sábado, 18 de febrero de 2012

Treinta y tres feminicidios en la masacre de Acteal

Treinta y tres de las 45 personas masacradas hace 14 años en Acteal, municipio de Chenalhó Chiapas eran mujeres de avanzada edad, embarazadas, madres que cargaban o jalaban a sus hijos e hijas y niñas que corrieron a esconderse a una zanja, ahí a tan sólo dos metros de distancia les empezaron a disparar un grupo de paramilitares identificados como militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Tras ser asesinadas las mujeres de Acteal fueron vejadas; Alberto Ruiz Pérez, sobreviviente de la masacre narra: “Cuando murieron las mujeres, un hombre les quitó su nagua, su ropa y lo echaron palo en su nalga a las mujeres (…). Había una mujer embarazada María Gómez Ruiz de Quextic y ya muerta lo cortó su estómago, tenía un cuchillo, lo abrió la panza y murió el niño ahí dentro de la panza de la mujer”.

“La violencia con que los autores materiales cometieron la masacre, particularmente en contra de las mujeres, se hace evidente en las necropsias realizadas a los 45 cadáveres. De estos 45 cuerpos, 20 presentaron lesiones producidas por armas blancas corto contundentes, punzo cortantes, contuso cortantes, cortantes y contusas; 15 de los 20 correspondían al sexo femenino y cinco al masculino. 12 de estas muertes fueron a consecuencia de dichas lesiones, incluyendo en algunos casos machacamiento de cráneo, y uno de los cuatro cadáveres de las mujeres embarazadas, presentaba como causa de muerte la exposición de víscera abdominal” reseña un detallado informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Estos feminicidios, crímenes de odio contra las mujeres, continúan en impunidad. Las mujeres asesinadas aquel lunes 22 de diciembre de 1997 fueron Marcela Pucuj Luna de 65 años, Catalina Luna Pérez de 65 años, Juana Gómez Pérez de 55 años, María Pérez Oyalté de 38 años de edad, Marcela Capote Ruiz de 30 años, Manuela Pérez Moreno o Manuela Paciencia Moreno de 35 años, Margarita Méndez Paciencia de 23 años, Marcela Luna Ruiz de 22 años, Juana Pérez Pérez o Florinda Pérez Pérez de 32 años, María Gómez Ruiz de 20 años, Verónica Vázquez Luna de 25 años, Paulina Hernández Vázquez de 26 años, Susana Jiménez Luna de 30 años, Rosa Pérez Pérez de 28 años.

Así como Antonia Vázquez Pérez de 25 años, Marcela Vázquez Pérez de 26 años, Juana Luna Vázquez de 35 años, María Capote Pérez de 30 años, Marcela Capote Vázquez de 18 años y las niñas Guadalupe Gómez Hernández de once meses de nacida; de dos años de edad, Juana Vázquez Luna, Juana Pérez Luna y Micaela Vázquez Luna; las niñas de cuatro años de edad Roselina Gómez Hernández, Lucía Méndez Capote y Graciela Gómez Hernández; las niñas de nueve años de edad Micaela Vázquez Pérez y Silva Pérez Luna; la niña de ocho años Josefa Vázquez Pérez y Martha Capote Pérez de 14 años, Rosa Vázquez Luna de 17 años, Loida Ruiz Gómez de 13 años y María Luna Méndez de 15 años.

Este 22 de diciembre se cumplirán 14 años de la masacre de Acteal donde 45 personas perdieron la vida, 19 mujeres, 14 niñas, ocho hombres y cuatro niños, más cuatro que aún no nacían, así como 16 personas heridas (en su mayoría menores de edad), para el Frayba este asesinato múltiple es producto de una política deliberada de Estado que sólo se puede entender en el contexto más amplio del conflicto armado entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Los agresores fueron identificados por los y las sobrevivientes como integrantes de grupos paramilitares, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI); “casi todos vestían de negro o de azul, a la usanza de la entonces llamada policía de Seguridad Pública, los cuales llevaban paliacates rojos puestos en la cabeza. Esto también fue denunciado ante las autoridades”, sostuvo en su comparecencia el sobreviviente Victorio Gómez Pérez, el 7 de enero de 1998, ante el Ministerio Público federal.

De acuerdo al minucioso reporte del Frayba mientras se establecían las bases para la negociación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal aprobándose la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, el Ejército mexicano iniciaba una ofensiva contrainsurgente avalada por el presidente de la República.

“Esta estrategia consistía en socavar el apoyo de la población civil a la guerrilla con el fin de debilitarla para finalmente capturar a la comandancia del EZLN, dicha estrategia contaba con dos componentes: ocupar militarmente la zona de conflicto, rompiendo la zona gris que había sido establecida con el arbitrio de la Cruz Roja Internacional, en las Cañadas de Ocosingo, y atacar a la población civil proclive al zapatismo con acciones policiacas y paramilitares bajo el mando del Ejército mexicano y la Fuerza de Tarea Arcoiris comandada por el General Mario Renán Castillo”, señala el reporte.

SCJN libera a paramilitares confesos.

Lejos de conseguir justicia y paz, los y las sobrevivientes quedaron aún más indignados e indignadas cuando el 12 de agosto del 2009, la mayoría de ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó y ordenó la liberación inmediata de alrededor de 20 indígenas que fueron identificados como autores materiales de esta masacre, argumentando que existían irregularidades en algunos procesos judiciales, posteriormente liberó a otros 15, de un total de 70 presos sentenciados por la masacre.

Esta liberación acentúo el temor en las mujeres sobrevivientes, ya que los asesinos liberados por la SCJN se han acercado a los parajes de alrededor de Acteal, preguntando por algunos sobrevivientes.
“Nos mandan mensajes con sus familiares, que nos cuidemos que va a haber venganza, que ellos van a regresar; porque al final de cuentas ellos nunca entregaron las armas. Ya no caminamos en paz, desde que supimos que están libres, nuestra vida ha cambiado” explica Antonia sobreviviente de esta matanza.

A 14 años, los y las sobrevivientes aún no tienen ni justicia ni paz de parte del Estado mexicano; sin embargo, en el 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso lo cual genera horizontes esperanzadores para los y las sobrevivientes para obtener finalmente paz, con justicia y dignidad.

Patricia Chandomí

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