Patricia Chandomí.- Para el académico Juan Manuel Contreras Urbina existe una legitimación de la violencia hacia las mujeres que se expresa en la escasez de sanciones para el sujeto violento y en el poco apoyo que se da a las mujeres violentadas, desde las familias, hasta en las instituciones encargadas de velar por su bienestar.
“Hay bajos costos sociales para el atacante y un aislamiento de las mujeres con redes solidarias, la economía de la mujer al depender del marido la hace más vulnerable” explicó.
Contreras Urbina experto en el estudio de masculinidades señaló que hay formas de masculinidad que legitiman y reproducen la violencia contra la mujer, asociados principalmente a las formas de control y poder de los varones sobre las mujeres.
De acuerdo a un estudio que realizó con varones, hay circunstancias donde la sociedad interviene poco para frenar la violencia contra las mujeres, “están comprendidas en la transgresión de los papeles de género. Sin embargo, es el ámbito sexual donde los hombres se sienten autorizados a ejercer “disciplina” violenta contra sus pajeras sino cumplen sus expectativas sexuales inicialmente depositadas en ella”, explicó.
Contreras Urbina, explica que la percepción por parte del varón y de la sociedad de una transgresión a las normas se convierte en una condicionante de alto riesgo para que la mujer viva violencia.
“Hay tres aspectos de control de la sexualidad femenina que están relacionados con la legitimación de la violencia; relación de la mujer con otros varones; relaciones premaritales; negación a tener relaciones”.
La violencia hacia la mujer no es un fenómeno reciente, a raíz de los movimientos feministas, la violencia fue reconocida como un problema muy serio, para el investigador existe una aparente contradicción entre la legitimación de la violencia social al uso de la violencia contra la mujer por parte de la sociedad y, a su vez, la condena a este problema que la misma sociedad establece.
lunes, 28 de noviembre de 2011
Violencia de género no es un problema de hogares sino de todos los lugares
Patricia Chandomí.- “Encerrar el problema de la violencia contra
las mujeres entre las cuatro paredes de la casa es no sólo un error,
sino que es también una trampa. Porque esa es sólo una parte del
problema, que en realidad está presente en las vidas de las mujeres en
la casa, en los lugares de trabajo, en la calle, en las veredas y
caminos, en los centros de estudio, en las fincas, en las iglesias, en
la organización y en todos los sitios donde las mujeres nos movemos en
nuestro día a día” sostuvo Lily Muñoz, investigadora de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala –AVANCSO.
.
En su colaboración del mes de noviembre, publicado en la Agencia Latinoamericana de Información, la académica señaló que en la opinión pública predomina la idea de que la violencia doméstica es un problema doméstico, intrafamiliar, del ámbito privado. “Por eso, pareciera que la solución es tan sencilla como sensibilizar a los hombres para que no sean tan machistas y violentos y trabajar con las mujeres para que conozcan sus derechos”.
Para la feminista la violencia contra las mujeres tiene muchas caras, “existe violencia física, la violencia psicológica, la violencia verbal, el incesto, la violación sexual, el acoso sexual, la pornografía infantil, la explotación sexual y/o laboral de las niñas y las mujeres, la heterosexualidad obligatoria, el embarazo forzado, el aborto forzado, las relaciones sexuales obligadas, la trata y el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual o laboral”.
Así como la expropiación de bienes, el no acceso a la propiedad, los femicidios, las violaciones y abusos sexuales cometidos por los militares y paramilitares durante la época del genocidio, la violencia sexual cometida por las fuerzas de seguridad en el marco de las luchas por la defensa del territorio y los recursos naturales, son las caras más visibles de la violencia patriarcal contra las mujeres en nuestra sociedad.
Para Muñoz invisibilizar, negar o rechazar la participación de las mujeres en la historia, en la política, en la ciencia, en la filosofía, en la cultura, en la economía y en todos los ámbitos de la vida social, también es ejercer violencia contra ellas. La utilización de imágenes o discursos que denigran a las mujeres en los medios de comunicación, en las vallas y demás medios publicitarios, es violencia simbólica contra ellas.
También es violencia el uso generalizado del acoso disfrazado de
“piropos”, los insultos, los chistes, las bromas y las canciones que
ofenden la dignidad de las mujeres o reproducen los estereotipos y
prejuicios que refuerzan y justifican la opresión y la discriminación de las mujeres en la sociedad.
“Si la violencia contra las mujeres tiene tantas caras, tantos
victimarios y tantos lugares comunes, es porque no se trata de un
problema de los individuos sino de un problema social. Porque en realidad, es un problema estructural, un problema del sistema patriarcal en el que vivimos, un sistema que construye relaciones desiguales de poder entre las mujeres y los hombres, permitiendo que las mujeres vivamos en situaciones de opresión y discriminación, y los hombres, independientemente de la clase social y de la etnia a la que pertenezcan, siempre tengan el poder sobre las mujeres. Aun entre los grupos sociales más empobrecidos, es evidente que a las mujeres siempre les toca la peor parte, sufriendo hasta triple
opresión” expresó Muñoz.
La estructura patriarcal es una estructura de violencia que se aprende en la familia, se refuerza en la sociedad civil y se legitima en el Estado. Eso significa que todas las personas participamos en la reproducción social del patriarcado en los distintos espacios sociales.
Por eso, concluyó que para erradicar la violencia patriarcal contra las mujeres, es necesario avanzar hacia el desmantelamiento del sistema patriarcal y en la construcción de una nueva organización social, política, económica y cultural, con justicia e igualdad para todas y todos.
las mujeres entre las cuatro paredes de la casa es no sólo un error,
sino que es también una trampa. Porque esa es sólo una parte del
problema, que en realidad está presente en las vidas de las mujeres en
la casa, en los lugares de trabajo, en la calle, en las veredas y
caminos, en los centros de estudio, en las fincas, en las iglesias, en
la organización y en todos los sitios donde las mujeres nos movemos en
nuestro día a día” sostuvo Lily Muñoz, investigadora de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala –AVANCSO.
.
En su colaboración del mes de noviembre, publicado en la Agencia Latinoamericana de Información, la académica señaló que en la opinión pública predomina la idea de que la violencia doméstica es un problema doméstico, intrafamiliar, del ámbito privado. “Por eso, pareciera que la solución es tan sencilla como sensibilizar a los hombres para que no sean tan machistas y violentos y trabajar con las mujeres para que conozcan sus derechos”.
Para la feminista la violencia contra las mujeres tiene muchas caras, “existe violencia física, la violencia psicológica, la violencia verbal, el incesto, la violación sexual, el acoso sexual, la pornografía infantil, la explotación sexual y/o laboral de las niñas y las mujeres, la heterosexualidad obligatoria, el embarazo forzado, el aborto forzado, las relaciones sexuales obligadas, la trata y el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual o laboral”.
Así como la expropiación de bienes, el no acceso a la propiedad, los femicidios, las violaciones y abusos sexuales cometidos por los militares y paramilitares durante la época del genocidio, la violencia sexual cometida por las fuerzas de seguridad en el marco de las luchas por la defensa del territorio y los recursos naturales, son las caras más visibles de la violencia patriarcal contra las mujeres en nuestra sociedad.
Para Muñoz invisibilizar, negar o rechazar la participación de las mujeres en la historia, en la política, en la ciencia, en la filosofía, en la cultura, en la economía y en todos los ámbitos de la vida social, también es ejercer violencia contra ellas. La utilización de imágenes o discursos que denigran a las mujeres en los medios de comunicación, en las vallas y demás medios publicitarios, es violencia simbólica contra ellas.
También es violencia el uso generalizado del acoso disfrazado de
“piropos”, los insultos, los chistes, las bromas y las canciones que
ofenden la dignidad de las mujeres o reproducen los estereotipos y
prejuicios que refuerzan y justifican la opresión y la discriminación de las mujeres en la sociedad.
“Si la violencia contra las mujeres tiene tantas caras, tantos
victimarios y tantos lugares comunes, es porque no se trata de un
problema de los individuos sino de un problema social. Porque en realidad, es un problema estructural, un problema del sistema patriarcal en el que vivimos, un sistema que construye relaciones desiguales de poder entre las mujeres y los hombres, permitiendo que las mujeres vivamos en situaciones de opresión y discriminación, y los hombres, independientemente de la clase social y de la etnia a la que pertenezcan, siempre tengan el poder sobre las mujeres. Aun entre los grupos sociales más empobrecidos, es evidente que a las mujeres siempre les toca la peor parte, sufriendo hasta triple
opresión” expresó Muñoz.
La estructura patriarcal es una estructura de violencia que se aprende en la familia, se refuerza en la sociedad civil y se legitima en el Estado. Eso significa que todas las personas participamos en la reproducción social del patriarcado en los distintos espacios sociales.
Por eso, concluyó que para erradicar la violencia patriarcal contra las mujeres, es necesario avanzar hacia el desmantelamiento del sistema patriarcal y en la construcción de una nueva organización social, política, económica y cultural, con justicia e igualdad para todas y todos.
viernes, 25 de noviembre de 2011
Marchan mujeres en San Cristóbal contra militarización y Violencia de Estado
Patricia Chandomí.- En el marco del día internacional contra la violencia hacia las mujeres, integrantes del Movimiento Independiente de Mujeres, del Centro de Derechos Humanos de la Mujer y promotoras de derechos humanos en Chiapas marcharon ayer en San Cristóbal de las Casas para manifestarse contra la militarización y la violencia de Estado, expresada en los programas oficiales del gobierno federal como el Oportunidades.
“El oportunidades es un programa que supuestamente posee un enfoque de género, de entrada es asistencialista, refuerza el rol tradicional de la mujer quien no solo es la encargada del cuidado de los hijos y de las labores domésticas, también se encuentra obligada a asistir a las pláticas de salud, a las revisiones médicas periódicas, a las interminables reuniones, a limpiar las calles etc. aumentando su trabajo y sus responsabilidades sin eliminar la subordinación de género” manifestaron las mujeres.
“Al contrario las mujeres tienen que soportar violencias de su pareja que, desplazado de su función de abastecedor, motiva discusiones y disputas que incrementan la violencia familiar. Ahora ya no sólo están las mujeres subordinadas al esposo, sino también al Estado que decide sobre su tiempo, su tranquilidad y su cuerpo, aprovechándose de la necesidad que ocasiona la pobreza” expresaron.
Luego de celebrar una asamblea para intercambiar experiencias sobre las violencias que aquejan a las mujeres de las distintas regiones de Chiapas este 24 de noviembre en la Universidad de la Tierra de San Cristóbal, el día 25 se reunieron en el Palacio de Justicia para marchar con destino a la Plaza de la Resistencia.
Las mujeres realizaron durante su recorrido tres paradas, la primera frente a la 31 zona militar de San Cristóbal de las Casas para gritar consignas contra esta institución del Estado mexicano, entre ellas “Chiapas, Chiapas no es cuartel fuera Ejército de él”; “Por la vida y por la paz militares nunca más”.
La segunda parada fue en la Subdirección de Servicios Periciales Altos para exigir que a las mujeres chiapanecas de verdad se les otorgue justicia.
“La justicia es otro de los temas directamente relacionados al quehacer estatal. No basta con modificar constituciones, leyes, códigos, reglamentos, etc., para garantizar el respeto de los derechos de las mujeres. Quienes forman parte del sistema de procuración y administración de justicia deben observar y aplicar, dejando fuera posiciones misóginas y machistas, todos los instrumentos que tienen como finalidad erradicar, prevenir y sancionar la discriminación en razón del género”.
“Las leyes y las instituciones de justicia con frecuencia son utilizadas para reprimir la protesta y la lucha social de los movimientos de mujeres. En un estado democrático no se puede aceptar la existencia de un aparato de gobierno cómplice de las graves violaciones a los derechos de las humanas que se cometen; es inadmisible la falta de cumplimiento de México, como miembro de la OEA a las recomendaciones y sentencias que se han emitido por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” manifestaron.
A las afueras de esta subdirección, las mujeres externaron “la violencia ejercida contra las mujeres en Chiapas, con su máxima expresión en los casos de feminicidio, es un problema social, cultural y político que exige tomar medidas concretas y urgentes en todos los ámbitos de la actuación pública. Pero por parte de las autoridades, los crímenes perpetrados contra las mujeres son invisibilizados bajo el tema de la lucha contra el narco-tráfico u otros conflictos, y son minimizados por las instituciones públicas, que a menudo llevan a cabo investigaciones deficientes o menosprecian la gravedad de las agresiones”.
La tercera parada de esta marcha la realizaron frente al Hospital de la Mujer ahí manifestaron “el pasado 2 de agosto, el presidente Felipe Calderón Hinojosa visitó por vigésima cuarta vez Chiapas para anunciar que es el segundo estado del país en alcanzar …cobertura universal de salud, médico, medicinas y tratamiento… y que los chiapanecos … somos la primera generación… que ejercerá su derecho a la salud, tal y como lo establece la Constitución gracias al Seguro Popular. Esta demagogia contrasta con la realidad del día a día vivimos”.
“Efectivamente el número de clínicas y hospitales se ha incrementado al igual que sus carencias: falta de equipo, camas, medicamentos y médicos, por tanto el Seguro Popular no es la máxima expresión del acceso a un servicio de salud digno para las mujeres, por el contrario evidencia la especial atención que se presta a los números más que a la calidad, además de ser excluyente y discriminatorio. Se nos impone a costa nuestra, la privatización del servicio de salud, que el gobierno tiene obligación de otorgar a toda la población” externaron, mientras gritaban consignas a las afueras del Hospital.
Las mujeres remarcaron que el Estado mexicano firmó compromisos internacionales, como la CEDAW y la Declaración de Viena, donde tiene la obligación de garantizar el derecho a vivir una vida sin violencia.
“Lejos de cumplir con su obligación, los gobernantes nacionales, estatales y municipales actuan a favor de los ricos, poderosos y delincuentes, no sólo son cómplices sino también autores de delitos que atentan contra la salud física, sexual y sicológica de nosotras y de nuestras familias. Al gobernar a favor de los ricos empresarios y al aprobar leyes que legitiman los abusos, la impunidad y la delincuencia, que atentan contra la base de nuestra propia existencia dejan clara su posición, como ha sucedido recientemente al otorgar absoluta libertad a las empresas trasnacionales de cultivar semillas transgénicas, y nos obligarán a depender aún más del mercado para sobrevivir y darán el golpe final a la economía y la cultura campesina”.
“En nuestro país y especialmente en Chiapas las acciones oficiales emprendidas para erradicar, prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia las mujeres se ha limitado a atender las agresiones inmediatas del ámbito privado protegiendo, a través de la corrupción y la misoginia a los hombres y dejando de lado la responsabilidad del Estado de castigar y prevenir la comisión de nuevos actos que atentan contra la dignidad de las mujeres” concluyeron en la Plaza de la Resistencia.
“El oportunidades es un programa que supuestamente posee un enfoque de género, de entrada es asistencialista, refuerza el rol tradicional de la mujer quien no solo es la encargada del cuidado de los hijos y de las labores domésticas, también se encuentra obligada a asistir a las pláticas de salud, a las revisiones médicas periódicas, a las interminables reuniones, a limpiar las calles etc. aumentando su trabajo y sus responsabilidades sin eliminar la subordinación de género” manifestaron las mujeres.
“Al contrario las mujeres tienen que soportar violencias de su pareja que, desplazado de su función de abastecedor, motiva discusiones y disputas que incrementan la violencia familiar. Ahora ya no sólo están las mujeres subordinadas al esposo, sino también al Estado que decide sobre su tiempo, su tranquilidad y su cuerpo, aprovechándose de la necesidad que ocasiona la pobreza” expresaron.
Luego de celebrar una asamblea para intercambiar experiencias sobre las violencias que aquejan a las mujeres de las distintas regiones de Chiapas este 24 de noviembre en la Universidad de la Tierra de San Cristóbal, el día 25 se reunieron en el Palacio de Justicia para marchar con destino a la Plaza de la Resistencia.
Las mujeres realizaron durante su recorrido tres paradas, la primera frente a la 31 zona militar de San Cristóbal de las Casas para gritar consignas contra esta institución del Estado mexicano, entre ellas “Chiapas, Chiapas no es cuartel fuera Ejército de él”; “Por la vida y por la paz militares nunca más”.
La segunda parada fue en la Subdirección de Servicios Periciales Altos para exigir que a las mujeres chiapanecas de verdad se les otorgue justicia.
“La justicia es otro de los temas directamente relacionados al quehacer estatal. No basta con modificar constituciones, leyes, códigos, reglamentos, etc., para garantizar el respeto de los derechos de las mujeres. Quienes forman parte del sistema de procuración y administración de justicia deben observar y aplicar, dejando fuera posiciones misóginas y machistas, todos los instrumentos que tienen como finalidad erradicar, prevenir y sancionar la discriminación en razón del género”.
“Las leyes y las instituciones de justicia con frecuencia son utilizadas para reprimir la protesta y la lucha social de los movimientos de mujeres. En un estado democrático no se puede aceptar la existencia de un aparato de gobierno cómplice de las graves violaciones a los derechos de las humanas que se cometen; es inadmisible la falta de cumplimiento de México, como miembro de la OEA a las recomendaciones y sentencias que se han emitido por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” manifestaron.
A las afueras de esta subdirección, las mujeres externaron “la violencia ejercida contra las mujeres en Chiapas, con su máxima expresión en los casos de feminicidio, es un problema social, cultural y político que exige tomar medidas concretas y urgentes en todos los ámbitos de la actuación pública. Pero por parte de las autoridades, los crímenes perpetrados contra las mujeres son invisibilizados bajo el tema de la lucha contra el narco-tráfico u otros conflictos, y son minimizados por las instituciones públicas, que a menudo llevan a cabo investigaciones deficientes o menosprecian la gravedad de las agresiones”.
La tercera parada de esta marcha la realizaron frente al Hospital de la Mujer ahí manifestaron “el pasado 2 de agosto, el presidente Felipe Calderón Hinojosa visitó por vigésima cuarta vez Chiapas para anunciar que es el segundo estado del país en alcanzar …cobertura universal de salud, médico, medicinas y tratamiento… y que los chiapanecos … somos la primera generación… que ejercerá su derecho a la salud, tal y como lo establece la Constitución gracias al Seguro Popular. Esta demagogia contrasta con la realidad del día a día vivimos”.
“Efectivamente el número de clínicas y hospitales se ha incrementado al igual que sus carencias: falta de equipo, camas, medicamentos y médicos, por tanto el Seguro Popular no es la máxima expresión del acceso a un servicio de salud digno para las mujeres, por el contrario evidencia la especial atención que se presta a los números más que a la calidad, además de ser excluyente y discriminatorio. Se nos impone a costa nuestra, la privatización del servicio de salud, que el gobierno tiene obligación de otorgar a toda la población” externaron, mientras gritaban consignas a las afueras del Hospital.
Las mujeres remarcaron que el Estado mexicano firmó compromisos internacionales, como la CEDAW y la Declaración de Viena, donde tiene la obligación de garantizar el derecho a vivir una vida sin violencia.
“Lejos de cumplir con su obligación, los gobernantes nacionales, estatales y municipales actuan a favor de los ricos, poderosos y delincuentes, no sólo son cómplices sino también autores de delitos que atentan contra la salud física, sexual y sicológica de nosotras y de nuestras familias. Al gobernar a favor de los ricos empresarios y al aprobar leyes que legitiman los abusos, la impunidad y la delincuencia, que atentan contra la base de nuestra propia existencia dejan clara su posición, como ha sucedido recientemente al otorgar absoluta libertad a las empresas trasnacionales de cultivar semillas transgénicas, y nos obligarán a depender aún más del mercado para sobrevivir y darán el golpe final a la economía y la cultura campesina”.
“En nuestro país y especialmente en Chiapas las acciones oficiales emprendidas para erradicar, prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia las mujeres se ha limitado a atender las agresiones inmediatas del ámbito privado protegiendo, a través de la corrupción y la misoginia a los hombres y dejando de lado la responsabilidad del Estado de castigar y prevenir la comisión de nuevos actos que atentan contra la dignidad de las mujeres” concluyeron en la Plaza de la Resistencia.
lunes, 21 de noviembre de 2011
Hace llamado Melel al Estado Mexicano a respetar los derechos de los niños y niñas en contexto de procesos autónomos
Patricia Chandomí.- Más allá de coyunturas electorales o discursos mediáticos, en el marco del vigésimo segundo Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) la Organización civil Melel Xojobal hizo un llamado a los gobiernos federal, estatal y municipal del estado de Chiapas a garantizar la protección de niñas y niños, sin importar si el contexto, corresponde a procesos autónomos de organización.
En el marco del aniversario de la CDN, que se celebra cada 20 de noviembre, Melel Xojobal A.C., que trabaja desde hace 14 años a favor de los derechos de los niños y las niñas en Chiapas, elaboró un reporte a fin de visibilizar la situación los tipos y expresiones de violencia que están enfrentando las niñas, niños y jóvenes en el contexto de violencia contra los municipios autónomos.
De acuerdo a la organización pocas veces se habla del contexto que viven los niños y niñas en los Municipios Autónomos, “es importante visibilizar a las niñas, niños y adolescentes que viven en los pueblos que han decidido organizarse de una manera diferente, desafiando a las estructuras definidas del gobierno mexicano, las cuales no cumplieron con su responsabilidad como garantes de sus derechos”.
Para Melel el panorama en los municipios autónomos es violento, ya que existen casos de desplazamientos forzosos debido al hostigamiento de grupos contrarios a la organización autónoma, tal es el caso de la localidad San Marcos Avilés, municipio oficial de Chilón, que “desde agosto de 2010, viene sufriendo una serie de amenazas como hostigamientos, humillaciones, destrucción de su escuela primaria Autónoma Rebelde: Emiliano Zapata”, afectando principalmente a las niñas y niños.
Otro caso citado en el reporte, es el de la comunidad Tentic, municipio de San Andrés de Larráinzar, donde “priístas de la misma comunidad, colocaron cadenas y candados en las puertas de las aulas, para impedir su uso por parte de bases de apoyo del EZLN, desde esa fecha los compañeros no cuentan con educación para sus hijos”.
Aunado a esto, Melel destacó que es necesario considerar la guerra de baja intensidad y la creación de los llamados grupos paramilitares o guardias blancas, como: Paz y Justicia, Los Chinchulines, Los Petules, Opddic que operan en las regiones selva, norte y altos de Chiapas; y que constituyen una amenaza constante a la seguridad, vida e integridad de las comunidades en resistencia y a las niñas, niños y jóvenes que forman parte de ellas.
De acuerdo al Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra niños “ningún tipo de violencia es justificable” y “toda violencia es prevenible”.
Por ello, Melel Xojobal A.C. pidiço al Estado mexicano respetar el artículo 19 de la CDN que a la letra dice “Los estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
En el marco del aniversario de la CDN, que se celebra cada 20 de noviembre, Melel Xojobal A.C., que trabaja desde hace 14 años a favor de los derechos de los niños y las niñas en Chiapas, elaboró un reporte a fin de visibilizar la situación los tipos y expresiones de violencia que están enfrentando las niñas, niños y jóvenes en el contexto de violencia contra los municipios autónomos.
De acuerdo a la organización pocas veces se habla del contexto que viven los niños y niñas en los Municipios Autónomos, “es importante visibilizar a las niñas, niños y adolescentes que viven en los pueblos que han decidido organizarse de una manera diferente, desafiando a las estructuras definidas del gobierno mexicano, las cuales no cumplieron con su responsabilidad como garantes de sus derechos”.
Para Melel el panorama en los municipios autónomos es violento, ya que existen casos de desplazamientos forzosos debido al hostigamiento de grupos contrarios a la organización autónoma, tal es el caso de la localidad San Marcos Avilés, municipio oficial de Chilón, que “desde agosto de 2010, viene sufriendo una serie de amenazas como hostigamientos, humillaciones, destrucción de su escuela primaria Autónoma Rebelde: Emiliano Zapata”, afectando principalmente a las niñas y niños.
Otro caso citado en el reporte, es el de la comunidad Tentic, municipio de San Andrés de Larráinzar, donde “priístas de la misma comunidad, colocaron cadenas y candados en las puertas de las aulas, para impedir su uso por parte de bases de apoyo del EZLN, desde esa fecha los compañeros no cuentan con educación para sus hijos”.
Aunado a esto, Melel destacó que es necesario considerar la guerra de baja intensidad y la creación de los llamados grupos paramilitares o guardias blancas, como: Paz y Justicia, Los Chinchulines, Los Petules, Opddic que operan en las regiones selva, norte y altos de Chiapas; y que constituyen una amenaza constante a la seguridad, vida e integridad de las comunidades en resistencia y a las niñas, niños y jóvenes que forman parte de ellas.
De acuerdo al Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra niños “ningún tipo de violencia es justificable” y “toda violencia es prevenible”.
Por ello, Melel Xojobal A.C. pidiço al Estado mexicano respetar el artículo 19 de la CDN que a la letra dice “Los estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
jueves, 17 de noviembre de 2011
Jornada de lucha en San Cristóbal el 25 de noviembre
*Arribará caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para participar en movilización en demanda de liberación de presos políticos.
*Habrá Asamblea y marcha mitin en el marco del día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Patricia Chandomí.- El miércoles 23 de noviembre saldrá de la ciudad de Cuernavaca, Morelos una caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para arribar el jueves a la ciudad de San Cristóbal con el objetivo de participar en una movilización para exigir la liberación de los presos políticos de Chiapas.
Entre las peticiones principales de la movilización en San Cristóbal está la liberación del profesor Patishtan preso político de la etnia tsotsil recién trasladado al penal de Guasave en Sinaloa.
Cabe destacar que el día 25 de noviembre habrá movilizaciones todo el día en esta ciudad, por la mañana en el marco del día internacional contra la violencia hacia las mujeres, a convocatoria del Centro de Derechos Humanos de la Mujer, habrá a partir de las diez de la mañana una marcha que partirá del Palacio de Justicia y que concluirá con un mitin en la Plaza de la Resistencia.
Esta marcha-mitin será para exigir el respeto a los derechos de las mujeres a la tierra, tenencia uso y usufructo familiar, para demostrar el rechazo a todo tipo de exclusión y despojo de las mujeres a la tierra.
También las participantes demandaran el respeto a su derecho a la alimentación: Control de precios de los productos básicos, precio justo para los productos del campo; así como el Derecho a la justicia: alto a las violaciones, alto al feminicidio, y castigo para los responsables y solución inmediata a los casos de mujeres cuyos derechos han sido violentados.
En esta marcha mujeres de diversas regiones del estado se darán cita para exigir el respeto a su derecho de participar, en igualdad a los hombres, en el análisis y solución de los conflictos, tanto al interior de las comunidades y ejidos, como en los intercomunitarios.
Un día antes, se realizará en CIDECI-UNITIERRA, de 8:00 a 19:00 hr. una asamblea para discutir e intercambiar miradas y reflexiones sobre el contexto de guerra nacional.
*Habrá Asamblea y marcha mitin en el marco del día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Patricia Chandomí.- El miércoles 23 de noviembre saldrá de la ciudad de Cuernavaca, Morelos una caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad para arribar el jueves a la ciudad de San Cristóbal con el objetivo de participar en una movilización para exigir la liberación de los presos políticos de Chiapas.
Entre las peticiones principales de la movilización en San Cristóbal está la liberación del profesor Patishtan preso político de la etnia tsotsil recién trasladado al penal de Guasave en Sinaloa.
Cabe destacar que el día 25 de noviembre habrá movilizaciones todo el día en esta ciudad, por la mañana en el marco del día internacional contra la violencia hacia las mujeres, a convocatoria del Centro de Derechos Humanos de la Mujer, habrá a partir de las diez de la mañana una marcha que partirá del Palacio de Justicia y que concluirá con un mitin en la Plaza de la Resistencia.
Esta marcha-mitin será para exigir el respeto a los derechos de las mujeres a la tierra, tenencia uso y usufructo familiar, para demostrar el rechazo a todo tipo de exclusión y despojo de las mujeres a la tierra.
También las participantes demandaran el respeto a su derecho a la alimentación: Control de precios de los productos básicos, precio justo para los productos del campo; así como el Derecho a la justicia: alto a las violaciones, alto al feminicidio, y castigo para los responsables y solución inmediata a los casos de mujeres cuyos derechos han sido violentados.
En esta marcha mujeres de diversas regiones del estado se darán cita para exigir el respeto a su derecho de participar, en igualdad a los hombres, en el análisis y solución de los conflictos, tanto al interior de las comunidades y ejidos, como en los intercomunitarios.
Un día antes, se realizará en CIDECI-UNITIERRA, de 8:00 a 19:00 hr. una asamblea para discutir e intercambiar miradas y reflexiones sobre el contexto de guerra nacional.
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