Que los usos y costumbres no rebasen los derechos humanos de las mujeres

Policia de Chiapas no entra a comunidad Peña Maria para detener a sujeto que intento matar a su esposa, por "respeto" a sus usos y costumbres.

Patricia Chandomí.- Justo el día internacional contra la violencia hacia las mujeres, Antonia de 38 años, madre de 9 niños estuvo a punto de morir estrangulada a manos de su esposo, Gilberto Armando Hernández de la Cruz agente municipal de unos los pobladores mas pobres de San Cristóbal de las Casas, Peña María.
La tarde del 25 de noviembre, Gilberto regresó borracho a su casa y tropezó con unas ollas de barro que estaban en el piso, donde regularmente se ponen las ollas cuando se carece de muebles; el hombre quedo un poco golpeado y adormitado.
Cuando despertó el hombre un poco borracho dijo que el golpe con las ollas se lo debía de proporcionar Antonia, por lo que furioso mientras Antonia dormía con el mas pequeño de sus hijos, con los brazos cruzados a la altura del cuello la intento ahorcar.
Como pudo, Antonia se libró del ahorcamiento, lo que generó la furia de Gilberto quien la golpeo hasta dejarla inconsciente, delante de sus cinco hijos menores de 5 años.
Uno de los 9 hijos habló por teléfono con una amiga de Antonia en San Cristóbal, donde ella trabaja como empleada doméstica, le pidió ayuda, -¡Traigánme a tu mamá, ese hombre la va a regresar a matar!, dijo la amiga a uno de los hijos.
-¡Mi mamá no puedo ni pararse!-respondió el joven muy asustado.
Ante esta situación los 4 hijos adolescentes de Antonia cargaron a su madre durante una hora para sacarla de su comunidad, Peña Maria y llevarla a San Cristóbal de las Casas, otro de los hijos adolescentes regresó mas tarde por los 5 menores.
Antonia fue llevada al Hospital porque presentaba un dolor muy fuerte del abdomen, el diagnóstico del Hospital de las Culturas de Chiapas fue colitis aguda.
Debido al apoyo y solidaridad de organizaciones civiles y activistas de las redes sociales, el caso de Antonia fue conocido por el aún gobernador de Chiapas, Juan Sabines quien instruyó al procurador Raciel Salazar para atender con prontitud este caso.
Antonia declaró contra Gilberto y ahora se encuentra fuera de la ciudad, como una medida de protección para ella y sus hijos mas pequeños.
Sin embargo, la policía en Chiapas por usos y costumbres no entra a las comunidades, cuando de hacer justicia a las mujeres se trata; la policía está esperando que Gilberto salga de la comunidad para aprehenderlo.
Mientras la policía lo espera en la ciudad, Gilberto ha salido de la comunidad un par de veces, la primera para buscar a la amiga que ayudó a Antonia, con el fin de amenazarla:
-¡Yo soy gente del güero, (es el mote del próximo gobernador de Chiapas Manuel Velasco, que entrara en funciones en diciembre)conmigo no se mete nadie.
A pesar de que se da sus aires de llevarse con el güero se dice que esta comunidad es panista.
Gilberto no sólo ha golpeado a Antonia sino a todos también a sus 9 hijos, fue a destruirle la casa a una de las hijas adolescentes que ya está casada y que vive en la comunidad, para que ésta le dijera donde está su madre.
Organizaciones civiles han mostrado su rechazo a la dilación de justicia en este caso, bajo el supuesto respeto a los usos y costumbres.
“Los usos y costumbres no pueden estar por encima del respeto a los derechos humanos de las mujeres”, sentenciaron, asimismo pidieron que este agresor no alcance fianza.
Gilberto y la dilación de las autoridades chiapanecas para aprehenderlo han violado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley para la protección de los derechos de los niños y las niñas y las adolescentes.

Suman 66 mujeres asesinadas de forma violenta en Chiapas, 43 de ellas víctimas de feminicidio

Patricia Chandomí.- La niña tsotsil de diez años de edad Flor Maria víctima de trata, violación sexual múltiple y feminicidio fue recordada junto con 65 mujeres asesinadas de forma violenta en Chiapas de enero a la fecha.
Organizaciones civiles que acompañan a las madres y padres de las víctimas de feminicidios en Chiapas, cada día 14 del mes realizan acciones de protesta y denuncia contra los feminicidios en Chiapas, para recordar en vida a las niñas, adultas y viejas que han sido víctimas de la violencia feminicida.
La abogada Martha Figueroa quien realiza un monitoreo en prensa de los asesinatos violentos de mujeres, sostuvo que de enero a la fecha en Chiapas han muerto de manera violenta 66 mujeres, de éstas, 43 muertes entran en la figura jurídica de feminicidio, delito que puede alcanzar penas de hasta 60 años de presión.
De las 43 víctimas de feminicidio, es decir fueron asesinadas con odio, por una violencia machistas que muchas veces las considera de su propiedad, 33 fueron asesinadas por conocidos, esposos, ex esposos, padres, novio, amigos del novio, como el caso de la Joven Itzel Méndez asesinada el pasado 14 de abril en San Cristóbal de las Casas.
De las mujeres asesinadas, cinco pidieron de manera formal protección a las autoridades debido a que sufrían hostigamiento, maltrato, daño, repudio, amenazas, acoso y abandono de parte de su pareja o ex pareja.
De las 43 víctimas de feminicidio en Chiapas, cinco pidieron de manera formal protección a las autoridades debido a que sufrían hostigamiento, maltrato, daño, repudio, amenazas, acoso y abandono de parte de su pareja o ex pareja.
En octubre de 2011 la joven de 19 años Wendy Lizzet Ochoa Méndez presentó una denuncia por golpes y amenazas, y solicitó una orden de aprehensión ante la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de la Mujer.
La averiguación previa quedó asentada con el folio 832/UEDSYVF1/2011 en contra de Jimmy Virgilio Villatoro Argüello, ex pareja de Wendy y padre de su hijo de dos años.
Amparándose en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la joven solicitó a la fiscal del Ministerio Público, Irma Alicia Bautista Márquez, una orden de protección que nunca le fue concedida.
Seis meses después, el 28 de abril, fue asesinada por Jimmy Villatoro, su ex esposo y padre de su hijo de tres años, quien no sólo la descuartizó sino que cometió actos de canibalismo.
Jimmy ya había intentado asesinar a Wendy anteriormente, al sumergirla dentro de un tambo de gasolina y amenazando con incendiarla, de todos estos hechos tuvo conocimiento la autoridad competente y no hizo nada.
El abogado de Wendy sostuvo que el pasado 27 de febrero el juez tuvo conocimiento del caso, pero sólo tomó en cuenta el delito de violencia familiar, todavía considerado en la legislación de Chiapas como “no grave” y que sólo requiere pago de fianza.
Dos meses después, el 16 de abril se emitió una orden de aprehensión en contra de Villatoro, pero no fue ejecutada.
Figueroa dijo que en Chiapas apenas se aplica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007, por lo que urgió a las autoridades a conocer y sensibilizarse de esta ley en beneficio de la vida e integridad de la población femenina.
Remarcó la importancia de que los jueces conozcan las órdenes de protección que salvaguardan a las víctimas de violencia intrafamiliar.
De acuerdo con lo señala la ley, tales órdenes son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias; deben ser otorgadas por la autoridad competente inmediatamente después de que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.
Las órdenes de protección deben tener una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan, de manera especial cuando la vida e integridad de la víctima corre peligro.
A pesar de tal obligación, algunos jueces en Chiapas exigen a las victimas un antecedente jurídico para poder aplicar la orden de protección y esto no siempre es posible, señaló Figueroa.
Lamentó también que la orden sea limitada a 72 horas, ya que en otros estados como Colima, lo mínimo son 72 horas y la orden no se suspende hasta que hayan desaparecido las condiciones de amenaza para la víctima.
A seis meses de que en el Código Penal de Chiapas se tipificó el delito de feminicidio, que alcanza penas que van de los 25 a los 60 años de prisión, en el estado no se ha sentenciado a ninguna persona por este delito, confirmó el Poder Judicial del Estado en respuesta a la solicitud de información con folio 5088, que realizó la corresponsal de Cimacnoticias Sandra de los Santos.
Martha Figueroa explicó que hay 11 procesos abiertos y 20 detenidos por el delito de feminicidio, una cifra alta que ya empieza a mostrar un interés por castigar estos graves delitos y que se concretará aplicando las sentencias correspondientes.
Sin embargo hasta la fecha, ni el feminicida confeso Jimmy Villatoro, detenido desde mayo pasado, ha sido sentenciado a casi cuatro meses de que asesinó a Wendy Ochoa Méndez.
Es por ello que organizaciones civiles como EL Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM) y Fortaleza de la Mujer Maya (FOMMA) realizan cada mes o dos meses en la Plaza de la Resistencia de San Cristóbal de las Casas, un acto de denuncia para exigir justicia por todas las mujeres asesinadas en Chiapas, por el sólo hecho de ser mujeres.
A estas jornadas de acciones y protesta asisten Angelina Patishtan Martínez, madre de la joven Sabina Patricia, asesinada por un militar; el padre y la madre de la joven Itzel Méndez, ultimada en San Cristóbal de las Casas el pasado 14 de abril por amigos de su novio, y Olga Lidia Gómez Velasco, madre de Ana Laura Suárez Gómez, asesinada en 2007 por un profesor que la acuso durante años.

El caso de la Niña Flor
Por primera vez estuvo presente en estas acciones públicas, la madre de la niña Flor, la señora Micaela, su fue entregada a una tratante de nombre Maria “N” de la colonia Primero de Enero, una de las pobres y marginadas de San Cristóbal de las Casas, María es conocida como tratante de mujeres indígenas, las coloca de sirvientas en las casas, de meseras y en prostitución forzada.

La hermana de María Flor fue empujada por la miseria a acudir con María “N” para conseguir trabajo, es una de las 9 hijas de una pareja desplazada del municipio de San Juan Chamula.

De manera histórica las mujeres indígenas de los Altos de Chiapas, una de las regiones mas empobrecidas de Chiapas, se han empleado como servidumbre, la explotación de las familias empleadoras en la cabecera municipal de esta Región, San Cristóbal de las Casas, es tan grande, que algunas creen que les pagan lo suficiente al darles un techo y unas tortillas por jornadas que rebasan las 16 horas diarias, señala la abogada Martha Figueroa.


María Flor y su hermana vivían en condiciones extremas de pobreza, en un techo de 4 por 4, sin sustento alimenticio garantizado, es así como llegan a María “N”, la hermana mayor de 16 años es colocada como sirvienta, pero debido a los malos tratos renuncia.

En una ocasión se encuentra con María “N” quien la amenaza con una supuesta deuda contraída, ante el miedo, la joven acude nuevamente pero ahora con su hermanita de diez años, a quien pone a disposición de María.

Flor María trabaja unos días como empleada doméstica en casa de María, a los pocos días le dice que la llevara a casa de su socia Carmen “N”, en este lugar la niña es notificada por la hija de Carmen, también del mismo nombre y con 14 años de edad, que será llevada a otro centro de trabajo.

La niña es transportada en una camioneta por el chofer de María a una cantina marginal en San Cristóbal de las Casas, en este lugar la esperan 8 hombres quienes la violan hasta casi dejarla sin vida.

Una vez pasada la violación múltiple, la hija de Carmen de 14 años de edad y el chofer, quienes esperaban afuera del cuarto, donde la niña pasó las peores horas de su vida, se percataron que María Flor aún respiraba.

Ante el temor de ser denunciados, Carmen y el chofer asfixiaron y remataron a la niña con un arma punzocortante, para luego tirarla en un callejón en el municipio de Huixtán, en agosto del año pasado.

La familia de Flor María interpuso una denuncia por secuestro, ya que no tenían noticias de ella, la Fiscalía Indígena detuvo a los dos asesinos, sin embargo, María “N” y Carmen como otras personas, incluyendo a los propios padres y madres siguen ofreciendo como mercancía a sus hijas ante un escenario de extrema pobreza y marginación de la población indígena en Chiapas, concluyó la abogada.

Niña tsotsil víctima de trata, violación sexual múltiple y feminicidio

Patricia Chandomí.- Antes de ser violada por 10 hombres y asesinada, la niña indígena María Flor Vázquez de 10 años de edad, fue entregada por su hermana a una tratante de nombre Maria “N” en la colonia Primero de Enero, una de las pobres y marginadas de San Cristóbal de las Casas, María es conocida como tratante de mujeres indígenas, las coloca de sirvientas en las casas, de meseras y en prostitución forzada.

La hermana de María Flor fue empujada por la miseria a acudir con María “N” para conseguir trabajo, es una de las 9 hijas de una pareja desplazada del municipio de San Juan Chamula.

De manera histórica las mujeres indígenas de los Altos de Chiapas, una de las regiones mas empobrecidas de Chiapas, se han empleado como servidumbre, la explotación de las familias empleadoras en la cabecera municipal de esta Región, San Cristóbal de las Casas, es tan grande, que algunas creen que les pagan lo suficiente al darles un techo y unas tortillas por jornadas que rebasan las 16 horas diarias.

En su mayoría, las mujeres empleadas domésticas son de origen rural, expulsadas por la pobreza de sus comunidades de origen, migrando a las ciudades en búsqueda de mejores condiciones de vida.

El empleo doméstico se vuelve para muchas de ellas la única alternativa, dados los bajos niveles de educación con los que cuentan, además de las condiciones de marginación que caracteriza su llegada a las ciudades, señala Norma Iris Cacho Niño en su investigación “La situación de las empleadas domésticas en Chiapas: explotación laboral y discriminación”.

María Flor y su hermana vivían en condiciones extremas de pobreza, en un techo de 4 por 4, sin sustento alimenticio garantizado, es así como llegan a María “N”, la hermana mayor de 16 años es colocada como sirvienta, pero debido a los malos tratos renuncia.

En una ocasión se encuentra con María “N” quien la amenaza con una supuesta deuda contraída, ante el miedo, la joven acude nuevamente pero ahora con su hermanita de diez años, a quien pone a disposición de María.

Flor María trabaja unos días como empleada doméstica en casa de María, a los pocos días le dice que la llevara a casa de su socia Carmen “N”, en este lugar la niña es notificada por la hija de Carmen, también del mismo nombre y con 14 años de edad, que será llevada a otro centro de trabajo.

La niña es transportada en una camioneta por el chofer de María a una cantina marginal en San Cristóbal de las Casas, en este lugar la esperan 8 hombres quienes la violan hasta casi dejarla sin vida.

Una vez pasada la violación múltiple, la hija de Carmen de 14 años de edad y el chofer, quienes esperaban afuera del cuarto, donde la niña pasó las peores horas de su vida, se percataron que María Flor aún respiraba.

Ante el temor de ser denunciados, Carmen y el chofer asfixiaron y remataron a la niña con un arma punzocortante, para luego tirarla en un callejón en el municipio de Huixtán, en agosto del año pasado.

La familia de Flor María interpuso una denuncia por secuestro, ya que no tenían noticias de ella, la Fiscalía Indígena detuvo a los dos asesinos, sin embargo, María “N” y Carmen como otras personas, incluyendo a los propios padres y madres siguen ofreciendo como mercancía a sus hijas.

El monolingüismo, el analfabetismo y la baja escolaridad se correlacionan con un gran desconocimiento de parte de las mujeres indígena y rurales de sus derechos humanos, reporta El Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM) y el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH).

En las regiones indígenas y rurales, el ejercicio de los derechos puede estar vinculado a la voluntad del esposo o padre.
“El Estado tolera y contribuye a la discriminación y la violencia de género al actuar sin la debida diligencia para prevenir, atender, responder y reparar las violaciones a los derechos de las mujeres causada por particulares o por agentes del mismo Estado. El hecho de que el Estado mexicano rara vez sanciona la violencia y la discriminación que se comete contra las mujeres, contribuye sin duda alguna, a su perpetuación” indica un reporte de ambas organizaciones civiles.
María Flor es un caso paradigmático que visibiliza la grave violación histórica a los derechos humanos de las niñas indígenas y marginadas en Chiapas, María “N” puede corresponder a intereses propios o estar vinculada a una red de tratantes, aún así, no sería la primera ni la única persona en estar vinculada a este tipo de delitos en San Cristóbal de las Casas.

“Se violó uno de los derechos más fundamentales de las mujeres, el derecho a la vida, a una vida libre de violencia, el derecho al pleno respeto de la integridad del cuerpo; hago un llamado a las autoridades para que a la brevedad realicen investigaciones exhaustivas para no dejar impune este caso, porque los detenidos no son los únicos responsable del asesinato de Flor María; sin duda, la pobreza extrema, falta de información, de políticas públicas adecuadas e interés de las autoridades, tienen mucha responsabilidad” sostuvo la abogada Martha Figueroa.

The feminicide of an indigenous girl, María Flor, aged 10

“ The feminicide of an indigenous girl, María Flor, aged 10, committed in July of 2012, is a paradigmatic case of the historical violation of Human Rights that is ongoing against indigenous marginalized girls in the state of Chiapas.
Low quality schooling, and monolingual illiteracy are correlated in the case of indigenous rural women with the ignorance and lack of knowledge about their Human rights, as has been denounced by “Grupo de Mujeres [Women´s Group] de San Cristóbal de las Casas (Colem) y el Centro de Derechos de la Mujer [Women´s Rights´ Center] de Chiapas (CDMCH)
“The fact that the Mexican government rarely punishes violence and discrimination committed against women, undoubtedly contributes to its perpetuation”, has been declared by both organizations.
According to the case´s research, Maria Flor was delivered by her sister to a trafficker known as Mariá N at the suburb of “Primero de Enero”, one of the poorest and more marginalized of the city San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
María Flor worked for a few days cleaning the house of María N, and then was told that she was to be taken to a new work place. The girl was taken in a truck by the driver of María N to a cantina-bar on the margins of San Cristóbal de Las Casas. There were waiting 8 men,that raped her and left her dying.
After the gang rape, the driver and a teenage girl, presumably linked to the traffickers, realized that María Flor was still breathing. Afraid to be denounced, both people asphyxiated and stabbed the girl, and then abandoned the body in a street at the municipality of Huixtán.
María Flor´s family denounced for kidnapping, and afterwards the “Indigenous affairs attorney office” detained the presumed killers. The rest of the accomplices in the crime are still without punishment. “
More info at http://ddhhmujerchiapas.org/

Enferma y con dos años de encarcelamiento injusto: la historia de Marisol

Patricia Chandomí.- En febrero del 2010 Marisol Hernández Gómez fue detenida en el municipio de Palenque, acusada de la presunta comisión del delito de Homicidio de la señora Magdalena Castellanos García, a pesar de tener escasos días de ser dada de alta del Hospital de aquel municipio, a donde llegaba regularmente para recibir trasfusiones de sangre debido a una anemia crónica por su deficiente alimentación debido a sus condiciones de miseria.

La señora Castellanos García fue asesinada de 27 piquetazos con una arma punzocortante en el barrio San José, el asesino Juan Carlos Constantino Hernández, quien entonces tenía 27 años fue contratado supuestamente por Lucas Pineda Contreras de aproximadamente 50 años de edad y una nueva compañera de nombre Maria Montejo Arcos, para asesinar a su esposa con quien disputaba una propiedad, la idea era simular un asalto.

Datos de la Policía Especializada de Palenque reporta que Constantino Hernández fue identificado por los vecinos de Magdalena, éste a su vez confesó su homicidio y dijo tener dos cómplices, uno de nombre Fernando Guzmán López de 22 años de edad y señaló a su prima Marisol Hernández Gómez.

Marisol cuenta que un día llegó su primo Juan Carlos con un lote de alhajas y le dijo que hiciera favor de empeñarlas, que a cambio le daría un porcentaje del dinero, como ells necesitaba dinero para comprar medicinas y alimentos para recuperarse de la anemia crónica que padece aceptó.

Sin embargo, a los pocos días la policía llegó a buscarla a su domicilio informándole que su primo la había involucrado en el asesinato de Magdalena.

En el expediente penal 142/2010 obra que la joven se encontraba en recuperación cuando asesinaron a Magdalena, la policía la detiene sin existir una averiguación previa en su contra ni flagrante delito, además, ninguna de las demás personas detenidas (Juan Carlos, su supuesto cómplice, el esposo de Magdalena y su pareja) y que están siendo procesados por los mismos ilícitos la inculpan, ni siquiera la mencionan, señala el abogado David Vázquez Hernández, quien lleva el caso.

“Marisol tiene niveles muy bajos de hemoglobina por los que la tienen que hospitalizar y poner transfusiones de sangre frecuentemente, cuando sucedieron los hechos y como se desprende y obra en su expediente penal, ella acababa de recibir transfusión de sangre y fue ingresada en el hospital regional de Palenque y se encontraba en recuperación todavía, por lo que las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto del ilícito no se logran comprobar” señaló el abogado.

Este proceso ha traído consigo el deterioro del estado físico y psicológico de Marisol quien se encuentra recluida en el penal de San Cristóbal de las Casas esperando su libertad.

Conceden custodia de la menor Giovanna Lineth a su madre Kathya

*Kathya teme por su vida ante amenazas del padre de su hija.


Patricia Chandomí.- La Sala Regional Colegiada Mixta emitió una resolución plasmada en la toca civil 101-B-IC03/2012 donde revoca la custodia de la menor Giovanna Lineth Diestel López a favor de Erich Diestel, padre de la menor, la Sala le concede la custodia a Kathya López Banda, madre de la menor.

Por mayoría de votos y dado el fuerte expediente que presentó Kathya donde documenta las agresiones a la cual ha sido sometida no sólo de parte de su aún esposo Erich Diestel sino de toda su familia, la autoridad decidió revocar la custodia a favor de Diestel, tal como lo había proclamado el juez primero del ramo civil de San Cristóbal de las Casas.

De acuerdo a la abogada Martha Figueroa, en una de las visitas vigiladas y controladas en el DIF municipal, el pasado 15 de agosto, Erich Diestel, quien entonces tenía la custodia, confrontó a la joven y la amenazó diciéndole que disfrutara de los últimos momentos a la lado de su hija, porque se la llevaría lejos, al enterarse de que Kathya tendrá la custodia.

Esa noche la niña de tres años tuvo una crisis nerviosa y respiratoria, los médicos detectaron desnutrición leve, la niña de tan sólo tres años se aferró a su madre en la visita y cuando vio a su tía y a la novia de su papá empezó a gritar “ellas pegan, ellas pegan”.

La niña requirió cuidados médicos y fue trasladada al Hospital de las Culturas, donde permaneció tres días con su madre quien tuvo protección policiaca ante las amenazas de la familia Diestel.

Este fin de semana, ambas fueron trasladadas a un refugio, debido a que Erich y su familia han golpeado a Kathya, la joven de 26 años teme por su vida y por la seguridad de su menor hija.

Cabe destacar que desde el 2009, Kathya originaria del Estado de México huérfana de padre y madre se separó de Erich tras una relación donde prevaleció la violencia intrafamiliar, Erich la pateó estando embarazada de la menor que ahora "defiende", la niña ha denunciado malos tratos de los familiares de su padre.

En Chiapas mujeres con altO nivel de marginación, falta de acceso a la justicia y propiedad de la tierra: Informe ante la Cedaw

En Chiapas mujeres con altO nivel de marginación, falta de acceso a la justicia y propiedad de la tierra: Informe ante la Cedaw

Patricia Chandomí.- En Chiapas el 88 por ciento de la población vive en alta y muy alta marginación, las mujeres son el grupo de población más vulnerable a la pobreza estructural de acceso a recursos, propiedades, educación, salud y dignidad laboral reportó el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM) y el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) organizaciones que en julio presentaron uno de los 18 informes sombras a las 23 expertas de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW).

En la entidad el 50.9 por ciento (2 millones 443 mil 773), de éstas el 25 por ciento son mujeres indígenas y el 75por ciento son mujer indígenas, de acuerdo a datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INEGI), la pobreza de las mujeres indígenas es el elemento central de la marginación, en este estado el 45.5% de la población vive en la pobreza y el 32.5% en pobreza extrema, es decir que el 78% de la población no cuenta con los recursos indispensables para vivir dignamente, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que mide la pobreza en México y evalúa programas y políticas sociales del Gobierno Federal.

El informe remarca que en Chiapas 9 de cada 10 habitantes tiene un grado de marginación medio, alto y muy alto, lo cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres indígenas y rurales, donde 94% de las mujeres tienen como ocupación principal el trabajo en el hogar.

Este reporte refiere que el monolingüismo, el analfabetismo y la baja escolaridad se correlacionan con un gran desconocimiento de parte de las mujeres de sus derechos humanos. Al respecto, sobresale que el 6.4% de las mujeres en Chiapas son analfabetas, pero en algunos municipios indígenas, como Mitontic este índice alcanza casi el 50% o más. En las regiones indígenas y rurales, el ejercicio de los derechos puede estar vinculado a la voluntad del esposo o padre.

Igualmente, se señala en este informe que bajo los parámetros campesinos, el ejercicio de los derechos dependen de la posesión de la tierra. Sin embargo, sólo entre un 5% y 8% de las mujeres gozan de derechos sobre la propiedad colectiva en Chiapas. El desconocimiento del derecho sustantivo implica que las víctimas no exijan justicia en caso de que éste sea vulnerado.

De manera preocupante, destacan que las instancias de procuración y administración de justicia que existen en Chiapas no cuentan con equipos multidisciplinarios para la investigación de delitos; graves contra las mujeres como los feminicidios “no existen protocolos de actuación acordes a los estándares internacionales; bases de datos con información precisa sobre las mujeres muertas o desaparecidas” sostuvieron ambas organizaciones.

“En el caso del acceso a la tierra, las leyes en materia agraria no niegan el derecho de las mujeres a la propiedad y posesión de la tierra. Sin embargo, el gobierno mexicano tampoco sancionan a las autoridades ejidales o comunales que permiten que los programas de reparto, titulación y certificación de reglamentos internos excluyan a las mujeres de este derecho. Vinculado a este problema están los casos en donde mujeres indígenas han sido expulsadas de su comunidad, despojadas de sus tierras en aplicación de estas normas consuetudinarias y discriminatorias” explicaron las organizaciones a las expertas de la CEDAW.

“Por otro lado, el Estado tolera y contribuye a la discriminación y la violencia de género al actuar sin la debida diligencia para prevenir, atender, responder y reparar las violaciones a los derechos de las mujeres causada por particulares o por agentes del mismo Estado. El hecho de que el Estado mexicano rara vez sanciona la violencia y la discriminación que se comete contra las mujeres, contribuye sin duda alguna, a su perpetuación” indica el informe de más de 20 cuartillas.

Las razones por las cuales en Chiapas las mujeres y especialmente las mujeres indígenas, rurales y pobres permanecen en posiciones subordinadas son varias, “estos sectores de la población enfrentan altos costos sociales, comunitarios, familiares y económicos derivados de la intersección de diversas formas de discriminación basada en el género, la posición económica y social así como el origen étnico, la discriminación con base en la salud o la edad, y otras formas de discriminación que en la intersección crean efectos negativos en términos de acceso a la justicia”, manifestaron.



En Chiapas, como en otras entidades federativas, la violencia contra las mujeres tiene una incidencia muy alta. De acuerdo a la última estadística disponible, el porcentaje de mujeres de 15 años y más, casadas o unidas, que sufrió al menos un incidente de violencia por parte de su pareja fue de 28.2%49. En el caso de las mujeres indígenas, el 34% reportaron golpes/humillaciones en la infancia; 25% reportó violencia de algún tipo por parte de su pareja en el último año, cifra que en la región de los Altos de Chiapas esta cifra se elevó al 41.4%50.

De acuerdo a la información recabada en los últimos años, Chiapas no garantiza el derecho a la justicia para las víctimas de feminicidio por distintas razones. No existen equipos multidisciplinarios para atender la violencia contra las mujeres ni para investigar los feminicidios. Tampoco hay una capacitación adecuada en materia de delitos basados en género y hay una constante rotación del personal al interior de las instituciones lo cual impide su especialización o el seguimiento de los casos. En Chiapas hay una falta de personal técnico o equipo necesario para efectuar pruebas de tipo químico y forense, así como todas las pruebas que sean requeridas para esclarecer los hechos investigados. Muchas de estas pruebas acaban siendo analizadas en el Distrito Federal. Igualmente, no existen protocolos de investigación especial y atención del delito de feminicidio, acordes a los estándares internacionales de derechos humanos. Muchas veces, los ministerios públicos exigen a las víctimas aportar más pruebas para continuar la investigación, sin asumir que es una responsabilidad de éstos.