*Se generaliza violencia hacia las mujeres en diversos contextos: paramilitar, político y doméstico.
*En todos los casos prevalece la impunidad de los agresores.
Patricia Chandomí.- Las mujeres adherentes a la Otra Campaña del ejido Mitzitón, municipio de San Cristóbal de las Casas están siendo amenazadas, perseguidas y hostigadas por elementos armados de esta comunidad identificados como paramilitares de la organización Ejército de Dios Alas de Águila.
El 18 de abril Delfina Heredia Jimenez, Carmela Heredia Jimenez, Alicia Diaz Heredia, Catalina Zenaida Diaz Gonzalez y Maria Guadalupe Diaz Gonzalez. fueron a pastorear sus borregos como de costumbre al campo, a las 2:50 pm de la tarde se dieron cuenta que estaba un sujeto escondido, uniformado de negro y encapuchado.
Al momento aparecieron otros tres hombres encapuchados del mismo modo, vestidos de negros y al parecer querían agredirlas, por lo que ellas decidieron retirarse del lugar.
Los encapuchados empezaron a chiflar, diciendo: “vamos a esperar” y otros dijeron “mejor las acabemos de una vez”, las mujeres al escuchar esto temerosas decidieron buscar palos y piedras para defenderse de cualquier agresión, los hombres al verlas que estaban dispuestas a defenderse se marcharon.
Antes de este suceso, los supuestos paramilitares, Francisco Gómez Díaz, Gregorio Gómez Jiménez, Elemecio Jiménez Vicente, Roberto Vicente Pérez y Cirilo Gómez Jiménez habían hecho disparos al aire donde las mujeres pastorean a sus borregos.
El mismo 18 de abril, las autoridades comunitarias de Mitzitón recibieron la denuncia que Juana Pérez Hernández de 21 años de edad, originaria del ejido Flores Magón, del municipio de Teopisca, en el lugar conocido como Tzimtikalbho, por el camino que va a Dos Lagunas se encontraba cuidando su borrego como de costumbre.
Al momento se le presentó Roberto Jiménez Heredia, miembro del Ejército de Dios Alas de Águila, éste conducía una camión de tres toneladas, cabina gris y redila roja, y lo dejó escondido en un lugar, al ver a la joven, éste se le acercó y la comenzó a golpear, queriéndola violar, pero la muchacha comenzó a gritar y a defenderse, por lo que comenzó a golpearla más, pese a que Juana presentaba fuertes heridas por los golpes, ésta logró escapar.
Juan enseguida dio parte a su familia, quien a su vez denunció al agresor ante las autoridades ejidales, éstas identificaron al agresor como integrante del Ejército de Dios habitante del barrio Mirabel y además traficante de personas inmigrantes.
Sin embargo, al igual que sus compañeros del Ejército de Dios, Roberto Jiménez Heredia se mueve en completa impunidad.
Desde que los ejidatarios se pronunciaron contra la construcción Palenque- San Cristóbal de las Casas éstos han vivido en un constante clima de amenazas y represión por parte del grupo paramilitar Ejército de Dios, que ha terminado con la vida de varios habitantes que se oponían a la construcción de esta autopista.
El gobierno estatal ha querido etiquetar este conflicto de protesta social como “un conflicto religioso más” cuando el trasfondo de este problema es una comunidad en defensa de su territorio que se enfrenta a las múltiples ataques de grupos civiles armados conocidos como “paramilitares” que se mueven en la región con total impunidad.
La represión paramilitar en Bachajón
El pasado 24 de marzo en la comunidad Jotolá municipio de Bachajón , un grupo de civiles armados de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opdicc) ingresó al domicilio de la señora Rosa Díaz Gómez, le quemaron su tienda y luego a golpes la sacaron de su domicilio para mantenerla secuestrada.
Aproximadamente a las 15:00 horas un grupo de aproximadamente 15 personas entre ellas Medardo, Manuel Moreno Pérez, Juan, Leandro Méndez
Hernández, Alfonso, Eleuterio, Gerónimo y Tello Cruz Cruz rodearon la casa de Rosa y comenzaron a arrojar piedras hacia las ventanas, golpeando con machetes la casa donde se encontraban Rosa, Carmela y otros 4 menores de edad: Magdalena, Rosa, Maximiliano y Nazario.
De acuerdo a testimonios recabados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Rosa manifestó que: Juan, Gerónimo, Medardo y Tello le apuntaron con armas, luego la golpearon en la cara, brazos, piernas, espalda, costillas, abdomen y estómago dejándola herida. Fue entonces que cuatro hombres la levantaron y cada uno de ellos la sujetó de cada brazo, abriéndole las piernas.
Posteriormente fue llevada a la casa de Medardo.
Rosa manifiesta que quedó inconsciente y cuando despertó estaba amarrada de sus manos y pies.
Se percató que se encontraba en la casa de Medardo, la cual está a pocos metros de la suya. En ese lugar recibió humillaciones, amenazas de muerte con la advertencia de que desalojara su casa.
Rosa continuó siendo maltratada con golpes por María Sánchez Sánchez, María Elena Gómez López y Ema María Sánchez Gómez.
El día 25 de marzo, aproximadamente a las 13:30 horas, Rosa y Carmela fueron entregadas por sus agresores a una comisión de funcionarios de gobierno del estado, encabezados por Ledín Méndez Nucamendi, Delegado de Gobierno de Chilón y su operador político conocido como Lic.Ventura; José Arturo Zenteno Gutiérrez, coordinador de Ministerio Públicos de Bachajón perteneciente a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena. Dichos funcionarios de forma
deliberada omitieron dar fe y certificar las condiciones físicas y psicológicas en las que eran liberadas Rosa y Carmela, así como proceder a la detención in fraganti de los agresores.
La agresión a Rosa se dio en respuesta a que sus hijos adherentes a la Otra Campaña participaron en la detención de un integrante de la Opdicc que tenía una orden de aprehensión sin ejecutarse.
El caso de la defensora de derechos humanos Margarita
El día de 25 de febrero aproximadamente a las 13:30 horas, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Margarita Martínez, compañera de Adolfo Gúzman Ordaz, integrante de la organización civil Enlace, Comunicación y Capacitación se dirigía a recoger a su hijo, quien salía de la escuela primaria, en su trayecto fue privada arbitrariamente de su libertad, por personas no identificadas.
Éstas le colocaron una bolsa de plástico en el rostro, e inmediatamente la hicieron abordar por la fuerza a un vehículo que siguió en marcha. Dentro del vehículo, Margarita escuchó voces, una de ellas era de la persona que la sujetaba y la cual le empezó a golpear en diversas partes de su rostro con un objeto sólido, produciéndole sufrimientos físicos como excoriaciones en los labios e inflamaciones en la frente, labios y cuello.
También le infringieron tortura psicológica a través de punzadas en los costados de su cuerpo con un objeto que no era posible determinar, pero que podría ser un arma punzo cortante o de fuego. Así también le pasaban en sus manos un objeto frío y le decían “ya no vas a poder trabajar”, e insistían en que desistiera de la denuncia penal que meses anteriores había interpuesto en contra de funcionarios del gobierno de Chiapas.
Al final a la defensora de derechos humanos le comunicaron antes de dejarla tirada a unas cuadras de su casa, que esa golpiza había sido un regalito del presidente municipal de Comitán, por atreverse a seguir con su denuncia jurídica contra elementos policíacos que allanaron su domicilio el año pasado.
En Chiapas: impunidad total a agresores de las mujeres
Amalia
Sin vivir un contexto paramilitar, otras mujeres chiapanecas han vivido situaciones de discriminación, opresión, amenazas, golpes y hostigamiento.
Tal es el caso de Amalia Vázquez Rodríguez de Frontera Comalapa, esta joven lleva dos años luchando contra las autoridades ejidales de Bellavista del Norte, quienes la quieren correr del ejido por estar casada con un hombre que no pertenece al lugar.
“De principio no nos molestaron, mi cuñado nos vendió un lotecito para vivir; pero después empezó el comisariado Eduardo Pérez Hernández con que mi esposo se tenía que ir porque no pertenece al ejido, y salió con el artículo 37 del Reglamento Interno del ejido que prohíbe el casamiento a las mujeres con hombres que no pertenezcan a él, aunque los varones si pueden casarse libremente con mujeres de otros lados” explicó Amalia.
Desde que regresó a su ejido la pareja ha vivido en un clima de amenazas constante, les han quitado el servicio de agua y luz y los han querido desalojar, sin embargo, debido a la presencia de caravanas de organismos civiles y defensores de derechos humanos la pareja aún continua en Bellavista el Norte.
El caso de Mercedes Carrasco
Mercedes Carrasco Solís denunció el pasado 25 de noviembre día internacional de no violencia contra la mujer, que el edil panista de Tonalá, Hilario González Vázquez la estaba acosando sexualmente, el alcalde le dijo que si accedía a tener relaciones con él le “pondría hasta un Chedraui” pero que, si se negaba, le cerraría su negocio, un pequeño restaurant-bar.
Mercedes Carrasco interpuso su denuncia en la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, segundo turno, donde se asentó el acta administrativa 2862/UEDSYVF2/2009, contra el edil, esta denuncia fue recibida por la fiscal del Ministerio Público, Linda Yared Ramos Mejía.
El alcalde no asistió al primer citatorio de las autoridades. En el segundo mandato a comparecer mandó a su representante legal, Ilhiana María Trejo Domínguez, y presentó su declaración por escrito, donde niega todas las acusaciones.
El 8 de marzo, mientras el gobernador ocupaba decenas de planas de la prensa local haciendo alharaca de que en Chiapas a la mujer se le respeta, Mercedes amaneció convaleciente en el Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez.
Lo anterior, se suscitó en la madrugada de un día antes, cuando vio que un grupo de personas trataban de quitar los candados de su negocio, al tratar de impedirlo, la jalaron de los cabellos, la introdujeron a su negocio y a patadas y puñetazos, los sujetos querían obligarla a firmar un documento donde cedía su negocio.
La empresaria identifica con claridad a sus agresores que son: Javier Palacios, apoderado de la Superior, Javier Natarén quien le dio el mayor número de patadas en el vientre y dos más a quienes escuchó que los nombraban como Miguel Ángel y Roberto, todos ellos cercanos al edil.
Mientras Mercedes era golpeada afuera de su negocio se encontraban patrullas municipales y camiones de la Superior, una vez pasada la agresión, llamó a la Policía Preventiva pero ésta nunca se presentó.
Las niñas de Villaflores
A principios de noviembre, Josefa Escobar Pérez tía de tres pequeñas de 5, 8 y 11 años de edad interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia con sede en Villaflores en contra del señor Zaragoza Aguilar Gómez de 73 años como responsable del delito de abuso sexual.
La niña de 5 años le dijo a su tía que Zaragoza abusando de la amistad que tenía con sus padres, cada que los visitaba y las menores quedaban solas, éste aprovechaba para acariciar sus genitales.
Escobar Pérez consultó a las otras hermanitas y éstas le confirmaron el abuso de Zaragoza, las niñas dijeron que además de ser tocadas por el sujeto, éste les enseñaba con frecuencia su pene.
Ante la denuncia, elementos de la Policía de Seguridad y Protección Ciudadana arribaron al ejido “Cristóbal Obregón” para poner al abusador a disposición de las autoridades. Una vez rendida su declaración fue liberado “por falta de pruebas”.
Golpea edil de Villa las Rosas a locataria
El día 27 de Julio de 2009, aproximadamente a las 11:30 horas, Cleotilde García Santiago, fue golpeada por el Presidente Municipal de Villa Las Rosas, José Domingo Argüello Ruíz ayudado por Iván Ulises Morales Valdés, Subdirector de Obras Públicas del municipio de Las Rosas y un elemento de la Policía Municipal, mientras se manifestaba con unas 100 personas locatarias del mercado municipal y de la Federación de Comerciante en Pequeño y Prestadores del Servicio del Estado de Chiapas (FECOPE), de la que ella es representante.
El 3 de agosto de 2009, integrantes de la FECOPE y del Frente de Lucha Popular 10 de Julio en Resistencia y otros habitantes más del municipio de Las Rosas, se manifestaron apoyando a Cleotilde y se instalaron en plantón indefinido al interior del edificio de la Presidencia Municipal.
el 23 de diciembre de 2009, a las 19.00 hrs. cerca de 200 personas, con palos y armas de fuego, desalojaron violentamente a 30 personas, indígenas tseltales y mestizos, en su mayoría mujeres que se encontraban manifestándose al interior de la Presidencia Municipal.
El caso más reciente: Tatiana en Ocosingo
Hace un par de días, la Policía Municipal de Ocosingo reportó el hallazgo del cadáver de la esposa del ex diputado federal, Elmar Darinel Díaz y originaria de Ocosingo, fue hallada sin vida y con un orificio de bala en la cabeza.
De acuerdo a familiares de Tatiana Trujillo Rodríguez de 30 años, este asesinato surgió después de enfrentamientos constantes con su esposo, actual candidato a diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Hasta el momento se desconoce el paradero del candidato.
Asesinada tras interponer denuncia de violencia doméstica: Tuxtla
Beatriz de la Cruz Clemente de 23 años y con un embarazo de dos meses fue asesinada a finales del año pasado, días antes de interponer una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres contra su ex pareja Óscar Pérez Díaz por amenazas de muerte, robo y agresiones.
La familia sospecha de Pérez Díaz y busca desesperadamente la obtención de recursos para contratar a un abogado que investigue el caso y de con el asesino.
“La muerte de mi hija ha estado plagada de anomalías inadmisibles, la declaración de Beatriz, antes de su muerte, se extravió, y gracias a que hemos estado presionando, ya apareció, era un archivo muerto en el municipio de San Fernando” explicó María Antonia Clemente madre de la joven asesinada.
martes, 20 de abril de 2010
sábado, 17 de abril de 2010
Para resguardar soberania alimentaria necesario sacar a multinacionales del país: Peter Rosset
* Necesario recuperar capacidad productiva de sectores campesinos y familiares, aumentar presupuestos al campo, renacionalizar reservas de granos, crear reservas públicas de alimentos con la participación de organizaciones campesinas.
Patricia Chandomí.- Peter Rosset uno de los activistas más reconocidos en materia de soberanía alimentaria sostuvo que es necesario sacar a las multinacionales del sector de alimentos, para recuperar la capacidad productiva del sector e implementar reservas de granos.
De visita en el Colegio de la Frontera Sur manifestó que para superar la crisis que enfrenta el sector de alimentos en el mundo es necesario recuperar la capacidad productiva de los sectores campesinos y familiares, aumentar los presupuestos al campo, renacionalizar las reservas de granos, crear reservas públicas de alimentos con la participación de organizaciones campesinas, someter controles a la exportación, rechazar la producción de agrocombustibles, y conservar y recuperar la capacidad productiva de los suelos, entre otras acciones.
El agroecólogo, recalcó que la vocación de las familias campesinas es la producción de alimentos mientras que la de la agroindustria es producir exportaciones, las cuales han influido en gran medida en la crisis mundial de los precios de alimentos.
Para el experto en el tema, algunas de las causas de la crisis mundial de los precios de alimentos son el desmantelamiento de la capacidad productiva del sector campesino, el aumento de la capacidad agroexportadora y la privatización del inventario público de alimentos, específicamente se refirió a CONASUPO en el caso de México.
Durante su presentación en el ECOSUR el doctor explicó que otros factores que han incidido en esta situación son el capital finaciero especulativo, los fondos de alto riesgo que iniciaron operaciones en las bolsas de alimentos y agrocombustibles, el ascenso dramático de los insumos químicos, las sequías, el cambio climático, y el acaparamiento y especulación de alimentos por parte del sector privado.
Finalmente sostuvo que desde la perspectiva de Vía Campesina la soberanía alimentaria es la única salida a la volatilidad de los precios de los alimentos, es decir, que cada país produzca los alimentos básicos para su población. Explicó que no hay un modelo agrario universal sino que cada nación debe definir su propio modelo y políticas agrarias.
Patricia Chandomí.- Peter Rosset uno de los activistas más reconocidos en materia de soberanía alimentaria sostuvo que es necesario sacar a las multinacionales del sector de alimentos, para recuperar la capacidad productiva del sector e implementar reservas de granos.
De visita en el Colegio de la Frontera Sur manifestó que para superar la crisis que enfrenta el sector de alimentos en el mundo es necesario recuperar la capacidad productiva de los sectores campesinos y familiares, aumentar los presupuestos al campo, renacionalizar las reservas de granos, crear reservas públicas de alimentos con la participación de organizaciones campesinas, someter controles a la exportación, rechazar la producción de agrocombustibles, y conservar y recuperar la capacidad productiva de los suelos, entre otras acciones.
El agroecólogo, recalcó que la vocación de las familias campesinas es la producción de alimentos mientras que la de la agroindustria es producir exportaciones, las cuales han influido en gran medida en la crisis mundial de los precios de alimentos.
Para el experto en el tema, algunas de las causas de la crisis mundial de los precios de alimentos son el desmantelamiento de la capacidad productiva del sector campesino, el aumento de la capacidad agroexportadora y la privatización del inventario público de alimentos, específicamente se refirió a CONASUPO en el caso de México.
Durante su presentación en el ECOSUR el doctor explicó que otros factores que han incidido en esta situación son el capital finaciero especulativo, los fondos de alto riesgo que iniciaron operaciones en las bolsas de alimentos y agrocombustibles, el ascenso dramático de los insumos químicos, las sequías, el cambio climático, y el acaparamiento y especulación de alimentos por parte del sector privado.
Finalmente sostuvo que desde la perspectiva de Vía Campesina la soberanía alimentaria es la única salida a la volatilidad de los precios de los alimentos, es decir, que cada país produzca los alimentos básicos para su población. Explicó que no hay un modelo agrario universal sino que cada nación debe definir su propio modelo y políticas agrarias.
jueves, 15 de abril de 2010
Anuncia Movimiento de Resistencia Popular del Sureste: creación del Comité de Derechos Humanos de Base Digna Ochoa en Tila
Anuncia Movimiento de Resistencia Popular del Sureste: creación del Comité de Derechos Humanos de Base Digna Ochoa en Tila
* El Comité a través de sus monitores y monitoras comunitarios, pretende documentar y sistematizar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado.
Patricia Chandomí.- Cientos de mujeres y hombres integrantes del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste anunciaron la creación del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas “Digna Ochoa”.
En una multitudinaria marcha realizada hace unos días en la cabecera municipal de Tila, el Movimiento condenó la detención de Francisco Jiménez Pablo ocurrida el 7 de Abril, “justo cuando se encontraba en un proceso de diálogo con funcionarios de la SEGOB con apoyo del Alto Comisionado de Derechos Humanos en la Ciudad de México” sostuvieron.
En el marco de la conmemoración del 91º aniversario del cobarde asesinato del General Emiliano Zapata, hombres y mujeres de este Movimiento consideraron que el actual contexto nacional se encuentra marcado por la falta de democracia, una crisis económica y escalada de precios de primera necesidad, la suspensión de facto por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa de las garantías constitucionales y derechos humanos.
“Hay una cotidiana ocupación militar de todo el territorio nacional, no hay día en que no nos enteremos de hechos en que los elementos del Ejército están involucradas en detenciones-desapariciones o ejecuciones de ciudadanos mexicanos en los retenes, en las comunidades y ciudades de nuestro país” manifestaron.
Hicieron un recuento de graves situaciones de violaciones a los derechos humanos, como los casos de los dos jóvenes estudiantes cometidos en Monterrey, la masacre de 10 niños y jóvenes ocurrida el pasado 28 de Marzo en el Estado de Durango o el asesinato de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar ocurrido en la madrugada del pasado domingo en un retén militar en Nuevo Laredo Tamaulipas.
“En estos hecho claramente estuvieron involucrados elementos del ejército, y la respuesta del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y del Secretario de Gobernación ha sido la de proteger y deslindar de responsabilidad al Ejército, y más aún, se empeña en mantener y legalizar la permanente presencia militar en labores de seguridad pública y de policía” puntualizaron.
Los integrantes de este Movimiento dijeron estar preocupados por las declaraciones del Secretario de la Defensa Nacional realizada ante diputados el día miércoles 7 de Abril, en el sentido de que pese a todo, el Ejército continuará en las calles de 5 a 10 años más, así como su exigencia de que se otorgue más facultades al Ejército que posibiliten legalmente lo que ahora hace de manera ilegal como el ingreso a domicilios, interrogatorio y detención de personas, establecimiento arbitrario de retenes y la ocupación de ciudades como Ciudad Juárez.
“En Chiapas, las cosas no son diferentes, el Gobierno de Chiapas ha desatado un clima de persecución y criminalización de sacerdotes, luchadores sociales y defensores de los derechos humanos, así como se protege y ampara a grupos paramilitares que buscan provocar a las comunidades y pueblos en resistencia para justificar una incursión policiaca y militar, ello es lo que está detrás de los hechos recientes en Agua Azul, Jotolá, Mitzitón y Carrizal” manifestaron.
Por toda esta situación remarcaron que es necesaria la creación de un Comité de base de Derechos Humanos, “decidimos retomar el nombre de Digna Ochoa para nuestro Comité porque admiramos su ejemplo de vida, su congruencia, valentía y honestidad y compromiso por la justicia y la verdad. El camino que ella trazó es una guía para este caminar que decidimos emprender el día de hoy” sostuvieron.
El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas “Digna Ochoa” será independiente del gobierno, partidos políticos y de instituciones religiosas.
El Comité a través de sus monitores y monitoras comunitarios, pretende ser un instrumento para documentar y sistematizar las violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de las distintas instancias del Estado.
* El Comité a través de sus monitores y monitoras comunitarios, pretende documentar y sistematizar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado.
Patricia Chandomí.- Cientos de mujeres y hombres integrantes del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste anunciaron la creación del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas “Digna Ochoa”.
En una multitudinaria marcha realizada hace unos días en la cabecera municipal de Tila, el Movimiento condenó la detención de Francisco Jiménez Pablo ocurrida el 7 de Abril, “justo cuando se encontraba en un proceso de diálogo con funcionarios de la SEGOB con apoyo del Alto Comisionado de Derechos Humanos en la Ciudad de México” sostuvieron.
En el marco de la conmemoración del 91º aniversario del cobarde asesinato del General Emiliano Zapata, hombres y mujeres de este Movimiento consideraron que el actual contexto nacional se encuentra marcado por la falta de democracia, una crisis económica y escalada de precios de primera necesidad, la suspensión de facto por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa de las garantías constitucionales y derechos humanos.
“Hay una cotidiana ocupación militar de todo el territorio nacional, no hay día en que no nos enteremos de hechos en que los elementos del Ejército están involucradas en detenciones-desapariciones o ejecuciones de ciudadanos mexicanos en los retenes, en las comunidades y ciudades de nuestro país” manifestaron.
Hicieron un recuento de graves situaciones de violaciones a los derechos humanos, como los casos de los dos jóvenes estudiantes cometidos en Monterrey, la masacre de 10 niños y jóvenes ocurrida el pasado 28 de Marzo en el Estado de Durango o el asesinato de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar ocurrido en la madrugada del pasado domingo en un retén militar en Nuevo Laredo Tamaulipas.
“En estos hecho claramente estuvieron involucrados elementos del ejército, y la respuesta del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y del Secretario de Gobernación ha sido la de proteger y deslindar de responsabilidad al Ejército, y más aún, se empeña en mantener y legalizar la permanente presencia militar en labores de seguridad pública y de policía” puntualizaron.
Los integrantes de este Movimiento dijeron estar preocupados por las declaraciones del Secretario de la Defensa Nacional realizada ante diputados el día miércoles 7 de Abril, en el sentido de que pese a todo, el Ejército continuará en las calles de 5 a 10 años más, así como su exigencia de que se otorgue más facultades al Ejército que posibiliten legalmente lo que ahora hace de manera ilegal como el ingreso a domicilios, interrogatorio y detención de personas, establecimiento arbitrario de retenes y la ocupación de ciudades como Ciudad Juárez.
“En Chiapas, las cosas no son diferentes, el Gobierno de Chiapas ha desatado un clima de persecución y criminalización de sacerdotes, luchadores sociales y defensores de los derechos humanos, así como se protege y ampara a grupos paramilitares que buscan provocar a las comunidades y pueblos en resistencia para justificar una incursión policiaca y militar, ello es lo que está detrás de los hechos recientes en Agua Azul, Jotolá, Mitzitón y Carrizal” manifestaron.
Por toda esta situación remarcaron que es necesaria la creación de un Comité de base de Derechos Humanos, “decidimos retomar el nombre de Digna Ochoa para nuestro Comité porque admiramos su ejemplo de vida, su congruencia, valentía y honestidad y compromiso por la justicia y la verdad. El camino que ella trazó es una guía para este caminar que decidimos emprender el día de hoy” sostuvieron.
El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas “Digna Ochoa” será independiente del gobierno, partidos políticos y de instituciones religiosas.
El Comité a través de sus monitores y monitoras comunitarios, pretende ser un instrumento para documentar y sistematizar las violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de las distintas instancias del Estado.
lunes, 12 de abril de 2010
Nuestro apoyo a las comunidades zapatistas continuará: colectivos italianos de solidaridad con Chiapas
Patricia Chandomí.- Más de una veintena de organizaciones y colectivos solidarios con Chiapas en Italia se manifestaron contra lo que ellos llamaron “el torpe intento de criminalizar al EZLN y el movimiento zapatista, así como a quienes apoyan la lucha de las comunidades indígenas en resistencia de Chiapas, orquestado por el periódico mexicano Reforma con la publicación de una nota abiertamente falsa y fabricada”.
Para los colectivos italianos, todo esto no es que una agresión más en la escalada de ataques, persecuciones, hostigamientos y violencia desatada desde meses contra las comunidades indígenas en resistencia de Chiapas y contra los defensores de los derechos humanos.
“No nos extraña la cobarde actitud de criminalizar, calumniar y aislar el movimiento zapatista golpeando la solidaridad internacional que lo sostiene, nuestra solidaridad no es oculta y siempre es abierta y a la luz pública” puntualizaron.
Comitato Chiapas “Maribel” di Bergamo, Consolato Ribelle del Messico di Brescia, Progetto Dignidad Rebelde, Associazione Villaggio Terra Roma, Comitato Chiapas di Torino, Comitato Chiapas di Brescia, Associazione Villaggio Terra Roma, Associazione Ya Basta Italia, Coordinamento Toscano in Sostegno alla Lotta Zapatista, entre otrs organizaciones más, sostuvieron que seguirán apoyando a las comunidades zapatistas en el desarrollo de su Sistema Autónomo de Educación, de Salud, de Capacitación, de Producción.
“Hoy más que nunca proclamamos abiertamente nuestra solidaridad y apoyo incondicional al EZLN, a sus comunidades y a cada victima de la represión de los malos gobiernos y sus aliados” puntualizaron.
Para los colectivos italianos, todo esto no es que una agresión más en la escalada de ataques, persecuciones, hostigamientos y violencia desatada desde meses contra las comunidades indígenas en resistencia de Chiapas y contra los defensores de los derechos humanos.
“No nos extraña la cobarde actitud de criminalizar, calumniar y aislar el movimiento zapatista golpeando la solidaridad internacional que lo sostiene, nuestra solidaridad no es oculta y siempre es abierta y a la luz pública” puntualizaron.
Comitato Chiapas “Maribel” di Bergamo, Consolato Ribelle del Messico di Brescia, Progetto Dignidad Rebelde, Associazione Villaggio Terra Roma, Comitato Chiapas di Torino, Comitato Chiapas di Brescia, Associazione Villaggio Terra Roma, Associazione Ya Basta Italia, Coordinamento Toscano in Sostegno alla Lotta Zapatista, entre otrs organizaciones más, sostuvieron que seguirán apoyando a las comunidades zapatistas en el desarrollo de su Sistema Autónomo de Educación, de Salud, de Capacitación, de Producción.
“Hoy más que nunca proclamamos abiertamente nuestra solidaridad y apoyo incondicional al EZLN, a sus comunidades y a cada victima de la represión de los malos gobiernos y sus aliados” puntualizaron.
Siguen amenazas de muerte contra defensora de derechos humanos secuestrada y golpeada en Chiapas
Patricia Chandomí.- Las organizaciones civiles de la Red por la Paz en Chiapas, manifestó su procupación por la dilación en la aplicación de justicia en torno a las agresiones a la integridad de Margarita Guadalupe Martínez Martínez, activista y defensora de los derechos humanos, quien el pasado 25 de febrero fuera secuestrada, golpeada y amenazada de muerte, por elementos enviados por el presidente municipal de Comitán, Eduardo Ramírez.
Margarita al igual que su esposo, Adolfo Guzmán colaboran en la organización civil Enlace Comunicación y Capacitación AC, con sede en el municipio de Comitán. Empezaron a ser amenazados después de que decidieron interponer una denuncia judicial por uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública en contra de elementos de la Policía Ministerial.
Lo anterior, porque el pasado 8 de noviembre del 2009, los elementos allanaron el domicilio de esta pareja, amenazaron y encañonaron a Margarita, le ordenaron abrir los cuartos, para que pudieran entrar a revisarlos, introduciéndose también, en los ocupados por sus hijos y esposo.
El argumento de la Policía es que entró a buscar a supuestos líderes de organizaciones que bloqueaban carreteras; este atropello llevó a Margarita a interponer la averiguación previa 00004/FEPONGDDH-M1/2009, integrada por la Fiscalía Especializada en Protección a Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
A partir de esa fecha, la pareja ha recibido una serie de amenazas, primero empezaron con notas, llamadas por teléfono y en el mes de febrero, Margarita fue secuestrada y golpeada a fin de hacerla desistir de continuará con la denuncia jurídica y pública.
Por toda esta situación, representantes de organizaciones civiles como SIPAZ, CORECO, Ciepac, Desmi, Verapaz, CDMCH, Enlace entre otras, mostraron su preocupación porque hasta el día de hoy persisten las amenazas y el hostigamiento contra los denunciantes y contra quienes aportan elementos para la investigación.
“Expresamos nuestra preocupación por la falta de resolución del caso, que pone a las y los afectados en un estado de vulnerabilidad permanente. Por lo tanto solicitamos a las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional su solidaridad, seguimiento del caso y participación en las acciones de difusión” sostuvieron en una misiva firmada por integrantes de las citadas Organizaciones.
Cabe destacar que sobre este caso, Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente, al igual que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Margarita al igual que su esposo, Adolfo Guzmán colaboran en la organización civil Enlace Comunicación y Capacitación AC, con sede en el municipio de Comitán. Empezaron a ser amenazados después de que decidieron interponer una denuncia judicial por uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública en contra de elementos de la Policía Ministerial.
Lo anterior, porque el pasado 8 de noviembre del 2009, los elementos allanaron el domicilio de esta pareja, amenazaron y encañonaron a Margarita, le ordenaron abrir los cuartos, para que pudieran entrar a revisarlos, introduciéndose también, en los ocupados por sus hijos y esposo.
El argumento de la Policía es que entró a buscar a supuestos líderes de organizaciones que bloqueaban carreteras; este atropello llevó a Margarita a interponer la averiguación previa 00004/FEPONGDDH-M1/2009, integrada por la Fiscalía Especializada en Protección a Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
A partir de esa fecha, la pareja ha recibido una serie de amenazas, primero empezaron con notas, llamadas por teléfono y en el mes de febrero, Margarita fue secuestrada y golpeada a fin de hacerla desistir de continuará con la denuncia jurídica y pública.
Por toda esta situación, representantes de organizaciones civiles como SIPAZ, CORECO, Ciepac, Desmi, Verapaz, CDMCH, Enlace entre otras, mostraron su preocupación porque hasta el día de hoy persisten las amenazas y el hostigamiento contra los denunciantes y contra quienes aportan elementos para la investigación.
“Expresamos nuestra preocupación por la falta de resolución del caso, que pone a las y los afectados en un estado de vulnerabilidad permanente. Por lo tanto solicitamos a las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional su solidaridad, seguimiento del caso y participación en las acciones de difusión” sostuvieron en una misiva firmada por integrantes de las citadas Organizaciones.
Cabe destacar que sobre este caso, Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente, al igual que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
viernes, 9 de abril de 2010
Corren a pareja gay de la cantina Zapata por estar besándose
*El guardia les sugirió irse a besar al baño porque el ambiente era familiar.
Patricia Chandomí.- una pareja de mujeres fue agredida en la cantina Zapata en Tuxtla Gutiérrez por estar besándose de manera pública. De acuerdo a una de las agredidas, un representante de seguridad les pidió de manera “tranquila” que dejaran de besarse en esta lugar, porque era un lugar familiar.
A esta respuesta, la pareja pregunto que dónde estaban los niños y las niñas, que sólo veían a gente adulta divirtiéndose y que no entendían porque debían de ocultarse las muestras de cariño, que otras parejas se estaban haciendo abiertamente en el mismo lugar.
Elevando el tono, el guardia les sugirió que se fueran a besar al baño, al negarse la pareja, el guardia les propuso ponerles sus cervezas en un vaso desechable para que se fueran cuanto antes.
“Como nos seguimos besando, el guardia en un acto homofóbico y además violatorio de los derechos humanos, les quitó las cervezas a mis amigas, que también son gays, de manera grosera. Todas nos molestamos, porque al igual que otras personas estamos consumiendo y pagando y no tenemos porque ser tratadas así” explicó Gabriela Chávez, una de las agredidas.
Después de esta agresión salieron del lugar, afuera estaban poniéndose de acuerdo a que otro lugar ir, en eso, un agente de seguridad de la cantina de Zapata salió a dar de patadas a las llantas del auto de una de las afectadas y las urgió a retirarse del lugar.
“yo le dije tu no nos apuras, entonces el guardia le mentó la madre a mi novia, acto seguido le hablamos a una patrulla, la número 0005 con placas DPU-34-35” explicó Chávez.
Los policías llegaron las escucharon y al final les preguntaron si habían sido agredidas físicamente y que sino habían sido agredidas, lo que podían hacer, era nada más levantar un acta de antecedente, esta respuesta las ofendió, porque los policías no alcanzaron a ver, que era un acto de discriminación violatorio de los derechos humanos básicos, concretamente del artículo 1 y 2 que señalan que toda persona tiene derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Ante este panorama y a fin de fomentar una sociedad tolerante y respetuosa la pareja agredida hará una denuncia pública en los próximos días.
Patricia Chandomí.- una pareja de mujeres fue agredida en la cantina Zapata en Tuxtla Gutiérrez por estar besándose de manera pública. De acuerdo a una de las agredidas, un representante de seguridad les pidió de manera “tranquila” que dejaran de besarse en esta lugar, porque era un lugar familiar.
A esta respuesta, la pareja pregunto que dónde estaban los niños y las niñas, que sólo veían a gente adulta divirtiéndose y que no entendían porque debían de ocultarse las muestras de cariño, que otras parejas se estaban haciendo abiertamente en el mismo lugar.
Elevando el tono, el guardia les sugirió que se fueran a besar al baño, al negarse la pareja, el guardia les propuso ponerles sus cervezas en un vaso desechable para que se fueran cuanto antes.
“Como nos seguimos besando, el guardia en un acto homofóbico y además violatorio de los derechos humanos, les quitó las cervezas a mis amigas, que también son gays, de manera grosera. Todas nos molestamos, porque al igual que otras personas estamos consumiendo y pagando y no tenemos porque ser tratadas así” explicó Gabriela Chávez, una de las agredidas.
Después de esta agresión salieron del lugar, afuera estaban poniéndose de acuerdo a que otro lugar ir, en eso, un agente de seguridad de la cantina de Zapata salió a dar de patadas a las llantas del auto de una de las afectadas y las urgió a retirarse del lugar.
“yo le dije tu no nos apuras, entonces el guardia le mentó la madre a mi novia, acto seguido le hablamos a una patrulla, la número 0005 con placas DPU-34-35” explicó Chávez.
Los policías llegaron las escucharon y al final les preguntaron si habían sido agredidas físicamente y que sino habían sido agredidas, lo que podían hacer, era nada más levantar un acta de antecedente, esta respuesta las ofendió, porque los policías no alcanzaron a ver, que era un acto de discriminación violatorio de los derechos humanos básicos, concretamente del artículo 1 y 2 que señalan que toda persona tiene derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Ante este panorama y a fin de fomentar una sociedad tolerante y respetuosa la pareja agredida hará una denuncia pública en los próximos días.
lunes, 5 de abril de 2010
En venganza atacan, secuestran y abusan de mujer, miembros de la OPDDIC
Patricia Chandomí.- Rosa Díaz Gómez adherente a la Otra Campaña del ejido Jotolá en el municipio de Chilón fue atacada en su domicilio por aproximadamente 15 personas, todas ellas miembros de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), quienes la sacaron a rastras a ella y a sus hijos, para luego ser golpeada, secuestrada y abusada.
La agresión contra Rosa de casi 50 años de edad se dio en venganza a la actitud de sus hijos quienes el pasado 24 de marzo participaron en la detención de Daniel Moreno Pérez de la OPDICC, quien tenía una orden de aprehensión desde el 2009 por agresiones contra defensores de derechos humanos, y que permanecía sin ejecutarse por la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Moreno Pérez fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales de Bachajón, estas acciones desencadenaron hechos de violencia desproporcionada en contra de Rosa y Carmela.
El mismo día que los adherentes llevaron a Moreno Pérez a las autoridades, sus compañeros de la OPDDIC, Juan Cruz Méndez, Medardo Carmelino Cruz Méndez, Alfonso Cruz Cruz, Eleuterio Cruz Cruz y Gerónimo Demeza Moreno secuestraron a los menores de edad Mario Sánchez Arcos y Francisco Moreno Méndez, los cuales fueron trasladados al cafetal de Guadalupe Cruz Méndez.
Los menores lograron escaparse lo que desató la furia de los secuestradores, quienes idearon atacar mejor a Rosa, madre de dos integrantes de La Otra Campaña, que habían participado en la detención de Moreno Pérez para entregarlo a las autoridades.
El mismo 24 de marzo a las 3 de la tarde, un grupo de aproximadamente 15 personas entre ellas Medardo, Manuel Moreno Pérez, Juan, Leandro Méndez Hernández, Alfonso, Eleuterio, Gerónimo y Tello Cruz Cruz, la mayoría antes mencionados por su participación en el secuestro de los menores, rodearon la casa de Rosa y comenzaron a arrojar piedras hacia las ventanas, golpeando con machetes la casa donde se encontraban Rosa, Carmela y otros 4 menores de edad: Magdalena, Rosa, Maximiliano y Nazario.
De acuerdo a los testimonios recogidos por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, los agresores rompieron la cerradura de la puerta con un machete, entraron a destruir la tienda de abarrotes que se encuentra al interior de la casa de Rosa.
Ante la situación Carmela, mencionó que se quedó paralizada y fue entonces que Eleuterio la tomó fuertemente del cabello y la arrastró llevándola directamente a la casa de Medardo, donde la encerró dentro del baño.
Por su parte, Juan, Gerónimo, Medardo y Tello apuntaron con sus armas al cuerpo de Rosa, luego la golpearon en la cara, brazos, piernas, espalda, costillas, abdomen y estómago dejándola herida. Fue entonces que cuatro hombres la levantaron y cada uno de ellos la sujetó de cada brazo, abriéndole las piernas. Posteriormente fue llevada a la casa de Medardo.
Rosa quedó inconsciente y cuando despertó estaba amarrada de sus manos y pies, se percató que se encontraba en la casa de Medardo, la cual está a pocos metros de la suya.
En ese lugar recibió humillaciones, amenazas de muerte con la advertencia de que desalojara su casa en un plazo de 15 días (el cual vencerá el próximo 8 de abril). Durante el secuestro, Rosa continuó siendo maltratada con golpes por María Sánchez Sánchez, María Elena Gómez López y Ema María Sánchez Gómez.
El día 25 de marzo, aproximadamente a las 13:30 horas, Rosa y Carmela fueron entregadas por sus agresores a una comisión de funcionarios de gobierno del estado, encabezados por Ledín Méndez Nucamendi, Delegado de Gobierno de Chilón y su operador político, José Arturo Zenteno Gutiérrez, coordinador de Ministerio Públicos de Bachajón perteneciente a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena. Dichos funcionarios de forma deliberada omitieron dar fe y certificar las condiciones físicas y psicológicas en las que eran liberadas Rosa y Carmela, así como proceder a la detención in fraganti de los agresores.
A partir de estos hechos, de la violencia generalizada en el ejido Jotolá, se han desplazado por el temor a ser agredidos: Ricardo Sánchez Luna, su esposa Enriqueta Gómez Santiz y sus hijos: Maikon Pakal Sánchez Gómez, Sami Santiago Sánchez Gómez y Cesar Augusto Sánchez Gómez; Isabel Moreno Miranda, su esposa Anita Méndez Aguilar y sus hijos: Marcos Moreno Méndez y Francisco Moreno Méndez; Mario Sánchez López y su hijo Mario Sánchez Arcos; Isaías Sánchez Arcos, su esposa Hilaria Pérez Jiménez y sus hijos: Mario Josué Sánchez Pérez y Saraí Sánchez Pérez; Marcelina Arcos Pérez; Debora Sánchez Arcos y Marcela Noemí Sánchez Arcos.
Ante la gravedad de los hechos en contra de Rosa, Carmela, Mario Sánchez Arcos, Francisco Moreno Méndez, sus familiares y las personas desplazadas y debido a la impunidad de los agresores, el Centro de Derechos Humanos exhortó a la comunidad nacional e internacional a exigir a las autoridades mexicanas castigo conforme a derecho, a los responsables materiales e intelectuales de la privación arbitraria de la libertad y de las agresiones en contra de Rosa Díaz Gómez, Carmela Sánchez Cruz, Mario Sánchez Arcos y Francisco Moreno Méndez.
La agresión contra Rosa de casi 50 años de edad se dio en venganza a la actitud de sus hijos quienes el pasado 24 de marzo participaron en la detención de Daniel Moreno Pérez de la OPDICC, quien tenía una orden de aprehensión desde el 2009 por agresiones contra defensores de derechos humanos, y que permanecía sin ejecutarse por la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Moreno Pérez fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales de Bachajón, estas acciones desencadenaron hechos de violencia desproporcionada en contra de Rosa y Carmela.
El mismo día que los adherentes llevaron a Moreno Pérez a las autoridades, sus compañeros de la OPDDIC, Juan Cruz Méndez, Medardo Carmelino Cruz Méndez, Alfonso Cruz Cruz, Eleuterio Cruz Cruz y Gerónimo Demeza Moreno secuestraron a los menores de edad Mario Sánchez Arcos y Francisco Moreno Méndez, los cuales fueron trasladados al cafetal de Guadalupe Cruz Méndez.
Los menores lograron escaparse lo que desató la furia de los secuestradores, quienes idearon atacar mejor a Rosa, madre de dos integrantes de La Otra Campaña, que habían participado en la detención de Moreno Pérez para entregarlo a las autoridades.
El mismo 24 de marzo a las 3 de la tarde, un grupo de aproximadamente 15 personas entre ellas Medardo, Manuel Moreno Pérez, Juan, Leandro Méndez Hernández, Alfonso, Eleuterio, Gerónimo y Tello Cruz Cruz, la mayoría antes mencionados por su participación en el secuestro de los menores, rodearon la casa de Rosa y comenzaron a arrojar piedras hacia las ventanas, golpeando con machetes la casa donde se encontraban Rosa, Carmela y otros 4 menores de edad: Magdalena, Rosa, Maximiliano y Nazario.
De acuerdo a los testimonios recogidos por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, los agresores rompieron la cerradura de la puerta con un machete, entraron a destruir la tienda de abarrotes que se encuentra al interior de la casa de Rosa.
Ante la situación Carmela, mencionó que se quedó paralizada y fue entonces que Eleuterio la tomó fuertemente del cabello y la arrastró llevándola directamente a la casa de Medardo, donde la encerró dentro del baño.
Por su parte, Juan, Gerónimo, Medardo y Tello apuntaron con sus armas al cuerpo de Rosa, luego la golpearon en la cara, brazos, piernas, espalda, costillas, abdomen y estómago dejándola herida. Fue entonces que cuatro hombres la levantaron y cada uno de ellos la sujetó de cada brazo, abriéndole las piernas. Posteriormente fue llevada a la casa de Medardo.
Rosa quedó inconsciente y cuando despertó estaba amarrada de sus manos y pies, se percató que se encontraba en la casa de Medardo, la cual está a pocos metros de la suya.
En ese lugar recibió humillaciones, amenazas de muerte con la advertencia de que desalojara su casa en un plazo de 15 días (el cual vencerá el próximo 8 de abril). Durante el secuestro, Rosa continuó siendo maltratada con golpes por María Sánchez Sánchez, María Elena Gómez López y Ema María Sánchez Gómez.
El día 25 de marzo, aproximadamente a las 13:30 horas, Rosa y Carmela fueron entregadas por sus agresores a una comisión de funcionarios de gobierno del estado, encabezados por Ledín Méndez Nucamendi, Delegado de Gobierno de Chilón y su operador político, José Arturo Zenteno Gutiérrez, coordinador de Ministerio Públicos de Bachajón perteneciente a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena. Dichos funcionarios de forma deliberada omitieron dar fe y certificar las condiciones físicas y psicológicas en las que eran liberadas Rosa y Carmela, así como proceder a la detención in fraganti de los agresores.
A partir de estos hechos, de la violencia generalizada en el ejido Jotolá, se han desplazado por el temor a ser agredidos: Ricardo Sánchez Luna, su esposa Enriqueta Gómez Santiz y sus hijos: Maikon Pakal Sánchez Gómez, Sami Santiago Sánchez Gómez y Cesar Augusto Sánchez Gómez; Isabel Moreno Miranda, su esposa Anita Méndez Aguilar y sus hijos: Marcos Moreno Méndez y Francisco Moreno Méndez; Mario Sánchez López y su hijo Mario Sánchez Arcos; Isaías Sánchez Arcos, su esposa Hilaria Pérez Jiménez y sus hijos: Mario Josué Sánchez Pérez y Saraí Sánchez Pérez; Marcelina Arcos Pérez; Debora Sánchez Arcos y Marcela Noemí Sánchez Arcos.
Ante la gravedad de los hechos en contra de Rosa, Carmela, Mario Sánchez Arcos, Francisco Moreno Méndez, sus familiares y las personas desplazadas y debido a la impunidad de los agresores, el Centro de Derechos Humanos exhortó a la comunidad nacional e internacional a exigir a las autoridades mexicanas castigo conforme a derecho, a los responsables materiales e intelectuales de la privación arbitraria de la libertad y de las agresiones en contra de Rosa Díaz Gómez, Carmela Sánchez Cruz, Mario Sánchez Arcos y Francisco Moreno Méndez.
Contrainsurgencia de Estado en diario Reforma
*El supuesto “Sup” de Reforma resultó ser un italiano; el afectado exige al diario se publique su carta de réplica.
*Rizzo procederá jurídicamente por los daños ocasionados por la publicación de esta información.
Patricia Chandomí.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas considera que la información publicada por el diario Reforma, donde supuestamente exhibe sin capucha al Subcomandante Marcos, responde a un acto de contrainsurgencia del Estado Mexicano.
El organismo lamentó que no haya existido una investigación previo de su gran equipo de periodistas para comprobar si la información que tenían era verdadera. El “Sup” de Reforma resultó ser un italiano de nombre Leuccio Rizzo, con una amplia trayectoria de trabajo en Organismos No Gubernamentales.
Para el Frayba Alejandro Junco de la Vega, director del diario Reforma se prestó a manejar información carente de sustento, en una carta réplica que el diario no se ha atrevido a publicar el itailiano aclara que las fotos que se exhiben como el Sub Comandante Insurgente Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, son de èl, “esto me causa perjuicio dado a que es falsa y calumniosa dicha información” sostuvo.
“Resulta que tanto la foto que aparece en la portada de su diario, de persona con el rostro descubierto, junto a la del Sub Comandante Insurgente Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional cubierto con pasamontañas, así como dos de las fotos que aparecen en la página 7, con notas de pie, en las que se afirma textualmente: “ CABEZA. Rafael Sebastián Guillen Vicente, mejor conocido como el Subcomandante Marcos…”, son fotos del rostro de quien suscribe la presente carta” manifestó Rizzo quien ya se hizo famoso en su país a raíz de la confusión promovida por Reforma.
Luccio no dejó de reconocer que simpatiza y mantiene una solidaridad e incondicional admiración por el EZLN así como por las comunidades zapatistas por su valentía y resistencia en el proceso autonómico como Pueblos Indígenas.
El italiano exigió al diario abstenerse de publicar información sin antes hacer una investigación.
Finalmente dijo que en su oportunidad interpondrá recursos legales que procedan por daños y perjuicios derivado de la nota publicada por Reforma.
*Rizzo procederá jurídicamente por los daños ocasionados por la publicación de esta información.
Patricia Chandomí.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas considera que la información publicada por el diario Reforma, donde supuestamente exhibe sin capucha al Subcomandante Marcos, responde a un acto de contrainsurgencia del Estado Mexicano.
El organismo lamentó que no haya existido una investigación previo de su gran equipo de periodistas para comprobar si la información que tenían era verdadera. El “Sup” de Reforma resultó ser un italiano de nombre Leuccio Rizzo, con una amplia trayectoria de trabajo en Organismos No Gubernamentales.
Para el Frayba Alejandro Junco de la Vega, director del diario Reforma se prestó a manejar información carente de sustento, en una carta réplica que el diario no se ha atrevido a publicar el itailiano aclara que las fotos que se exhiben como el Sub Comandante Insurgente Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, son de èl, “esto me causa perjuicio dado a que es falsa y calumniosa dicha información” sostuvo.
“Resulta que tanto la foto que aparece en la portada de su diario, de persona con el rostro descubierto, junto a la del Sub Comandante Insurgente Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional cubierto con pasamontañas, así como dos de las fotos que aparecen en la página 7, con notas de pie, en las que se afirma textualmente: “ CABEZA. Rafael Sebastián Guillen Vicente, mejor conocido como el Subcomandante Marcos…”, son fotos del rostro de quien suscribe la presente carta” manifestó Rizzo quien ya se hizo famoso en su país a raíz de la confusión promovida por Reforma.
Luccio no dejó de reconocer que simpatiza y mantiene una solidaridad e incondicional admiración por el EZLN así como por las comunidades zapatistas por su valentía y resistencia en el proceso autonómico como Pueblos Indígenas.
El italiano exigió al diario abstenerse de publicar información sin antes hacer una investigación.
Finalmente dijo que en su oportunidad interpondrá recursos legales que procedan por daños y perjuicios derivado de la nota publicada por Reforma.
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