Patricia Chandomí.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas lamentó que el Estado Mexicano no haya tenido la voluntad para garantizar que la defensora de derechos humanos Margarita Guadalupe Martínez Martínez, quien cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC-52-10), viajara a un encuentro de defensoras de derechos humanos, para exponer su testimonio ante un foro nacional.
Margarita Martínez fue invitada al Encuentro Nacional sobre Violencia contra Defensoras en México, convocado entre otros por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a realizarse del 14 al 16 de octubre en la Ciudad de México.
El 8 de noviembre de 2009, a las 03:30 horas cuando un grupo de 20 personas “presuntos” elementos de la Policía Ministerial (PM) se presentaron, sin orden de cateo en su anterior domicilio, en Comitán, Chiapas.
Los efectivos policiales entraron con un “uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública” amenazaron y encañonaron a Margarita, le ordenaron abrir los cuartos, para que pudieran entrar a revisarlos, introduciéndose también, en los ocupados por sus hijos y esposo, Adolfo Guzmán Ordaz, integrante de la organización Enlace, Comunicación y Capacitación, con sede en Comitán.
El 23 de noviembre de 2009, Margarita interpuso una denuncia en contra de autoridades policíacas por los delitos de abuso de autoridad, allanamiento, tortura psicológica y amenazas con la agravante de muerte.
El 25 de febrero de este año fue secuestrada, golpeada y amenazada de muerte, por personal enviado por el presidente municipal de Comitán, Eduardo Ramírez.
Desde el 14 de septiembre, un mes antes del Encuentro, Margarita Martínez informó su intensión de participar en el encuentro y solicitó por escrito a las autoridades del estado de Chiapas que se realizaran las gestiones necesarias para que la escolta policial que la protege la acompañara a la Ciudad de México.
Margarita Martínez informó a las autoridades en tiempo y forma el itinerario del viaje, el horario de trabajo y la sede del encuentro, al acercarse la fecha de viaje y no contar con una respuesta, el 13 de octubre, Margarita solicita información a las autoridades del estado de Chiapas. El 14 de octubre la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del estado de Chiapas, a cargo del Comisario General José Luis Solís Cortés, informó: “…esta Dependencia por el momento no cuenta con los recursos necesarios para sufragar gastos de pasajes aéreos, hospedaje y viáticos para el personal que brinda las medidas precautorias y cautelares a dichas personas, por lo que en caso de considerarlo solicitamos el amable apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Estado para sufragar dichos gastos”.
La respuesta dada por el gobierno de Chiapas, asegura el organismo defensor de derechos humanos omitió el compromiso adquirido por el Estado Mexicano en el momento de implementación de medidas cautelares. la minuta refiere en el Punto Tercero de la medidas Policiales, inciso h. “La Secretaría de Protección Ciudadana acordó que se hará cargo de los gastos de los policías encargados de la protección de los beneficiarios que se generen de los viajes realizados, fuera y/o dentro de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas”.
Las organizaciones convocantes del Encuentro, realizaron gestiones ante la Secretaría de Gobernación para que Margarita Martínez viajara con su escolta a la Ciudad de México, sin embargo los resultados fueron infructuosos. Ante la falta de voluntad del Gobierno de Chiapas y la falta de condiciones de seguridad, Margarita Martínez decidió no viajar a la Ciudad de México para participar en el Encuentro Nacional sobre Violencia contra Defensoras en México.
“Para este Centro de Derechos Humanos, este hecho demuestra la falta de seriedad y voluntad del Estado Mexicano para cumplimentar las medidas cautelares a favor de Margarita Martínez y garantizar sus actividades como defensora de derechos humanos” concluyó el equipo de este Centro.
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