REPORTAJE
Primera de dos partes
Por Patricia Chandomí, corresponsal
Tuxtla Gutiérrez, Chis, 8 jun 10 (CIMAC).- En Chiapas en lo que va de este año la violencia hacia las mujeres se ha recrudecido. En lo que va del año se han cometido 14 asesinatos de mujeres, de acuerdo al seguimiento del Colectivo de Mujeres (Colem).
Si lo que pedía la autoridad para “actuar” eran testigos y pruebas, las más recientes agresiones han presentado ambos requisitos, pero esto no ha impedido que Chiapas sea el paraíso de la impunidad para los agresores.
En marzo de 2009 se promulgó en Chiapas la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la cual, al igual que la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, no cuenta con un reglamento ni mecanismos prácticos para hacer viable su aplicación, lo que representa una indiferencia gubernamental que se refleja en la impunidad con la que se mueven los sujetos agresores en Chiapas precisó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Por su parte, las abogadas del Colem comentaron que se han percatado que las autoridades no saben de la existencia de la Ley, “una Ley por sí sola no hará que se termine la violencia en contra de las mujeres, se necesita difundirla y hacerla valer” dijo Alma Rosa Rojas, integrante de la Red de Mujeres por la Igualdad. Sin leyes aplicables y sin sanciones a los agresores, el mapa de la violencia contra las chiapanecas crece día con día.
EL MAPA DE LA VIOLENCIA
San Cristóbal de las Casas
Las mujeres adherentes a la Otra Campaña del ejido Mitzitón, municipio de San Cristóbal de las Casas son amenazadas, perseguidas y hostigadas por elementos armados de esta comunidad identificados como paramilitares de la organización Ejército de Dios Alas de Águila.
El 18 de abril de este año, Delfina Heredia Jiménez, Carmela Heredia Jiménez, Alicia Díaz Heredia, Catalina Zenaida Díaz González y María Guadalupe Díaz González fueron a pastorear sus borregos como de costumbre al campo. En la tarde se dieron cuenta que estaba un sujeto escondido, uniformado de negro y encapuchado.
Al momento aparecieron otros tres hombres encapuchados y vestidos de manera similar, al parecer querían agredirlas, por lo que ellas decidieron retirarse del lugar.
Los encapuchados empezaron a chiflar, diciendo: “vamos a esperar” y otros dijeron “mejor las acabemos de una vez”, las mujeres al escuchar esto temerosas decidieron buscar palos y piedras para defenderse de cualquier agresión, los hombres al verlas que estaban dispuestas a defenderse se marcharon.
Antes de este suceso, los supuestos paramilitares, Francisco Gómez Díaz, Gregorio Gómez Jiménez, Elemecio Jiménez Vicente, Roberto Vicente Pérez y Cirilo Gómez Jiménez habían hecho disparos al aire donde las mujeres pastorean a sus borregos.
El mismo 18 de abril, las autoridades comunitarias de Mitzitón recibieron la denuncia que Juana Pérez Hernández de 21 años de edad, originaria del ejido Flores Magón, del municipio de Teopisca, en el lugar conocido como Tzimtikalbho, por el camino que va a Dos Lagunas se encontraba cuidando su borregos como de costumbre.
Al momento se le presentó Roberto Jiménez Heredia, miembro del Ejército de Dios Alas de Águila, éste conducía una camión de tres toneladas, cabina gris y redila roja, y lo dejó escondido en un lugar, al ver a la joven, éste se le acercó y la comenzó a golpear, intentó violarla, pero la joven comenzó a gritar y a defenderse, por lo que comenzó a golpearla más, pese a que Juana presentaba fuertes heridas por los golpes, ésta logró escapar.
Juana enseguida dio parte a su familia, denunciaron al agresor ante las autoridades ejidales, éstas lo identificaron como integrante del Ejército de Dios habitante del barrio Mirabel y como tratante de personas inmigrantes.
Sin embargo, al igual que sus compañeros del Ejército de Dios, Roberto Jiménez Heredia se mueve en completa impunidad.
Desde que los ejidatarios se pronunciaron contra la construcción Palenque- San Cristóbal de las Casas éstos han vivido en un constante clima de amenazas y represión por parte del grupo paramilitar Ejército de Dios, que ha terminado con la vida de varios habitantes que se oponían a la construcción de esta autopista.
El gobierno estatal ha querido etiquetar este conflicto de protesta social como “un conflicto religioso más” cuando el trasfondo de este problema es una comunidad en defensa de su territorio que se enfrenta a las múltiples ataques de grupos civiles armados conocidos como “paramilitares” que se mueven en la región con total impunidad.
LA REPRESIÓN PARAMILITAR
Bachajón
El pasado 24 de marzo en la comunidad Jotolá municipio de Bachajón , un grupo de civiles armados de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opdicc) ingresó al domicilio de la señora Rosa Díaz Gómez, le quemaron su tienda y luego a golpes la sacaron de su domicilio para mantenerla secuestrada.
Por la tarde, un grupo de aproximadamente 15 personas rodearon la casa de Rosa y comenzaron a arrojar piedras hacia las ventanas, golpeando con machetes la casa donde se encontraban Rosa, Carmela y otros 4 menores de edad: Magdalena, Rosa, Maximiliano y Nazario.
De acuerdo a testimonios recabados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Rosa manifestó que le apuntaron con armas, luego la golpearon en la cara, brazos, piernas, espalda, costillas, abdomen y estómago dejándola herida. Fue entonces que cuatro hombres la levantaron y cada uno de ellos la sujetó de cada brazo, abriéndole las piernas. Posteriormente fue llevada a la casa de uno de sus agresores.
En ese lugar recibió humillaciones, amenazas de muerte con la advertencia de que desalojara su casa.
Rosa continuó siendo maltratada con golpes, esta vez perpetrados por mujeres. Ahí permaneció todo el día.
El 25 de marzo, fue entregada por sus agresores a una comisión de funcionarios de gobierno del estado, encabezados por Ledín Méndez Nucamendi, delegado de gobierno de Chilón y su operador político, conocido como “licenciado Ventura”; José Arturo Zenteno Gutiérrez, coordinador de Ministerio Públicos de Bachajón perteneciente a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena. Dichos funcionarios de forma deliberada omitieron dar fe y certificar las condiciones físicas y psicológicas en las que fue liberada. La agresión a Rosa obedeció, según se informó, “a que sus hijos son adherentes a la Otra Campaña”.
EL CASO DE LA DEFENSORA DE DH MARGARITA
Comitán
El 25 de febrero, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Margarita Martínez, compañera de Adolfo Guzmán Ordaz, integrante de la organización civil Enlace, Comunicación y Capacitación, fue privada de su libertad por personas no identificadas, cuando se dirigía a recoger a su hijo.
Le colocaron una bolsa de plástico en el rostro, e inmediatamente la hicieron abordar por la fuerza a un vehículo que siguió en marcha. Dentro del vehículo, Margarita escuchó voces, una de ellas era de la persona que la sujetaba y que la empezó a golpear en diversas partes de su rostro con un objeto sólido, produciéndole sufrimientos físicos como excoriaciones en los labios e inflamaciones en la frente, labios y cuello y fue víctima de tortura psicológica.
Mientras le pasaban por sus manos un objeto frío, sus agresores le decían “ya no vas a poder trabajar”, e insistían en que desistiera de la denuncia penal que meses anteriores había interpuesto en contra de funcionarios del gobierno de Chiapas.
Al final, le comunicaron antes de dejarla tirada a unas cuadras de su casa, que esa golpiza había sido “un regalito del presidente municipal de Comitán”, por atreverse a seguir con su denuncia jurídica contra elementos policíacos que allanaron su domicilio el año pasado.
Todos los casos, pese a estar documentados por organizaciones defensoras de derechos humanos y por las denuncias presentadas ante las instancias correspondientes, han corrido la misma suerte: la impunidad ante la indiferencia y la complicidad de las autoridades.
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