Patricia Chandomí.- La defensa del territorio constituye la base de la supervivencia de los pueblos indígenas; a pesar de que las mujeres tienen un papel protagónico en la defensa del territorio dentro de los usos y costumbres de las comunidades subsisten prácticas discriminatorias que atentan contra sus derechos humanos, como la falta de reconocimiento al derecho de propiedad y a la participación en asambleas.
En México, la reforma agraria de 1971 estableció el acceso a espacios productivos y organizativos para las mujeres. Sin embargo, la nueva Ley Agraria de 1992 todavía vigente representó un retroceso ya que anuló la obligación de asignar parcelas para las mujeres de los poblados, dejándose a la libre decisión de la asamblea, en su mayoría, presidida por hombres.
Además, las mujeres no resultaron beneficiadas del reparto agrario, por la concepción machista de que su rol está en el cuidado de los otros y otras. La individualización de la propiedad y la eliminación del derecho a la tierra ejidal como patrimonio familiar se dio en un ámbito de exclusión de las mujeres de los derechos de herencia y de sucesión.
A esta situación, se suma la negación de su participación en los órganos de autoridad comunitaria, una carga excesiva del trabajo doméstico no reconocido ni remunerado, carencia de educación y medios de comunicación.
Durante la presentación del informe 2010 del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, organismo fundado por el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruíz García, la activista Magdalena Gómez reconoció la labor de este organismo, al considerar una mirada autocrítica desde las comunidades, en el sentido, de que a la par de que padecen una embestida externa que busca su exterminio como pueblos, al interior, se dan situaciones de opresión que alientan la desigualdad de género.
“El hecho de que desde las comunidades se haya dado una autocrítica y reflexión del estado de respeto de los derechos humanos de las mujeres es un aporte valioso que nos dice que no habrá transformación en ningún ambiente donde se vulnere a las mujeres” sostuvo.
En el capítulo I “Mujeres en defensa del territorio” de un otal de IV, el Frayba recopiló testimonios de mujeres indígenas “ubicamos muchos problemas en nuestra vida; el gobierno, sus proyectos y programas, como el de ciudades rurales; sus proyectos verdes que responden al sistema neoliberal”.
En las comunidades indígenas las mujeres han sido y continúan siendo las productoras primarias de la economía familiar, son las principales proveedoras de alimentos, son las que cuidan la salud, mantienen la cultura desde su cosmovisión, aún así, han permanecido invisibles en la experiencia de la lucha por la tierra.
Las mujeres indígenas tienen varias demandas: el reconocimiento del derecho a la tierra, reconocimiento de su trabajo y disfrute de los recursos naturales y derecho a vivir una vida libre de violencia.
Las indígenas viven la disputa del territorio donde se impone el proyecto Mesoamérica antes Plan Puebla Panamá; ellas son víctimas de las principales estrategias para generar confrontación al interior de las comunidades, mediante la intimidación y acoso de militares, policías y organizaciones de corte paramilitar.
En el 2007, reseña el Informe del Frayba, Rodolfo Stavanhagen Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas reportó que la disminución continua de territorio de los pueblos indígenas corresponde a intereses de empresas, invasores y colonos individuales que anhelan la posesión de tierras.
Magdalena criticó las políticas neoindigenistas a partir del 2001, “está claro que fueron políticas instrumentadas para lavarse la cara a nivel internacional y decir que los derechos de los pueblos estaban siendo respetados; hoy decimos que esas políticas no sólo no han generado mejores condiciones para los pueblos sino que han generado una mayor pobreza”.
Finalmente como conclusión de este primer capítulo, se remarcó la necesidad de que las comunidades generen alternativas que reconozcan las formas específicas de relación de las mujeres con la tierra y el territorio para poner en práctica estrategias que posibiliten y fortalezcan el acceso de las mujeres a los recursos naturales, a los espacios de toma de decisiones, a los servicios de educación y capacitación así como a los medios para obtener recursos.
Pero principalmente al reconocimiento y al aseguramiento del acceso y tenencia de la tierra sin importar su estado civil.
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