Patricia Chandomí.- El pasado 17 de julio de 2011en el ejido Busiljá, municipio de Ocosingo, la niña Gabriela Sánchez Morales indígena tseltal de 8 años de edad fue secuestrada por un grupo de priistas comandados por Domingo Gutiérrez Hernández, Herlindo López Pérez, Benjamín Gómez Sánchez, Manuel Pérez Vázquez, Lorenzo Pérez Gutiérrez y Juan Sánchez Morales, éstos iban acompañados por 15 elementos de la Policía Estatal Preventiva.
La familia de Gabriela pertenece a una de las 7 familias tzeltales desplazadas del Ejido por personas vinculadas a la organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), desde 1997, estas familias son adherentes a la Otra Campaña.
En este contexto, miembros de la OPDDIC, han desplazado en tres ocasiones a las 7 familias, sin embargo, el año pasado, en uno de los retornos, la niña fue secuestrada.
En este contexto, María Hernández Gómez, otra mujer de estas familias desplazadas fue violada el 7 de diciembre de 2011 por Herlindo López Pérez, Domingo López Hernández y otra persona, aún no identificada.
Elena Morales Gutiérrez, madre de Gabriela acudió inmediatamente a denunciar el secuestro de su hija ante el Ministerio Público a Ocosingo, de parte de la autoridad sólo tuvo indiferencia, casi 5 meses después vio a su hija, en la casa de Benjamín Gómez, uno de los secuestradores.
Elena volvió a pedir la intervención de las autoridades locales para recuperar a su menor hija, sin embargo, de acuerdo a la denuncia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Elena no fue atendida.
“No han actuado con la debida diligencia en las investigaciones para dar con el paradero de Gabriela, tal como consta en la Averiguación Previa No. 240/IN95-T1/2011. La lenta y tardía actuación de los funcionarios estatales responsables de la investigación, han contribuido a que la integridad y seguridad personal de la menor se encuentra en estado de extrema urgencia” sostuvo este organismo.
Cabe destacar que el Frayba solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para las familias tseltales de Busiljá, Ocosingo, debido al riesgo a la integridad y seguridad personal.
En este sentido, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas exige a las autoridades del estado de Chiapas brindar las medidas precautorias, necesarias y suficientes para proteger y garantizar la integridad y seguridad personal, la libertad personal y la vida de la niña tseltal Gabriela Sánchez Morales, así como garantizar los derechos específicos para las niñas y los niños consagrados en los instrumentos internacionales.
Así también, exigió a las autoridades de procuración de justicia del estado de Chiapas realizar las investigaciones de manera pronta, seria, imparcial, exhaustiva, expedita y con la debida diligencia para dar con el paradero de la niña tseltal y entregarla a su familia.
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