Radiografía sureña de la violencia y amenazas de muerte a defensoras de derechos humanos

*En los tres estados más pobres del país, Guerrero, Oaxaca y Chiapas se incrementan las amenazas de muerte a defensoras.



*La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional exigieron al Estado mexicano la protección para las tres defensoras.





Guerrero



Obtilia Eugenio escondida en su pueblo natal con toda su familia, desde hace 6 años vive con amenazada de muerte.



Patricia Chandomi.- Obtilia Eugenio Manuel tiene 32 años, los últimos 6 años los ha vivido entre constantes amenazas de muerte; ella es fundadora y presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) en Guerrero.



A pesar de que su vida corre peligro, las autoridades no le han proporcionado una protección efectiva, por su situación de riesgo, la organización Amnistía Internacional solicitó al Estado mexicano de manera urgente que proporcione a esta defensora garantías para poder ejercer su trabajo.



Obtilia Eugenio Manuel es desde hace tiempo, activista de los derechos de las personas indígenas su organización tiene más de 200 miembros activos; la OPIM gestiona proyectos de desarrollo económico y social a pequeña escala para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas Me’phaa.



“Nos hemos organizado porque no tenemos medicinas, ni carreteras buenas para trasladar a nuestros familiares cuando se enferman. Nunca hay un médico en la comunidad”, sostuvo la defensora en una entrevista.



La organización también promueve las tradiciones y prácticas culturales de los Me’phaa, lo que incluye la educación bilingüe. Obtilia Eugenio Manuel ha acompañado a quienes han tenido la valentía de denunciar abusos cometidos por el Estado y por agentes no estatales. Ayudó a dos mujeres Me’phaa en su búsqueda de justicia tras ser violadas por soldados en el 2002.



También denunció el enjuiciamiento por motivos políticos de varios miembros de la OPIM, perseguidos debido a sus legítimas actividades en la organización. Cinco de ellos fueron detenidos el 17 de abril de 2008, cuatro de los cuales quedaron en libertad posteriormente.



Desde que se fundó la OPIM en 2002, Obtilia Eugenio Manuel ha sido objeto de numerosas amenazas, actos de intimidación y vigilancia. En varias ocasiones ha identificado a los agresores como partidarios de un cacique local. La gravedad y frecuencia de las amenazas hizo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instara en 2005 al Estado a que concediera medidas de protección a Obtilia.



Pese a ello, los actos de intimidación han continuado sin cesar. En febrero de 2009 fueron asesinados Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, colegas de Obtilia, mietras ella recibió nuevas amenazas en marzo. Esta vez fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que ordenó a las autoridades que la protegieran, pero la respuesta del Estado fue lenta e insuficiente.

Las medidas de protección acordadas entre las autoridades y Obtilia Eugenio Manuel no se implementaron totalmente hasta diciembre de 2009, diez meses después de que fueran requeridas.



El 6 de marzo de 2010, Obtilia Eugenio Manuel recibió una amenaza de muerte por escrito en la oficina de la OPIM. La nota decía: “Obtilia, cálmate hija de tu chingada madre, ya no andes denunciando en contra del gobierno. Ya sé que tú presentas las denuncias a todo nivel. No creas que eres de fierro, como quieras te atraviesan las balas. Nosotros estamos protegidos por el gobierno – federal, estatal y local. Ya estamos cerca de ti.



Ese mismo día fue seguida por un hombre, Obtilia se puso en contacto con las autoridades al día siguiente para pedir más protección. No obtuvo respuesta de las autoridades y, temiendo por su vida, decidió marcharse de su ciudad natal y ocultarse con su compañero y sus tres hijos.



Oaxaca





Alba Cruz: pese a amenazas de muerte, regresa del extranjero a su ciudad natal, lleva 3 años con amenazas de muerte.



La abogada de derechos humanos Alba Cruz está sometida a intimidación y hostigamiento desde 2007, Alba Cruz es una de los nueve miembros del personal del Comité de Liberación 25 de Noviembre, organización no gubernamental con sede en la ciudad de Oaxaca.



A principios de 2010 su situación empeoró y no tuvo más opción que abandonar temporalmente su ciudad natal. A pesar de los reiterados ataques, las autoridades no le han proporcionado ninguna protección significativa.



Los defensores y defensoras de derechos humanos de México piden al gobierno que cumpla de una vez su promesa de adoptar e implementar un mecanismo de protección efectivo para todos los defensores en situación de riesgo.



Ella ha representado a 32 víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas generalizadas que hubo en el estado de Oaxaca en 2006.



Miembros de las fuerzas de seguridad y otros agentes estatales fueron acusados de abusos graves, incluidos el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y en régimen de incomunicación, malos tratos y torturas, y violaciones del debido proceso y de las garantías de imparcialidad procesal.



Muchas de las víctimas se negaron a presentar quejas por miedo a las represalias; como resultado de su campaña por la justicia, Alba Cruz ha sufrido una constante de amenazas de muerte, hostigamiento e intimidación. A petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades mexicanas se reunieron con Alba Cruz en septiembre de 2007 y acordaron adoptar varias medidas de protección.



Una de ellas fue entregar a la abogada un teléfono móvil con cargo al estado para que pudiera comunicarse con las autoridades en caso de peligro. Alba Cruz no recibió un teléfono que funcionara hasta diciembre de 2009. No se ha implementado ninguna de las demás medidas de protección solicitadas y acordadas.



Las amenazas y los ataques contra Alba Cruz se intensificaron a finales de 2009 y principios de 2010. En esos meses, Alba Cruz defendió a un hombre encarcelado injustamente por un homicidio cometido durante las manifestaciones de 2006.



El 7 de septiembre y el 31 de diciembre de 2009 manipularon las ruedas de su auto en un aparente intento de provocar un accidente. El 9 de enero de 2010, en torno a la medianoche, un conductor desconocido estrelló su auto contra el de Alba Cruz cuando esta estaba estacionándolo delante de su casa. El agresor huyó a toda velocidad. El 29 de enero de 2010 un desconocido interceptó a Alba Cruz cuando salía de su despacho, le agarró del brazo y le dijo: “Cálmate, pendeja, sería tan fácil llevarte”.



La campaña de intimidación está afectando a la vida de Alba Cruz y a las de quienes viven con ella, su madre y su hija adolescente. “Hemos dejado de salir como cotidianamente lo hacíamos, especialmente de noche. Tratamos de ser especialmente cuidadosas, trato de no andar sola… ya no tengo las mismas libertades de antes”, dice la defensora.



Debido a las amenazas, Alba Cruz se marchó de la ciudad de Oaxaca el 25 de marzo de 2010 a Ciudad de México y luego al extranjero, en busca de un respiro. A pesar de que recibió una amenaza de muerte en un mensaje de texto enviado a su teléfono móvil cuando estaba fuera del país, ha regresado recientemente a la ciudad de Oaxaca.





Chiapas



Margarita Martínez: amenazada, secuestrada y golpeada “yo no me voy a ir, los que deben parar son ellos”



El 8 de noviembre de 2009, al domicilio de Margarita Martínez Martínez, compañera del defensor de derechos humanos Adolfo Guzmán de la organización Enlace, Comunicación y Capacitación, ingresaron un grupo de 20 personas “presuntos” elementos de la Policía Ministerial (PM) se presentaron, sin orden de cateo en su anterior domicilio, en Comitán, Chiapas.



Los efectivos policiales entraron con un “uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública” amenazaron y encañonaron a Margarita, le ordenaron abrir los cuartos, para que pudieran entrar a revisarlos, introduciéndose también, en los ocupados por sus hijos y esposo.



El 23 de noviembre de 2009, Margarita interpuso una denuncia en contra de autoridades policíacas por los delitos de abuso de autoridad, allanamiento, tortura psicológica y amenazas con la agravante de muerte.



El argumento de la Policía es que entró a buscar a supuestos líderes de organizaciones que bloqueaban carreteras; este atropello llevó a Margarita a interponer la averiguación previa 00004/FEPONGDDH-M1/2009, integrada por la Fiscalía Especializada en Protección a Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.



El 25 de noviembre de 2009, Margarita y Adolfo recibieron en su casa una hoja en la que les advertían que “se cuiden” porque la noche anterior “había 5 individuos que vigilaban su casa”, el 14 de diciembre de 2009, tuvieron otra advertencia hecha con recortes de papel que decía: “no sigan se van a morir”.



El 25 de diciembre, en las primeras horas de la madrugada después de pasar fuera de su casa los festejos de nochebuena, Adolfo y Margarita recibieron una llamada al teléfono fijo y, al contestar, Margarita escuchó una voz que decía: “feliz navidad, porque esta va a ser tu última navidad”.



El 6 de enero al llegar a su casa, en la puerta encontraron una nota escrita con tinta roja que decía “muerte, muerte, muerte”.



Adolfo Guzmán Ordaz, esposo de Margarita realiza actividades de promoción de un tianguis regional campesino desde hace aproximadamente dos años en Comitán.



Las amenazas hacia el activista fueron frecuentes y siempre se elevó el tono, el 25 de febrero por la tarde, Margarita fue secuestrada por elementos policíacos vestidos de civil, la golpearon y al terminar la agresión los agentes le dijeron que toda esa acción “era un regalito del presidente municipal de Comitán, Eduardo Ramírez”.



Además de vivir años con el temor de que en cualquier momento perderán la vida, estas mujeres tienen en común el valor de continuar su labor en la defensa de los derechos humanos, en el caso de Obtilia pese a las amenazas ha podido sobrevivir a 6 años de acoso; Alba regresó del extranjero porque considera que su lugar está en la defensa de los derechos humanos en su natal Oaxaca, Margarita no acepto trasladarse de estado.



“No soy yo, la que se tiene que ir, en realidad los que se tendrían que ir son los agresores, este es mi lugar mi espacio, ya me cambié una vez, (de Comitán a San Cristóbal) que se muevan ellos”, concluyó Margarita.