Patricia Chandomí.- Defensores y defensoras de derechos humanos reunidos en un Foro Regional celebrado este 8 y 9 de diciembre en la Universidad de la Tierra en el marco del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos emitieron un pronunciamiento donde señalaron que la vida de las comunidades indígenas y campesinas presenta varias amenazas frente al deterioro y despojo de los territorios y sus bienes naturales, generando una mayor pobreza y rompimiento del tejido social que se traduce en una creciente emigración y descontento.
Por otra parte, expresaron su preocupación por la latente reactivación de la mina en Chicomuselo, Chiapas cuya concesión se encuentra en manos de una empresa minera canadiense y que según rumores habría sido traspasada a una empresa de capital chino.
“Nos pronunciamos en contra de la continuidad de la política de construcción de ciudades rurales porque afectan las formas tradicionales de producción y de formas de vida de la población local, además de no aportar al mejoramiento en el acceso a servicios como ha sido pretextado. Expresamos nuestra preocupación por que esta política de reubicación, sea una forma velada de desplazamiento forzado a favor de intereses económicos ajenos a las comunidades afectadas” expresaron los defensores y las defensoras.
,Asimismo, señalaron que urgen tarifas justas de electricidad, “dado que la política de cobro irracional e injustificado de la CFE, dañan enormemente la economía familiar de familias sumidas en la pobreza extrema y promueve la división y deterioro del tejido social. Mientras ella ocurra sostenemos que les sustenta el legítimo derecho a la resistencia civil y pacífica de comunidades campesinas, indígenas y urbanas, y las alentamos a fortalecer sus lazos solidarios”.
Sobre el tema de migración se solidarizaron con las exigencias de desvincular el tema de seguridad nacional al tema migratorio ya que de esta manera se promueve la criminalización de la migración y de personas defensoras, además de que alienta la impunidad y la discrecionalidad de las autoridades de distintos niveles y de diversas corporaciones.
Por otro lado, los defensores y defensoras de Chiapas, Tabasco y Veracruz hicieron un llamado a la necesidad de incorporar a las y los jóvenes a los espacios de toma de decisiones, públicos y privados, para comenzar a construir proyectos que, verdaderamente, les involucren y con los que se identifiquen.
“Repudiamos los asesinatos, amenazas y hostigamientos a las y los periodistas, ocurridos a manos de autoridades o del crimen organizado. La labor de las y los periodistas no sólo es el ejercicio de la libertad de expresión, en muchas ocasiones es también una forma de defensa de los derechos humanos. Expresamos nuestra solidaridad con el periodista Juan Ignacio Chávez López, Director del noticiero NN de Frontera y Centla, Tabasco, quien fue golpeado por el presidente municipal de Centla, Aquiles Reyes Quiróz el día 14 de noviembre, en represalia por las denuncias que ha hecho por la corrupción que se maneja en la administración” sostuvieron..
Entre las organizaciones participantes en este Foro estuvieron Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC (INICIA), Unidos para Trabajar, S.P.R, Centro de Derechos Humanos Oralia Morales, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C., el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC, el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas (CARZCCH).
Así como Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C. , Casa de la Mujer Ixim Antsetic, A. C., Frente Cívico Tonalteco, Organización Cultural Indígena, Grupo 67 de Amnistía Internacional México, Melel Xojobal A.C, Centro de Educación Integral de Base, A.C. (CEIBA), Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.; Yach´il Antzetic;Colectivo ADHESIVA; Ixiktak Yinikoj Aj Juche Buka, A.C.; Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género y Maderas de Pueblo del Sureste, A.C.
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