Por incapacidad del gobierno de Chiapas para proteger su vida defensora chiapaneca deja el estado por amenazas

Patricia Chandomí.- Este lunes la defensora de derechos humanos Margarita Martínez quien dio testimonio de las violaciones a los derechos humanos en México durante la sesión de la Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) en Nueva York, informó que ante la ineficacia del gobierno de Chiapas y del Gobierno Federal, para garantizar su vida, integridad y seguridad dejara de vivir en el estado.
“El Estado mexicano ha sido incapaz de proteger a Margarita Martínez, ya que a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ella y su familia han recibido varias amenazas de muerte, la última de ellas el pasado 30 de junio, justo antes de su participación en la CEDAW” señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, acompañantes de Margarita desde el 2009.
Las amenazas a Margarita y a su familia iniciaron en el 2009, después de que denunció un cateo ilegal a su domicilio en Comitán de parte de elementos policiacos, de ese año a la fecha han recibido como familia 6 amenazas de muerte, además ha sido secuestrada y violentada.
En el marco de la 52 sesión del CEDAW, Margarita Martínez, junto con otras defensoras de derechos humanos pertenecientes a la Red Nacional de Defensoras de México denunciaron la situación de violencia contra las defensoras en el país. "En México se ha producido un aumento alarmante de violencia en contra de defensoras de Derechos Humanos. Una violencia invisibilizada y disminuida en su gravedad, características y consecuencias en el contexto generalizado de impunidad, violencia y criminalización de la protesta social que vive el país” dijo Margarita.
Las medidas de protección que el gobierno de Chiapas, ha implementado, a favor de Margarita Martínez, como parte de las medidas cautelares de la CIDH han sido deficientes y no han logrado inhibir las amenazas ni reducir el riesgo, por lo que ella y su familia han decido abandonar el estado.
“Cuando las amenazas son de tal magnitud y las defensoras y defensores de derechos humanos se ven obligados a abandonar su lugar de residencia se vulnera el derecho a la residencia y a la circulación. La Corte Interamericana ha considerado que se violan estos derechos cuando un defensor o defensora es víctima de amenazas y el Estado no provee las garantías necesarias para que pueda transitar y residir libremente en el territorio de que se trate, incluso cuando las amenazas provengan de actores no estatales” argumentó el Frayba.