“Yo soy apenas un ejemplo de la mala vida que llevamos las mujeres indígenas en Chiapas” Margarita

Patricia Chandomí.- “En Chiapas no se respetan los derechos de las mujeres, menos si son indígenas, pobres, que no hablan el español; señor gobernador no quiero sus apoyos, tengo mi mano, tengo mi pie para trabajar por mis hijos, durante todo su gobierno usted y sus funcionarios me tuvieron olvidada, no me ofreció nada ni para mí ni para mis hijos, hoy estoy libre por la solidaridad nacional e internacional que mostró hasta donde puede llegar la injusticia” sostuvo Margarita López Gómez.
En conferencia para la prensa en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Margarita López Gómez rechazo toda ayuda del gobierno de Chiapas, “me quieren ayudar para tomarse la foto y hacerse publicidad, olvidando los 7 años que me tuvieron encerrada injustamente, en Chiapas no se respetan los derechos de las mujeres, yo apenas soy un ejemplo de la mala vida que llevamos miles de mujeres indígenas y pobres en Chiapas” señaló.
Acompañada de su madre de 78 años y de 4 de sus seis hijos, Margarita dijo estar contenta por la solidaridad de muchas personas que a través de las redes sociales exigieron su liberación y a la vez dijo estar enojada con el gobierno de Chiapas, que la mantuvo marginada, por ello, remarcó que no quiere nada que venga de sus manos.
Al ser cuestionado sobre si regresara a vivir a su pareja, sostuvo que aún analiza la posibilidad de regresarse o establecerse en otr lugar, dado que en Mitontic no tiene tierras, además, existe el temor de que la familia de Juan Velasco López pueda acosarla.
Durante la conferencia la abogada Martha Figueroa señaló que en Chiapas se tienen documentados por lo menos 250 casos de mujeres indígenas encarceladas injustamente y con procesos llenos de irregularidades.

Falló el poder judicial en el caso de Margarita: Defensoras

El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas denunció que Margarita López Gómez, indígena tsotsil acusada de homicidio calificado en razón de parentesco en agravio de su concubino Juan Velasco López fue injustamente procesada desde el principio.
De acuerdo a la abogada Gloria Guadalupe Flores Ruíz, en su declaración preparatoria ante la Fiscalía del Ministerio Público, la acusada se culpabilizó al no haber entendido bien lo que decía la autoridad ministerial por no haber sido asistida por un traductor. Por lo mismo, en varias ocasiones Margarita se negó a ratificar su declaración ministerial.
Margarita estuvo internada en la cárcel preventiva del municipio de Venustiano Carranza de 2004 a 2007, en condiciones inadecuadas sin poder salir al patio ni realizar actividades educativas o recreativas porque es una prisión para hombres.
El 19 de febrero de 2007, la Segunda Sala Regional Colegiada en materia Penal Zona 01 Tuxtla, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en cumplimiento al amparo solicitado por el Centro de Derechos de la Mujer, declaró insubsistente la resolución de primera instancia de 2005 y ordenó la reposición del procedimiento a partir de la declaración preparatoria.
El 14 de mayo y el 25 de junio de 2007, se desahogaron diversas diligencias con valor probatorio que confirmaron la inocencia de Margarita en el homicidio de Juan Velasco López, sin embargo, en la nueva de sentencia definitiva del 17 de octubre de 2008 se condenó nuevamente a Margarita a la misma pena de prisión y reparación del daño.
Por ello, se interpuso una segunda demanda de amparo (27/3/2009), por violación a las garantías judiciales consagradas en los artículos 14, 16, 19, 20 apartado A fracciones VIII y IX, y 21 de la Constitución Federal, ya que se contravino la prerrogativa de presunción de inocencia. Amparo que no le fue concedido condenando a Margarita a 11 años de prisión.

La abogada y la defensora Rosa López Santiz denunciaron en una conferencia para la prensa realizada este fin de semana, que en todo el proceso Margarita intentó hacer efectivo su derecho a vivir libre de violencia tal como lo disponen los articulos 3 y 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) que México ratifico el 11 de diciembre de 1998.
“Sin embargo las autoridades que forman parte del Poder Judicial del estado de Chiapas, fallaron en su obligación de “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer” así como a su obligación de “adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad” tal como lo dispone al artículo 7 de la misma Convención” explicaron.

Para las defensoras los órganos de justicia faltaron a su obligación de brindar protección a Margarita y a su familia, quien no sólo fue víctima de su concubino sino también de un proceso judicial plagado de irregularidades.