Anuncia Movimiento de Resistencia Popular del Sureste: creación del Comité de Derechos Humanos de Base Digna Ochoa en Tila

Anuncia Movimiento de Resistencia Popular del Sureste: creación del Comité de Derechos Humanos de Base Digna Ochoa en Tila

* El Comité a través de sus monitores y monitoras comunitarios, pretende documentar y sistematizar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado.


Patricia Chandomí.- Cientos de mujeres y hombres integrantes del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste anunciaron la creación del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas “Digna Ochoa”.
En una multitudinaria marcha realizada hace unos días en la cabecera municipal de Tila, el Movimiento condenó la detención de Francisco Jiménez Pablo ocurrida el 7 de Abril, “justo cuando se encontraba en un proceso de diálogo con funcionarios de la SEGOB con apoyo del Alto Comisionado de Derechos Humanos en la Ciudad de México” sostuvieron.
En el marco de la conmemoración del 91º aniversario del cobarde asesinato del General Emiliano Zapata, hombres y mujeres de este Movimiento consideraron que el actual contexto nacional se encuentra marcado por la falta de democracia, una crisis económica y escalada de precios de primera necesidad, la suspensión de facto por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa de las garantías constitucionales y derechos humanos.
“Hay una cotidiana ocupación militar de todo el territorio nacional, no hay día en que no nos enteremos de hechos en que los elementos del Ejército están involucradas en detenciones-desapariciones o ejecuciones de ciudadanos mexicanos en los retenes, en las comunidades y ciudades de nuestro país” manifestaron.
Hicieron un recuento de graves situaciones de violaciones a los derechos humanos, como los casos de los dos jóvenes estudiantes cometidos en Monterrey, la masacre de 10 niños y jóvenes ocurrida el pasado 28 de Marzo en el Estado de Durango o el asesinato de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar ocurrido en la madrugada del pasado domingo en un retén militar en Nuevo Laredo Tamaulipas.
“En estos hecho claramente estuvieron involucrados elementos del ejército, y la respuesta del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y del Secretario de Gobernación ha sido la de proteger y deslindar de responsabilidad al Ejército, y más aún, se empeña en mantener y legalizar la permanente presencia militar en labores de seguridad pública y de policía” puntualizaron.
Los integrantes de este Movimiento dijeron estar preocupados por las declaraciones del Secretario de la Defensa Nacional realizada ante diputados el día miércoles 7 de Abril, en el sentido de que pese a todo, el Ejército continuará en las calles de 5 a 10 años más, así como su exigencia de que se otorgue más facultades al Ejército que posibiliten legalmente lo que ahora hace de manera ilegal como el ingreso a domicilios, interrogatorio y detención de personas, establecimiento arbitrario de retenes y la ocupación de ciudades como Ciudad Juárez.
“En Chiapas, las cosas no son diferentes, el Gobierno de Chiapas ha desatado un clima de persecución y criminalización de sacerdotes, luchadores sociales y defensores de los derechos humanos, así como se protege y ampara a grupos paramilitares que buscan provocar a las comunidades y pueblos en resistencia para justificar una incursión policiaca y militar, ello es lo que está detrás de los hechos recientes en Agua Azul, Jotolá, Mitzitón y Carrizal” manifestaron.
Por toda esta situación remarcaron que es necesaria la creación de un Comité de base de Derechos Humanos, “decidimos retomar el nombre de Digna Ochoa para nuestro Comité porque admiramos su ejemplo de vida, su congruencia, valentía y honestidad y compromiso por la justicia y la verdad. El camino que ella trazó es una guía para este caminar que decidimos emprender el día de hoy” sostuvieron.
El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas “Digna Ochoa” será independiente del gobierno, partidos políticos y de instituciones religiosas.
El Comité a través de sus monitores y monitoras comunitarios, pretende ser un instrumento para documentar y sistematizar las violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de las distintas instancias del Estado.