Patricia Chandomí.- Las organizaciones civiles de la Red por la Paz en Chiapas, manifestó su procupación por la dilación en la aplicación de justicia en torno a las agresiones a la integridad de Margarita Guadalupe Martínez Martínez, activista y defensora de los derechos humanos, quien el pasado 25 de febrero fuera secuestrada, golpeada y amenazada de muerte, por elementos enviados por el presidente municipal de Comitán, Eduardo Ramírez.
Margarita al igual que su esposo, Adolfo Guzmán colaboran en la organización civil Enlace Comunicación y Capacitación AC, con sede en el municipio de Comitán. Empezaron a ser amenazados después de que decidieron interponer una denuncia judicial por uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública en contra de elementos de la Policía Ministerial.
Lo anterior, porque el pasado 8 de noviembre del 2009, los elementos allanaron el domicilio de esta pareja, amenazaron y encañonaron a Margarita, le ordenaron abrir los cuartos, para que pudieran entrar a revisarlos, introduciéndose también, en los ocupados por sus hijos y esposo.
El argumento de la Policía es que entró a buscar a supuestos líderes de organizaciones que bloqueaban carreteras; este atropello llevó a Margarita a interponer la averiguación previa 00004/FEPONGDDH-M1/2009, integrada por la Fiscalía Especializada en Protección a Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
A partir de esa fecha, la pareja ha recibido una serie de amenazas, primero empezaron con notas, llamadas por teléfono y en el mes de febrero, Margarita fue secuestrada y golpeada a fin de hacerla desistir de continuará con la denuncia jurídica y pública.
Por toda esta situación, representantes de organizaciones civiles como SIPAZ, CORECO, Ciepac, Desmi, Verapaz, CDMCH, Enlace entre otras, mostraron su preocupación porque hasta el día de hoy persisten las amenazas y el hostigamiento contra los denunciantes y contra quienes aportan elementos para la investigación.
“Expresamos nuestra preocupación por la falta de resolución del caso, que pone a las y los afectados en un estado de vulnerabilidad permanente. Por lo tanto solicitamos a las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional su solidaridad, seguimiento del caso y participación en las acciones de difusión” sostuvieron en una misiva firmada por integrantes de las citadas Organizaciones.
Cabe destacar que sobre este caso, Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente, al igual que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
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