Que los usos y costumbres no rebasen los derechos humanos de las mujeres

Policia de Chiapas no entra a comunidad Peña Maria para detener a sujeto que intento matar a su esposa, por "respeto" a sus usos y costumbres.

Patricia Chandomí.- Justo el día internacional contra la violencia hacia las mujeres, Antonia de 38 años, madre de 9 niños estuvo a punto de morir estrangulada a manos de su esposo, Gilberto Armando Hernández de la Cruz agente municipal de unos los pobladores mas pobres de San Cristóbal de las Casas, Peña María.
La tarde del 25 de noviembre, Gilberto regresó borracho a su casa y tropezó con unas ollas de barro que estaban en el piso, donde regularmente se ponen las ollas cuando se carece de muebles; el hombre quedo un poco golpeado y adormitado.
Cuando despertó el hombre un poco borracho dijo que el golpe con las ollas se lo debía de proporcionar Antonia, por lo que furioso mientras Antonia dormía con el mas pequeño de sus hijos, con los brazos cruzados a la altura del cuello la intento ahorcar.
Como pudo, Antonia se libró del ahorcamiento, lo que generó la furia de Gilberto quien la golpeo hasta dejarla inconsciente, delante de sus cinco hijos menores de 5 años.
Uno de los 9 hijos habló por teléfono con una amiga de Antonia en San Cristóbal, donde ella trabaja como empleada doméstica, le pidió ayuda, -¡Traigánme a tu mamá, ese hombre la va a regresar a matar!, dijo la amiga a uno de los hijos.
-¡Mi mamá no puedo ni pararse!-respondió el joven muy asustado.
Ante esta situación los 4 hijos adolescentes de Antonia cargaron a su madre durante una hora para sacarla de su comunidad, Peña Maria y llevarla a San Cristóbal de las Casas, otro de los hijos adolescentes regresó mas tarde por los 5 menores.
Antonia fue llevada al Hospital porque presentaba un dolor muy fuerte del abdomen, el diagnóstico del Hospital de las Culturas de Chiapas fue colitis aguda.
Debido al apoyo y solidaridad de organizaciones civiles y activistas de las redes sociales, el caso de Antonia fue conocido por el aún gobernador de Chiapas, Juan Sabines quien instruyó al procurador Raciel Salazar para atender con prontitud este caso.
Antonia declaró contra Gilberto y ahora se encuentra fuera de la ciudad, como una medida de protección para ella y sus hijos mas pequeños.
Sin embargo, la policía en Chiapas por usos y costumbres no entra a las comunidades, cuando de hacer justicia a las mujeres se trata; la policía está esperando que Gilberto salga de la comunidad para aprehenderlo.
Mientras la policía lo espera en la ciudad, Gilberto ha salido de la comunidad un par de veces, la primera para buscar a la amiga que ayudó a Antonia, con el fin de amenazarla:
-¡Yo soy gente del güero, (es el mote del próximo gobernador de Chiapas Manuel Velasco, que entrara en funciones en diciembre)conmigo no se mete nadie.
A pesar de que se da sus aires de llevarse con el güero se dice que esta comunidad es panista.
Gilberto no sólo ha golpeado a Antonia sino a todos también a sus 9 hijos, fue a destruirle la casa a una de las hijas adolescentes que ya está casada y que vive en la comunidad, para que ésta le dijera donde está su madre.
Organizaciones civiles han mostrado su rechazo a la dilación de justicia en este caso, bajo el supuesto respeto a los usos y costumbres.
“Los usos y costumbres no pueden estar por encima del respeto a los derechos humanos de las mujeres”, sentenciaron, asimismo pidieron que este agresor no alcance fianza.
Gilberto y la dilación de las autoridades chiapanecas para aprehenderlo han violado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley para la protección de los derechos de los niños y las niñas y las adolescentes.

Suman 66 mujeres asesinadas de forma violenta en Chiapas, 43 de ellas víctimas de feminicidio

Patricia Chandomí.- La niña tsotsil de diez años de edad Flor Maria víctima de trata, violación sexual múltiple y feminicidio fue recordada junto con 65 mujeres asesinadas de forma violenta en Chiapas de enero a la fecha.
Organizaciones civiles que acompañan a las madres y padres de las víctimas de feminicidios en Chiapas, cada día 14 del mes realizan acciones de protesta y denuncia contra los feminicidios en Chiapas, para recordar en vida a las niñas, adultas y viejas que han sido víctimas de la violencia feminicida.
La abogada Martha Figueroa quien realiza un monitoreo en prensa de los asesinatos violentos de mujeres, sostuvo que de enero a la fecha en Chiapas han muerto de manera violenta 66 mujeres, de éstas, 43 muertes entran en la figura jurídica de feminicidio, delito que puede alcanzar penas de hasta 60 años de presión.
De las 43 víctimas de feminicidio, es decir fueron asesinadas con odio, por una violencia machistas que muchas veces las considera de su propiedad, 33 fueron asesinadas por conocidos, esposos, ex esposos, padres, novio, amigos del novio, como el caso de la Joven Itzel Méndez asesinada el pasado 14 de abril en San Cristóbal de las Casas.
De las mujeres asesinadas, cinco pidieron de manera formal protección a las autoridades debido a que sufrían hostigamiento, maltrato, daño, repudio, amenazas, acoso y abandono de parte de su pareja o ex pareja.
De las 43 víctimas de feminicidio en Chiapas, cinco pidieron de manera formal protección a las autoridades debido a que sufrían hostigamiento, maltrato, daño, repudio, amenazas, acoso y abandono de parte de su pareja o ex pareja.
En octubre de 2011 la joven de 19 años Wendy Lizzet Ochoa Méndez presentó una denuncia por golpes y amenazas, y solicitó una orden de aprehensión ante la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de la Mujer.
La averiguación previa quedó asentada con el folio 832/UEDSYVF1/2011 en contra de Jimmy Virgilio Villatoro Argüello, ex pareja de Wendy y padre de su hijo de dos años.
Amparándose en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la joven solicitó a la fiscal del Ministerio Público, Irma Alicia Bautista Márquez, una orden de protección que nunca le fue concedida.
Seis meses después, el 28 de abril, fue asesinada por Jimmy Villatoro, su ex esposo y padre de su hijo de tres años, quien no sólo la descuartizó sino que cometió actos de canibalismo.
Jimmy ya había intentado asesinar a Wendy anteriormente, al sumergirla dentro de un tambo de gasolina y amenazando con incendiarla, de todos estos hechos tuvo conocimiento la autoridad competente y no hizo nada.
El abogado de Wendy sostuvo que el pasado 27 de febrero el juez tuvo conocimiento del caso, pero sólo tomó en cuenta el delito de violencia familiar, todavía considerado en la legislación de Chiapas como “no grave” y que sólo requiere pago de fianza.
Dos meses después, el 16 de abril se emitió una orden de aprehensión en contra de Villatoro, pero no fue ejecutada.
Figueroa dijo que en Chiapas apenas se aplica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007, por lo que urgió a las autoridades a conocer y sensibilizarse de esta ley en beneficio de la vida e integridad de la población femenina.
Remarcó la importancia de que los jueces conozcan las órdenes de protección que salvaguardan a las víctimas de violencia intrafamiliar.
De acuerdo con lo señala la ley, tales órdenes son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias; deben ser otorgadas por la autoridad competente inmediatamente después de que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.
Las órdenes de protección deben tener una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan, de manera especial cuando la vida e integridad de la víctima corre peligro.
A pesar de tal obligación, algunos jueces en Chiapas exigen a las victimas un antecedente jurídico para poder aplicar la orden de protección y esto no siempre es posible, señaló Figueroa.
Lamentó también que la orden sea limitada a 72 horas, ya que en otros estados como Colima, lo mínimo son 72 horas y la orden no se suspende hasta que hayan desaparecido las condiciones de amenaza para la víctima.
A seis meses de que en el Código Penal de Chiapas se tipificó el delito de feminicidio, que alcanza penas que van de los 25 a los 60 años de prisión, en el estado no se ha sentenciado a ninguna persona por este delito, confirmó el Poder Judicial del Estado en respuesta a la solicitud de información con folio 5088, que realizó la corresponsal de Cimacnoticias Sandra de los Santos.
Martha Figueroa explicó que hay 11 procesos abiertos y 20 detenidos por el delito de feminicidio, una cifra alta que ya empieza a mostrar un interés por castigar estos graves delitos y que se concretará aplicando las sentencias correspondientes.
Sin embargo hasta la fecha, ni el feminicida confeso Jimmy Villatoro, detenido desde mayo pasado, ha sido sentenciado a casi cuatro meses de que asesinó a Wendy Ochoa Méndez.
Es por ello que organizaciones civiles como EL Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM) y Fortaleza de la Mujer Maya (FOMMA) realizan cada mes o dos meses en la Plaza de la Resistencia de San Cristóbal de las Casas, un acto de denuncia para exigir justicia por todas las mujeres asesinadas en Chiapas, por el sólo hecho de ser mujeres.
A estas jornadas de acciones y protesta asisten Angelina Patishtan Martínez, madre de la joven Sabina Patricia, asesinada por un militar; el padre y la madre de la joven Itzel Méndez, ultimada en San Cristóbal de las Casas el pasado 14 de abril por amigos de su novio, y Olga Lidia Gómez Velasco, madre de Ana Laura Suárez Gómez, asesinada en 2007 por un profesor que la acuso durante años.

El caso de la Niña Flor
Por primera vez estuvo presente en estas acciones públicas, la madre de la niña Flor, la señora Micaela, su fue entregada a una tratante de nombre Maria “N” de la colonia Primero de Enero, una de las pobres y marginadas de San Cristóbal de las Casas, María es conocida como tratante de mujeres indígenas, las coloca de sirvientas en las casas, de meseras y en prostitución forzada.

La hermana de María Flor fue empujada por la miseria a acudir con María “N” para conseguir trabajo, es una de las 9 hijas de una pareja desplazada del municipio de San Juan Chamula.

De manera histórica las mujeres indígenas de los Altos de Chiapas, una de las regiones mas empobrecidas de Chiapas, se han empleado como servidumbre, la explotación de las familias empleadoras en la cabecera municipal de esta Región, San Cristóbal de las Casas, es tan grande, que algunas creen que les pagan lo suficiente al darles un techo y unas tortillas por jornadas que rebasan las 16 horas diarias, señala la abogada Martha Figueroa.


María Flor y su hermana vivían en condiciones extremas de pobreza, en un techo de 4 por 4, sin sustento alimenticio garantizado, es así como llegan a María “N”, la hermana mayor de 16 años es colocada como sirvienta, pero debido a los malos tratos renuncia.

En una ocasión se encuentra con María “N” quien la amenaza con una supuesta deuda contraída, ante el miedo, la joven acude nuevamente pero ahora con su hermanita de diez años, a quien pone a disposición de María.

Flor María trabaja unos días como empleada doméstica en casa de María, a los pocos días le dice que la llevara a casa de su socia Carmen “N”, en este lugar la niña es notificada por la hija de Carmen, también del mismo nombre y con 14 años de edad, que será llevada a otro centro de trabajo.

La niña es transportada en una camioneta por el chofer de María a una cantina marginal en San Cristóbal de las Casas, en este lugar la esperan 8 hombres quienes la violan hasta casi dejarla sin vida.

Una vez pasada la violación múltiple, la hija de Carmen de 14 años de edad y el chofer, quienes esperaban afuera del cuarto, donde la niña pasó las peores horas de su vida, se percataron que María Flor aún respiraba.

Ante el temor de ser denunciados, Carmen y el chofer asfixiaron y remataron a la niña con un arma punzocortante, para luego tirarla en un callejón en el municipio de Huixtán, en agosto del año pasado.

La familia de Flor María interpuso una denuncia por secuestro, ya que no tenían noticias de ella, la Fiscalía Indígena detuvo a los dos asesinos, sin embargo, María “N” y Carmen como otras personas, incluyendo a los propios padres y madres siguen ofreciendo como mercancía a sus hijas ante un escenario de extrema pobreza y marginación de la población indígena en Chiapas, concluyó la abogada.