete nuevo delito, se declarará extinguida la pena de prisión impuesta.
Atentamente
Fernando Savater, filósofo y activista español
Carlos Zelada, estudiante. España
Patricia Chandomí, Chiapas
Yuriria Rodríguez, México D.F.
Alberto Zapata, Chiapas
Moyses Zuñiga, Chiapas
Mikey Velarde, Estados Unidos
Norberto Amaya, México D.F.
Tania Broissin, Chiapas
Sandra de los Santos, Chiapas
Alfredo Jalife Rahme, México D.F.
Carlos Contreras de Oteyza, México D.F.
Dulce María Quevedo López
Issa Maldonado, Chiapas
Diana Olivares, Chiapas
Ernesto Aroche, Puebla
Alma Sanz, Morelos
Monserrat Balcorta Sobrino, Chiapas
Gabriel Ramírez, Chiapas
Patricia Mayorga, Chihuahua
Ivonne de León, Chiapas
Maria del Carmen Hernandez Sanchez
Maria del Carmen Bolaina Uscanga
Hugo Ireta Guzman
Jose Manuel Arias Rodriguez,Tabasco
Rossy Guadalupe Pérez, Chiapas
Jorge Jaramillo Villaruel
Jacinta Fuentes Pérez
Minerva Valenzuela
Enrique Alberto Alfaro Santos, Chiapas
Byctor Lara , Chiapas
Carlos Perola, Chiapas
Gabriela Mortera
Marissa Revilla
Jorge Ruiz Domínguez
Juan de Lastra
Haru Nakamura, Chiapas
Esperanza Aguilar Moctezuma
Martha de Ita Rojano
Brenda Altamirano
Francelia Brindi
Guadalupe Esquina
Claudia Escobar
Marlen Mastranzo Casarin
Fernando Bolaños Gordillo
María Del Rocío Villa Sandoval
Armando Cortés Rueda, presidente estatal de la Fundación Colosio AC Chiapas
Selene Domínguez, Chiapas
Diputada Alejandra Soriano, Chiapas
Teresa de Jesús Martínez López
Gabriela Resendiz Lara, Contingente MX DF
Catherine Andrews, México D. F.
Virginia Chandomí
Ana Isabel Guadarrama
Tatiana Jiménez, Chiapas
Rocío García Cadenas, Chiapas
Martha Río Frío
Juan José Lau Sánchez
Mario Tassias Aquino, Chiapas
Laura Elizabeth Utrilla Mendez, Chiapas
Elias Santos
Jorge Zavaleta Gómez
Sandra Luz León Dionisio
Miguel Angel Castanedo Montero
Alejandro Rivera Marroquín, Chiapas
Victoria Rincón, Chiapas
Diego Enrique Hernández González
Antonio Arévalo Alegría
Margarita Gutiérrez
Tere Campos, Chiapas
Adelina Cifuentes Arellano
Yolanda Albores Parada
Judih Santopietro
Hedilberto Aguilkar de la Cruz
Bigdalia Anabel Silvestre Montejo
Manuel Gómez Méndez
Jeanette Vallejo Santés
Carlos Antonio Sarmiento Gordillo
Cinthia Rodríguez
viernes, 22 de febrero de 2013
martes, 12 de febrero de 2013
La Cassez de Chiapas, indígena, pobre y monolingüe
Patricia Chandomí.- En el 2005 Rosa López indígena tsotsil de San Cristóbal de las Casas fue abandonada a su suerte junto con sus 5 pequeños hijos por su esposo, Rafael López Gómez, quien decidió emigrar con una amante a los Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades de vida.
Sin tierra y sin tener noticias si Rafael logró su propósito, Rosa tuvo que buscar trabajo vendiendo cosas en la calle, compraba ropa y la revendía en las comunidades aledañas a San Cristóbal de las Casas, de esta manera pudo darles sustento a sus 5 hijos sin ayuda de algún familiar de su esposo, ni del esposo mismo.
Un año después, Rosa de 33 años, conoce a Alfredo López Jiménez, también dedicado al comercio con quien establece una relación; a pesar de que nunca contó con el apoyo de los familiares del esposo, uno de los tíos de éste, de nombre Rafael Gómez Santiz, originario de Oshinam, municipio de Mitontic al enterarse de que Rosa se había juntado con otro hombre, llego a buscarla.
“Rosa tu eres mujer de mi sobrino, tu deber es esperarlo, aunque no tengas noticias de él, tu lo debes esperar, para eso eres su mujer, sólo las putas andan con otro hombre y no esperan a su marido, aunque se haya ido con otra mujer a los Estados Unidos, tu eres su mera mujer y algún día va a regresar” comentó “indignado” Rafael Gómez a Rosa.
A pesar de los constantes reproches del tío de su esposo, Rosa continúo su relación con Alfredo, con quien se asoció para vender ropa y poder mantener a sus cinco hijos.
La acusan de secuestro
La incipiente tranquilidad y estabilidad que experimentaba Rosa con Alfredo, derivado de años de violencia doméstica que vivió al lado de su antiguo esposo, Rafael López, fue abruptamente interrumpida debido a una detención el 10 de mayo del 2007.
Sentada en una banca del parque, con un embarazo de 4 meses, Rosa sintió aquel 10 de mayo, un golpe por la espalda cayendo al suelo, la persona que la golpeó, rápido le levanto la blusa para envolverle el rostro.
Ella pudo percibir un grupo de hombres que les dijeron que estaban detenidos, Alfredo solicitó ver la orden de aprehensión, a esta solicitud, uno de los hombres le apunto con una pistola a la cabeza; ambos fueron esposados y subidos a una camioneta.
Durante el trayecto, a Rosa le vendaron los ojos y la mantuvieron boca abajo en la camioneta, uno de los hombres mantuvo un pie sobre su cuerpo para evitar que se moviera.
Pasada una media hora, los sujetos bajaron a Alfredo para golpearlo, Rosa seguía con los ojos vendados en la góndola de la camioneta, Rosa escuchaba los lamentos de Alfredo debido a la golpiza propinada, unos minutos más tarde, uno de los sujetos regresó para decir “el amante ya confesó”.
Inicia la tortura para obligarla a autoinculparse
Después regresaron a Alfredo a la camioneta y los llevaron a otro lugar, ahí bajaron a Rosa quien seguía con los ojos vendados, le ordenaron que se sentara en el suelo, hubo un silencio y al rato regresaron unos sujetos, uno de ellos le dijo “¿Así que esta es la perra que secuestró a la muchacha?, a la par, la agarro del pelo y le dio una cachetada.
“¿dónde tienes a la muchacha?, confiesa perra, ¿dónde está Claudia Estefania?, no te hagas pendeja tu la tienes secuestrada” le inquirió el sujeto mientras le seguía golpeando la cara.
Cuándo le volvieron a preguntar por Claudia Estefania, Rosa contestó “pues ha de estar en su casa”, por dar esta respuesta, le pusieron un trapo mojado y una bolsa de plástico en la cabeza y le dijeron “cuando quieras confesar que eres culpable mueve la cabeza”.
Mientras la asfixiaban, escuchó que uno de los hombres le dijo a otro “pásame ese palo que está ahí” y comenzaron a pegarle con el, en el estómago, insistiendo acerca del paradero de Claudia Estefania, Rosa les pidió que no le golpearan el estómago porque estaba embarazada.
“Si dices que tú fuiste te vamos a dejar ir” le dijeron, como no dijo nada la llevaron a otro lugar, que ella presume era un cuarto, en este lugar le quitaron su ropa y le tocaron todas las partes de su cuerpo, uno de ellos la tiro al piso, y se puso sobre su cuerpo, ella les empezó a gritar desesperada que no la violaran, entonces los golpeadores le dijeron “No te vamos a violar si dices lo que nosotros queremos que digas” entonces Rosa dijo “Sí”.
Después de ponerse la ropa, Rosa recibió instrucciones de que debía declarar que ella secuestró a la joven Claudia Estefania y que había pedido un rescate de 800 mil pesos.
Una vez afuera de este cuarto, Rosa escuchó la voz de Alfredo, de Pedro López y Juan Collazo, éste último primo de Alfredo.
Rosa fue trasladada a una celda, al otro día la llevaron a declarar, ahí le pusieron una grabadora donde ella confiesa haber secuestrado a Claudia Estefania, Rosa estaba acompañada por Juan Collazo, primo de Alfredo y Alfredo, en este lugar, Rosa se enteró que Juan se “robó” a su novia y que había pedido prestado a Alfredo su bodega, donde guardaban la ropa para vender, para tener su luna de miel.
Claudia Estefania hija del tío del ex esposo de Rosa
Claudia Estefania resultó ser hija de Rafael Gómez Sántiz el tío del ex esposo de Rosa, que le había advertido no andar con Alfredo.
Ni bien se había enterado del motivo que le había hecho vivir esa experiencia, cuando fue esposada y trasladada por unos policías al CERESO 5 de San Cristóbal de las Casas.
Antes de subirla a la camioneta que la llevaría al CERESO 5, los elementos policiacos les dijeron “si dices que te golpeamos ya sabemos donde vive tu mamá y tus hijos, ellos van a pagar”.
Rosa fue acusada de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio y secuestro y asociación delictuosa, junto con Alfredo, Juan Collazo el novio de Claudia Estefania y a su vez primo de Alfredo y Pedro López Jiménez, el 15 de mayo se le dictó auto de formal prisión, el juez Guillermo Enrique Calvo Beutelspacher acreditó la flagrancia del delito.
El defensor social, Rosalindo Moíses Díaz Vázquez aconsejó a Rosa y a Alfredo sostener su supuesta culpabilidad, porque así habría la posibilidad de que el juez les concediera “el perdón”.
Rosa pidió a su defensor social el careo con el tío de su esposo; el 14 de enero de 2009 el juez José Luis Jiménez Quevedo dictó la sentencia definitiva, considerando como principal prueba la denuncia hecha por Rafael Gómez Santiz.
Rafael señaló que entregó a Rosa y Alfredo en la plazuela de Mexicanos una bolsa de plástico negra con 30 mil pesos, acompañado por su sobrino y el comandante de la policía, el sobrino declaró en contra de Rosa, Alfredo y Juan así como Claudia Estefania.
El testimonio de Rosa sobre su desconocimiento del trato de su marido Alfredo y su primo Juan Collazo jamás fue tomado en cuenta; Juan Collazo asegura que “robo” a la novia con consentimiento de ésta, “nosotros ya éramos novios, pero el papá nunca me quiso, por ser pariente de Alfredo el novio de Rosa”.
Rosa nunca tuvo acceso a un traductor de su lengua materna, el tsotsil, fue sentenciada a 27 años, 6 meses y 17 días de prisión de acuerdo al expediente 056/2007.
Nacimiento y muerte de su hijo en prisión
A los cinco meses de estar en prisión nació su sexto hijo, Natanael, producto de su relación con Alfredo, debido a la tortura causada durante su detención el bebé nació con parálisis cerebral, en un principio el personal médico del Hospital no se percató de esta situación.
A los cuatro meses Natanael fue nuevamente revisado por el personal médico ahí se percatan que el bebé tiene una bolita en la columna, esta bolita se debió a que la columna del bebé se fracturó a causa de la paliza que recibió Rosa.
Natanael fue criado por la madre de Rosa, sin embargo, después de presentársela una complicación y después de andar de Hospital en Hospital, un 26 de octubre del 2011, Natanael fallece.
“Mi hijo murió muerto en vida a los cuatro años y quince días de nacido, yo no quería que muriera, tenía yo las ganas que si un día Dios me regalaba la libertad, poder cuidarlo yo misma, pero ya no se pudo”, dice Rosa, quien no pudo despedirse de su hijo.
Rosa fue operada de una hernia inguinal, después de varias denuncias por la falta de atención médica dentro del penal.
jueves, 17 de enero de 2013
Exigen organizaciones civiles a Manuel Velasco pacto estatal por la igualdad de género
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 16 de enero de 2013.
Gobernador de Chiapas Manuel Velasco:
Las personas y Organizaciones de la Sociedad Civil, reconocemos y damos la bienvenida a la propuesta del Sr. Gobernador Manuel Velasco Coello, durante su primer mensaje como gobernador constitucional para el periodo 2012-2018, de trabajar con estricto apego a la ley; así como dar especial atención a la rendición de cuentas.
Estamos seguras y seguros que en su plan de trabajo retomará las prioridades que como Senador de la República nos expuso a la sociedad chiapaneca en su último informe y que tienen que ver con incrementar los beneficios para las mujeres, pilar fundamental de la comunidad chiapaneca, a través de sus iniciativas para defenderlas, sancionar los abusos en su contra y lograr apoyos del Estado para sus familias.
Nos aseguró: “Mi principal objetivo es luchar para que las mujeres ocupen el lugar que realmente merecen, para que ninguna sufra discriminación, violencia o sea minimizada por el hecho de ser mujer”. Enfrentar los grandes retos y la profunda crisis en los ámbitos económico, político y social que vive nuestro estado, requiere establecer un gran Pacto Estatal por La Igualdad que considere al Poder Ejecutivo, al legislativo y al Judicial y a los Poderes Ejecutivos de los ámbitos estatal y municipal, así como a las organizaciones de la sociedad civil. Este ha sido un anhelo por muchos años del movimiento feminista y de las organizaciones de la sociedad civil como las que nosotros representamos.
El contenido básico del Pacto al que convocamos debe considerar:
1. Conformar una terna para la elección de la titular de la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, que tenga experiencia y trayectoria en defensa de los derechos de las mujeres y en trabajo con enfoque de género.
2. Vigilar que el presupuesto de egresos de la entidad orientado a los programas y acciones destinado las mujeres sea incrementado.
3. Incluir en los Planes de Desarrollo Estatal y Municipales la Igualdad entre los géneros como un eje transversal de gobierno.
4. Asegurar la participación ciudadana en la planeación, diseño, instrumentación y evaluación de políticas, programas y acciones de gobierno a fin de garantizar la perspectiva de género.
5. Garantizar el respeto, cumplimiento y promoción de los derechos de las mujeres.
7. Construir conjuntamente una agenda legislativa que permita el reconocimiento, la protección y la garantía por parte del estado del ejercicio de los derechos de las mujeres.
8. Garantizar la asignación y etiquetación de recursos de gobierno con perspectiva de género en los ámbitos estatal y municipal. El ejercicio de dichos recursos deberá ser definido, ejercido y evaluado a partir de indicadores de género.
9. Ofrecer garantías de seguridad, no discriminación y acceso a la justicia para las mujeres en la entidad sin distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, el idioma, las ideologías o creencias religiosas, la orientación sexual, el estado civil, las costumbres, la raza, los patrones de conducta social, o cualquier otra, tenga por objeto impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.
10. Revisar los casos de las mujeres presas y vigilar el cumplimiento de sus derechos.
11. Crear una comisión que investigue y sancione conforme a debido proceso los feminicidios ocurridos en la entidad en los últimos años.
12. Establecer medidas y procedimientos organizativos, metodológicos, legales y preventivos a fin de prevenir y sancionar los "feminicidios" en el estado.
13. Garantizar las cuotas de participación política y de mujeres en puestos de primer nivel de gobierno en igualdad de condiciones con respecto a los varones.
14. Promover el estudio, la investigación y la evaluación de los impactos que provocan las condiciones económicas, políticas y sociales en la vida de las mujeres a través de un Centro de Estudios e Investigación de Género.
El Pacto por México contiene como uno de sus tres ejes rectores a la participación de la ciudadanía como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas, por lo que le hacemos público nuestro interés de participar en el diseño, instrumentación y evaluación del plan que Usted proyecte para Chiapas.
Atentamente
Ma. Antonieta Varela de la Torre, Enriqueta Burelo, Holly Matus Toledo, Liliana Bellato Gil, Karen Padilla Limón, Claudia Rosas Ríos, Guadalupe Cárdenas Zitle, Patricia Chandomí, Marcela Laguna, Elvia Quintanar, Laura Serrano Santos, Adela Bonilla, María Hernández, Olivia Velázquez Torres, María Cruz Hernández, Lyz Méndez, Ricardo Hernández, Tatiana Jiménez, Leticia Jiménez, Alejandro Rivera Marroquín, Darwin Pereyra, Tere Campos, Francisco Gallardo, Alma Soberano Serrano, Ángeles Salto Argueta, Elsa Simón,Olivia Hernández Pérez, Adriana Montiel García, Elsa Conde, Carlos Miranda Videgaray, Nicandro Maza, Audelina Cifuentes Arellano, Wendy Margoth Sánchez Ruíz, Andrea Fonseca, Guadalupe Arellano, Marlene Matus Toledo, Kena Sánchez Sánchez, Ericka Pacheco, Tanya Méndez Zech, Guadalupe Arellano, Martha López Méndez, Colomba García Isasi, Tere Olvera, Carmen Reyes, Carmen Marín Levario, Aurora Oliva, Felipa Nery Sánchez, América Torres González, Alied Bencomo Alerm, Dolores Graciela Lagunes Delgado, Rolando Tinoco Injanguren, Angélica Evangelista, Karla María Arévalo, Aracely Burguete, Daniela Díaz, Martha Juárez, Magdalena García Hernández, Amanda Salcedo García, David Contreras, Emma González Gtz, Gisela Sánchez Díaz de León, Zelfa Méndez Hernández, Andrea Fonseca Martínez, Sandra de los Santos, Nancy Zárate Castillo, Monserrat Balcorta, Brenda Velázquez Díaz, Carlos Perola Burguete, Sara Lovera, Tere Incháustegui.
Organizaciones:
Mujeres y Punto, A.C. Jlumatik Equidad Sur, A.C. Colectivo Isitame, A.C Colectivo Integral de la Familia, A.C (CIFAM) Keremetic Ach Ixetic A. C. COFEMO, A.C. Red de mujeres lesbianas en Chiapas Nuevos Códices Compatía, A.C. Red de Mujeres Autogestoras de Chiapas. Altersol21. TRANS-FORMA, Chiapas, A.C. GIMTRAP, A.C. Colectivo Ciudad y Genero A.C. Colectivo la puerta negra Por la superación de la Mujer. A.C. Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud (ACASAC, A.C, OCEZ- CNPA Chiapas: FOCIPAS,Ocosingo, OPIS, Bloque de Sociedades de Palenque y Tojzotle; Centro de Investigaciones para la Salud de Comitán. A.C. Centro de Desarrollo Integral al otro lado del sol, A.C. Yachil' Atel UNORCA Oficina de Orientación y Asistencia Intrafamiliar, AC Ciudadanos Unidos en Movimiento por México, AC Fundación Hagamos más por México, AC Red Nacional de OSC´S Ciudadanos Observando, AC Salud y Género, AC Mujeres de la Sierra sumando Mujeres, AC Grupo de Mujeres 8 de Marzo, AC Promoción y Difusión para el Bienestar social, A.C. (PRODIBISO), Educación y Desarrollo para la Igualdad A.C., Casa de los Derechos de Periodistas.
Gobernador de Chiapas Manuel Velasco:
Las personas y Organizaciones de la Sociedad Civil, reconocemos y damos la bienvenida a la propuesta del Sr. Gobernador Manuel Velasco Coello, durante su primer mensaje como gobernador constitucional para el periodo 2012-2018, de trabajar con estricto apego a la ley; así como dar especial atención a la rendición de cuentas.
Estamos seguras y seguros que en su plan de trabajo retomará las prioridades que como Senador de la República nos expuso a la sociedad chiapaneca en su último informe y que tienen que ver con incrementar los beneficios para las mujeres, pilar fundamental de la comunidad chiapaneca, a través de sus iniciativas para defenderlas, sancionar los abusos en su contra y lograr apoyos del Estado para sus familias.
Nos aseguró: “Mi principal objetivo es luchar para que las mujeres ocupen el lugar que realmente merecen, para que ninguna sufra discriminación, violencia o sea minimizada por el hecho de ser mujer”. Enfrentar los grandes retos y la profunda crisis en los ámbitos económico, político y social que vive nuestro estado, requiere establecer un gran Pacto Estatal por La Igualdad que considere al Poder Ejecutivo, al legislativo y al Judicial y a los Poderes Ejecutivos de los ámbitos estatal y municipal, así como a las organizaciones de la sociedad civil. Este ha sido un anhelo por muchos años del movimiento feminista y de las organizaciones de la sociedad civil como las que nosotros representamos.
El contenido básico del Pacto al que convocamos debe considerar:
1. Conformar una terna para la elección de la titular de la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, que tenga experiencia y trayectoria en defensa de los derechos de las mujeres y en trabajo con enfoque de género.
2. Vigilar que el presupuesto de egresos de la entidad orientado a los programas y acciones destinado las mujeres sea incrementado.
3. Incluir en los Planes de Desarrollo Estatal y Municipales la Igualdad entre los géneros como un eje transversal de gobierno.
4. Asegurar la participación ciudadana en la planeación, diseño, instrumentación y evaluación de políticas, programas y acciones de gobierno a fin de garantizar la perspectiva de género.
5. Garantizar el respeto, cumplimiento y promoción de los derechos de las mujeres.
7. Construir conjuntamente una agenda legislativa que permita el reconocimiento, la protección y la garantía por parte del estado del ejercicio de los derechos de las mujeres.
8. Garantizar la asignación y etiquetación de recursos de gobierno con perspectiva de género en los ámbitos estatal y municipal. El ejercicio de dichos recursos deberá ser definido, ejercido y evaluado a partir de indicadores de género.
9. Ofrecer garantías de seguridad, no discriminación y acceso a la justicia para las mujeres en la entidad sin distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, el idioma, las ideologías o creencias religiosas, la orientación sexual, el estado civil, las costumbres, la raza, los patrones de conducta social, o cualquier otra, tenga por objeto impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.
10. Revisar los casos de las mujeres presas y vigilar el cumplimiento de sus derechos.
11. Crear una comisión que investigue y sancione conforme a debido proceso los feminicidios ocurridos en la entidad en los últimos años.
12. Establecer medidas y procedimientos organizativos, metodológicos, legales y preventivos a fin de prevenir y sancionar los "feminicidios" en el estado.
13. Garantizar las cuotas de participación política y de mujeres en puestos de primer nivel de gobierno en igualdad de condiciones con respecto a los varones.
14. Promover el estudio, la investigación y la evaluación de los impactos que provocan las condiciones económicas, políticas y sociales en la vida de las mujeres a través de un Centro de Estudios e Investigación de Género.
El Pacto por México contiene como uno de sus tres ejes rectores a la participación de la ciudadanía como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas, por lo que le hacemos público nuestro interés de participar en el diseño, instrumentación y evaluación del plan que Usted proyecte para Chiapas.
Atentamente
Ma. Antonieta Varela de la Torre, Enriqueta Burelo, Holly Matus Toledo, Liliana Bellato Gil, Karen Padilla Limón, Claudia Rosas Ríos, Guadalupe Cárdenas Zitle, Patricia Chandomí, Marcela Laguna, Elvia Quintanar, Laura Serrano Santos, Adela Bonilla, María Hernández, Olivia Velázquez Torres, María Cruz Hernández, Lyz Méndez, Ricardo Hernández, Tatiana Jiménez, Leticia Jiménez, Alejandro Rivera Marroquín, Darwin Pereyra, Tere Campos, Francisco Gallardo, Alma Soberano Serrano, Ángeles Salto Argueta, Elsa Simón,Olivia Hernández Pérez, Adriana Montiel García, Elsa Conde, Carlos Miranda Videgaray, Nicandro Maza, Audelina Cifuentes Arellano, Wendy Margoth Sánchez Ruíz, Andrea Fonseca, Guadalupe Arellano, Marlene Matus Toledo, Kena Sánchez Sánchez, Ericka Pacheco, Tanya Méndez Zech, Guadalupe Arellano, Martha López Méndez, Colomba García Isasi, Tere Olvera, Carmen Reyes, Carmen Marín Levario, Aurora Oliva, Felipa Nery Sánchez, América Torres González, Alied Bencomo Alerm, Dolores Graciela Lagunes Delgado, Rolando Tinoco Injanguren, Angélica Evangelista, Karla María Arévalo, Aracely Burguete, Daniela Díaz, Martha Juárez, Magdalena García Hernández, Amanda Salcedo García, David Contreras, Emma González Gtz, Gisela Sánchez Díaz de León, Zelfa Méndez Hernández, Andrea Fonseca Martínez, Sandra de los Santos, Nancy Zárate Castillo, Monserrat Balcorta, Brenda Velázquez Díaz, Carlos Perola Burguete, Sara Lovera, Tere Incháustegui.
Organizaciones:
Mujeres y Punto, A.C. Jlumatik Equidad Sur, A.C. Colectivo Isitame, A.C Colectivo Integral de la Familia, A.C (CIFAM) Keremetic Ach Ixetic A. C. COFEMO, A.C. Red de mujeres lesbianas en Chiapas Nuevos Códices Compatía, A.C. Red de Mujeres Autogestoras de Chiapas. Altersol21. TRANS-FORMA, Chiapas, A.C. GIMTRAP, A.C. Colectivo Ciudad y Genero A.C. Colectivo la puerta negra Por la superación de la Mujer. A.C. Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud (ACASAC, A.C, OCEZ- CNPA Chiapas: FOCIPAS,Ocosingo, OPIS, Bloque de Sociedades de Palenque y Tojzotle; Centro de Investigaciones para la Salud de Comitán. A.C. Centro de Desarrollo Integral al otro lado del sol, A.C. Yachil' Atel UNORCA Oficina de Orientación y Asistencia Intrafamiliar, AC Ciudadanos Unidos en Movimiento por México, AC Fundación Hagamos más por México, AC Red Nacional de OSC´S Ciudadanos Observando, AC Salud y Género, AC Mujeres de la Sierra sumando Mujeres, AC Grupo de Mujeres 8 de Marzo, AC Promoción y Difusión para el Bienestar social, A.C. (PRODIBISO), Educación y Desarrollo para la Igualdad A.C., Casa de los Derechos de Periodistas.
miércoles, 16 de enero de 2013
En el último año de la administración de Juan Sabines 85 mujeres fueron víctimas de feminicidio
*Tapachula el municipio donde más casos por este delito se presentaron.
*11 mujeres recibieron impacto de bala, 7 fueron violadas sexualmente antes de ser asesinadas.
*Sólo un sentenciado por este delito.
Patricia Chandomí.- En el último año de la administración del ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero fueron víctimas de feminicidio 85 mujeres, la menor de ellas de tan sólo diez años de edad, fue violada por 8 sujetos en San Cristóbal de las Casas y luego fue asesinada por dos tratantes, por otra parte, la mayor de estas mujeres tenía la edad de 85 años, fue asesinada a mordidas por dos perros de la raza Pitbull que obedecían órdenes de su dueño en Comitán.
De los 85 feminicidios que se cometieron de enero a diciembre del 2012 en Chiapas, 17 fueron en Tapachula, 9 en Tuxtla Gutiérrez, 7 en Comitán, 5 en San Cristóbal de las Casas, 3 en Huixtla, 3 en Trinataria y los demás fueron cometidos en la diversa geografía de Chiapas.
Lo anterior, de acuerdo a datos estadísticos de la organización Civil “Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas” que encabeza la abogada Martha Figueroa, esta organización inició desde el primer día de enero del 2012 un monitoreo en prensa acerca del asesinato de mujeres en Chiapas, ante la falta de estadística desglosada por género de las instituciones encargadas de impartir justicia en el estado.
El feminicidio no es el equivalente de homicidio, aplicado a las mujeres, hace referencia a los asesinatos que llevan un mensaje odio, desprecio y dominio sobre las mujeres.
Sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mismas, señala Marcela Lagarde.
Diana Russell, una de las teóricas del concepto de “feminicidio” aclara que, los feminicidios son el resultado de la violencia misógina llevada al extremo, son la muestra más visible de múltiples formas previas de hostigamiento, maltrato, daño, repudio, acoso y abandono hacia las mujeres.
El feminicidio se da en un contexto de dominio de género, caracterizado por la supremacía masculina y por la opresión, discriminación, explotación y exclusión de niñas y mujeres, legitimado por una percepción social que desvaloriza la vida de las mujeres.
Los feminicidios se caracterizan también porque se dan en un contexto de arbitrariedad e impunidad social y judicial para los perpetradores, como fue en Chiapas, donde apenas hay un sentenciado por este delito.
Juan Carlos Paz Hernández fue el primer hombre condenado por este delito por una pena de 25 años de prisión.El hoy sentenciado fue detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, luego de que se comprobara su participación en el homicidio de Arely Díaz Hernández y/o Martha Alicia Díaz Aguilar, originaria de Honduras.
La joven fue privada de la vida el pasado 13 de abril y su cuerpo fue encontrado al interior del inmueble ubicado entre las calles Quinta y 11 Poniente de la Colonia Obrera de Tapachula.
Cabe destacar que de estos 85 feminicidios, 11 corresponden a asesinatos con arma de grueso calibre, 2 de las 11 mujeres que murieron a causa de un impacto de bala, antes fueron golpeadas.
Por otra parte, 8 mujeres víctimas de feminicidio fallecieron en accidentes automovilísticos, en la mayoría de los casos, se transportaban en automóviles donde los conductores eran hombres en estado de ebriedad, con el cual las mujeres tenían algún parentesco; en otros casos, los hombres excedieron la velocidad, acostumbrados a la competencia no regulada en las carreteras, como parte de su exhibición machista.
De las 85 chiapanecas que perdieron la vida víctimas de feminicidio, 7 fueron degolladas, Elvira Méndez Sántiz, de 40 años de edad, originaria de Amatenango del Valle, quien vivía en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, a cinco días de haber sido reportada como desaparecida, su cabeza fue hallada el pasado 20 de febrero en la comunidad "Agua Escondida", en la zona de la comunidad de Flores Magón, municipio de Teopisca.
De estas mujeres víctimas de feminicidio en Chiapas, 7 sufrieron antes de ser asesinadas violación sexual, la niña Flor fue violada por 8 sujetos que la consiguieron a través de una tratante de la colonia “Uno de enero” en San Cristóbal de las Casas, su cuerpo mordido y ultrajado aún vivía, por lo que la hija y chofer de la tratante decidieron ultimarla.
De las 6 mujeres que aparecieron desfiguradas, incluso en estado de prutefacción no se sabe si fueron violadas antes de ser asesinadas.
“No existe un protocolo para atender casos de feminicidio en Chiapas, el personal aparte de atender los casos con machismo, incluso en algunos casos hasta justificando el asesinato, desconoce un protocolo científico que coadyuve a una investigación pronta y expedita” comentó la abogada.
En el monitoreo se reporta el caso de 9 mujeres que se “suicidaron” en situaciones sospechosas, una de ellas se “apuñaló”, 6 se ahorcaron, una tuvo una sobredosis y otra se inyectó gramaxone.
De estas 85 mujeres 5 murieron a golpes, 4 ahorcadas, dos macheteadas, una de ellas por aborto y dos más por negligencia médica, de todos estos casos no hay médicos, ni sospechosos en la cárcel, lo que abunda el clima de injusticia hacia las mujeres y de impunidad hacia los varones, que son la mayoría de los perpetradores.
De los feminicidas, 11 tenían una relación sentimental con igual número de mujeres víctimas de feminicidio en Chiapas; cinco más conocían al asesino.
La abogada Martha Figueroa hizo un llamado al nuevo gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello a ser coherente con su discurso en el sentido de que las mujeres serán prioridad en su gobierno.
“Que lo demuestre respetando el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia” concluyó.
*11 mujeres recibieron impacto de bala, 7 fueron violadas sexualmente antes de ser asesinadas.
*Sólo un sentenciado por este delito.
Patricia Chandomí.- En el último año de la administración del ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero fueron víctimas de feminicidio 85 mujeres, la menor de ellas de tan sólo diez años de edad, fue violada por 8 sujetos en San Cristóbal de las Casas y luego fue asesinada por dos tratantes, por otra parte, la mayor de estas mujeres tenía la edad de 85 años, fue asesinada a mordidas por dos perros de la raza Pitbull que obedecían órdenes de su dueño en Comitán.
De los 85 feminicidios que se cometieron de enero a diciembre del 2012 en Chiapas, 17 fueron en Tapachula, 9 en Tuxtla Gutiérrez, 7 en Comitán, 5 en San Cristóbal de las Casas, 3 en Huixtla, 3 en Trinataria y los demás fueron cometidos en la diversa geografía de Chiapas.
Lo anterior, de acuerdo a datos estadísticos de la organización Civil “Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas” que encabeza la abogada Martha Figueroa, esta organización inició desde el primer día de enero del 2012 un monitoreo en prensa acerca del asesinato de mujeres en Chiapas, ante la falta de estadística desglosada por género de las instituciones encargadas de impartir justicia en el estado.
El feminicidio no es el equivalente de homicidio, aplicado a las mujeres, hace referencia a los asesinatos que llevan un mensaje odio, desprecio y dominio sobre las mujeres.
Sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mismas, señala Marcela Lagarde.
Diana Russell, una de las teóricas del concepto de “feminicidio” aclara que, los feminicidios son el resultado de la violencia misógina llevada al extremo, son la muestra más visible de múltiples formas previas de hostigamiento, maltrato, daño, repudio, acoso y abandono hacia las mujeres.
El feminicidio se da en un contexto de dominio de género, caracterizado por la supremacía masculina y por la opresión, discriminación, explotación y exclusión de niñas y mujeres, legitimado por una percepción social que desvaloriza la vida de las mujeres.
Los feminicidios se caracterizan también porque se dan en un contexto de arbitrariedad e impunidad social y judicial para los perpetradores, como fue en Chiapas, donde apenas hay un sentenciado por este delito.
Juan Carlos Paz Hernández fue el primer hombre condenado por este delito por una pena de 25 años de prisión.El hoy sentenciado fue detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, luego de que se comprobara su participación en el homicidio de Arely Díaz Hernández y/o Martha Alicia Díaz Aguilar, originaria de Honduras.
La joven fue privada de la vida el pasado 13 de abril y su cuerpo fue encontrado al interior del inmueble ubicado entre las calles Quinta y 11 Poniente de la Colonia Obrera de Tapachula.
Cabe destacar que de estos 85 feminicidios, 11 corresponden a asesinatos con arma de grueso calibre, 2 de las 11 mujeres que murieron a causa de un impacto de bala, antes fueron golpeadas.
Por otra parte, 8 mujeres víctimas de feminicidio fallecieron en accidentes automovilísticos, en la mayoría de los casos, se transportaban en automóviles donde los conductores eran hombres en estado de ebriedad, con el cual las mujeres tenían algún parentesco; en otros casos, los hombres excedieron la velocidad, acostumbrados a la competencia no regulada en las carreteras, como parte de su exhibición machista.
De las 85 chiapanecas que perdieron la vida víctimas de feminicidio, 7 fueron degolladas, Elvira Méndez Sántiz, de 40 años de edad, originaria de Amatenango del Valle, quien vivía en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, a cinco días de haber sido reportada como desaparecida, su cabeza fue hallada el pasado 20 de febrero en la comunidad "Agua Escondida", en la zona de la comunidad de Flores Magón, municipio de Teopisca.
De estas mujeres víctimas de feminicidio en Chiapas, 7 sufrieron antes de ser asesinadas violación sexual, la niña Flor fue violada por 8 sujetos que la consiguieron a través de una tratante de la colonia “Uno de enero” en San Cristóbal de las Casas, su cuerpo mordido y ultrajado aún vivía, por lo que la hija y chofer de la tratante decidieron ultimarla.
De las 6 mujeres que aparecieron desfiguradas, incluso en estado de prutefacción no se sabe si fueron violadas antes de ser asesinadas.
“No existe un protocolo para atender casos de feminicidio en Chiapas, el personal aparte de atender los casos con machismo, incluso en algunos casos hasta justificando el asesinato, desconoce un protocolo científico que coadyuve a una investigación pronta y expedita” comentó la abogada.
En el monitoreo se reporta el caso de 9 mujeres que se “suicidaron” en situaciones sospechosas, una de ellas se “apuñaló”, 6 se ahorcaron, una tuvo una sobredosis y otra se inyectó gramaxone.
De estas 85 mujeres 5 murieron a golpes, 4 ahorcadas, dos macheteadas, una de ellas por aborto y dos más por negligencia médica, de todos estos casos no hay médicos, ni sospechosos en la cárcel, lo que abunda el clima de injusticia hacia las mujeres y de impunidad hacia los varones, que son la mayoría de los perpetradores.
De los feminicidas, 11 tenían una relación sentimental con igual número de mujeres víctimas de feminicidio en Chiapas; cinco más conocían al asesino.
La abogada Martha Figueroa hizo un llamado al nuevo gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello a ser coherente con su discurso en el sentido de que las mujeres serán prioridad en su gobierno.
“Que lo demuestre respetando el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia” concluyó.
miércoles, 2 de enero de 2013
4 de cada 10 personas migrantes desaparecidas del 2000 al 2010 en la frontera sur de México son mujeres
Patricia Chandomí.- 4 de cada 10 personas migrantes desaparecidas del 2000 al 2010 en la frontera sur de México son mujeres, de 400 personas desaparecidas el 80 por ciento tuvo el último contacto con sus familiares de Centroamérica en el municipio fronterizo de Tapachula, Chiapas, informó Aldo Ledón de la organización civil chiapaneca, Voces Mesoamericanas.
En el marco del día de las personas migrantes que se celebra hoy, organizaciones civiles dieron a conocer el informe "Abismo entre la palabra promulgada y la acción ejercida: la gestión migratoria de Juan Sabines Guerrero".
Entre las organizaciones civiles que trabajan con personas migrantes en la frontera sur de México, de manera especial en el municipio fronterizo de Tapachula y que fueron parte de este informe se encuentran Enlace, Capacitación y Comunicación, Iniciativas para la Identidad y la Inclusión (INICIA) y Voces Mesoamericanas denunciaron que uno de los grandes obstáculos para visibilizar las condiciones particulares de la migración de mujeres es el sub-registro, no sólo de los propios flujos migratorios, sino también y sobre todo de las violaciones a los Derechos Humanos sufridas por las migrantes.
Las mujeres migrantes que atraviesan la frontera sur son víctimas de secuestro, abuso y violaciones sexuales, uso de fuerza, abuso de autoridad, trata de personas, extorsión, agresiones físicas y verbales, condiciones irregulares de detención y violación al debido proceso.
También son víctimas de desaparición, en este tema, son las madres que se quedan en el lugar de origen de las mujeres migrantes, las primeras en buscar a sus hijas e hijos.
Por otra parte, las organizaciones denunciaron que existe un porcentaje muy bajo de mujeres migrantes que son violentadas que denuncian, sobre todo si fueron agredidas física, sexual o verbalmente por autoridades, ya sean policías, agentes de migración y otros, hay un temor infundido por los perpetradores, así como de la frustración generada por experiencias previas de un sistema de acceso a la justicia de poca o nula eficacia en México, señaló Ana Elena Barrios, de la organización civil Enlace.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció que en el periodo de septiembre de 2008 a febrero de 2009, se documentó una cifra de 9 mil 758 víctimas migrantes de secuestro, de los cuales el 55 por ciento se realizaron en el sur del país.
Los organismos civiles denunciaron que los agresores sexuales muchas veces usan a las mujeres migrantes como “body card”, o pase para pagar a otros hombres durante su tránsito por México, de acuerdo con Amnistía Internacional, 6 de cada 10 mujeres migrantes de Centroamérica que atraviesan la frontera sur de México, son violadas.
Las mujeres migrantes que viajan solas y con poco dinero, son las más vulnerables a sufrir violaciones sexuales, e incluso su cuerpo es una herramienta de protección.
Según datos del informe En Tierra de Nadie, mujeres y niñas indígenas guatemaltecas son trabajadoras sexuales en condiciones de poco control sanitario vulnerabilidad, pues muchas son víctimas de Trata de personas.
En este informe también se señala que, en la región del Soconusco, se ve a la mujer como objeto sexual, lo que sigue dirigiendo la oferta y la demanda de ese mercado
El Observatorio de Derechos Humanos y Migraciones en la Frontera Sur de México, difundió el 12 junio 2012 denuncias ciudadanas de organismos no gubernamentales encargados de la defensa de migrantes, que ventilan que en el parque central Miguel Hidalgo, de Tapachula se comete el delito de trata.
Las mujeres migrantes además de todos los delitos a los cuales se exponen, son más vulnerables a ser víctimas de trata y violación sexual, las violaciones pueden ser tumultuarias y sin protección, es decir, además de vivir esta experiencia sobre su cuerpo, pueden quedar embarazadas o infectadas por alguna enfermedad de transmisión sexual.
A pesar de que desde el 2007 se cuenta con una Cartilla de Salud del Migrante que se otorga en cada consulta médica y cuenta con información de Unidades de Salud en la ruta migratoria, como una forma de llevar un control sanitario de las y los migrantes que transitan por nuestro territorio, las mujeres migrantes pocas veces acuden a este servicio por temor a ser denunciadas y detenidas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
“No existe una política de atención a la salud de las mujeres migrantes, las acciones o esfuerzos dependen más de la voluntad de algunas y algunos funcionarios y no de las instancias gubernamentales como tal. En ninguna Unidad de Salud se cuentan con servicios de traducción para la atención a mujeres migrantes indígenas lo que impide, en muchas ocasiones, brindar una atención adecuada Chiapas, uno de los principales estados fronterizos de la zona sur de México” señaló Miguel Ángel Paz de la organización Voces mesoamericanas.
Asimismo, las mujeres migrantes tienen problemas de acceso a la identidad para sus hijas e hijos nacidos en México, situación que limita la posibilidad de que accedan a derechos fundamentales como a la salud y a la educación.
En el marco del día de las personas migrantes que se celebra hoy, organizaciones civiles dieron a conocer el informe "Abismo entre la palabra promulgada y la acción ejercida: la gestión migratoria de Juan Sabines Guerrero".
Entre las organizaciones civiles que trabajan con personas migrantes en la frontera sur de México, de manera especial en el municipio fronterizo de Tapachula y que fueron parte de este informe se encuentran Enlace, Capacitación y Comunicación, Iniciativas para la Identidad y la Inclusión (INICIA) y Voces Mesoamericanas denunciaron que uno de los grandes obstáculos para visibilizar las condiciones particulares de la migración de mujeres es el sub-registro, no sólo de los propios flujos migratorios, sino también y sobre todo de las violaciones a los Derechos Humanos sufridas por las migrantes.
Las mujeres migrantes que atraviesan la frontera sur son víctimas de secuestro, abuso y violaciones sexuales, uso de fuerza, abuso de autoridad, trata de personas, extorsión, agresiones físicas y verbales, condiciones irregulares de detención y violación al debido proceso.
También son víctimas de desaparición, en este tema, son las madres que se quedan en el lugar de origen de las mujeres migrantes, las primeras en buscar a sus hijas e hijos.
Por otra parte, las organizaciones denunciaron que existe un porcentaje muy bajo de mujeres migrantes que son violentadas que denuncian, sobre todo si fueron agredidas física, sexual o verbalmente por autoridades, ya sean policías, agentes de migración y otros, hay un temor infundido por los perpetradores, así como de la frustración generada por experiencias previas de un sistema de acceso a la justicia de poca o nula eficacia en México, señaló Ana Elena Barrios, de la organización civil Enlace.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció que en el periodo de septiembre de 2008 a febrero de 2009, se documentó una cifra de 9 mil 758 víctimas migrantes de secuestro, de los cuales el 55 por ciento se realizaron en el sur del país.
Los organismos civiles denunciaron que los agresores sexuales muchas veces usan a las mujeres migrantes como “body card”, o pase para pagar a otros hombres durante su tránsito por México, de acuerdo con Amnistía Internacional, 6 de cada 10 mujeres migrantes de Centroamérica que atraviesan la frontera sur de México, son violadas.
Las mujeres migrantes que viajan solas y con poco dinero, son las más vulnerables a sufrir violaciones sexuales, e incluso su cuerpo es una herramienta de protección.
Según datos del informe En Tierra de Nadie, mujeres y niñas indígenas guatemaltecas son trabajadoras sexuales en condiciones de poco control sanitario vulnerabilidad, pues muchas son víctimas de Trata de personas.
En este informe también se señala que, en la región del Soconusco, se ve a la mujer como objeto sexual, lo que sigue dirigiendo la oferta y la demanda de ese mercado
El Observatorio de Derechos Humanos y Migraciones en la Frontera Sur de México, difundió el 12 junio 2012 denuncias ciudadanas de organismos no gubernamentales encargados de la defensa de migrantes, que ventilan que en el parque central Miguel Hidalgo, de Tapachula se comete el delito de trata.
Las mujeres migrantes además de todos los delitos a los cuales se exponen, son más vulnerables a ser víctimas de trata y violación sexual, las violaciones pueden ser tumultuarias y sin protección, es decir, además de vivir esta experiencia sobre su cuerpo, pueden quedar embarazadas o infectadas por alguna enfermedad de transmisión sexual.
A pesar de que desde el 2007 se cuenta con una Cartilla de Salud del Migrante que se otorga en cada consulta médica y cuenta con información de Unidades de Salud en la ruta migratoria, como una forma de llevar un control sanitario de las y los migrantes que transitan por nuestro territorio, las mujeres migrantes pocas veces acuden a este servicio por temor a ser denunciadas y detenidas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
“No existe una política de atención a la salud de las mujeres migrantes, las acciones o esfuerzos dependen más de la voluntad de algunas y algunos funcionarios y no de las instancias gubernamentales como tal. En ninguna Unidad de Salud se cuentan con servicios de traducción para la atención a mujeres migrantes indígenas lo que impide, en muchas ocasiones, brindar una atención adecuada Chiapas, uno de los principales estados fronterizos de la zona sur de México” señaló Miguel Ángel Paz de la organización Voces mesoamericanas.
Asimismo, las mujeres migrantes tienen problemas de acceso a la identidad para sus hijas e hijos nacidos en México, situación que limita la posibilidad de que accedan a derechos fundamentales como a la salud y a la educación.
martes, 27 de noviembre de 2012
Que los usos y costumbres no rebasen los derechos humanos de las mujeres
Policia de Chiapas no entra a comunidad Peña Maria para detener a sujeto que intento matar a su esposa, por "respeto" a sus usos y costumbres.
Patricia Chandomí.- Justo el día internacional contra la violencia hacia las mujeres, Antonia de 38 años, madre de 9 niños estuvo a punto de morir estrangulada a manos de su esposo, Gilberto Armando Hernández de la Cruz agente municipal de unos los pobladores mas pobres de San Cristóbal de las Casas, Peña María.
La tarde del 25 de noviembre, Gilberto regresó borracho a su casa y tropezó con unas ollas de barro que estaban en el piso, donde regularmente se ponen las ollas cuando se carece de muebles; el hombre quedo un poco golpeado y adormitado.
Cuando despertó el hombre un poco borracho dijo que el golpe con las ollas se lo debía de proporcionar Antonia, por lo que furioso mientras Antonia dormía con el mas pequeño de sus hijos, con los brazos cruzados a la altura del cuello la intento ahorcar.
Como pudo, Antonia se libró del ahorcamiento, lo que generó la furia de Gilberto quien la golpeo hasta dejarla inconsciente, delante de sus cinco hijos menores de 5 años.
Uno de los 9 hijos habló por teléfono con una amiga de Antonia en San Cristóbal, donde ella trabaja como empleada doméstica, le pidió ayuda, -¡Traigánme a tu mamá, ese hombre la va a regresar a matar!, dijo la amiga a uno de los hijos.
-¡Mi mamá no puedo ni pararse!-respondió el joven muy asustado.
Ante esta situación los 4 hijos adolescentes de Antonia cargaron a su madre durante una hora para sacarla de su comunidad, Peña Maria y llevarla a San Cristóbal de las Casas, otro de los hijos adolescentes regresó mas tarde por los 5 menores.
Antonia fue llevada al Hospital porque presentaba un dolor muy fuerte del abdomen, el diagnóstico del Hospital de las Culturas de Chiapas fue colitis aguda.
Debido al apoyo y solidaridad de organizaciones civiles y activistas de las redes sociales, el caso de Antonia fue conocido por el aún gobernador de Chiapas, Juan Sabines quien instruyó al procurador Raciel Salazar para atender con prontitud este caso.
Antonia declaró contra Gilberto y ahora se encuentra fuera de la ciudad, como una medida de protección para ella y sus hijos mas pequeños.
Sin embargo, la policía en Chiapas por usos y costumbres no entra a las comunidades, cuando de hacer justicia a las mujeres se trata; la policía está esperando que Gilberto salga de la comunidad para aprehenderlo.
Mientras la policía lo espera en la ciudad, Gilberto ha salido de la comunidad un par de veces, la primera para buscar a la amiga que ayudó a Antonia, con el fin de amenazarla:
-¡Yo soy gente del güero, (es el mote del próximo gobernador de Chiapas Manuel Velasco, que entrara en funciones en diciembre)conmigo no se mete nadie.
A pesar de que se da sus aires de llevarse con el güero se dice que esta comunidad es panista.
Gilberto no sólo ha golpeado a Antonia sino a todos también a sus 9 hijos, fue a destruirle la casa a una de las hijas adolescentes que ya está casada y que vive en la comunidad, para que ésta le dijera donde está su madre.
Organizaciones civiles han mostrado su rechazo a la dilación de justicia en este caso, bajo el supuesto respeto a los usos y costumbres.
“Los usos y costumbres no pueden estar por encima del respeto a los derechos humanos de las mujeres”, sentenciaron, asimismo pidieron que este agresor no alcance fianza.
Gilberto y la dilación de las autoridades chiapanecas para aprehenderlo han violado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley para la protección de los derechos de los niños y las niñas y las adolescentes.
Patricia Chandomí.- Justo el día internacional contra la violencia hacia las mujeres, Antonia de 38 años, madre de 9 niños estuvo a punto de morir estrangulada a manos de su esposo, Gilberto Armando Hernández de la Cruz agente municipal de unos los pobladores mas pobres de San Cristóbal de las Casas, Peña María.
La tarde del 25 de noviembre, Gilberto regresó borracho a su casa y tropezó con unas ollas de barro que estaban en el piso, donde regularmente se ponen las ollas cuando se carece de muebles; el hombre quedo un poco golpeado y adormitado.
Cuando despertó el hombre un poco borracho dijo que el golpe con las ollas se lo debía de proporcionar Antonia, por lo que furioso mientras Antonia dormía con el mas pequeño de sus hijos, con los brazos cruzados a la altura del cuello la intento ahorcar.
Como pudo, Antonia se libró del ahorcamiento, lo que generó la furia de Gilberto quien la golpeo hasta dejarla inconsciente, delante de sus cinco hijos menores de 5 años.
Uno de los 9 hijos habló por teléfono con una amiga de Antonia en San Cristóbal, donde ella trabaja como empleada doméstica, le pidió ayuda, -¡Traigánme a tu mamá, ese hombre la va a regresar a matar!, dijo la amiga a uno de los hijos.
-¡Mi mamá no puedo ni pararse!-respondió el joven muy asustado.
Ante esta situación los 4 hijos adolescentes de Antonia cargaron a su madre durante una hora para sacarla de su comunidad, Peña Maria y llevarla a San Cristóbal de las Casas, otro de los hijos adolescentes regresó mas tarde por los 5 menores.
Antonia fue llevada al Hospital porque presentaba un dolor muy fuerte del abdomen, el diagnóstico del Hospital de las Culturas de Chiapas fue colitis aguda.
Debido al apoyo y solidaridad de organizaciones civiles y activistas de las redes sociales, el caso de Antonia fue conocido por el aún gobernador de Chiapas, Juan Sabines quien instruyó al procurador Raciel Salazar para atender con prontitud este caso.
Antonia declaró contra Gilberto y ahora se encuentra fuera de la ciudad, como una medida de protección para ella y sus hijos mas pequeños.
Sin embargo, la policía en Chiapas por usos y costumbres no entra a las comunidades, cuando de hacer justicia a las mujeres se trata; la policía está esperando que Gilberto salga de la comunidad para aprehenderlo.
Mientras la policía lo espera en la ciudad, Gilberto ha salido de la comunidad un par de veces, la primera para buscar a la amiga que ayudó a Antonia, con el fin de amenazarla:
-¡Yo soy gente del güero, (es el mote del próximo gobernador de Chiapas Manuel Velasco, que entrara en funciones en diciembre)conmigo no se mete nadie.
A pesar de que se da sus aires de llevarse con el güero se dice que esta comunidad es panista.
Gilberto no sólo ha golpeado a Antonia sino a todos también a sus 9 hijos, fue a destruirle la casa a una de las hijas adolescentes que ya está casada y que vive en la comunidad, para que ésta le dijera donde está su madre.
Organizaciones civiles han mostrado su rechazo a la dilación de justicia en este caso, bajo el supuesto respeto a los usos y costumbres.
“Los usos y costumbres no pueden estar por encima del respeto a los derechos humanos de las mujeres”, sentenciaron, asimismo pidieron que este agresor no alcance fianza.
Gilberto y la dilación de las autoridades chiapanecas para aprehenderlo han violado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley para la protección de los derechos de los niños y las niñas y las adolescentes.
jueves, 15 de noviembre de 2012
Suman 66 mujeres asesinadas de forma violenta en Chiapas, 43 de ellas víctimas de feminicidio
Patricia Chandomí.- La niña tsotsil de diez años de edad Flor Maria víctima de trata, violación sexual múltiple y feminicidio fue recordada junto con 65 mujeres asesinadas de forma violenta en Chiapas de enero a la fecha.
Organizaciones civiles que acompañan a las madres y padres de las víctimas de feminicidios en Chiapas, cada día 14 del mes realizan acciones de protesta y denuncia contra los feminicidios en Chiapas, para recordar en vida a las niñas, adultas y viejas que han sido víctimas de la violencia feminicida.
La abogada Martha Figueroa quien realiza un monitoreo en prensa de los asesinatos violentos de mujeres, sostuvo que de enero a la fecha en Chiapas han muerto de manera violenta 66 mujeres, de éstas, 43 muertes entran en la figura jurídica de feminicidio, delito que puede alcanzar penas de hasta 60 años de presión.
De las 43 víctimas de feminicidio, es decir fueron asesinadas con odio, por una violencia machistas que muchas veces las considera de su propiedad, 33 fueron asesinadas por conocidos, esposos, ex esposos, padres, novio, amigos del novio, como el caso de la Joven Itzel Méndez asesinada el pasado 14 de abril en San Cristóbal de las Casas.
De las mujeres asesinadas, cinco pidieron de manera formal protección a las autoridades debido a que sufrían hostigamiento, maltrato, daño, repudio, amenazas, acoso y abandono de parte de su pareja o ex pareja.
De las 43 víctimas de feminicidio en Chiapas, cinco pidieron de manera formal protección a las autoridades debido a que sufrían hostigamiento, maltrato, daño, repudio, amenazas, acoso y abandono de parte de su pareja o ex pareja.
En octubre de 2011 la joven de 19 años Wendy Lizzet Ochoa Méndez presentó una denuncia por golpes y amenazas, y solicitó una orden de aprehensión ante la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de la Mujer.
La averiguación previa quedó asentada con el folio 832/UEDSYVF1/2011 en contra de Jimmy Virgilio Villatoro Argüello, ex pareja de Wendy y padre de su hijo de dos años.
Amparándose en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la joven solicitó a la fiscal del Ministerio Público, Irma Alicia Bautista Márquez, una orden de protección que nunca le fue concedida.
Seis meses después, el 28 de abril, fue asesinada por Jimmy Villatoro, su ex esposo y padre de su hijo de tres años, quien no sólo la descuartizó sino que cometió actos de canibalismo.
Jimmy ya había intentado asesinar a Wendy anteriormente, al sumergirla dentro de un tambo de gasolina y amenazando con incendiarla, de todos estos hechos tuvo conocimiento la autoridad competente y no hizo nada.
El abogado de Wendy sostuvo que el pasado 27 de febrero el juez tuvo conocimiento del caso, pero sólo tomó en cuenta el delito de violencia familiar, todavía considerado en la legislación de Chiapas como “no grave” y que sólo requiere pago de fianza.
Dos meses después, el 16 de abril se emitió una orden de aprehensión en contra de Villatoro, pero no fue ejecutada.
Figueroa dijo que en Chiapas apenas se aplica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007, por lo que urgió a las autoridades a conocer y sensibilizarse de esta ley en beneficio de la vida e integridad de la población femenina.
Remarcó la importancia de que los jueces conozcan las órdenes de protección que salvaguardan a las víctimas de violencia intrafamiliar.
De acuerdo con lo señala la ley, tales órdenes son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias; deben ser otorgadas por la autoridad competente inmediatamente después de que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.
Las órdenes de protección deben tener una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan, de manera especial cuando la vida e integridad de la víctima corre peligro.
A pesar de tal obligación, algunos jueces en Chiapas exigen a las victimas un antecedente jurídico para poder aplicar la orden de protección y esto no siempre es posible, señaló Figueroa.
Lamentó también que la orden sea limitada a 72 horas, ya que en otros estados como Colima, lo mínimo son 72 horas y la orden no se suspende hasta que hayan desaparecido las condiciones de amenaza para la víctima.
A seis meses de que en el Código Penal de Chiapas se tipificó el delito de feminicidio, que alcanza penas que van de los 25 a los 60 años de prisión, en el estado no se ha sentenciado a ninguna persona por este delito, confirmó el Poder Judicial del Estado en respuesta a la solicitud de información con folio 5088, que realizó la corresponsal de Cimacnoticias Sandra de los Santos.
Martha Figueroa explicó que hay 11 procesos abiertos y 20 detenidos por el delito de feminicidio, una cifra alta que ya empieza a mostrar un interés por castigar estos graves delitos y que se concretará aplicando las sentencias correspondientes.
Sin embargo hasta la fecha, ni el feminicida confeso Jimmy Villatoro, detenido desde mayo pasado, ha sido sentenciado a casi cuatro meses de que asesinó a Wendy Ochoa Méndez.
Es por ello que organizaciones civiles como EL Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM) y Fortaleza de la Mujer Maya (FOMMA) realizan cada mes o dos meses en la Plaza de la Resistencia de San Cristóbal de las Casas, un acto de denuncia para exigir justicia por todas las mujeres asesinadas en Chiapas, por el sólo hecho de ser mujeres.
A estas jornadas de acciones y protesta asisten Angelina Patishtan Martínez, madre de la joven Sabina Patricia, asesinada por un militar; el padre y la madre de la joven Itzel Méndez, ultimada en San Cristóbal de las Casas el pasado 14 de abril por amigos de su novio, y Olga Lidia Gómez Velasco, madre de Ana Laura Suárez Gómez, asesinada en 2007 por un profesor que la acuso durante años.
El caso de la Niña Flor
Por primera vez estuvo presente en estas acciones públicas, la madre de la niña Flor, la señora Micaela, su fue entregada a una tratante de nombre Maria “N” de la colonia Primero de Enero, una de las pobres y marginadas de San Cristóbal de las Casas, María es conocida como tratante de mujeres indígenas, las coloca de sirvientas en las casas, de meseras y en prostitución forzada.
La hermana de María Flor fue empujada por la miseria a acudir con María “N” para conseguir trabajo, es una de las 9 hijas de una pareja desplazada del municipio de San Juan Chamula.
De manera histórica las mujeres indígenas de los Altos de Chiapas, una de las regiones mas empobrecidas de Chiapas, se han empleado como servidumbre, la explotación de las familias empleadoras en la cabecera municipal de esta Región, San Cristóbal de las Casas, es tan grande, que algunas creen que les pagan lo suficiente al darles un techo y unas tortillas por jornadas que rebasan las 16 horas diarias, señala la abogada Martha Figueroa.
María Flor y su hermana vivían en condiciones extremas de pobreza, en un techo de 4 por 4, sin sustento alimenticio garantizado, es así como llegan a María “N”, la hermana mayor de 16 años es colocada como sirvienta, pero debido a los malos tratos renuncia.
En una ocasión se encuentra con María “N” quien la amenaza con una supuesta deuda contraída, ante el miedo, la joven acude nuevamente pero ahora con su hermanita de diez años, a quien pone a disposición de María.
Flor María trabaja unos días como empleada doméstica en casa de María, a los pocos días le dice que la llevara a casa de su socia Carmen “N”, en este lugar la niña es notificada por la hija de Carmen, también del mismo nombre y con 14 años de edad, que será llevada a otro centro de trabajo.
La niña es transportada en una camioneta por el chofer de María a una cantina marginal en San Cristóbal de las Casas, en este lugar la esperan 8 hombres quienes la violan hasta casi dejarla sin vida.
Una vez pasada la violación múltiple, la hija de Carmen de 14 años de edad y el chofer, quienes esperaban afuera del cuarto, donde la niña pasó las peores horas de su vida, se percataron que María Flor aún respiraba.
Ante el temor de ser denunciados, Carmen y el chofer asfixiaron y remataron a la niña con un arma punzocortante, para luego tirarla en un callejón en el municipio de Huixtán, en agosto del año pasado.
La familia de Flor María interpuso una denuncia por secuestro, ya que no tenían noticias de ella, la Fiscalía Indígena detuvo a los dos asesinos, sin embargo, María “N” y Carmen como otras personas, incluyendo a los propios padres y madres siguen ofreciendo como mercancía a sus hijas ante un escenario de extrema pobreza y marginación de la población indígena en Chiapas, concluyó la abogada.
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