La chiapaneca que vive de agua de lluvia

Historia 3 De la serie “Chiapanecas sin techo” Amalia la mujer que vive con agua de lluvia Patricia Chandomí.- “De las cosas que recuerdo con más rabia (cuenta Amalia) fue un día que no teníamos agua ni para beber, yo me puse a pedir para que lloviera, ese día llovió y en cuanto cayeron las primeras gotas salí con desesperación a capear el agua de lluvia, mi hija me vio y me preguntó. Mamá por qué hacemos esto, si toda la comunidad tiene agua, menos nosotros”. “En la vida Dios nos puso revueltos buenos y malos, es mentira que en nuestra comunidad todos los hombres sean buenos y que los de fuera sean malos; yo pido una vida tranquila, pero tengo años de vivir en la zozobra y la marginación” sostiene Amalia. Amalia lleva 4 años resistiendo en su comunidad, a la muerte de su padre emigró hacia los estados del norte para ayudar a su madre y mejorar la casa que asegura se les caía a pedazos; en busca de trabajo Amalia recorrió varios estados, en uno de ellos conoció a su esposo. En una ensambladora de televisores la joven conoció a Reynaldo Rafael Valentín, indígena náhualt, originario del municipio Eduardo Neri, Guerrero, con quien procreó una hija. La pareja decidió irse a vivir a la tierra de Amalia, para su sorpresa fue notificada por el entonces comisariado ejidal, Eduardo Pérez Roblero que ella no podía vivir ahí, por estar casada con un hombre de fuera. Pérez Roblero promovió en asamblea masculina la expulsión del ejido de Amalia, así mismo, amenazó a todos los ejidatarios para que nadie le vendiera o cediera un pedazo de tierra a la pareja. Maurilio Vázquez Hernández, cuñado de Amalia, decidió venderle un lote a Amalia para que pudiera vivir con su esposo y su hija de 11 años. Por venderle este pedazo de tierra, a Maurilio le cortaron el agua y la luz; cuando los ejidatarios se dieron cuenta que la mamá de Amalia les pasaba agua, también le cortaron ambos servicios. Además, los ejidatarios por presión de Pérez Roblero acordaron no ofrecerle trabajo alguno al esposo de Amalia. La expulsión de Amalia acordada en el 2009, decidida en Asamblea, en donde sólo participan los varones, se basó en el artículo 37 del Reglamento Interno del Ejido, que prohíbe a las mujeres casarse con hombres de otros lugares; este Artículo fue nulificado por el Tribunal Agrario del Distrito 4. El Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas responsabilizó a la Procuraduría Agraria y demás autoridades competentes que han permitido que una disposición claramente violatoria de derechos, fuera asesorada y avalada con su inclusión en el Reglamento Interno del Ejido y hasta la fecha no se hayan tomado acciones concretas para sensibilizar a los ejidatarios respecto a los derechos de las mujeres, a pesar de ya existe una recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Dicha Ley sólo aplica para las mujeres, ya que los varones del Ejido pueden elegir libremente a las mujeres del lugar que deseen, sin que por ello se vean en la circunstancia de perder sus derechos de participación, o vivir la expulsión de su compañera del Ejido. Amalia es una de las tres valientes mujeres que resisten el acoso y la violencia de parte de los hombres de la comunidad que les exigen que se vayan del ejido; Amalia vive literalmente de agua de la lluvia, vive sin luz y siempre anda acompañada en las calles de la comunidad. El gobierno del estado de Chiapas, la Procuraduría Agraria, la Secretaria de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer, la Procuraduría de Justicia General de Justicia del Estado y demás autoridades competentes conocen a detalle el caso de Amalia, la mujer que vive con agua de lluvia, porque sus derechos humanos no están garantizados.

Rosa despojada de su vivienda por el marido y estafada durante doce años por tres abogados

Historia II

De la serie *Mujeres chiapanecas sin techo.



Rosa despojada de su vivienda por el marido y estafada durante doce años por tres abogados



Patricia Chandomí.- En 1999 el señor Marcos Sánchez Gómez decidió dejar su casa a su esposa Rosa Santiz López, indígena tseltal originaria del municipio de Ocosingo, al conocer a otra mujer Marcos se salió de su casa con la promesa de que esa casa sería de sus tres hijos producto de la relación con Rosa.

“No me vayan a levantar papel, yo me estoy saliendo por mi gusto, esta casa es tuya Rosa porque a ti te costó y de mis hijos, cuando tengan 18 años voy arreglar las escrituras” dijo Marcos a Rosa y ésta le contestó “si hay problema tenemos que tocar autoridad, tu bien sabes cuanto he trabajado, cuantas veces me batí de lodo para poder tener un techo”.

Fue así que el 1 de julio de 1999 Marcos abandono a su segunda familia, a los tres meses Rosa se entera que Marcos había cambiado las escrituras.

“El terreno lo compramos entre los dos, pero las escrituras estaban a su nombre, era un pedazo de la casa y yo me afligí por construir una casa más formal y él me decía para qué yo le contestaba que quería un cuarto para cada hijo; así es que casi todo mi sueldo como maestra de primaria del nivel indígena de más de diez años fueron para construir la casa, tengo notas de compra de materiales a mi nombre” sostuvo Rosa.

“Madrugué años, me batí de lodo todos los días caminando selva adentro para que algún día pudiera yo tener una casa” cuenta Rosa, ahora jubilada a sus 54 años.

Entre los cambios que realizó Marcos a las escrituras de la vivienda, ubicada en la primera avenida norte poniente número 285 del barrio San Sebastián, municipio de Ocosingo, se encuentran primero que cambió su estado civil de casado a soltero y que heredaba la vivienda a dos hijos de su primer matrimonio.

Guadalupe y Julio César, ambos de apellido Sánchez Gómez, hijos del primer matrimonio de Marcos se presentaron en noviembre de 1999 con las nuevas escrituras.

“Yo conocí a Marcos en 1975, vivimos juntos 24 años, viví 6 años en unión libre y 18 años de matrimonio, antes de que se legalizará el matrimonio, un año antes, Marcos sacó las escrituras y sólo las puso a su nombre”.

Cuando los hijos se presentaron con las escrituras, Rosa acudió a buscar a un abogado de nombre Alfonso Rodas Cruz, “tres años estuvimos dando vueltas y luego salió la sentencia a favor del señor Marcos, el abogado me dijo que no se pudo hacer nada”.

“Me fui con otro licenciado de nombre Abraham Sánchez Martínez, un licenciado de Salto de Agua él me dijo: Rosa para que se resuelva de volada su problema vamos a tramitar el divorcio, porque en el divorcio se ven los bienes. Yo le pregunté ¿y si sale mal? Y me dijo: no va a salir mal confía en mi palabra”.

“Mire abogado el día que usted fallé, lo voy a sacar anuncio en periódico, me acuerdo que él me dijo: doña Rosa usted no va a poder pagar el periódico para que le saquen su denuncia y le respondí: yo buscaré la manera, usted me verá humilde pero sé tocar puertas”.

Con este segundo abogado las esperanzas por recuperar su casa aumentaron, pasaron otros tres años y salió la sentencia del divorcio, cuando salió la sentencia Rosa buscó al abogado Abraham y éste le dijo que le llamara en 8 días.

“Como nunca me contestó ni su celular ni en el teléfono de su casa, fui a buscar al abogado a Salto de Agua, pagué carro especial, grande fue mi sorpresa cuando me dijeron los vecinos del licenciado, es su costumbre del abogado dejar el trabajo tirado”.

Rosa se regresó desesperada y molesta a su natal Ocosingo, decepcionada empezó a buscar consejos entre sus compañeros de trabajo.

“Hay un abogado que vive en Chilón pero ya tiene casa en Ocosingo es hijo de campesino habla tseltal a la mejor te va ayudar Rosa porque es paisano, se llama Jorge Luis Gómez Martínez” le dijo un compañero de trabajo a Rosa.

Rosa fue enseguida a ver al abogado, “lo primero que le dije fue si mi caso tenía solución y él me dijo que sí, en el 2009 salió la sentencia de la casa a favor del señor Marcos, yo me quedé sin palabras y totalmente endeudada”.

Entre los tres abogados le sacaron a Rosa la cantidad de 70 mil pesos, durante los últimos 12 años en que Rosa ha peleado su casa, esta cantidad la pidió prestada con distintas personas que hoy le han multiplicado la deuda por los intereses; Rosa vive en una casa rentada con la menor de sus tres hijos, se pregunta si algún día podrá pagar todo lo que debe.

La historia de Matilde y sus hijos desalmados

De la serie *Mujeres sin techo



I

La historia de Matilde y sus hijos desalmados



Patricia Chandomí.- “Antes de que yo vaya a la cárcel prefiero matar a mi hermana, así es que dile que se presente cuanto antes a firmar los papeles de la casa” fue la amenaza que recibió Gabriela de parte de uno de sus tíos, Mario Carrasco López, encargado de vender la casa entestada que dejó su abuela, Matilde López López.

La señora Matilde trajo al mundo a 4 hijos, tres varones de nombre Víctor Hugo, Lucio Manuel y Mario y una hija de nombre Graciela, todos ellos de apellido Carrasco López.

Doña Matilde vivió los últimos años de su vida en compañía de su única hija y de una nieta que fue abandonada por uno de sus hijos Víctor Hugo, las tres mujeres vivían en una casa que le fue donada a Matilde y a su esposo, por el gobierno de hace ya varios sexenios.

En el 2009 cuando la señora Matilde tenía 76 años, le detectaron fibrosis pulmonar, es entonces, cuando una de sus nietas, hija de Graciela, su única hija, decide hablarles a los 4 hijos para pedirles una cooperación para las medicinas de su abuela.

“Yo les pedí 300 pesos mensuales a cada hijo para comprarles la medicina de mi abuelita y ni uno de ellos quiso cooperar, por el contrario, vinieron y le pusieron un letrero a la casa de mi abuelita para anunciar que la vendían, según ellos, con ese dinero se iba a pagar el tratamiento mi abuelita” sostuvo Gabriela Castro Carrasco, nieta de Matilde.

“Un año estuvo la casa con el letrero y no se vendió, en ese tiempo mi abuelita fue empeorando, recuerdo que de las tres pastillas que tenía que tomar, sólo tomaba una, llevaba mal su tratamiento porque no le alcanzaba” señaló Gabriela.

“Así enferma mi abuelita se salía en las tardes a sus reuniones de asamblea de barrio de San Ramón, porque fue beneficiaria del Programa Motor para la Economía de Chiapas Solidario con una tienda de abarrotes; así como estaba se iba a cobrar su amanecer, ella no tenía tinaco y también iba a reuniones para que le dieran su tinaco” informó Gabriela.

A pesar de sus esfuerzos por obtener ingresos para mejorar su salud y su vida cotidiana, doña Matilde ya no pudo recibir su tinaco ni instalar su tienda de abarrotes, en vida designó a Gabriela, su nieta, quien gestionó por meses este apoyo, los derechos de la tienda, la cual no se habría de instalar primero por su muerte y después por el robo que sus propios hijos protagonizaron en su vivienda.

En noviembre del 2011 Gabriela pidió nuevamente a sus tíos una cooperación debido a que su abuelita había empeorado, sus tíos hasta se burlaron de ella y comentaron que seguramente e asunto no era de gravedad como para internarla, finalmente el día doce de ese mes, ante la indiferencia de sus hijos, doña Matilde murió.

II

La venta y el robo



Tras la muerte de doña Matilde, inició la disputa por la propiedad que quedó entestada, mientras los hermanos reñían sobre los términos de la venta, en el que fuera el domicilio de doña Matilde ubicado en la Calle 11 de enero A-5 de la colonia Echeverria del Barrio San Ramón quedaron viviendo su única hija Graciela quien vivió con ella desde que se separó de su pareja y su nieta abandonada por uno de sus hijos.

Víctor Hugo, Lucio Manuel y Mario iniciaron una serie de agresiones contra su hermana para que ésta y su sobrina desalojarán la casa, donde tenía todas sus pertenencias.

Molestos porque su hermana no se iba de la casa, el pasado 30 de marzo forzaron las cerraduras de la casa y se llevaron en un camión de tres toneladas todas las cosas que pertenecieron a doña Matilde su madre y las cosas de doña Graciela, además los hermanos robaron mercancía de la tienda que iba a poner doña Matilde.

Los vecinos avisaron a Gabriela del robo protagonizado por los hermanos, por lo que la joven decidió dar parte a la Policía Municipal, quien se presentó en el domicilio para luego trasladar los bienes y el camión al cuartel de la policía.

En este lugar, pese a que ninguno de los sujetos pudo acreditar la propiedad de los bienes, el juez calificador, Julio César López Vázquez, permitió que los bienes de ambas mujeres fueran llevados por los tres hermanos de forma sospechosa, bajo la intermediación de un policía municipal de nombre Marco Antonio Flores Utrilla, quien resultó cuñado de uno de los hermanos de nombre, Mario.

En este robo participó también Petra del Carmen Flores Utrilla esposa de Mario y hermana del policía, pero no fue detenida, ya que logró esconderse; una vez teniendo los bienes nuevamente en su poder, los tres hermanos trasladaron todas las cosas, a la calle B número 12 del Fraccionamiento San Ramón, domicilio de la mamá de Petra del Carmen.

Ese mismo día, la joven Gabriela sorprendida por la actuación del juez calificador acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, con el fiscal del Ministerio Público Jorge Antonio Bautista Carpio, para interponer formalmente su denuncia por el delito de robo a casa habitación, bajo el expediente 914/AL54-T2/2012.

El robo se debió a la venta de la casa, a menos de tres meses de la muerte de su madre y sin contar con escrituras, los hermanos vendieron la casa valuada en 700 mil pesos.

“Desde que supe del robo y de la venta me he dedicado a denunciarlos públicamente, a través de mis primos supe que la persona que compró la casa se enteró que la casa estaba chueca y pactó con ellos un precio más barato, pero con la condición, de que en las escrituras, que consiguieron quién sabe cómo, estuviera la firma de los 4 hijos, incluyendo la firma de mi mamá Graciela” precisó Gabriela.

El dinero obtenido de la venta de la casa, ya fue repartido entre los hermanos; sin embargo, éstos no han podido disfrutar del todo de este ingreso debido a que el comprador los tiene amenazados con denunciarlos a la policía si a la brevedad no le consiguen la firma de Graciela.

Ante esta situación, los tres se han dedicado a amenazar a su única hermana, a quien han dejado en la calle, sin ropa ni zapatos, ni mueble alguno; en el caso de Mario le ha dejado recados con sus dos hijos señalando que “antes de pisar la cárcel primero la mata”.

Privan a chiapaneca de derechos por casarse con un “fuereño”

Cuando murió el padre de Amalia, ella tuvo que emigrar al norte del país para conseguir un mejor empleo y poder apoyar a su familia que se quedaba en el ejido. En ese tiempo conoció a su esposo Reynaldo Rafael Valentín, originario del municipio Eduardo Neri, Guerrero, indígena hablante de la lengua náhuatl.



Fue hasta el año pasado que Amalia decidió regresar a su Ejido ya con su esposo e hija. Sin embargo, el presidente del comisariado ejidal de Bella Vista del Norte, Eduardo Pérez Roblero promovió la expulsión de su compañero por el simple hecho de ser “fuereño”.



La expulsión, decidida en Asamblea, se basó en el artículo 37 del Reglamento Interno del Ejido, a pesar de que el Tribunal Agrario del Distrito 4 lo declaró nulo.



El Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas responsabilizó a la Procuraduría Agraria y demás autoridades competentes que han permitido que una disposición claramente violatoria de derechos, fuera asesorada y avalada con su inclusión en el Reglamento Interno del Ejido y hasta la fecha no se hayan tomado acciones concretas para sensibilizar a los ejidatarios respecto a los derechos de las mujeres, a pesar de ya existe una recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)".



Dicha Ley sólo aplica para las mujeres, ya que los varones del Ejido pueden elegir libremente a las mujeres del lugar que deseen, sin que por ello se vean en la circunstancia de perder sus derechos de participación, o vivir la expulsión de su compañera del Ejido.



La injusta sanción que la Asamblea impuso a Amalia, representa una clara violación a los derechos de las mujeres, a la Constitución y a las demás normas jurídicas nacionales e internacionales que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres argumenta el Centro que ha atraído el caso.



Pérez Roblero promueve también desde 2009 la expulsión de Amalia, la salida del señor Reynaldo Rafael Valentín y la privación de los derechos ejidales del señor Maurilio Vázquez Hernández, cuñado de Amalia, debido a que éste último le vendió un “terrenito” a Amalia para poder vivir con su compañero y la hija de ambos, de 8 años de edad.



Maurilio ha vivido varias intimidaciones, desde el pasado 29 de noviembre por acuerdo de asamblea, le cortaron el agua y la luz por apoyar a su cuñada.



Amalia es la primera mujer del Ejido que ha decidido enfrentar esta situación al acudir a un Centro de Derechos Humanos para recibir asesoría, toda vez que otras mujeres decidieron separarse de sus parejas, o vivir en lugares separados para evitar ser sancionadas.



Hace unos días, Amalia envío al gobernador de Chiapas un documento en el que expone la misoginia, el machismo y la exclusión que viven las mujeres del Ejido que deciden vivir con una persona ajena a la comunidad y le exige que cuanto antes atienda esta situación que va en detrimento de las condiciones de vida de las mujeres de Chiapas.



10/PCH/LR/LGL

Dentro del ámbito comunitario subsisten prácticas discriminatorias contra la mujer: se le niega el derecho a la tierra y su participación en asambleas

Patricia Chandomí.- La defensa del territorio constituye la base de la supervivencia de los pueblos indígenas; a pesar de que las mujeres tienen un papel protagónico en la defensa del territorio dentro de los usos y costumbres de las comunidades subsisten prácticas discriminatorias que atentan contra sus derechos humanos, como la falta de reconocimiento al derecho de propiedad y a la participación en asambleas.

En México, la reforma agraria de 1971 estableció el acceso a espacios productivos y organizativos para las mujeres. Sin embargo, la nueva Ley Agraria de 1992 todavía vigente representó un retroceso ya que anuló la obligación de asignar parcelas para las mujeres de los poblados, dejándose a la libre decisión de la asamblea, en su mayoría, presidida por hombres.

Además, las mujeres no resultaron beneficiadas del reparto agrario, por la concepción machista de que su rol está en el cuidado de los otros y otras. La individualización de la propiedad y la eliminación del derecho a la tierra ejidal como patrimonio familiar se dio en un ámbito de exclusión de las mujeres de los derechos de herencia y de sucesión.

A esta situación, se suma la negación de su participación en los órganos de autoridad comunitaria, una carga excesiva del trabajo doméstico no reconocido ni remunerado, carencia de educación y medios de comunicación.

Durante la presentación del informe 2010 del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, organismo fundado por el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruíz García, la activista Magdalena Gómez reconoció la labor de este organismo, al considerar una mirada autocrítica desde las comunidades, en el sentido, de que a la par de que padecen una embestida externa que busca su exterminio como pueblos, al interior, se dan situaciones de opresión que alientan la desigualdad de género.

“El hecho de que desde las comunidades se haya dado una autocrítica y reflexión del estado de respeto de los derechos humanos de las mujeres es un aporte valioso que nos dice que no habrá transformación en ningún ambiente donde se vulnere a las mujeres” sostuvo.

En el capítulo I “Mujeres en defensa del territorio” de un otal de IV, el Frayba recopiló testimonios de mujeres indígenas “ubicamos muchos problemas en nuestra vida; el gobierno, sus proyectos y programas, como el de ciudades rurales; sus proyectos verdes que responden al sistema neoliberal”.

En las comunidades indígenas las mujeres han sido y continúan siendo las productoras primarias de la economía familiar, son las principales proveedoras de alimentos, son las que cuidan la salud, mantienen la cultura desde su cosmovisión, aún así, han permanecido invisibles en la experiencia de la lucha por la tierra.

Las mujeres indígenas tienen varias demandas: el reconocimiento del derecho a la tierra, reconocimiento de su trabajo y disfrute de los recursos naturales y derecho a vivir una vida libre de violencia.

Las indígenas viven la disputa del territorio donde se impone el proyecto Mesoamérica antes Plan Puebla Panamá; ellas son víctimas de las principales estrategias para generar confrontación al interior de las comunidades, mediante la intimidación y acoso de militares, policías y organizaciones de corte paramilitar.

En el 2007, reseña el Informe del Frayba, Rodolfo Stavanhagen Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas reportó que la disminución continua de territorio de los pueblos indígenas corresponde a intereses de empresas, invasores y colonos individuales que anhelan la posesión de tierras.



Magdalena criticó las políticas neoindigenistas a partir del 2001, “está claro que fueron políticas instrumentadas para lavarse la cara a nivel internacional y decir que los derechos de los pueblos estaban siendo respetados; hoy decimos que esas políticas no sólo no han generado mejores condiciones para los pueblos sino que han generado una mayor pobreza”.

Finalmente como conclusión de este primer capítulo, se remarcó la necesidad de que las comunidades generen alternativas que reconozcan las formas específicas de relación de las mujeres con la tierra y el territorio para poner en práctica estrategias que posibiliten y fortalezcan el acceso de las mujeres a los recursos naturales, a los espacios de toma de decisiones, a los servicios de educación y capacitación así como a los medios para obtener recursos.

Pero principalmente al reconocimiento y al aseguramiento del acceso y tenencia de la tierra sin importar su estado civil.

Dentro del ámbito comunitario subsisten prácticas discriminatorias contra la mujer: se le niega el derecho a al tierra y su participación en asambleas

Patricia Chandomí.- La defensa del territorio constituye la base de la supervivencia de los pueblos indígenas; a pesar de que las mujeres tienen un papel protagónico en la defensa del territorio dentro de los usos y costumbres de las comunidades subsisten prácticas discriminatorias que atentan contra sus derechos humanos, como la falta de reconocimiento al derecho de propiedad y a la participación en asambleas.

En México, la reforma agraria de 1971 estableció el acceso a espacios productivos y organizativos para las mujeres. Sin embargo, la nueva Ley Agraria de 1992 todavía vigente representó un retroceso ya que anuló la obligación de asignar parcelas para las mujeres de los poblados, dejándose a la libre decisión de la asamblea, en su mayoría, presidida por hombres.

Además, las mujeres no resultaron beneficiadas del reparto agrario, por la concepción machista de que su rol está en el cuidado de los otros y otras. La individualización de la propiedad y la eliminación del derecho a la tierra ejidal como patrimonio familiar se dio en un ámbito de exclusión de las mujeres de los derechos de herencia y de sucesión.

A esta situación, se suma la negación de su participación en los órganos de autoridad comunitaria, una carga excesiva del trabajo doméstico no reconocido ni remunerado, carencia de educación y medios de comunicación.

Durante la presentación del informe 2010 del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, organismo fundado por el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruíz García, la activista Magdalena Gómez reconoció la labor de este organismo, al considerar una mirada autocrítica desde las comunidades, en el sentido, de que a la par de que padecen una embestida externa que busca su exterminio como pueblos, al interior, se dan situaciones de opresión que alientan la desigualdad de género.

“El hecho de que desde las comunidades se haya dado una autocrítica y reflexión del estado de respeto de los derechos humanos de las mujeres es un aporte valioso que nos dice que no habrá transformación en ningún ambiente donde se vulnere a las mujeres” sostuvo.

En el capítulo I “Mujeres en defensa del territorio” de un otal de IV, el Frayba recopiló testimonios de mujeres indígenas “ubicamos muchos problemas en nuestra vida; el gobierno, sus proyectos y programas, como el de ciudades rurales; sus proyectos verdes que responden al sistema neoliberal”.

En las comunidades indígenas las mujeres han sido y continúan siendo las productoras primarias de la economía familiar, son las principales proveedoras de alimentos, son las que cuidan la salud, mantienen la cultura desde su cosmovisión, aún así, han permanecido invisibles en la experiencia de la lucha por la tierra.

Las mujeres indígenas tienen varias demandas: el reconocimiento del derecho a la tierra, reconocimiento de su trabajo y disfrute de los recursos naturales y derecho a vivir una vida libre de violencia.

Las indígenas viven la disputa del territorio donde se impone el proyecto Mesoamérica antes Plan Puebla Panamá; ellas son víctimas de las principales estrategias para generar confrontación al interior de las comunidades, mediante la intimidación y acoso de militares, policías y organizaciones de corte paramilitar.

En el 2007, reseña el Informe del Frayba, Rodolfo Stavanhagen Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas reportó que la disminución continua de territorio de los pueblos indígenas corresponde a intereses de empresas, invasores y colonos individuales que anhelan la posesión de tierras.



Magdalena criticó las políticas neoindigenistas a partir del 2001, “está claro que fueron políticas instrumentadas para lavarse la cara a nivel internacional y decir que los derechos de los pueblos estaban siendo respetados; hoy decimos que esas políticas no sólo no han generado mejores condiciones para los pueblos sino que han generado una mayor pobreza”.

Finalmente como conclusión de este primer capítulo, se remarcó la necesidad de que las comunidades generen alternativas que reconozcan las formas específicas de relación de las mujeres con la tierra y el territorio para poner en práctica estrategias que posibiliten y fortalezcan el acceso de las mujeres a los recursos naturales, a los espacios de toma de decisiones, a los servicios de educación y capacitación así como a los medios para obtener recursos.

Pero principalmente al reconocimiento y al aseguramiento del acceso y tenencia de la tierra sin importar su estado civil.