Que los usos y costumbres no rebasen los derechos humanos de las mujeres

Policia de Chiapas no entra a comunidad Peña Maria para detener a sujeto que intento matar a su esposa, por "respeto" a sus usos y costumbres.

Patricia Chandomí.- Justo el día internacional contra la violencia hacia las mujeres, Antonia de 38 años, madre de 9 niños estuvo a punto de morir estrangulada a manos de su esposo, Gilberto Armando Hernández de la Cruz agente municipal de unos los pobladores mas pobres de San Cristóbal de las Casas, Peña María.
La tarde del 25 de noviembre, Gilberto regresó borracho a su casa y tropezó con unas ollas de barro que estaban en el piso, donde regularmente se ponen las ollas cuando se carece de muebles; el hombre quedo un poco golpeado y adormitado.
Cuando despertó el hombre un poco borracho dijo que el golpe con las ollas se lo debía de proporcionar Antonia, por lo que furioso mientras Antonia dormía con el mas pequeño de sus hijos, con los brazos cruzados a la altura del cuello la intento ahorcar.
Como pudo, Antonia se libró del ahorcamiento, lo que generó la furia de Gilberto quien la golpeo hasta dejarla inconsciente, delante de sus cinco hijos menores de 5 años.
Uno de los 9 hijos habló por teléfono con una amiga de Antonia en San Cristóbal, donde ella trabaja como empleada doméstica, le pidió ayuda, -¡Traigánme a tu mamá, ese hombre la va a regresar a matar!, dijo la amiga a uno de los hijos.
-¡Mi mamá no puedo ni pararse!-respondió el joven muy asustado.
Ante esta situación los 4 hijos adolescentes de Antonia cargaron a su madre durante una hora para sacarla de su comunidad, Peña Maria y llevarla a San Cristóbal de las Casas, otro de los hijos adolescentes regresó mas tarde por los 5 menores.
Antonia fue llevada al Hospital porque presentaba un dolor muy fuerte del abdomen, el diagnóstico del Hospital de las Culturas de Chiapas fue colitis aguda.
Debido al apoyo y solidaridad de organizaciones civiles y activistas de las redes sociales, el caso de Antonia fue conocido por el aún gobernador de Chiapas, Juan Sabines quien instruyó al procurador Raciel Salazar para atender con prontitud este caso.
Antonia declaró contra Gilberto y ahora se encuentra fuera de la ciudad, como una medida de protección para ella y sus hijos mas pequeños.
Sin embargo, la policía en Chiapas por usos y costumbres no entra a las comunidades, cuando de hacer justicia a las mujeres se trata; la policía está esperando que Gilberto salga de la comunidad para aprehenderlo.
Mientras la policía lo espera en la ciudad, Gilberto ha salido de la comunidad un par de veces, la primera para buscar a la amiga que ayudó a Antonia, con el fin de amenazarla:
-¡Yo soy gente del güero, (es el mote del próximo gobernador de Chiapas Manuel Velasco, que entrara en funciones en diciembre)conmigo no se mete nadie.
A pesar de que se da sus aires de llevarse con el güero se dice que esta comunidad es panista.
Gilberto no sólo ha golpeado a Antonia sino a todos también a sus 9 hijos, fue a destruirle la casa a una de las hijas adolescentes que ya está casada y que vive en la comunidad, para que ésta le dijera donde está su madre.
Organizaciones civiles han mostrado su rechazo a la dilación de justicia en este caso, bajo el supuesto respeto a los usos y costumbres.
“Los usos y costumbres no pueden estar por encima del respeto a los derechos humanos de las mujeres”, sentenciaron, asimismo pidieron que este agresor no alcance fianza.
Gilberto y la dilación de las autoridades chiapanecas para aprehenderlo han violado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley para la protección de los derechos de los niños y las niñas y las adolescentes.

Suman 66 mujeres asesinadas de forma violenta en Chiapas, 43 de ellas víctimas de feminicidio

Patricia Chandomí.- La niña tsotsil de diez años de edad Flor Maria víctima de trata, violación sexual múltiple y feminicidio fue recordada junto con 65 mujeres asesinadas de forma violenta en Chiapas de enero a la fecha.
Organizaciones civiles que acompañan a las madres y padres de las víctimas de feminicidios en Chiapas, cada día 14 del mes realizan acciones de protesta y denuncia contra los feminicidios en Chiapas, para recordar en vida a las niñas, adultas y viejas que han sido víctimas de la violencia feminicida.
La abogada Martha Figueroa quien realiza un monitoreo en prensa de los asesinatos violentos de mujeres, sostuvo que de enero a la fecha en Chiapas han muerto de manera violenta 66 mujeres, de éstas, 43 muertes entran en la figura jurídica de feminicidio, delito que puede alcanzar penas de hasta 60 años de presión.
De las 43 víctimas de feminicidio, es decir fueron asesinadas con odio, por una violencia machistas que muchas veces las considera de su propiedad, 33 fueron asesinadas por conocidos, esposos, ex esposos, padres, novio, amigos del novio, como el caso de la Joven Itzel Méndez asesinada el pasado 14 de abril en San Cristóbal de las Casas.
De las mujeres asesinadas, cinco pidieron de manera formal protección a las autoridades debido a que sufrían hostigamiento, maltrato, daño, repudio, amenazas, acoso y abandono de parte de su pareja o ex pareja.
De las 43 víctimas de feminicidio en Chiapas, cinco pidieron de manera formal protección a las autoridades debido a que sufrían hostigamiento, maltrato, daño, repudio, amenazas, acoso y abandono de parte de su pareja o ex pareja.
En octubre de 2011 la joven de 19 años Wendy Lizzet Ochoa Méndez presentó una denuncia por golpes y amenazas, y solicitó una orden de aprehensión ante la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de la Mujer.
La averiguación previa quedó asentada con el folio 832/UEDSYVF1/2011 en contra de Jimmy Virgilio Villatoro Argüello, ex pareja de Wendy y padre de su hijo de dos años.
Amparándose en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la joven solicitó a la fiscal del Ministerio Público, Irma Alicia Bautista Márquez, una orden de protección que nunca le fue concedida.
Seis meses después, el 28 de abril, fue asesinada por Jimmy Villatoro, su ex esposo y padre de su hijo de tres años, quien no sólo la descuartizó sino que cometió actos de canibalismo.
Jimmy ya había intentado asesinar a Wendy anteriormente, al sumergirla dentro de un tambo de gasolina y amenazando con incendiarla, de todos estos hechos tuvo conocimiento la autoridad competente y no hizo nada.
El abogado de Wendy sostuvo que el pasado 27 de febrero el juez tuvo conocimiento del caso, pero sólo tomó en cuenta el delito de violencia familiar, todavía considerado en la legislación de Chiapas como “no grave” y que sólo requiere pago de fianza.
Dos meses después, el 16 de abril se emitió una orden de aprehensión en contra de Villatoro, pero no fue ejecutada.
Figueroa dijo que en Chiapas apenas se aplica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007, por lo que urgió a las autoridades a conocer y sensibilizarse de esta ley en beneficio de la vida e integridad de la población femenina.
Remarcó la importancia de que los jueces conozcan las órdenes de protección que salvaguardan a las víctimas de violencia intrafamiliar.
De acuerdo con lo señala la ley, tales órdenes son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias; deben ser otorgadas por la autoridad competente inmediatamente después de que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.
Las órdenes de protección deben tener una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan, de manera especial cuando la vida e integridad de la víctima corre peligro.
A pesar de tal obligación, algunos jueces en Chiapas exigen a las victimas un antecedente jurídico para poder aplicar la orden de protección y esto no siempre es posible, señaló Figueroa.
Lamentó también que la orden sea limitada a 72 horas, ya que en otros estados como Colima, lo mínimo son 72 horas y la orden no se suspende hasta que hayan desaparecido las condiciones de amenaza para la víctima.
A seis meses de que en el Código Penal de Chiapas se tipificó el delito de feminicidio, que alcanza penas que van de los 25 a los 60 años de prisión, en el estado no se ha sentenciado a ninguna persona por este delito, confirmó el Poder Judicial del Estado en respuesta a la solicitud de información con folio 5088, que realizó la corresponsal de Cimacnoticias Sandra de los Santos.
Martha Figueroa explicó que hay 11 procesos abiertos y 20 detenidos por el delito de feminicidio, una cifra alta que ya empieza a mostrar un interés por castigar estos graves delitos y que se concretará aplicando las sentencias correspondientes.
Sin embargo hasta la fecha, ni el feminicida confeso Jimmy Villatoro, detenido desde mayo pasado, ha sido sentenciado a casi cuatro meses de que asesinó a Wendy Ochoa Méndez.
Es por ello que organizaciones civiles como EL Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM) y Fortaleza de la Mujer Maya (FOMMA) realizan cada mes o dos meses en la Plaza de la Resistencia de San Cristóbal de las Casas, un acto de denuncia para exigir justicia por todas las mujeres asesinadas en Chiapas, por el sólo hecho de ser mujeres.
A estas jornadas de acciones y protesta asisten Angelina Patishtan Martínez, madre de la joven Sabina Patricia, asesinada por un militar; el padre y la madre de la joven Itzel Méndez, ultimada en San Cristóbal de las Casas el pasado 14 de abril por amigos de su novio, y Olga Lidia Gómez Velasco, madre de Ana Laura Suárez Gómez, asesinada en 2007 por un profesor que la acuso durante años.

El caso de la Niña Flor
Por primera vez estuvo presente en estas acciones públicas, la madre de la niña Flor, la señora Micaela, su fue entregada a una tratante de nombre Maria “N” de la colonia Primero de Enero, una de las pobres y marginadas de San Cristóbal de las Casas, María es conocida como tratante de mujeres indígenas, las coloca de sirvientas en las casas, de meseras y en prostitución forzada.

La hermana de María Flor fue empujada por la miseria a acudir con María “N” para conseguir trabajo, es una de las 9 hijas de una pareja desplazada del municipio de San Juan Chamula.

De manera histórica las mujeres indígenas de los Altos de Chiapas, una de las regiones mas empobrecidas de Chiapas, se han empleado como servidumbre, la explotación de las familias empleadoras en la cabecera municipal de esta Región, San Cristóbal de las Casas, es tan grande, que algunas creen que les pagan lo suficiente al darles un techo y unas tortillas por jornadas que rebasan las 16 horas diarias, señala la abogada Martha Figueroa.


María Flor y su hermana vivían en condiciones extremas de pobreza, en un techo de 4 por 4, sin sustento alimenticio garantizado, es así como llegan a María “N”, la hermana mayor de 16 años es colocada como sirvienta, pero debido a los malos tratos renuncia.

En una ocasión se encuentra con María “N” quien la amenaza con una supuesta deuda contraída, ante el miedo, la joven acude nuevamente pero ahora con su hermanita de diez años, a quien pone a disposición de María.

Flor María trabaja unos días como empleada doméstica en casa de María, a los pocos días le dice que la llevara a casa de su socia Carmen “N”, en este lugar la niña es notificada por la hija de Carmen, también del mismo nombre y con 14 años de edad, que será llevada a otro centro de trabajo.

La niña es transportada en una camioneta por el chofer de María a una cantina marginal en San Cristóbal de las Casas, en este lugar la esperan 8 hombres quienes la violan hasta casi dejarla sin vida.

Una vez pasada la violación múltiple, la hija de Carmen de 14 años de edad y el chofer, quienes esperaban afuera del cuarto, donde la niña pasó las peores horas de su vida, se percataron que María Flor aún respiraba.

Ante el temor de ser denunciados, Carmen y el chofer asfixiaron y remataron a la niña con un arma punzocortante, para luego tirarla en un callejón en el municipio de Huixtán, en agosto del año pasado.

La familia de Flor María interpuso una denuncia por secuestro, ya que no tenían noticias de ella, la Fiscalía Indígena detuvo a los dos asesinos, sin embargo, María “N” y Carmen como otras personas, incluyendo a los propios padres y madres siguen ofreciendo como mercancía a sus hijas ante un escenario de extrema pobreza y marginación de la población indígena en Chiapas, concluyó la abogada.

Niña tsotsil víctima de trata, violación sexual múltiple y feminicidio

Patricia Chandomí.- Antes de ser violada por 10 hombres y asesinada, la niña indígena María Flor Vázquez de 10 años de edad, fue entregada por su hermana a una tratante de nombre Maria “N” en la colonia Primero de Enero, una de las pobres y marginadas de San Cristóbal de las Casas, María es conocida como tratante de mujeres indígenas, las coloca de sirvientas en las casas, de meseras y en prostitución forzada.

La hermana de María Flor fue empujada por la miseria a acudir con María “N” para conseguir trabajo, es una de las 9 hijas de una pareja desplazada del municipio de San Juan Chamula.

De manera histórica las mujeres indígenas de los Altos de Chiapas, una de las regiones mas empobrecidas de Chiapas, se han empleado como servidumbre, la explotación de las familias empleadoras en la cabecera municipal de esta Región, San Cristóbal de las Casas, es tan grande, que algunas creen que les pagan lo suficiente al darles un techo y unas tortillas por jornadas que rebasan las 16 horas diarias.

En su mayoría, las mujeres empleadas domésticas son de origen rural, expulsadas por la pobreza de sus comunidades de origen, migrando a las ciudades en búsqueda de mejores condiciones de vida.

El empleo doméstico se vuelve para muchas de ellas la única alternativa, dados los bajos niveles de educación con los que cuentan, además de las condiciones de marginación que caracteriza su llegada a las ciudades, señala Norma Iris Cacho Niño en su investigación “La situación de las empleadas domésticas en Chiapas: explotación laboral y discriminación”.

María Flor y su hermana vivían en condiciones extremas de pobreza, en un techo de 4 por 4, sin sustento alimenticio garantizado, es así como llegan a María “N”, la hermana mayor de 16 años es colocada como sirvienta, pero debido a los malos tratos renuncia.

En una ocasión se encuentra con María “N” quien la amenaza con una supuesta deuda contraída, ante el miedo, la joven acude nuevamente pero ahora con su hermanita de diez años, a quien pone a disposición de María.

Flor María trabaja unos días como empleada doméstica en casa de María, a los pocos días le dice que la llevara a casa de su socia Carmen “N”, en este lugar la niña es notificada por la hija de Carmen, también del mismo nombre y con 14 años de edad, que será llevada a otro centro de trabajo.

La niña es transportada en una camioneta por el chofer de María a una cantina marginal en San Cristóbal de las Casas, en este lugar la esperan 8 hombres quienes la violan hasta casi dejarla sin vida.

Una vez pasada la violación múltiple, la hija de Carmen de 14 años de edad y el chofer, quienes esperaban afuera del cuarto, donde la niña pasó las peores horas de su vida, se percataron que María Flor aún respiraba.

Ante el temor de ser denunciados, Carmen y el chofer asfixiaron y remataron a la niña con un arma punzocortante, para luego tirarla en un callejón en el municipio de Huixtán, en agosto del año pasado.

La familia de Flor María interpuso una denuncia por secuestro, ya que no tenían noticias de ella, la Fiscalía Indígena detuvo a los dos asesinos, sin embargo, María “N” y Carmen como otras personas, incluyendo a los propios padres y madres siguen ofreciendo como mercancía a sus hijas.

El monolingüismo, el analfabetismo y la baja escolaridad se correlacionan con un gran desconocimiento de parte de las mujeres indígena y rurales de sus derechos humanos, reporta El Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM) y el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH).

En las regiones indígenas y rurales, el ejercicio de los derechos puede estar vinculado a la voluntad del esposo o padre.
“El Estado tolera y contribuye a la discriminación y la violencia de género al actuar sin la debida diligencia para prevenir, atender, responder y reparar las violaciones a los derechos de las mujeres causada por particulares o por agentes del mismo Estado. El hecho de que el Estado mexicano rara vez sanciona la violencia y la discriminación que se comete contra las mujeres, contribuye sin duda alguna, a su perpetuación” indica un reporte de ambas organizaciones civiles.
María Flor es un caso paradigmático que visibiliza la grave violación histórica a los derechos humanos de las niñas indígenas y marginadas en Chiapas, María “N” puede corresponder a intereses propios o estar vinculada a una red de tratantes, aún así, no sería la primera ni la única persona en estar vinculada a este tipo de delitos en San Cristóbal de las Casas.

“Se violó uno de los derechos más fundamentales de las mujeres, el derecho a la vida, a una vida libre de violencia, el derecho al pleno respeto de la integridad del cuerpo; hago un llamado a las autoridades para que a la brevedad realicen investigaciones exhaustivas para no dejar impune este caso, porque los detenidos no son los únicos responsable del asesinato de Flor María; sin duda, la pobreza extrema, falta de información, de políticas públicas adecuadas e interés de las autoridades, tienen mucha responsabilidad” sostuvo la abogada Martha Figueroa.

The feminicide of an indigenous girl, María Flor, aged 10

“ The feminicide of an indigenous girl, María Flor, aged 10, committed in July of 2012, is a paradigmatic case of the historical violation of Human Rights that is ongoing against indigenous marginalized girls in the state of Chiapas.
Low quality schooling, and monolingual illiteracy are correlated in the case of indigenous rural women with the ignorance and lack of knowledge about their Human rights, as has been denounced by “Grupo de Mujeres [Women´s Group] de San Cristóbal de las Casas (Colem) y el Centro de Derechos de la Mujer [Women´s Rights´ Center] de Chiapas (CDMCH)
“The fact that the Mexican government rarely punishes violence and discrimination committed against women, undoubtedly contributes to its perpetuation”, has been declared by both organizations.
According to the case´s research, Maria Flor was delivered by her sister to a trafficker known as Mariá N at the suburb of “Primero de Enero”, one of the poorest and more marginalized of the city San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
María Flor worked for a few days cleaning the house of María N, and then was told that she was to be taken to a new work place. The girl was taken in a truck by the driver of María N to a cantina-bar on the margins of San Cristóbal de Las Casas. There were waiting 8 men,that raped her and left her dying.
After the gang rape, the driver and a teenage girl, presumably linked to the traffickers, realized that María Flor was still breathing. Afraid to be denounced, both people asphyxiated and stabbed the girl, and then abandoned the body in a street at the municipality of Huixtán.
María Flor´s family denounced for kidnapping, and afterwards the “Indigenous affairs attorney office” detained the presumed killers. The rest of the accomplices in the crime are still without punishment. “
More info at http://ddhhmujerchiapas.org/

Enferma y con dos años de encarcelamiento injusto: la historia de Marisol

Patricia Chandomí.- En febrero del 2010 Marisol Hernández Gómez fue detenida en el municipio de Palenque, acusada de la presunta comisión del delito de Homicidio de la señora Magdalena Castellanos García, a pesar de tener escasos días de ser dada de alta del Hospital de aquel municipio, a donde llegaba regularmente para recibir trasfusiones de sangre debido a una anemia crónica por su deficiente alimentación debido a sus condiciones de miseria.

La señora Castellanos García fue asesinada de 27 piquetazos con una arma punzocortante en el barrio San José, el asesino Juan Carlos Constantino Hernández, quien entonces tenía 27 años fue contratado supuestamente por Lucas Pineda Contreras de aproximadamente 50 años de edad y una nueva compañera de nombre Maria Montejo Arcos, para asesinar a su esposa con quien disputaba una propiedad, la idea era simular un asalto.

Datos de la Policía Especializada de Palenque reporta que Constantino Hernández fue identificado por los vecinos de Magdalena, éste a su vez confesó su homicidio y dijo tener dos cómplices, uno de nombre Fernando Guzmán López de 22 años de edad y señaló a su prima Marisol Hernández Gómez.

Marisol cuenta que un día llegó su primo Juan Carlos con un lote de alhajas y le dijo que hiciera favor de empeñarlas, que a cambio le daría un porcentaje del dinero, como ells necesitaba dinero para comprar medicinas y alimentos para recuperarse de la anemia crónica que padece aceptó.

Sin embargo, a los pocos días la policía llegó a buscarla a su domicilio informándole que su primo la había involucrado en el asesinato de Magdalena.

En el expediente penal 142/2010 obra que la joven se encontraba en recuperación cuando asesinaron a Magdalena, la policía la detiene sin existir una averiguación previa en su contra ni flagrante delito, además, ninguna de las demás personas detenidas (Juan Carlos, su supuesto cómplice, el esposo de Magdalena y su pareja) y que están siendo procesados por los mismos ilícitos la inculpan, ni siquiera la mencionan, señala el abogado David Vázquez Hernández, quien lleva el caso.

“Marisol tiene niveles muy bajos de hemoglobina por los que la tienen que hospitalizar y poner transfusiones de sangre frecuentemente, cuando sucedieron los hechos y como se desprende y obra en su expediente penal, ella acababa de recibir transfusión de sangre y fue ingresada en el hospital regional de Palenque y se encontraba en recuperación todavía, por lo que las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto del ilícito no se logran comprobar” señaló el abogado.

Este proceso ha traído consigo el deterioro del estado físico y psicológico de Marisol quien se encuentra recluida en el penal de San Cristóbal de las Casas esperando su libertad.

Conceden custodia de la menor Giovanna Lineth a su madre Kathya

*Kathya teme por su vida ante amenazas del padre de su hija.


Patricia Chandomí.- La Sala Regional Colegiada Mixta emitió una resolución plasmada en la toca civil 101-B-IC03/2012 donde revoca la custodia de la menor Giovanna Lineth Diestel López a favor de Erich Diestel, padre de la menor, la Sala le concede la custodia a Kathya López Banda, madre de la menor.

Por mayoría de votos y dado el fuerte expediente que presentó Kathya donde documenta las agresiones a la cual ha sido sometida no sólo de parte de su aún esposo Erich Diestel sino de toda su familia, la autoridad decidió revocar la custodia a favor de Diestel, tal como lo había proclamado el juez primero del ramo civil de San Cristóbal de las Casas.

De acuerdo a la abogada Martha Figueroa, en una de las visitas vigiladas y controladas en el DIF municipal, el pasado 15 de agosto, Erich Diestel, quien entonces tenía la custodia, confrontó a la joven y la amenazó diciéndole que disfrutara de los últimos momentos a la lado de su hija, porque se la llevaría lejos, al enterarse de que Kathya tendrá la custodia.

Esa noche la niña de tres años tuvo una crisis nerviosa y respiratoria, los médicos detectaron desnutrición leve, la niña de tan sólo tres años se aferró a su madre en la visita y cuando vio a su tía y a la novia de su papá empezó a gritar “ellas pegan, ellas pegan”.

La niña requirió cuidados médicos y fue trasladada al Hospital de las Culturas, donde permaneció tres días con su madre quien tuvo protección policiaca ante las amenazas de la familia Diestel.

Este fin de semana, ambas fueron trasladadas a un refugio, debido a que Erich y su familia han golpeado a Kathya, la joven de 26 años teme por su vida y por la seguridad de su menor hija.

Cabe destacar que desde el 2009, Kathya originaria del Estado de México huérfana de padre y madre se separó de Erich tras una relación donde prevaleció la violencia intrafamiliar, Erich la pateó estando embarazada de la menor que ahora "defiende", la niña ha denunciado malos tratos de los familiares de su padre.

En Chiapas mujeres con altO nivel de marginación, falta de acceso a la justicia y propiedad de la tierra: Informe ante la Cedaw

En Chiapas mujeres con altO nivel de marginación, falta de acceso a la justicia y propiedad de la tierra: Informe ante la Cedaw

Patricia Chandomí.- En Chiapas el 88 por ciento de la población vive en alta y muy alta marginación, las mujeres son el grupo de población más vulnerable a la pobreza estructural de acceso a recursos, propiedades, educación, salud y dignidad laboral reportó el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM) y el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) organizaciones que en julio presentaron uno de los 18 informes sombras a las 23 expertas de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW).

En la entidad el 50.9 por ciento (2 millones 443 mil 773), de éstas el 25 por ciento son mujeres indígenas y el 75por ciento son mujer indígenas, de acuerdo a datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INEGI), la pobreza de las mujeres indígenas es el elemento central de la marginación, en este estado el 45.5% de la población vive en la pobreza y el 32.5% en pobreza extrema, es decir que el 78% de la población no cuenta con los recursos indispensables para vivir dignamente, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que mide la pobreza en México y evalúa programas y políticas sociales del Gobierno Federal.

El informe remarca que en Chiapas 9 de cada 10 habitantes tiene un grado de marginación medio, alto y muy alto, lo cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres indígenas y rurales, donde 94% de las mujeres tienen como ocupación principal el trabajo en el hogar.

Este reporte refiere que el monolingüismo, el analfabetismo y la baja escolaridad se correlacionan con un gran desconocimiento de parte de las mujeres de sus derechos humanos. Al respecto, sobresale que el 6.4% de las mujeres en Chiapas son analfabetas, pero en algunos municipios indígenas, como Mitontic este índice alcanza casi el 50% o más. En las regiones indígenas y rurales, el ejercicio de los derechos puede estar vinculado a la voluntad del esposo o padre.

Igualmente, se señala en este informe que bajo los parámetros campesinos, el ejercicio de los derechos dependen de la posesión de la tierra. Sin embargo, sólo entre un 5% y 8% de las mujeres gozan de derechos sobre la propiedad colectiva en Chiapas. El desconocimiento del derecho sustantivo implica que las víctimas no exijan justicia en caso de que éste sea vulnerado.

De manera preocupante, destacan que las instancias de procuración y administración de justicia que existen en Chiapas no cuentan con equipos multidisciplinarios para la investigación de delitos; graves contra las mujeres como los feminicidios “no existen protocolos de actuación acordes a los estándares internacionales; bases de datos con información precisa sobre las mujeres muertas o desaparecidas” sostuvieron ambas organizaciones.

“En el caso del acceso a la tierra, las leyes en materia agraria no niegan el derecho de las mujeres a la propiedad y posesión de la tierra. Sin embargo, el gobierno mexicano tampoco sancionan a las autoridades ejidales o comunales que permiten que los programas de reparto, titulación y certificación de reglamentos internos excluyan a las mujeres de este derecho. Vinculado a este problema están los casos en donde mujeres indígenas han sido expulsadas de su comunidad, despojadas de sus tierras en aplicación de estas normas consuetudinarias y discriminatorias” explicaron las organizaciones a las expertas de la CEDAW.

“Por otro lado, el Estado tolera y contribuye a la discriminación y la violencia de género al actuar sin la debida diligencia para prevenir, atender, responder y reparar las violaciones a los derechos de las mujeres causada por particulares o por agentes del mismo Estado. El hecho de que el Estado mexicano rara vez sanciona la violencia y la discriminación que se comete contra las mujeres, contribuye sin duda alguna, a su perpetuación” indica el informe de más de 20 cuartillas.

Las razones por las cuales en Chiapas las mujeres y especialmente las mujeres indígenas, rurales y pobres permanecen en posiciones subordinadas son varias, “estos sectores de la población enfrentan altos costos sociales, comunitarios, familiares y económicos derivados de la intersección de diversas formas de discriminación basada en el género, la posición económica y social así como el origen étnico, la discriminación con base en la salud o la edad, y otras formas de discriminación que en la intersección crean efectos negativos en términos de acceso a la justicia”, manifestaron.



En Chiapas, como en otras entidades federativas, la violencia contra las mujeres tiene una incidencia muy alta. De acuerdo a la última estadística disponible, el porcentaje de mujeres de 15 años y más, casadas o unidas, que sufrió al menos un incidente de violencia por parte de su pareja fue de 28.2%49. En el caso de las mujeres indígenas, el 34% reportaron golpes/humillaciones en la infancia; 25% reportó violencia de algún tipo por parte de su pareja en el último año, cifra que en la región de los Altos de Chiapas esta cifra se elevó al 41.4%50.

De acuerdo a la información recabada en los últimos años, Chiapas no garantiza el derecho a la justicia para las víctimas de feminicidio por distintas razones. No existen equipos multidisciplinarios para atender la violencia contra las mujeres ni para investigar los feminicidios. Tampoco hay una capacitación adecuada en materia de delitos basados en género y hay una constante rotación del personal al interior de las instituciones lo cual impide su especialización o el seguimiento de los casos. En Chiapas hay una falta de personal técnico o equipo necesario para efectuar pruebas de tipo químico y forense, así como todas las pruebas que sean requeridas para esclarecer los hechos investigados. Muchas de estas pruebas acaban siendo analizadas en el Distrito Federal. Igualmente, no existen protocolos de investigación especial y atención del delito de feminicidio, acordes a los estándares internacionales de derechos humanos. Muchas veces, los ministerios públicos exigen a las víctimas aportar más pruebas para continuar la investigación, sin asumir que es una responsabilidad de éstos.

Piden apoyo pacífico para acompañar a Kathya y a su hija ante amenaza de la ex pareja de arrebatarle a la menor

*Hoy a las tres de la tarde en el Hospital de las Culturas vencen las 72 horas de orden de protección a Kathya y a su hija de tres años.

Patricia Chandomí.- El grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas convoca a organizaciones feministas, solidarias a acompañar a Kathya hoy domingo a las tres de la tarde en el Hospital de las Culturas para impedir que nuevamente le sea arrebatada su hija.
“Pedimos que nos acompañen para que de forma pacífica se evite que Kathya sea agredida nuevamente por parte de Erich Diestel Reyes (padre de la nilña) y su familia, Erich amenazó a Kathya con arrebatarle a su hija por medio de la fuerza pública usando patrullas, una vez terminado el plazo de 72 horas de protección con las que cuentan ambas Kathya y su hija”, sostuvo Martha Figueroa, abogada de Kathya de 26 años, huérfana de padre y madre y oriunda del Estado de México.
El pasado 15 de agosto la joven de 26 años fue torturada y amenazada por su aún esposo y su familia, ya que después de un complicado proceso judicial Kathya logra revocar la custodia temporal que tramposamente había obtenido su esposo.
De acuerdo a la abogada Martha Figueroa, en una de las visitas vigiladas y controladas en el DIF municipal, Erich Diestel confrontó a la joven y la amenazó diciéndole que disfrutara de los últimos momentos a la lado de su hija, porque se la llevaría lejos.
La historia de Kathya López y Erich Diestel
Al poco tiempo de estar embarazada Erich la empezó a maltratar y violentar, a tal grado que en octubre del 2009 sin mayor explicación Erich las corrió a Kathya y a su hija, posteriormente Erich las busca y después de una negociación amigable en Monterrey, Kathya decide darle a la niña por un período de 10 días, pasado este tiempo, Erich no regresó a la niña, por lo que Kathya tuvo que viajar pidiendo dinero prestado para venir a traerla.

Después de una serie de disputas por la menor, Kathya regresa al Estado de México con su hija; después el 18 de noviembre del 2011 unos días después de una operación, Erich se presenta oportunamente en Amecameca para “suplicar” a Kathya que le diera a la niña un par de horas, porque la quería llevara un torneo deportivo.

“Como yo desconfiaba de él, porque ya una vez me había intentado quitar a la niña, le dije está bien, pero llévate a mi primo; ni bien transcurrieron unas horas, cuando regreso mi primo llorando y me dijo Erich se llevo otra vez a la niña, y tuve que aguantarme mientras me recuperaba de la operación para venir a buscar a mi hijita” señala Kathya.

El 11 de enero de este año, después de una serie de súplicas la familia Distel permite a Kathya ver a la niña un par de horas, bajo una estricta vigilancia, ahí le exponen a la joven que sería mejor que dejara a la niña en sus manos, la chantejean para que firme un papel donde prácticamente sede a su hija.

“Es como si yo no quisiera a mi hija, si no la quisiera no la vendría a buscar; es mi vida, la razón de mi existencia y me duele no poder verla, abrazarla, no pude entregarle sus regalitos de navidad, de reyes, nada” sostiene Kathya.

A partir del 11 de enero los enfrentamiento se agudizan hasta llegar el dia viernes 13 del mismo mes en que toda la familia la golpea; “ese día eran como las seis de la tarde, toqué la puerta y salió Erich y le dije vine a dejarte este citatorio es para el lunes, por lo de la niña y me retiré de prisa, entonces el me grito y me dijo ey Kathya quieres ver a la niña y yo le dije sí, entonces el aprovecho para aventarme a la casa y cerró por fuera”.

“Adentro la novia de Erich, Liseth Solís empezó a insultarme, estaba enojada porque yo en mi desesperación por saber del paradero de mi hija, hablé a su celular y me contestó su hermano, le expliqué al hermano que sólo hablaba para saber de mi hija y el hermano de Liseth me dijo muy sorprendido, pero cómo Erich tiene una hija y es casado y eso le trajo problemas a Liseth y fue por eso que ese día, la primera en golpearme fue ella”.

Enseguida se incorporaron a la golpiza los hermanos Distel, por la parte trasera de la casa, sin entrar por la puerta principal el ex suegro de Kathya y Erich, empezaron a darle de puñetazos en la cara y en todo el cuerpo, a tan sólo dos meses de su operación.

A raíz de los gritos de auxilio de Kathya un transeúnte llamó a la policía, cuando la policía se presentó la familia Distel siguió golpeando a la joven, la policía sin más, esposo a Kathya y se la llevaron presa por los delitos de asociación delictuosa que no pudo ser probado y por allanamiento de morada, después de tres días de cárcel Kathya con ayuda una iglesia pudo pagar una fianza de 7 mil pesos para recuperar su libertad.

Kthya contrademando por privación ilegal de la libertad y por agresiones de acuerdio al expediente 26/AL54-T1/2012.

“El me ha dicho que estoy en su territorio y que aquí tiene muchas influencias y que él tiene un ejército apoyándolo” sostuvo Kathya.

el caso de Kathia en la preaudiencia de violencia de género y feminicidio del Tribunal Permanente de los Pueblos

HECHOS A DENUNCIAR (TESTIMONIO)
Violencia doméstica, violencia intrafamiliar, sustracción y custodia de menor.
KATHYA MONSERRAT LÓPEZ BANDA vs ERICH DIESTEL REYES
Menor secuestrada por el padre GIOVANA LINETH DIESTEL LOPEZ, cuatro años de edad.

Violencia doméstica de Erich contra Kathya, aun estando embarazada (golpes, insultos, violencia psicológica).

Me llamo KATHYA MONSERRAT LÓPEZ BANDA y solicito su ayuda para que se haga justicia y me devuelvan a mi hija GIOVANA LINETH DIESTEL LOPEZ.
Me case aquí en San Cristóbal de Las Casas con ERICH DIESTEL REYES, mi esposo empezó a agredirme físicamente, a golpearme, a darme patadas estando embarazada, a difamarme e insultarme, a humillarme ante su familia, por todo ello decidí salir de mi casa y levantar el Acta 2918/AL54-UV/2009 ante la Procuraduría General de Justicia en la Fiscalía Especializada en la Unidad de Atención a la Violencia en contra de la Mujer y la Familia.
ERICH junto con su padre Prisciliano Ángel Diestel Alfaro me han hecho victima de agresiones e infamias. Ellos sabían que a fines de noviembre me operaron del apéndice en la ciudad de Amecameca, en el Estado de México, pues allá se encuentra mi familia. ERICH sabiendo mi estado de convalecencia viajo a esta ciudad con su novia y me pidió ver a mi hija GIOVANA LINETH DIESTEL LOPEZ.
Con engaños y de la manera más cobarde la secuestró el 18 de noviembre de 2011 y hasta el día de hoy no logro recuperarla. Las amenazas y la angustia, retardaron mi convalecencia, no podía caminar, espere casi un mes para poder viajar a Chiapas, a donde llegue el 5 de enero de 2012.

Hoy me encuentro en San Cristóbal De Las Casas, acudí ante varias autoridades incluyendo a la encargada del Centro de Justicia para las Mujeres, donde en un principio me recibieron muy bien. Conocí la casa de la señora ANA ELISA COELLO, encargada de dicho Centro y me prometieron ayuda, pero cuando supieron quien era el agresor, el cambio fue notorio y para mi inexplicable, (luego me entere que esta señora es madrina de mi agresor) y no me apoyaron como en un inicio lo planteo - la recuperación rápida de mi hija y mi protección-.
Me enviaron al DIF para que atendiera mi caso, como si no fuera un delito grave lo que me habían hecho, ahí la “ayuda” consistió en darme un citatorio para llamar a mi agresor, el personal de la institución que me atendió me solicitó lo llevara personalmente a ERICH. Al llegar a su casa y mostrar el citatorio del DIF, se enojaron mucho, me metieron a la casa jalándome al interior, sujetando y tirando con fuerza de mi cabello. Mi nena estaba ahí, ella al verme me abrazó y no quería soltarme, ni yo tampoco, entonces entre varios familiares de ERICH me encerraron, entre ellos sus hermanos Iván Diestel Reyes, Karen Diestel Reyes, Ángel Diestel Reyes y Prisciliano Diestel Alfaro, me golpearon brutalmente, eran más de cuatro gentes, porque también estaba la actual novia de mi marido, Liset Solís.
Al ser golpeada dentro de la casa grite pidiendo auxilio, un joven que pasaba llamó a la policía y con su celular tomo video de la agresión. Los familiares se fueron sobre mí, me arrebataron a mi nena y lesionaron todo mi cuerpo, incluyendo la herida quirúrgica que aún no está completamente cicatrizada. Llegó la policía y oyendo mis gritos de auxilio abrieron la puerta, el padre de ERICH, de nombre ANGEL Prisciliano le decía a la policía que yo era una delincuente, que él era familiar de la Regidora Municipal de San Cristóbal De las Casas, y que me detuvieran.
La policía en vez de ayudarme me esposó y me encarcelaron durante 3 días en la Cárcel Municipal. Salí bajo fianza después de pagar $6,000.00 pesos de multa y hoy enfrento una denuncia de allanamiento de morada y lesiones, cuando la agredida fui yo y a la que secuestraron fue a mi hija.
Erich siempre me amenazo y me decía que es muy poderoso en San Cristóbal, porque tiene dinero, familia en la política y amistades muy influyentes, lo que he comprobado de la manera más dolorosa, con sus amenazas cumplidas de dañarme, hundirme y causarme todo tipo de daños, meterme a la cárcel, inventarme delitos y con ello impedir que pueda ver y recuperar a mi hija.
Ha logrado que el juez le de a él y no a mí la custodia de mi hija. La Ley marca que niñas menores de 7 años deben reincorporarse con su madre siempre y en cualquier conflicto, o en su caso, llevarla a una institución pública, mientras se resuelve el caso.
Su demanda y la mía entran casi simultáneamente al Juzgado 1° de lo Civil, están con el mismo juez y en la misma Secretaría de Acuerdos, con el Lic. Alejandro Molina que me informan ya tiene quejas por su actitud tendenciosa y otras conductas inadecuadas, sobre todo en casos de custodia de menores.
Mi hija corre grave peligro con esa familia violenta que usa todos sus recursos para golpear y secuestrar con impunidad, garantizada por quienes deben cuidar y velar por la justicia y evitar la violencia. Pido justicia y lo más importante es que me regresen a mi hija que fue secuestrada por su padre en el Estado de México.

III. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

Averiguación previa no. 26/al54-t1/2012 Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas y Civil 89/2012 Juzgado Primero de lo Familiar y Civil del Distrito Judicial de las Casas, de las acciones legales emprendidas por la denunciante.

De igual manera se consideran pruebas a favor de la señora Kathya las acciones jurídicas de su agresor, marido y padre de su hija: Erich Diestel Reyes, tales como la denuncia y demanda de divorcio contenidas en la averiguación previa número 26/al54-t1/2012 por allanamiento, lesiones causadas supuestamente por su suegro Prisciliano Diestel, sus hermanos e incluso la novia de su marido: Carmen Liset Solís Zamora y el Expediente Civil número 87/2012 donde Erich le demanda el divorcio necesario en su contra y la pérdida de la custodia de la niña.

El Estado es responsable por las siguientes:












ACCIONES Y OMISIONES

Exponemos como caso emblemático de discriminación, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, violencia psicológica, sustracción y custodia de menor, el caso de la Sra. KATHYA MONSERRAT LÓPEZ BANDA vs. ERICH DIESTEL REYES. Quién ha sufrido lesiones, intento de homicidio, secuestro de su hija GIOVANA LINETH DIESTEL LÓPEZ de cuatro años de edad, fabricación de delitos, extorsión y otras formas graves de violación a derechos de ella y de su hija. El caso muestra las agresiones, agravios, tortura, atropellos, cancelación de derechos y agotamiento exhaustivo de todas las deficiencias e impunidad que prevalecen en el sistema de procuración y administración de la justicia en Chiapas.
Por ello, las mujeres bajo el mandato social de la maternidad, nos organizamos casi siempre, por nuestras hijas e hijos, demandando su vida, su libertad [1] y como en este caso, el derecho a vivir en familia con las hijas e hijos.
Este caso visibiliza la violencia de género y muestra las formas en que las mujeres nos organizamos, movilizamos y resistimos[2] y, reivindicamos nuestros derechos, para transformar y encontrar otras formas de justicia e incidir en la erradicación de la violencia a las mujeres y recuperar nuestro derecho a una vida libre y digna.
En Chiapas, el acceso de las mujeres a la justicia es muy limitada, persiste la impunidad y la conculcación de derechos. La ausencia de mecanismos para la implementación de medidas de protección para las mujeres que sufren violencia - que podrían poner a salvo a las mujeres de sus agresores - se agrava cuando hay menores de por medio- los agentes gubernamentales ponen a un lado la ley y ésta es aplicada, no a favor de la mujer, sino en su contra.
En este caso, encontramos que no hay respuesta rápida para la víctima, sigue peregrinando de una instancia a otra con altos costos económicos, sociales y familiares, está atrapada en un proceso traumante para ella y su hija que la vuelve a re victimizar.
Una de las consecuencias más frecuentes y más graves es el daño que causa a las mujeres la VIOLENCIA DOMESTICA, LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, la CUSTODIA DE MENORES, LA PENSION ALIMENTICIA o el doloroso litigio por las condiciones de separación y/o divorcio que por discriminación sistemática se impone en los juzgados y en el derecho positivo mexicano.
Prevalecen estereotipos y prejuicios sociales patriarcales y machistas, que se manifiestan en lentitud, ignorancia y torpeza en la actuación de los Juzgados en materia penal y familiar, cuando sustraen a la menor GIOVANA LINETH DIESTEL LÓPEZ, a quien se le causa daños emocionales y familiares irreparables que afectaran su desarrollo psico-social. El padre violento tiene la oportunidad de convivir con la hija, sin importar los trastornos psicológicos que pueda causar a la menor
El Estado junto con el agresor siguen violentando a mujeres y menores, al simular protegerlas, pues con las medidas de seguridad u otros mecanismos, son los agresores quienes sin sacrificar su libertad o privilegios, obligan a las mujeres a “refugiarse”, como medida de protección y son ellas, las que quedan técnicamente encarceladas
Según se detalla en las pruebas aportadas y analizadas, este caso cuenta con elementos probatorios contundentes que demuestran la responsabilidad del agresor y su familia, la negligencia e incluso violencia institucional de las todas las autoridades involucradas, como el CJM que en lugar de proteger, prevenir y auxiliar a la ofendida la re victimiza, dejándola en una situación de mayor precariedad coparticipación de los particulares y servidoras/es públicos involucrados.
Observamos que en Chiapas no existen recursos suficientes para implementar acciones urgentes en esta materia. Por ejemplo, no se cuenta con notificadores en el DIF, en las Procuradurías, no hay suficientes fiscalías especializadas, y las que existen repiten errores de las agencias comunes, con el agravante de estar atendidas por mujeres, que generan falsas expectativas en quienes requieren sus servicios.
De nueva cuenta para el ejecutivo y legisladores/as al parecer no existimos. Así la corrupción, la impunidad de los agresores de mujeres, están amparados en puestos políticos y/o públicos. Los golpeadores, violadores están libres y sin castigo, por la permisibilidad que el estado da a la agresión contra las mujeres.
IV. REPARACION DEL DAÑO
Exigimos una política de procuración y administración de justicia efectiva y a cargo de personas capaces, sensibles, congruentes, sin compromisos personales que se interpongan con su deber institucional, para que los procesos por la justicia no impliquen a las mujeres tener que demostrar que son el estereotipo de la “mujer abnegada y merecedora de atención y justicia”.
La jurisprudencia internacional, nacional y estatal ha establecido que la reparación a las victimas incluye la justa indemnización, más el resarcimiento de las costas y gastos en que hubiese incurrido la victima relacionados con la tramitación de la causa ante los tribunales, más una indemnización compensatoria por los perjuicios sufridos. Este comprende el daño material y moral, la no repetición de los hechos y la lucha contra la impunidad.

Para este caso se desglosa de la siguiente manera:

DAÑO MATERIAL
a) Daño emergente
Incluye los gastos realizados por la víctima y sus representantes en la búsqueda de justicia, más los que se generan por la violencia y que representan gastos por tratamientos médicos y/o sicológicos. Además gastos por la tramitación del caso en las instancias de justicia. (Transporte, llamadas telefónicas, traslado de testigos, viajes, publicaciones en la prensa, fotocopias, papelería y gastos legales directamente relacionados con la representación legal: honorarios, impuestos y gastos de ejecución como certificaciones, hospedajes y entrevistas, notario, peritaje, notificaciones, reuniones de trabajo con activistas de Derechos Humanos, presentación a las audiencias de los juicios de amparo, investigaciones y audiencias judiciales.
b) Lucro cesante
Esta compensación se refiere a la interrupción no voluntaria del trabajo por la violación de sus derechos y el de su hija detallados en el marco legal, generados desde el momento de la primera agresión hasta la fecha, que ha obligado a la Sra. Kathya a dejar toda actividad laboral remunerada para sustento propio y de su familia, toda vez que tuvo que abandonar su lugar de residencia y trabajo.
DAÑO MORAL
El daño moral resulta “propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a las agresiones y vejámenes –como en el presente caso- experimenta un sufrimiento moral”, estimando que “no se requieren pruebas para llegar a esta conclusión". En el caso presente hay que tomar en cuenta la angustia de la víctima como madre separada con violencia de su hija, los golpes y lesiones sufridas, la tortura y la detención ilegal, difamación, persecución de familiares y amigos que la apoyaron.
El tiempo separada de la niña, las humillaciones, riesgos a los que se ve sometida para, para ver a su hija, enfrentar un sistema desigual y patriarcal de la justicia.
El Estado debe asumir su responsabilidad, por haber incumplido sus compromisos institucionales en el plano internacional y nacional, y por ello debe otorgar una compensación económica cuantificada como daño moral por las violaciones a sus derechos humanos.
OTRAS FORMAS DE REPARACIÓN
a) Proyecto de vida
Definido en el marco internacional el “proyecto de vida”, como la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias potenciales y aspiraciones que le permitan fijarse expectativas y acceder a ellas.
La violencia sufrida por la víctima, tiene consecuencias muy graves para su proyecto de vida. Ha tenido que cambiar todos sus planes para si y su pequeña hija. Los hechos no solo afectaron sus ingresos económicos, sino además le generaron dolor moral y se afectó la esencia vital de madre e hija, así como su relación.
Por las razones mencionadas el Estado mexicano debe proporcionar medidas de protección y cautelares a las víctimas para reconstruir su proyecto de vida y garantizar que el agresor proporcione una pensión alimenticia digna y suficiente de acuerdo a las leyes nacionales a Kathya y su pequeña niña.
Asimismo el Estado Mexicano debe garantizar que las víctimas reciban atención y rehabilitación psicológica especializada y gratuita, para superar los daños psicológicos causados por las violaciones a sus derechos humanos.
b) Satisfacción y garantías de no-repetición
La reparación de los daños ocasionados por la violación a sus derechos humanos comprende: “por una parte, medidas individuales de reparación relativas al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación y, por otra, medidas de alcance general, como medidas de satisfacción y garantías sobre la no repetición.”.[3]
Por ello el Estado de México debe tomar las medidas necesarias que garanticen que las violaciones sufridas por las víctimas de este caso no vuelvan a repetirse, lo que debe concretarse con las siguientes medidas de satisfacción:
Solución inmediata y favorable a los procesos locales, civiles, familiares y penales emprendidos por la Sra. KATHYA MONSERRAT LOPEZ BANDA ante los Tribunales y Procuradurías de Chiapas, del Estado de México y de las autoridades federales involucradas, para un esclarecimiento total de los hechos y la garantía de ofrecer a las víctimas, con respecto de la sanción que deben recibir los autores de las violaciones a particulares y servidores/as públicos para erradicar la violencia y la impunidad.
El dolor irreparable causado por los hechos, se agrava aún más cuando éste va acompañado de impunidad. Por ello actualmente la víctima sigue solicitando como principal reparación del daño el retorno de su hija bajo la custodia de Kathya.
c) Reconocimiento Público de la Responsabilidad
Las agresiones causadas por el esposo y su familia, en este caso involucran la integridad de los órganos del Estado Mexicano, al violar derechos humanos de las víctimas. Por ello demandamos que el Estado Mexicano reconozca públicamente su responsabilidad, deslindando y sancionando a los/las servidoras públicas por incumplir sus obligaciones internacionales ratificadas por el gobierno federal y estatal. Una carta y acción pública de perdón por las violaciones a las citadas víctimas.
V. Normatividad aplicable (Ver desglose en Anexo 2)
MARCO JURIDICO: se consideran violados Convenios, Tratados Internacionales, Leyes Nacionales y Estatales de acuerdo a lo siguiente:
Internacionales
Declaración Universal de los Derechos Humanos
° Igualdad entre Mujeres y Hombres (artículo 3)
Declaración de la CEDAW
° Discriminación (Art. 1)
° Garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales (art.3)
° Funciones estereotipadas y prejuicios (art. 5)
° Igualdad ante la ley (art. 15)
° Matrimonio y Familia (Art. 16)
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. (Convención Belém do Pará).
° El derecho a la integridad personal (artículo 4, inciso b y d)
° El derecho a la libertad y seguridad personal (artículo 4, inciso c, f)
° El derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia (artículo 3. 4, 5, 6)
Declaración de los Derechos del Niño y la Niña.
° Interés superior del niño y niña (art. 3 y art. 9 ),el estado velara que la menor no sea separada de sus padres
° Derecho a asegurar su protección y que autoridades y padres cumplan y atiendan los derechos de la menor (art. 9)
° Derecho a protección y asistencia especial del Estado (Art. 20, inciso 1) “Niños privados de su medio familiar”
° Se le impide un adecuado desarrollo psico-social que puede llegar a afectarle físicamente a la menor al impedir la convivencia con su madre a tan temprana edad.
Nacionales
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
° Igualdad de derechos, protección a la infancia e igualdad entre hombres y mujeres y los derechos a formar una familia (art. 1, 3 y 4)
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de violencia hacia las mujeres
° Derecho a la pérdida de patria potestad e impedimento de custodia cuando existe violencia familiar (art. 9 fracción2).
Estatales
Constitución Política del Estado de Chiapas. Siglo XXI
° Derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y el derecho a la familia (art. 4). ODM (Art.3 y 5)
Ley de igualdad entre Mujeres y Hombres
° Artículos similares de la Ley Federal
Ley de acceso a una vida libre de violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas
° Artículos similares a la Ley General
Código Civil:
° Indica que la guardia y custodia de los/las hijas cuando se es menor de 7 años corresponde a la madre. (Art. 256, 337, 355, 373, en relación con los artículos 216 y 982 del Código de Procedimientos Civiles (CPC).
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (artículo 3°)


GRUPO DE MUJERES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, A. C
LICDA. MARTHA GPE. FIGUEROA MIER
TEL: 52 (967) 678 44 08 CEL: +52-967 119 1487
E-mail: colem_chiapas@hotmail.com y
marthafigueroamier@yahoo.com.mx


ANEXOS



Anexo 1: COLEM
Anexo 2: Normatividad Aplicada
Anexo 3: Fotografías de las lesiones
Anexo 4: Audio
Anexo 5: Demandas y denuncias anteriores
Anexo 6: Declaraciones públicas de autoridades, como la de Ana Elisa López Coello, directora del
Centro de Justicia para las Mujeres
Anexo 7: Exámenes médicos, psicológicos
Anexo 8: Notas periodísticas y mas…

Urge en Chiapas Reglamentación del aborto no punible

Patricia Chandomí.- En Chiapas urge que la propuesta de Reglamentación de acceso al aborto legal en Chiapas, en sus tres causales despenalizadas sea liberada de la Consejería Legal del gobierno del Estado, para que la turne a la brevedad a la LXIV Legislatura chiapaneca que terminará su último período de sesiones este 14 de agosto.
De aprobarse este Reglamento las mujeres en Chiapas podrán abortar de manera segura y libre si el embarazo poner en riesgo su vida, si fueron violadas o si el producto viene con alguna deformación; además las instituciones sanitarias deberán proporcionar de manera efectiva pronta y expedita la práctica de un aborto en cualquiera de estas condiciones.
Las organizaciones civiles que han trabajado arduamente en los detalles de este Reglamentación en coordinación con dependencias del gobierno del estado, temen que la Reglamentación se posponga hasta el gobierno del próximo gobernador, Manuel Velasco Coello, lo cual significaría un retroceso, debido a que existe un trabajo de por lo menos dos años en esta Reglamentación, que Juan Sabines, actual gobernador, prometió respaldar para que saliera en su sexenio.
La Consejería Legal del gobierno de Chiapas es el órgano encargado de afinar las propuestas de Ley para después pasarlas al legislativo local, a decir de las organizaciones el Reglamento está bastante afinado incluso tiene el visto bueno de la titular de la Secretaria del Empoderamiento de la Mujer (SEDEM), Alejandra Peralta.
El Colectivo Feminista Mercedes Olivera, el Grupo de Mujeres de San Cristóbal, la Red de Salud Latinoaméricana, el Colectivo contra la Violencia Intrafamiliar en Chiapas trabajaron esta propuesta de Ley desde que conocieron el caso de Hilda Hilda Álvarez Hernández, una niña indígena tseltal con síndrome de down y retraso mental que fue violada en el 2003 a los 16 años por Celestino López Hernández.
Pese a cumplir con las tres causales por las que se permite el aborto en Chiapas (violación, peligro de muerte para la madre y malformaciones congénitas graves), las instituciones de justicia y de salud en el estado le negaron la práctica del aborto.
Con denuncia de por medio que interpuso la madre de Hilda, ninguna institución apoyo a Hilda y a los ocho meses tuvo un mal parto y el bebé nació muerto; al año Hilda volvió a sufrir una violación por el mismo agresor Celestino, nuevamente quedó embarazada y por segunda ocasión, las instituciones de salud y jurídicas le negaron la práctica de un aborto.
La más interesada en que se le respetara su derecho al aborto era la madre que temía la muerte de su hija, Celia la madre de Hilda, es una anciana de más de 70 Años de edad, que ha tenido que alimentar a su hija con sus propias manos, bañarla y cambiarla, debido a que tiene un retraso mental severo, los comportamientos de Hilda a pesar de sus 26 años, son de una niña de 3 años.
Por segunda ocasión Hilda vivió una doble opresión, al ser violada y luego cuando se le negaron los servicios como víctima, aún cuando estaba en peligro su salud. Hilda tuve una hija que nació con Síndrome de Down, ahora Celia cuida de las dos, a la par que tiene que hacer largas jornadas de trabajo en el campo para sobrevivir.
Si bien el caso de Hilda es paradigmático, en Chiapas, hay mujeres que se encuentran en situaciones similares y que se les niega este derecho , por ello, diversas organizaciones civiles trabajan para que sea reconocido y Reglamentado este derecho, que de aprobarse sería un gran logro a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Chiapas.

Margarita López History

Margarita López Gómez married Juan Velasco López at the age of twelve in Tojchuctik, hamlet that makes up the council of Mitontic in the southwestern state Chiapas. Velasco López had paid López Gómez’s father ten bottle of alcohol to arrange the marriage a year earlier. Velasco López took Margarita to a different town, Venustiano Carranza, where they lived together in a rented room. Two months later, she returned to Mitontic where she complained to the village authorities that her husband beat her daily. They told her that Velasco Gómez “was her husband and she should put up with it.”

Later she and Velasco Gómez moved to Chincuyal, where her husband bought himself a new wife, Juana, who he brought to live in the family home. Both wives had six children each. Velasco Gómez continued to be violent on a daily basis and often came home drunk. Soon López Gómez also became an alcoholic. He also raped one of Margarita’s daughters, Sonia, repeatedly from the age of eight and at twelve, she became pregnant twice as a result.

In 2005, aged fifteen with two children as a result of her father’s sexual violence, Sonia killed her father one night as he lay drunk with her mother. She and her mother, her sisters, brothers and her own children fled back to Margarita López Gómez’s village of Mitontic. They lived there for two months until Juana arrived with her six children. She had no money and decided to visit Margarita to see if Juan Velasco had left her any money. The presence of Juana in the village raised questions and the manner of Juan’s death became known.

Juana, Margarita and Sonia were arrested. Sonia spent two and half years in juvenile detention before being released. Juana was imprisioned for two years for helping cover up the murder. Margarita was sentenced to 15 years in prison for murder as the judge refused to accept that she was drunk at the time and believed her to be the principle culprit. She was imprisoned in a male prison in Venustiano Carranza and, to keep her from the other prisoners, was kept in a cage for nearly four years. Despite this, she became pregnant and had another child while in prison. In 2008 she was transferred to a prison in San Cristobal de las Casas, the capital of Chiapas. Thanks to the intervention of the Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas (Women’s Human Rights Centre in Chiapas) her sentence was reduced to eleven years eight months.

Margarita López Gómez has now served seven years of her sentence, during which she has not been able to see her children. Her five children from her marriage to Juan live with her elderly mother, while the daughter she had prison lives with Sonia, her children and her new partner. Rosa López Santis, lawyer for the Women’s Human Right Centre in Chiapas, has managed to arrange for Margarita to be eligible for early release. However, in order for this to happen, Margarita must pay 34, 000 pesos (around 1, 700 pounds). Evidently she does not have this money.

Margarita’s case is currently being reviewed by the judicial authorities in Chiapas (exp. 378/MR/2010) and Rosa López Santis is pressing for the State Government to pay the fine on her behalf. López Santis says that the case of Margarita López Gómez “illustrates the level of discrimination and violence suffered by women [in Chiapas], they are discriminated against for being indigenous, poor, monolingual [ie not speaking Spanish] illiterate. The authorities are racists and the justice system deficient. The story of these three women should never be repeated.” I heartily agree.

There is a petition circulating asking the State Government of Chiapas to aid Margarita here. A Twitter campaign is also underway under the hashtag #LibertadAMargarita

“I am just one example of the terrible life led by women in Chiapas” Margarita López Gómez Margarita López Gómez was freed on 10 February, after spending seven years in prison for a crime she did not commit. She spent four years in a cage in a male prison, where was raped and became pregnant. In a press conference after her release (see story here). In a press conference following her release Margarita López Gómez rejected offers of psychological and economic assistance from the governor of Chiapas, Juan Sabines Guerrero, and stated that: In Chiapas women’s rights are not respected, even less so if they are indigenous, poor and don’t speak Spanish. Mr. Governor I don’t want your help. I have my hands, I have my feet to work for my children. During your government you and your functionaries ignored me and didn’t offer anything for me or my children. I am free today thanks to national and international solidarity which showed how far injustice can be taken. [...] They [the state government] want to help me in order to have their photo taken which me and benefit from the publicity, forgetting that they have had me unjustly imprisoned for seven years. I am just one example of the terrible life led by women in Chiapas. Accompanied by her 78 year old mother and four of her six children, Margarita said she was pleased by the solidarity offered by many people via social networks and their campaign for her release. She also expressed her anger towards the state of Chiapas, which kept her locked up and marginalized for so long. During the press conference her lawyer, Martha Figueroa indicated that in Chiapas there were at least 250 documented cases of indigenous women imprisoned unfairly due to irregularities in their prosecution.

“I am just one example of the terrible life led by women in Chiapas” Margarita López Gómez

Margarita López Gómez was freed on 10 February, after spending seven years in prison for a crime she did not commit. She spent four years in a cage in a male prison, where was raped and became pregnant. In a press conference after her release (see story here). In a press conference following her release Margarita López Gómez rejected offers of psychological and economic assistance from the governor of Chiapas, Juan Sabines Guerrero, and stated that:

In Chiapas women’s rights are not respected, even less so if they are indigenous, poor and don’t speak Spanish. Mr. Governor I don’t want your help. I have my hands, I have my feet to work for my children. During your government you and your functionaries ignored me and didn’t offer anything for me or my children. I am free today thanks to national and international solidarity which showed how far injustice can be taken.

[...]

They [the state government] want to help me in order to have their photo taken which me and benefit from the publicity, forgetting that they have had me unjustly imprisoned for seven years. I am just one example of the terrible life led by women in Chiapas.

Accompanied by her 78 year old mother and four of her six children, Margarita said she was pleased by the solidarity offered by many people via social networks and their campaign for her release. She also expressed her anger towards the state of Chiapas, which kept her locked up and marginalized for so long.

During the press conference her lawyer, Martha Figueroa indicated that in Chiapas there were at least 250 documented cases of indigenous women imprisoned unfairly due to irregularities in their prosecution.

Margarita López has been released!

I have just been informed that Margarita López Gómez, the indigenous women from Chiapas unjustly imprisoned for the murder of her husband (who I wrote about here, here and here), has been finally released from the terms of her suspended sentence thanks to the effort and hardwork of her lawyer Rosa López Santis, from the Women’s Human Right Centre in Chiapas and the social media campaign led by Patricia Chandomí which included a petition at change.org I would like to take this opportunity to thank all those who signed this petition.

Margarita suffered for many years at the hands of the judicial authorities in Chiapas, who imprisoned her after forcing a confession form her during an interrogation conducted in Spanish, a language she did not speak nor understand. She was kept in solitary confinement and raped during her prison stay. It can only be hoped that now she has been completely freed, she will be able to make a new life for herself and her family.

Filed under: Feminism, Human Rights in Mexico, Violence Against Women, Chiapas, Margarita López Gómez, violence against women

Saturday, 5th May, 2012 • 10:26 am 1
The Continued Harassment of Margarita López Gomez

Margarita López Gómez, an indigenous women from Chiapas, Mexico, was recently released from prison after a sustained campaign by human rights activists. Margarita had been convicted of killing her partner and imprisoned for seven years based on a confession allegedly obtained during her interrogation, which she later repudiated repeatedly. It was also proved later that her partner was killed by someone else. The interrogation was conducted in Spanish, a language she did not speak at the time. For more details you can see my original posts here and here. It emerged this week that the terms of Margarita’s release include the requirement to go to the state capital, San Cristobal de las Casas each month to sign a report in the local prison. She must also send a monthly report of her work activities via registered mail every month. Her suspended prison sentence is due to expire in 2016. This might seem a small price to pay for her freedom, however Margarita lives in a small village many hours away from the state capital. She has a very ill mother and young children to care for and no settled means of income. Paying to go to San Cristobal each month is practically impossible for her, and makes it very likely she will be unable to meet the terms of her sentence. Margarita was wrongly convicted. The State of Chiapas kept her in prison seven years, a number of them in solitary confinement in a male prison, where she was raped and gave birth to her youngest child. The authorities released her in February due to the hard work of her lawyer and human rights activists in Chiapas and Mexico. However, with these terms it appears that the authorities continue to unfairly punish Margarita and her family and aim to return her to prison. This is scandalous and unacceptable.

Por incapacidad del gobierno de Chiapas para proteger su vida defensora chiapaneca deja el estado por amenazas

Patricia Chandomí.- Este lunes la defensora de derechos humanos Margarita Martínez quien dio testimonio de las violaciones a los derechos humanos en México durante la sesión de la Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) en Nueva York, informó que ante la ineficacia del gobierno de Chiapas y del Gobierno Federal, para garantizar su vida, integridad y seguridad dejara de vivir en el estado.
“El Estado mexicano ha sido incapaz de proteger a Margarita Martínez, ya que a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ella y su familia han recibido varias amenazas de muerte, la última de ellas el pasado 30 de junio, justo antes de su participación en la CEDAW” señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, acompañantes de Margarita desde el 2009.
Las amenazas a Margarita y a su familia iniciaron en el 2009, después de que denunció un cateo ilegal a su domicilio en Comitán de parte de elementos policiacos, de ese año a la fecha han recibido como familia 6 amenazas de muerte, además ha sido secuestrada y violentada.
En el marco de la 52 sesión del CEDAW, Margarita Martínez, junto con otras defensoras de derechos humanos pertenecientes a la Red Nacional de Defensoras de México denunciaron la situación de violencia contra las defensoras en el país. "En México se ha producido un aumento alarmante de violencia en contra de defensoras de Derechos Humanos. Una violencia invisibilizada y disminuida en su gravedad, características y consecuencias en el contexto generalizado de impunidad, violencia y criminalización de la protesta social que vive el país” dijo Margarita.
Las medidas de protección que el gobierno de Chiapas, ha implementado, a favor de Margarita Martínez, como parte de las medidas cautelares de la CIDH han sido deficientes y no han logrado inhibir las amenazas ni reducir el riesgo, por lo que ella y su familia han decido abandonar el estado.
“Cuando las amenazas son de tal magnitud y las defensoras y defensores de derechos humanos se ven obligados a abandonar su lugar de residencia se vulnera el derecho a la residencia y a la circulación. La Corte Interamericana ha considerado que se violan estos derechos cuando un defensor o defensora es víctima de amenazas y el Estado no provee las garantías necesarias para que pueda transitar y residir libremente en el territorio de que se trate, incluso cuando las amenazas provengan de actores no estatales” argumentó el Frayba.

boletín informativo sobre la presentación de la situación de periodistas y defensoras de DH en la 52 sesión de CEDAW

Expertas de CEDAW conocen de las agresiones contra periodistas y defensoras de DH en México

· Por primera vez en la historia se expone ante la CEDAW la violencia contra mujeres periodistas

· Piden una investigación sobre violencia hacia defensoras y periodistas



Defensoras de derechos humanos y representantes de mujeres periodistas de México solicitaron al Comité de Expertas de la Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), considere hacer una investigación sobre la violencia hacia defensoras y periodistas y formule al Estado mexicano recomendaciones que combatan la impunidad y garanticen la protección desde una perspectiva de género.



El Informe Situación de mujeres defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue leído esta mañana ante al Comité de Expertas por la defensora de derechos humanos chiapaneca, Margarita Martínez, y es uno de los 18 informes sombra o alternos, que son presentados por las organizaciones civiles mexicanas en esta 52 sesión del Comité que se lleva a cabo del 9 al 27 de julio en Nueva York.



Del informe se desprende que México ocupa el primer lugar de América Latina en ataques contra periodistas, pues de 2005 a 2012, 13 mujeres periodistas han sido asesinadas y más de 100 denunciaron algún tipo de violencia en el ejercicio de su labor, sin que hasta el momento alguno de los casos haya sido resuelto.



Hay que resaltar que por primera vez en la historia de las sesiones de la CEDAW se presenta el caso concreto de la situación de las mujeres periodistas en México.



Durante la reunión privada que se realizó esta tarde entre el Comité de Expertas y representantes de más de 100 organizaciones civiles de mujeres de México, entre ellas, Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), Margarita Martínez, afirmó que México también se ubica en el segundo lugar de agresiones en contra de las defensoras de derechos humanos. Tan solo en 2010, el 50 por ciento de los asesinatos contra defensoras ocurrieron en Chihuahua en la mayoría de los casos vinculados a denuncias de feminicidio, trata, desaparición forzada y abusos de fuerzas policiacas y militares.



Martínez dijo ante las expertas de la CEDAW que si bien se reconoce la importancia de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el grado de impunidad en el que se mantienen los casos y el nivel de involucramiento de las autoridades en los ataques, obstaculizan cualquier acción de protección efectiva.



Un ejemplo de lo anterior –señaló—es que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, creada en 2006, no ha hecho justicia en ninguno de los casos y, las defensoras y mujeres periodistas que cuentan con medidas cautelares, siguen enfrentando riesgos a su vida e integridad.

También dijo que la violencia contra defensoras y periodistas aumenta la discriminación y pone en riesgo la democracia. La simulación del Estado mexicano arrebata la vida de mujeres cuyas luchas son fundamentales para la igualdad, concluyó.

¿Y si la matan?

*Historia de la defensora chiapaneca Margarita Martínez y las seis amenazas de muerte.



Patricia Chandomí.- Justo cuando se encuentra preparando su viaje para participar en la ciudad de Nueva York, en una de las sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (el CEDAW) en la sede de las Naciones Unidas, la defensora de derechos humanos Margarita Guadalupe Martínez Martínez volvió a recibir amenazas de muerte y desaparición.

Saldo por denunciar a policías: 6 amenazas

La madrugada del 8 de noviembre de 2009, un grupo de 20 personas “presuntos” elementos de la Policía Ministerial (PM) se presentaron, sin orden de cateo a su domicilio particular en el municipio de Comitán, Chiapas.



Entraron con un “uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública” amenazaron y encañonaron a Margarita, le ordenaron abrir los cuartos, para que los elementos policiacos pudieran entrar a revisarlos, introduciéndose también, en los ocupados por sus hijos menores de edad y esposo, Adolfo Guzmán Ordaz, integrante de la organización civil Enlace, Comunicación y Capacitación, con sede en Comitán.



Ante estos hechos, Margarita interpuso una denuncia el 23 de noviembre de 2009, en contra de autoridades policíacas por los delitos de abuso de autoridad, allanamiento, tortura psicológica y amenazas con la agravante de muerte.



Supuestamente la policía buscaba en su domicilio a líderes de organizaciones que bloqueaban carreteras.



Primera amenaza

El 25 de noviembre de 2009, Margarita y Adolfo recibieron en su casa una hoja en la que les advertían que “se cuiden” porque la noche anterior “había 5 individuos que vigilaban su casa”, el 14 de diciembre de 2009, tuvieron otra advertencia hecha con recortes de papel que decía: “no sigan se van a morir”.



Segunda amenaza

El 25 de diciembre, en las primeras horas de la madrugada después de pasar fuera de su casa los festejos de nochebuena, Adolfo y Margarita recibieron una llamada al teléfono fijo y, al contestar, Margarita escuchó una voz que decía: “feliz navidad, porque esta va a ser tu última navidad”.



Tercera amenaza

El 6 de enero del 2010 al llegar a su casa encontraron una nota escrita con tinta roja que decía “muerte, muerte, muerte”.

Cuarta amenaza

A finales de febrero del 2010, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Margarita se dirigía a recoger a su hijo menor quien salía de la escuela primaria. En el trayecto fue privada arbitrariamente de su libertad por personas no identificadas quienes le colocaron una bolsa de plástico en el rostro que le impidió ver a sus agresores quienes inmediatamente la hicieron abordar por la fuerza un vehículo que siguió en marcha.

Dentro del vehículo, Margarita fue golpeada y torturada psicológicamente para que se desistiera de la denuncia penal que meses anteriores, interpuso en contra de funcionarios del gobierno de Chiapas.

Quinta amenaza

En noviembre del 2010 Margarita sostuvo una entrevista con un funcionario de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, se dirigió a un café ubicado en la zona centro de San Cristóbal de las Casas.



“Al salir del café, busqué a la persona que tengo asignada de custodia (Margarita cuenta con medidas precautorias recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH), pero no lo encontré, caminé una cuadra y fue ahí donde dos personas me interceptaron.



Un sujeto a bordo de una camioneta Ranger blanca sin placas de circulación, y el otro a pie, “éste último, me indicó que caminara dos cuadras porque ahí encontraría a una persona que me daría indicaciones”.



Al llegar ahí, una persona me entregó un papel con letras recortadas de papel periódico con amenazas para los integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.



Después de exigirle que llevara el mensaje, le indicaron caminar un par de cuadras, tomar un taxi, dirigirse al panteón municipal “para que puedas platicar con tus muertitos porque ya pronto te vas a encontrar con ellos, sin hacer pendejadas porque eres persona muerta”, le indicaron los sujetos que la amenazaron.

Sexta amenaza

Según información documentada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el pasado 30 de junio, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, aproximadamente a las 18.00 hrs., Margarita, en compañía de su custodio policial, llegó al negocio familiar y al abrir la puerta se encontró con un papel doblado, el cual recogió y puso en su mesa de trabajo. La nota recibida dice textualmente lo siguiente:

“San Cristóbal de Las Casas Chis, a 29 de junio del 2012

Querida Margarita Martínez, Defensora de Derechos Humanos, bueno eso es lo que ustedes creen o les hacen creer los del Frayba, de verdad que risa nos dan, son patéticos pero al final sabemos quiénes son realmente y como seres humanos son despreciables que no aman a Chiapas y que por supuesto no quieren el desarrollo del estado y ustedes son el retraso para el bienestar de la sociedad, son unas lacras, ladrones y si no pregúntales a los del Frayba cuánto dinero recibieron del Estado, disque para la defensa de los derechos humanos, son despreciables por un lado muestran las caras de víctimas, de buenos pero ya no se hagan y les vamos a poner precio para que esto termine lo antes posible ya nos dan flojera.”

De paso queremos felicitarte porque al final no eres tan tonta, sabes creo que después del 25 de febrero 2010, aprendiste tu lección, y no sabes cuánto me siguen excitando tus gritos de perra diciéndome ya no por favor, ya no, de paso dile a tu marido que estás bien sabrosa!!!!!!!! Jajajajajajajajajajaja.

Si quieren llegar a un acuerdo con nosotros no le digan nada al Frayba y un día de estos les decimos a donde ir para que ya nos digan ¿cuánto quieren? Y las cosas las arreglamos con buena voluntad de su parte y de la nuestra y ya sin pendejeadas de que hay violaciones y la madre, porque la neta ese día te estabas haciendo la difícil pero conozco muy bien a las mujeres de tu calibre así son todas revoltosas, mitoteras, sin oficio, mejor cuida a tus hijos y deja de meterte en problemas así de fácil.

El Gobernador quiere llegar a un muy buen acuerdo, pero sin el Frayba, eso si no queremos ninguna mala jugada de tu parte y pobre de ti de verdad no te la vas a acabar, si haces pública esta carta, ahora si pasarás a la lista de desaparecidos y ya sabes cómo es la movida, ni la fiscalía, ni el ministerio público, ni derechos humanos nacionales, ni internacionales te van a poder ayudar en esto.

Que te quede claro que en este asunto sólo tienes dos opciones la primera que te ofrecemos y te vas del país y la segunda que si publicas esta carta ya eres mujer muerta, espero que seas una mujer inteligente, y que lo poco de neuronas que te quedan debido a los medicamentos que tomas para tu depre, droga, o lo que sea, no te damos mucho tiempo de una vida cuerda o puede que no tengamos la necesidad de matarte, y te termines en San Agustín el jobo, vieja loca.

Bueno ya sabes, así como no les mostraste a los del Frayba, el último recado que te dejamos, ¿verdad que era muy comprometedor?

PD: EL PODER”

Esta sexta amenaza le llega a Margarita cuando se encuentra preparando su viaje a Nueva York, como parte de una delegación de defensoras de derechos humanos de la sociedad civil mexicana en las sesiones de la CEDAW en la ONU.



En este sentido, el Frayba; La Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Asociadas por lo Justo (Jass); Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (Cdmch); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y La Red por la Paz en Chiapas, manifiestaron su preocupación por el riesgo a la vida, la integridad y seguridad personal de Margarita Martínez.

What if they kill?

What if they kill?
* History of Chiapas champion Margarita Martinez and six death threats.

Patricia Chandomí. - Just as she was preparing her trip to New York to participate at a session of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) in the United Nations headquarters, human rights defender, Margarita Martinez Guadalupe Martinez again received death threats and kidnapping.
The morning of November 8, 2009, a group of 20 people "suspected" members of the Ministerial Police arrived without a search warrant at her home address in the town of Comitan, Chiapas.

They entered with a "disproportionate use and misuse of force" and threatened Margarita at gunpoint, she was ordered to open the door, so that the police officers could come to search, also searching in the rooms occupied by her minor children and husband, Adolfo Guzman Ordaz, a member of the civil organization Liaison, Communication and Training, based in Comitan.

Given these facts, Margarita filed a complaint on November 23, 2009, against police authorities on charges of abuse of authority, trespassing, threats and psychological torture with aggravated death.

Supposedly police searched her home for leaders of organizations that blocked roads.

First threat
On November 25, 2009, Margaret and Adolfo received at home a letter warning them to "take care" because the night before "there were 5 people who watched her house" on December 14, 2009, had another warning made with scraps of paper that said "if you do not stop you are going to die."

Second threat
On 25 December, in the early hours of the morning after going out of their home on Christmas Eve celebrations, Adolph and Margaret received a call to the telephone and, in answering, Margarita heard a voice saying "Merry Christmas, because this will be your last Christmas. "

Third threat
On January 6, 2010 upon reaching her home found a note written in red ink that read "Death, death, death."

Fourth threat
In late February 2010 in the city of San Cristobal de Las Casas, Margarita was going to pick up her younger son from primary school. On the way she was arbitrarily deprived of her liberty by unidentified persons whom they placed a plastic bag over her face that prevented her from seeing her attackers who immediately forced her into a vehicle and then kept going.

Inside the vehicle, Margarita was beaten and tortured psychologically to coerce her to desist from the criminal complaint brought against government officials in Chiapas.

Fifth threat
In November 2010 Margarita had an interview with an official from Mexico Office of the High Commissioner of the United Nations in a cafe located in the center of San Cristobal de las Casas.

"After leaving the cafe, I looked for my bodyguard (Margarita has precautionary measures recommended by the Inter-American Human Rights Commission), but did not find him, I walked a block and it was there where two people intercepted me.

A man aboard a white Ranger pickup truck without license plates, and the other on foot, "he finally told me to walk two blocks because he would find someone who would give me instructions."

Once there, someone handed me a paper with letters cut from newspaper with threats to members of the Human Rights Center Fray Bartolome de las Casas.

After demanding that she carry the message, she was told to walk a few blocks, take a taxi, go to the municipal cemetery "so you can talk with your dead ones because soon you will meet with them, doing stupid things because you're dead person" , she was told by the threatening individuals.

Sixth threat
According to information documented by Human Rights Center Fray Bartolome de las Casas, on 30 June in the city of San Cristobal de Las Casas, Chiapas, Mexico, at approximately 18.00 hrs., Margarita, with her bodyguard, arrived at the family business and opened the door she found a folded paper, which collected and put on her desk.

The note received reads as follows:
"San Cristobal de Las Casas Chiapas, to June 29, 2012
Dear Margarita Martinez, Defender of Human Rights, well that's what you think or make them believe those of Frayba, really make us laugh, they are pathetic but in the end we know who they are and as human beings who do not love Chiapas and of course do not want the development of the state and you are preventing the welfare of society, they are a scourge, thieves, and don't ask the Frayba how much money the state gave, specifically for the defense of human rights , its useless on the one hand show the faces of victims which was good but no they longer do and we're going to put a price for this to end as soon as possible but we are a little lazy. "
By the way we want to congratulate you because ultimately you're not so stupid, you know I think that after February 25, 2010, you learned your lesson, and you don't know how exciting your dog howling saying please no, no, by the way tell your husband that you are well, delicious!!! Jajajajajajajajajajaja.
If you want to reach an agreement not tell Frayba anything about this and one of these days and we will tell them where to go and tell us us how much they want? And things are managed with good will on their part and ours and no more foolishness that there are violations and all that shit, because the truth is that day you were making it difficult but I know very well to the women of your caliber and are all unruly, MITOTERAS (no se que es eso), no skills, best care for your children and stop getting into trouble just like that.
The Governor wants a very good agreement, but without the Frayba, that if we don't want any stupid moves on your part and poor you because really are not going to finish, if you publish this letter, then you'll move on to the list of the missing and you know what that means, the prosecutor, or national human rights, international or anyone in the world you will be able to help with that.
You make it clear that in this case just the first two options that we offer and you are leaving the country and the second that if you publish this letter you are already a dead woman, I hope you're an intelligent woman, and what few neurons you have left after the medications you take for your depression, drugs, or whatever, we don't give you a life long rope or otherwise may have the need to kill you, and you will end up in San Agustin El Jobo, old fool.
Well you know, you didn't show the Frayba the last message which was very embarrassing for you wasn't it?
PS: THE POWER "

This sixth threat to Margarita comes when as she prepares her trip to New York as part of a delegation of human rights defenders of Mexican civil society in the sessions of the UN CEDAW.

In this sense, the Frayba; The Red Mesa Women of Ciudad Juarez, Consortium for Parliamentary Dialogue and Equity Oaxaca Just Associates (JASS), Centre for Women's Rights in Chiapas (Cdmch) National Network of Organizations Civil Human Rights "All Rights for All" (Red TDT) and the Network for Peace in Chiapas, manifiestaron concern about the risk to life, integrity and personal security, Margarita Martinez.

La caja de los Orantes Constanzo y los 15 culpables torturados

De la serie “Tortura en Chiapas” de la crueldad al cinismo.



Parte 1

La caja de los Orantes Constanzo y los 15 culpables torturados



Patricia Chandomí.- El 16 de abril de 2011 Miguel Ángel Rosette García, chofer de la familia Orantes Constanzo recibió una llamada de Gabriel Orantes su empleador que se encontraba en Mérida, éste le notificó que habían asaltado su propiedad y se habían llevado una caja fuerte de mucho valor para su familia, a quien Miguel había servido durante casi tres años,.

Gabriel Orantes le pidió a Miguel que se presentara cuanto antes en su domicilio ubicado al poniente de Tuxtla Gutiérrez; tras recibir la llamada, el entonces chofer llegó por la tarde a la casa de la familia Orantes Constanzo ahí fue interceptado por dos policías que le dijeron que tenía que ir a declarar a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) lo subieron a una camioneta sin logotipos ni placas, frente a esta dependencia, los policías le dijeron que le taparían la cabeza con su playera por “su seguridad”.

El joven fue llevado a una galera propiedad de la Secretaria de Seguridad Pública, en este lugar le vendaron todo el cuerpo, le cubrieron los ojos, y le colocaron una toalla mojada en la nariz y en la boca, y lo empezaron a golpear y a tirar agua en el rostro.

II

Confiesa cabrón ¿dónde tienes la caja de los Orantes?

-Confiesa cabrón ¿dónde tienes la caja de los Orantes? , tú te la robaste, le decían los policías, mientras lo golpeaban.

Alrededor de las diez noche llegó un hombre que ordenó que lo dejaran de torturar, le quitaron las vendas y lo llevaron a declarar al Ministerio Público, no sin antes aclararle que dijera que iba bajo su “voluntad”, tras rendir su declaración fue puesto en libertad.

Al otro día, Miguel Ángel volvió a recibir llamadas de Gabriel Orantes, éste lo citó en su domicilio para amenazarlo de muerte.

-¿Dónde está la caja? Te va a cargar la chingada a tí, a tu esposa y a tus hijos, más vale que confieses, le dijo Gabriel, a la par que lo amenazaba la familia le notificó que también sospechaban de un escolta de la casa vecina, desesperados y sospechando de varias personas, le propusieron Miguel que investigara a un escolta del vecino, Miguel se negó porque el escolta estaba armado las 24 horas y temía que le hiciera algo.

La familia volvió a amenazarlo y a decirle que por las buenas y por las malas obtendría la caja que se había robado. El 20 de abril, 4 días de haber sido torturado, Miguel interpone una denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra los policías; días después vuelve a casa de quienes fueran sus empleadores, habla con Gabriel Orantes Constanzo para entregar un teléfono celular, las llaves de la camioneta y a arreglar los papeles de la camioneta que estaban a su nombre, esta cita se da sin contratiempos.

Sin embargo, el día 26 de abril a las diez de la noche al salir de casa de su madre, un auto plateado con vidrios polarizados lo intercepta, 4 policías lo detienen, pro como él se defiende llegan 7 refuerzos, entre 11 elementos lo someten y lo llevan nuevamente a la galera, donde lo vuelven a vendar y ahogarlo.

En esta segunda tortura están presentes Gabriel Orantes Constanzo y Gerardo Orantes Coutiño, quienes participaron golpeando y amenazando a su ex chofer, Miguel no resiste más y se declara culpable, delirando inventa nombres y cuando le preguntan si María Cristina Cruz López, ex trabajadora doméstica de esta familia era su cómplice él dice que sí. Como se declaró culpable los policías dejaron de golpearlo y ahogarlo, Miguel les dice que la caja la tiene en casa de su madre.

Inmediatamente los policías y otros civiles armados lo trasladan al domicilio indicado.

III

Me están matando en la galera de Seguridad Pública

“Empezaron a tocar la puerta desesperadamente, había patrullas en la calle, ordenando que abriéramos; yo no quise abrir, tenía mucho miedo, pero cuando me pusieron a mi hermano en el cristal de la ventana, desfigurado, sangrando, dije me lo van a matar, y abrí, entonces entraron como veinte hombres encapuchados vestidos de civiles, todos armados, gritando, ¿dónde está la caja? ¿dónde la tienen hijos de la chingada?”.

“Los hombres tiraron todo, alborotaron todo, yo estaba recién aliviada de mi segundo hijo, me golpearon a mí a mi madre, a mí me tiraron con mi hijo recién nacido en brazos, pinches viejas, ¿dónde está la caja? Por más que buscaron no encontraron la caja; yo le dije a mi hermano, qué hiciste por qué los trajiste, y él me dijo quería que mi familia supiera que me están matando” cuenta Aurora, hermana de Miguel.

“Recuerdo que mi hermano esposado se aferró a la escalera, y nos gritaba desesperado no dejen que me lleven me van a matar” cuenta Aurora.

Al no encontrar la caja, los elementos se vuelven a llevar a la fuerza a Miguel, esté les grita desde una de las tres camionetas “me están matando en las galeras de seguridad pública”.

“Con mi otro hermano nos subimos a nuestro coche y tratamos de seguirlos, pero ellos nos encañonaron” reseña Aurora.

Al otro día, el día 27 de abril, en el municipio de la Concordia, la casa del padre de Miguel fue cateada y el señor fue detenido y trasladado a la PGJE.

En el transcurso del día Aurora intenta comunicarse con su padre, su hermano Miguel y su otro hermano de nombre Carlos Alberto, al no encontrarlos por ningún medio, interpone en la mesa de trámite No.7 en el Centro Administrativo de Justicia de Las Palmas una denuncia por desaparición.

“Fui a preguntar a la PGJE y me aseguraron que no estaban ahí, ese mismo día, recibí una llamada anónima, me dijeron –sus familiares están en el piso 1 de la PGJE- yo le dije, ya fui me dijeron que no están, usted insista y verá que el policía tiene anotado los nombres de sus familiares, búsquelos, esta familia Orantes ya ha torturado a mucha gente por su mentada caja”.



II Parte

III

“Usan a su padre para obligarlo a confesar el paradero de la caja”

Aurora de 32 años, a escasos días de haber dado a luz, regresó a la PGJE y efectivamente tras insistir dio con sus familiares, vio que su padre no presentaba golpes y que sus hermanos tenían evidentes señas de tortura.

Al cuestionar a la Ministerio Público sobre la detención de su padre, la funcionaria le dijo que su familiar de la tercera edad sólo era usado para obligar a su hermano a confesar el destino de la caja fuerte de la familia Orantes Constanzo.

A partir de este momento, el joven Miguel y su padre quedan arraigado en la desaparecida Quinta Pitiquitos.

“Para visitarlo, yo tuve que acreditar con documentos que era mi hermano y tenía un horario estricto de visita, no así Gabriel Orantes y su familia, yo ví como a media noche lo dejaban entrar para amenazar a mi hermano” cuenta Aurora.

IV

15 personas desconocidas entre sí se “declaran” bajo tortura culpables del robo de la caja



“Ahí adentro de Pitiquitos nos dimos cuenta que éramos 15 personas arraigadas por el mismo delito, todas habían confesado bajo tortura que habían robado la caja y a todas se les entraba a amenazar, en este larga lista figuraban Edgar Ozuna Ruiz, Antonio Meléndez, Manuel Cervantes, Maria Cristina Cruz López y Simón Balboa Cortés” señala Miguel Ángel Rosette Méndez, padre de Miguel Ángel.

La detención de Miguel Ángel contemplada en la Averiguación Previa número 121/CAJ6-1/2011, se dio en un marco evidente de violación a sus derechos humanos, su detención fue sin una orden de presentación o de aprehensión.

Fue obligado a declararse culpable bajo tortura, según consta el propio dictamen médico de la Dirección General de Servicios Periciales del Departamento de Medicina Legal de la PGJE que reconoce las graves lesiones de Miguel Ángel; la declaración que rinde ante el Fiscal del Ministerio Público se da sin la presencia de una persona de confianza o de un abogado; la detención injustificada del padre del ex chofer de la familia Orantes Constanzo.

Otra de las irregularidades que apunta la familia de Miguel Ángel es que las autoridades hayan permitido el ingreso de la familia Orantes Constanzo a la casa de arraigo para amenazar a los torturados.

José de Jesús Estrada quien igual fue obligado a firmar su declaración bajo tortura, obtiene su libertad por falta de pruebas “eso es arbitrario se declara culpable y luego queda en libertad por falta de elementos, era el caso de mi hermano, sin embargo, él continuo con el arraigo2 comenta Aurora.

“El uno de mayo, Gabriel Orantes se comunica con uno de mis familiares donde nos dice que mi hermano seguirá preso, que ni el mejor abogado de México lo podrá sacar, que tienen acuerdos con el procurador (el que estaba antes Raciel Salazar); después me habló a mí, para decirme que estaba equivocada si pensaba que él iba a desistir porque mi hermano no presentaba la caja” narró Aurora.

Desde el arraigo, la casa de su cuñada, esposa de Miguel Ángel y de su madre están siendo observadas desde vehículos desconocidos.

El 3 de mayo del 2011 Aurora Rosette Hernández, hermana de Miguel Ángel se presenta en el Centro Administrativo de Justicia de Las Palmas ha levantar el acta administrativa 1202/CAJ4-2/2011 por amenazas en contra de Gabriel Orantes Constanzo y Gerardo Orantes.

El 31 de mayo Aurora envía un documento al gobernador para informarle la situación de su familia; a la par interpone otras denuncias por abuso de autoridad, robo, allanamiento de morada sin orden cateo.

“La familia Orantes Constanzo tiene el derecho de buscar su caja fuerte y lo que les robaron así como de pedir castigo a los culpables, pero conforme a derecho, no pueden basar una acusación en lo que ellos creen; yo me pregunto si sospechara que mi vecino me robo algo importante, a poco pondría la PGJE 15 camionetas a mi servicio y 100 policías, no, porque no soy influyente, todos estos agravios se han dado con tráficos de influencia, pisoteando la dignidad y tranquilidad de muchas familias” explicó Aurora.

“Me sentí pérdida tenía mucho miedo y de la misma PGJE me dijeron vaya usted al Frayba el Centro de Derechos Humanos y dígales que apliquen el protocolo de Estambul, sino a sus familiares se los van a estar chingando, fue así que dí con ellos, que me han acompañado durante este tiempo doloroso para mí y mi familia”.



V

Prófugo de la injusticia

El 29 de junio de 2011, ya en el penal del Amate, a Miguel Ángel y Simón Balboa Cortés se les dicta auto de formal libertad al no encontrarse pruebas del delito de robo cometido en agravio de Giussepina Constanzo Ceballos.

Sin embargo, recientemente se giró otra orden de aprehensión en su contra por este delito, por lo que Miguel Ángel decidió resguardarse, ante el temor de volver a sufrir tortura.

“Mi hijo no tiene nada que esconder, él dice que si hay un juicio justo que él se entrega, pero mientras no haya una garantía de que su vida y su integridad será respetada, él seguirá prófugo de la injusticia”, dice tajante don Miguel Ángel.

En el marco del día mundial de apoyo a las víctimas de tortura que se celebra cada 26 de junio, diversas organizaciones en el mundo realizaron acciones en rechazo a esta práctica. En Chiapas el Centro de Derechos Humanos presentó un informe sobre la Tortura en Chiapas denominado “De la crueldad al cinismo”.

De acuerdo a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la tortura es todo acto realizado intencionalmente para infligir a una persona pena o sufrimiento físico o mental, con fines de investigación criminal, como método intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, o con cualquier otro fin.

La tortura está condenada en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada por el Estado mexicano. Otras normas jurídicas que hablan de la tortura en el derecho internacional están contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por esta razón, el caso de tortura a la familia Rosette se analiza para ser litigado en tribunales internacionales.



P.D. ¿Qué contiene la caja?

En una primera versión la caja de la familia Orantes Constanzo contenía supuestamente un millón y medio de pesos más alhajas; sin embargo, en una segunda versión dada a la familia Rosette por la misma familia Orantes, la caja en realidad contenía 5 millones, dieron la primera versión para no tener problemas con Hacienda, además se presume que la caja contiene documentos importantes que dan testimonio de algunas transacciones entre la familia y sectores importantes de la política chiapaneca.