Le fallan los abogados al pueblo en Chiapas

Historia 4 de la serie: Mujeres sin techo. Fallan los abogados al Pueblo *La defensa del derecho de las mujeres a la propiedad no es asunto menor. Patricia Chandomí.- En 1997, a sus 33 años llegó a Chiapas procedente de Los Altos de Jalisco, Librada Padilla González, embarazada de su segunda pareja de origen chiapaneco de nombre Gabriel Trujillo Reyes. Con recursos limitados la pareja compró 6 hectáreas en un terreno ubicado al lado del poliderportivo de Comitán, al principio la compra fue un proyecto común, sin embargo, Gabriel abandonó los pagos de la propiedad cuando apenas se había cubierto un 20 por ciento del costo total. Ante esta situación Librada se hizo cargo de los pagos, pidió un préstamo al Ayuntamiento para echar a andar una granja porcina, de 4 puercas y un semental, esta mujer logró tener una granja y pudo así pagar el terreno y comprar 5 hectáreas más. Librada pierde la vida A principios del año 2005 Librada comenzó a enfermarse; en Comitán los médicos decían que era hipertensa, sin embargo, cada día Librada veía empeorar su salud, a los pocos meses le detectan cáncer en una etapa muy avanzada. Librada regresa con sus dos hijos a su natal Jalisco para atenderse el cáncer y para estar cerca de su familia, en este tiempo se le veía bastante desmejorada y los médicos no daban gran aliento de vida. “Gabriel fue a Jalisco, recuerdo que en vez de ayudar estorbaba, se levantaba y quería que le sirvieran el desayuno que lo atendiéramos a él, cuando mi mamá se estaba muriendo” cuenta Karen hija mayor de Librada. En el mes de julio, Gabriel se regresa, tras un mes de permanecer en Jalisco, sabiendo que su compañera Librada se encontraba agonizando interpuso una demanda civil por firma de escritura del rancho que tanto trabajo le había costado pagar a Librada. “Una vez mi mamá me dijo, Karen no me dejes sola con Gabriel me quiero obligar a que yo le firme papeles, yo no quiero que él les quite lo poquito que he hecho para ustedes” narra Karen. Karen heredera universal, Gabriel demanda Antes de morir en el mes de septiembre, Librada hizo su testamento, donde nombró a Karen como su heredera universal y tutora testamentaria de su hermano menor, hijo de Gabriel, con este nombramiento Karen a sus 23 años se convertía en la propietaria del rancho San José El Arenal, donde su madre vez alguna vez tuvo una productiva granja porcícola. En octubre Karen regresó a Chiapas para promover su juicio sucesorio testamentario, aquí se entera que Gabriel interpuso la demanda, presentando un papel de compra-venta firmado supuestamente por su madre. “Yo le reclamé al señor Gabriel y le dije no se vale, mi madre fue cabal con usted, cómo él tenía una demanda de su primera mujer y no quería pasarle ni un centavo, puso todo a nombre de mi mamá, sus camiones, su maquinaria, porque tenía un aserradero, dinero tenía el señor, pero era tacaño, antes de morir, antes de que nos fuéramos a Jalisco, mi mamá le endoso todas las facturas, ella fue cabal, todo lo que no le había costado se lo devolvió endosándole todo, pero el señor Gabriel abusó, le robo el rancho a mi madre, a mí y a su propio hijo”, cuenta la joven Karen. Después de esta charla Gabriel con pistola en el cinto corrió a Karen de la propiedad de su madre y no le permitió sacar ningún objeto de los tres de Librada, ella y su hermanito, quedaron sin casa, sin ropa, sin zapatos y sin dinero. Karen decide trasladarse a otro estado en busca de empleo para mantener a su hermanito; regresa a Chiapas en el 2007e interpone una demanda en contra de Gabriel por despojo. La larga travesía de la corrupción “El perito me pidió que yo le diera 60 mil pesos para que el peritaje saliera a mi favor, de dónde iba a sacar esa cantidad, le dije que no tenía y esto trajo como consecuencia que el peritaje saliera en mi contra” comentó Karen. “Resulta que Marco Antonio Ventura, Delegado del Registro Público de la Propiedad en Comitán fungió como fedatario público, de los contratos falsos de compra-venta que presentó Gabriel Trujillo, para adueñarse del rancho de mi madre hasta donde sé, los funcionarios públicos no pueden ser juez y parte; además, en Chiapas los contratos privados no tienen validez ni efectos contra terceros” señaló Karen. A partir de estos actos, Karen sin recursos ni dinero para pagar buenos abogados o actos de corrupción, empezó a tocar puertas en las instituciones; demandó a Marco Antonio Ventura en la Fiscalía de Delitos de Funcionarios Públicos. Karen acudió a la oficina de “Los abogados del pueblo” dependientes del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, un proyecto del gobernador Juan Sabines, cuyo objetivo fue que la ciudadanía de bajos recursos contará con un servicio gratuito de asesoría y defensoría legal. En esta oficina Oscar Gordillo y Marlene Trujillo, directora de “Los Abogados del Pueblo” se comprometieron a ayudar a Karen. En diciembre del 2011, el juez primero de Comitán Julio César Pérez resuelve en la sentencia iniciar de nuevo el juicio dada las irregularidades en todo el proceso del juicio de demanda de firma de escrituras en Comitán ante el Juzgado de lo civil, bajo el expediente 1520/06. El juicio volvió a empezar con dos peritajes, uno a favor de Gabriel y otro a favor de Karen, Ramiro Antonio García Macías, Magistrado de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona o3 con residencia en San Cristóbal de las Casas ordenó un tercer peritaje en discordia, este peritaje fue ejecutado nada menos que por el hijo del Magistrado Ramiro García Jr. Tras casi 7 años de juicio, el 21 de febrero del 2012 el Magistrado da una resolución definitiva a favor de Gabriel Trujillo; a raíz de esta resolución Los Abogados del Pueblo tenían un mes para amparar a Karen. Justo un mes después, el día 22 de marzo Los abogados del Pueblo notifican a Karen que se les pasó el término para ampararla. “Me puse muy mal, prácticamente los abogados esperaron que se venciera el término para notificarme; dijeron que me habían tratado de localizar por teléfono, es falso, nunca recibí una llamada de ellos, hasta el teléfono de mi trabajo les dejé y nunca me buscaron, lo que sí me sorprendió es que para notificarme que se les había pasado el término para interponer el amparo, me encontraron luego luego, me localizaron justo un día después”. La defensa de derechos de las mujeres a tierra y propiedad no es asunto menor en Chiapas El 22 de marzo Karen se quedó todo el día en Palacio de Gobierno con la esperanza de ser atendida por el gobernador, a las once de la noche los policías tuvieron que sacarla entre gritos de impotencia. “Ese día me quedé a dormir en la banca del Parque Central estaba empeñada en salir sorteada en la tómbola para la audiencia pública con el gobernador, quería contarle al gobernador todas las injusticias que viví, según que la justicia debe ser pronta, expedita e imparcial y la justicia tardó 7 años y no fue imparcial, quien tuvo dinero para pagar abogados y peritos, ganó” comentó Karen. Karen no fue seleccionada, desvelada y con un coraje que le dio mas fuerzas ante la injusticia de la resolución del Magistrado, Karen envío cartas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) al gobernador a fin de que se enteraran de su caso. Karen también fue al Centro de Justicia de las Mujeres, donde para su sorpresa fue notificada que se atendía “preferentemente casos de violencia intrafamiliar”: “yo creo que defender el derecho de las mujeres a la propiedad no es un asunto menor en Chiapas, voy a seguir luchando por la propiedad que nos dejó mi madre, lo hago porque sé que ella donde quiera que esté ha de sentir la misma rabia de ver a sus hijos despojados por una persona sin escrúpulos y por un sistema corrupto de impartición de justicia”. Garantizar el Derecho de las mujeres a la propiedad: Obligación de Estado El derecho de las mujeres a un nivel de vida adecuado, incluida la vivienda adecuada, está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e insta a los gobiernos a que cumplan plenamente sus obligaciones y compromisos internacionales y regionales relacionados con la tenencia de la tierra y la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad y a un nivel de vida adecuado, incluida la vivienda adecuada. La discriminación contra la mujer en la ley en relación con la disponibilidad, la adquisición y conservación de tierras, propiedades y vivienda, así como con el financiamiento relativo a las tierras, las propiedades y la vivienda, constituye una violación del derecho humano de la mujer a la protección contra la discriminación. La resolución 42/1 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, instó a los Estados a que preparasen legislación y revisasen las leyes existentes para velar por que la mujer disfrute de plena igualdad de derechos en materia de propiedad de la tierra y otros bienes y del derecho a una vivienda adecuada, en particular mediante derechos sucesorios y a que emprendieran reformas administrativas y adoptasen otras medidas necesarias para dar a la mujer los mismos derechos de que disfruta el hombre. La Declaración y el Pacto antes citado, exhorta a los gobiernos a apoyar la transformación de costumbres y tradiciones que discriminan a la mujer y que le niegan la seguridad de tenencia y la igualdad en materia de propiedad, acceso y control de la tierra y la igualdad de derechos a la propiedad y a una vivienda adecuada.